Impericia médica y negligencia hospitalaria

Justicia tardía nunca es justicia

2012-01-13T12:02:00.000-08:00

El refrán trillado que sirve de título a este post, y que deliberadamente he trastocado un poco, aplica también a los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria que se litigan diariamente en Puerto Rico.

Ya había dicho que el perfil de una víctima no escondía, en la mayoría de las veces, el deseo de lucro personal como consecuencia de un incidente de mala práctica médica o mala praxis, como la llaman en algunos países hermanos. El fin último de estas personas es la búsqueda de la justicia para un ser querido o para ellos mismos.

En marzo de 2002 presenté una demanda en el tribunal de primera instancia de Puerto Rico. Se trataba ese caso de una dama, a quien llamaré con el nombre ficticio de "Ana", que falleció en mayo de 2001 a causa de impericia médica. Ana tenía 55 años de edad.

Luego de varios años de trámite angustioso para su viudo y sus dos hijos demandantes, el juicio finalmente se celebró en 2008, quedando el caso sometido para dictamen judicial. En septiembre de 2009 recayó una sentencia favorable a nuestros clientes, en la que el tribunal encontró que la muerte de Ana se debió a la negligencia médica combinada de unos médicos que la trataron por varias semanas en el hospital. En su consecuencia, el juez condenó a la parte demandada al pago de determinada suma de dinero por los daños y perjuicios sufridos por el viudo y los dos hijos de Ana que le sobrevivieron.

De la sentencia dictada, la parte demandada apeló al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que confirmó que la muerte de la dama se debió a la impericia médica, tal y como encontró el juez del Tribunal de primera instancia. No conformes, la parte demandada solicitó la expedición de un recurso discrecional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para revisar tanto la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia como la emitida por el primer foro apelativo. El Tribunal Supremo finalmente confirmó todo lo actuado, reiterando, en consecuencia, que la muerte de Ana se debió a la impericia médica de los médicos que la trataron. Esta sentencia advino final y firme el pasado mes de diciembre de 2011, hace apenas tres semanas.

La buena noticia de que prevalecieron finalmente ante el Tribunal Supremo no llegó a oídos de uno de los que demandaron por el fallecimiento de Ana. Dos meses antes de esa sentencia final su viudo también murió.

Cuando recibí el mandato del Tribunal Supremo, que implicaba que el caso había culminado y que mis clientes habían finalmente prevalecido, un sabor agridulce embargó mi ánimo y aún no me repongo. Este post debe ser mi catarsis, ya que otros de mis clientes, con una salud delicada a causa de negligencia médico-hospitalaria acaban de prevalecer en un juicio, también en diciembre pasado y el proceso apelativo, que seguramente seguirá, puede cobrar una cuota similar en ellos.

Nadie discute el derecho de que cualquier parte que pierde su caso pueda apelar la sentencia en su contra. Sin embargo, el sistema nuestro no es ágil, al menos en los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria, que son los que exclusivamente litigo. En estos casos el camino resulta demasiado extenso y angustioso para todas las partes envueltas.

Se deben estudiar y buscar nuevas avenidas para que el trámite judicial en nuestros tribunales nacionales sea uno ágil y que propenda a la dilucidación de las controversias en el menor tiempo posible. Quizá el número de asuntos judiciales que se ventilan en nuestra jurisdicción no permita ver el final de los casos en 18-24 meses, como ocurre en el foro federal, donde ciertamente el inventario es menor y la jurisdicción es limitada. Sin embargo, hay que hacer algo. Es ineludible el deber de agilizar los casos de impericia médico-hospitalaria en los tribunales de justicia del país.

Las salas especializadas para ventilar este tipo de caso, como las propuestas, no son la respuesta. La contestación tiene que residir necesariamente en la laboriosidad de los jueces y personal judicial que intervienen en estos casos y en la disposición de los abogados en tramitarlos como se merecen sus clientes, tanto las víctimas que reclaman, como los médicos y hospitales que son demandados.

Todos en el sistema judicial tenemos que cooperar y ponernos las pilas para que este camino sea menos largo y tortuoso. Diez años de espera es demasiado tiempo para cualquiera, más para las víctimas que sufrieron los daños. No podemos dejar que la justicia en los tribunales de Puerto Rico se obtenga a paso de tortuga.

Salas especializadas en impericia médica

2011-11-23T04:23:00.000-08:00

Durante la última década, la radicación de pleitos de impericia médico hospitalaria se ha mantenido consistentemente, en alrededor de 550 demandas por año. Cada demanda que se presenta en los tribunales se asigna a una sala presidida por un juez o una jueza. Debido a la naturaleza misma del sistema de administración de justicia, con relación al movimiento de jueces entre las regiones, ello no significa que eventualmente el juicio se ventile ante el mismo juez que presidía la sala al momento de la radicación de la demanda. Ocurre que, durante la vida del caso, un juez comienza con el trámite judicial y otro finalmente le corresponde ver el juicio. Es casi un sistema al azar; al que le toque, le tocó y a Dios que reparta suerte. Como todo en la vida.

El entrenamiento universitario de los abogados usualmente nada tiene que ver con el estudio de las ciencias, sean éstas la biología, las químicas o las ciencias médicas. Generalmente, el abogado estudia ciencias políticas, filosofías, administración de empresas, en fin, nada que sugiera el estudio o un entrenamiento sobre organismos vivos o muertos. Antes de entrar a una escuela de derecho, el entrenamiento formal de un futuro abogado incide en el mundo de las ideas y de los conceptos abstractos. Una vez admitido en la escuela de derecho, el estudiante adquiere mayormente un conocimiento relacionado con la formación de la sociedad, regida por normas, leyes y reglamentos diversos.

A menos que le llegue un caso de impericia médico hospitalaria, donde se manejen conceptos de medicina, el abogado pasa su vida profesional lidiando y mediando en conflictos entre personas particulares o entre personas y gobierno. Si alguno es nombrado por el gobernador a la judicatura del país, entra con el mismo conocimiento que cualquier persona común y corriente puede tener de la medicina: que Panadol o Tylenol se toman para la fiebre y el dolor, que el Alka Seltzer o el Pepto-Bismol ayudan en los malestares estomacales y que cuando esto no funciona, se debe acudir a un médico y en el peor de los casos, a un hospital cerca de su casa.

En la ciudad de Nueva York se ha puesto en vigor un proyecto piloto, asignándosele $3 millones inicialmente, para establecer algunas salas judiciales presididas con jueces entrenados en cuestiones médicas. No es que nombren a un juez que ha estudiado medicina. Lo que están haciendo en Nueva York es sacar a algunos jueces de sus salas y casos usuales, de diversos temas, y entrenarlos en cuestiones y temas médicos, para que presidan solamente casos de impericia médico hospitalaria.

El propósito primario de este tipo de salas especializadas en casos de impericia médica es que se haga más fácil a un juez entender las diversas controversias que se plantean, muchas de las cuales inciden en especialidades y sub especialidades de la medicina que son sumamente complejas. Impulsado por los médicos y hospitales, este plan parte francamente de la premisa inarticulada de que los jueces no entienden un pepino sobre los temas médicos y resuelven a lo loco, favoreciendo, muchas veces a los enemigos naturales de los médicos negligentes, sus pacientes. Aunque el plan ha evidenciado cierto grado de éxito en que las controversias que finalmente van al jurado sean mejor entendidas, el resultado de este proyecto, en sus distintas vertientes articuladas e inarticuladas, está aún por verse.

La legislatura de Puerto Rico está sorteando la idea de incorporar salas especializadas en impericia médica, asignando al menos una sala/juez por cada región judicial. Como todo lo que se plantea en la legislatura de nuestro país en el tema de la impericia médica, el propósito de los proponentes no está del todo claro, aunque sospecho que nada tiene que ver con la protección de los derechos y la seguridad de los pacientes.

Todos los involucrados en el tema: pacientes/víctimas y familiares, médicos y abogados, se quejan de que se pierde actualmente mucho tiempo en el litigio judicial. La queja primordialmente gira en torno a que se tiene que esperar años para que se llegue finalmente a hacer una determinación, bien sea para encontrar que hubo impericia médica o para exonerar a un médico u hospital de tales imputaciones. Es innegable que el tiempo va en contra de todos. Aparte de la angustia que representa un pleito de impericia médica para los protagonistas, al médico le cobran recargos en sus primas de seguro, el paciente/víctima de impericia tiene que esperar mucho tiempo para ver retribuidos sus daños y el abogado no cobra sus honorarios hasta que su cliente obtiene su compensación.

Como dije al principio, actualmente, los jueces asignados a ver los casos de impericia médica no están entrenados en el tema de la medicina. Sin embargo, aunque nos podamos quejar de la lentitud o poca agilidad en el trámite de los casos, nadie se queja de la falta de preparación médica de los jueces.

Todos en el sistema contencioso aspiramos a la existencia de imparcialidad del juez y que ésta prime sobre cualquier otra consideración en el caso. Los abogados de cada parte presentan su caso en los tribunales de la mejor forma posible para que su respectivo cliente al final del día prevalezca. Los peritos de cada parte, literalmente, educan al juez sobre los temas y controversias planteadas en el caso, por más complejos que luzcan ante cualquier ánimo no prevenido.

Presumamos que se implanta la idea de salas especializadas en impericia médica. ¿Habrán criterios político partidistas en el nombramiento? ¿A quién le tocaría nombrar al juez para esta sala especializada en cada región judicial? ¿Al gobernador? ¿Al juez presidente, al pleno del Supremo, a la jueza administradora de tribunales? ¿Al juez administrador de la región judicial? ¿Qué prejuicios tiene el juez que asigna en el tema de la impericia médica? ¿Cree que existe crisis en el sistema de salud? ¿Cree que el sistema es injusto con los pacientes, con el médico? ¿Cuál es el trasfondo de ese juez al que se asigna la sala especializada? ¿Qué experiencias y prejuicios trae al estrado especializado? ¿Simpatiza con los médicos y hospitales? ¿Simpatiza con los derechos del paciente? ¿Tiene familiares médicos o que trabajan en los hospitales?

Actualmente los casos se asignan en Secretaría por el turno que le toque a la sala, irrespectivo del tema de los asuntos y controversias planteados en éste. Todos los jueces que ven casos civiles contenciosos, adscritos a las distintas regiones judiciales del país, ven casos de impericia médica en sus salas. No hay jueces especializados en Puerto Rico en ningún tema. Son abogados y abogadas que salen de las distintas escuelas de derecho del país, con diversas experiencias profesionales y distintos trasfondos sociales y familiares. Puedo dar fe de que, en el tema de la impericia médica, todos nuestros jueces y juezas intentan, de buena fe, entender las controversias médicas complejas que se le plantean. Escuchan con atención a los peritos de cada parte y a la hora de decidir, con sus virtudes y defectos, lo hacen de la mejor manera que entienden. Después de todo, ese es el propósito y para eso están los jueces.

Todos los días se ventilan en los tribunales pleitos de temas muy diversos, muchos de éstos sumamente técnicos y complejos. ¿Necesita Puerto Rico jueces especializados en temas de deslinde de terrenos, ingeniería estructural o en química? ¿Necesitamos jueces especialistas en mecánica automotriz o industrial? ¿Necesitamos jueces especializados en medicina? El sistema tiene que propender a la laboriosidad con miras a agilizar todos los casos. Sin embargo, para buscar justicia no hace falta una sala especializada, solo un juez imparcial.

Los topes mentados son solo una bomba de humo

2011-11-14T08:16:00.000-08:00

No han sido pocos los intentos legislativos desde 2002 para imponer topes a las compensaciones de daños no económicos, en el tema de la impericia médica en Puerto Rico. Tales intentonas han encontrado de frente a la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médica, a los abogados que las representan y a varios legisladores, incluso del partido de gobierno, como lo han sido la senadora Lorna Soto y el presidente del senado Thomas Rivera. A pesar de los pesares, hasta ahora, los llamados topes a favor de todos los médicos y hospitales no se han impuesto, y se han quedado “varados” como se ha dicho en la prensa.

Viéndolo todo en retrospectiva, estoy convencido de que los llamados topes no se impondrán de momento, al menos, no de la forma en que están siendo propuestos. Hay mucha oposición en el horizonte - de demasiada gente - y esto le representa al gobierno un problemón de índole político, al cual no querrá exponerse dentro del año de las elecciones generales. Sin embargo, irrespectivo de lo que pueda o no ocurrir con los políticos de turno, es importante que se sepa que el tema de los topes solo representa la punta del iceberg, en lo que respecta a todo lo que pretenden hacer para favorecer a los médicos y a los hospitales, en perjuicio de los derechos de los pacientes, que podemos ser todos.

Los asesores del señor gobernador Fortuño se han inventado crear un fondo disque para favorecer a pacientes menores de 21 años que hayan sufrido daños catastróficos. También quieren crear una "comisión" compuesta de gente que, en definitiva, no responderá precísamente a los derechos o intereses de los pacientes, y que, lejos de propiciar el acceso libre, limitará el acceso del paciente a los tribunales cuando no se cuenta de antemano con un informe pericial. Peor aún, se pretende, además imponerle al paciente una fianza, de cantidad indeterminada, la que sea "proporcional" a la suma reclamada (no dicen la proporción), para que pueda seguir litigando, cuando la llamada comisión opine que su demanda radicada carece de mérito. Los que saben de fianzas civiles pueden dar fe de lo costosas y difíciles que son de conseguir. Mi opinión es que, con todo lo que esta gente nos ha servido en la mesa, habrá que dejar de lado el tema de los topes, que tanto ha sido discutido y que, casi literalmente, ha logrado colocar equivocadamente a los médicos y a algunos abogados en un ring de boxeo, como si fueran los contrincantes en todo este tema.

Por varios años han entretenido la discusión pública con el tema de los topes. Mientras, el gobierno actual ha logrado aprobar legislación que le concede inmunidad a decenas de médicos en Puerto Rico, equiparando las demandas en su contra a aquellas que se radican contra el Estado, imponiendo los mismos topes compensatorios irrisorios que existen en esos pleitos de $75 mil por persona y $150 mil por incidente, irrespectivo de las víctimas. Mareándonos con el asunto de los topes, el gobierno actual logró aprobar legislación que amplió el derecho a hogar seguro, que antes era de solo $15 mil, al valor total de las residencias de los médicos, para que no se puedan embargar si se gana un pleito en su contra.

Los que proponen la nueva ley de impericia achacan a las demandas de impericia médica la “falta de disponibilidad” de médicos especialistas en Puerto Rico. Argumentan que existe “proliferación” de demandas frívolas y que éstas encarecen los servicios médico-hospitalarios. Siguen achacando a las demandas de impericia médica una alegada “fuga” de médicos hacia EEUU. Los proponentes de la ley achacan la disminución de obstetras en el país a las demandas de impericia médica. Hablan de falta de acceso de pacientes a médicos especialistas. Los proponentes de la ley achacan la práctica de medicina defensiva en algunos médicos al temor que tienen a las demandas de impericia. Los proponentes de la ley alaban a estados como Texas, que han incorporado medidas que limitan los derechos a los pacientes, experimentando un aumento en los médicos especialistas. Con todos esos argumentos, los proponentes de las leyes de impericia quieren aprobar una reforma que le ronca la manigueta y nos están pasando gato por liebre, mareándonos con el tema de los topes que no van para ningún lado.

No es de extrañar; los proponentes de la ley engañan a los pacientes y siguen repitiendo mentiras y falacias con el objeto de que el pueblo a la larga se las crea. Las demandas de impericia médica no han ido en aumento en Puerto Rico, por el contrario, han mermado desde hace unos cuantos años. Números de SIMED, el sindicato de impericia médica de Puerto Rico, así lo comprueban y se los han suplido a la legislatura.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de seguro de impericia médica son más bajos en Puerto Rico que en EEUU, donde los veredictos y sentencias en contra de médicos y hospitales son también más altos. Ellos lo saben, pero repiten las mentiras. La verdad es que siendo así, las demandas de impericia médica no provocan la ida o “fuga” de los médicos y otros profesionales de la salud de Puerto Rico; la pobre calidad de vida que aquí se vive sí. La política de dictar pautas de tratamiento y la morosidad en el pago a los suplidores de las compañías de planes de seguro médicos sí. La falta en nuestro país de centros para hacer residencias o especialidades médicas sí. La propia Dra. Filiberti, presidenta del Colegio de Médicos así lo ha expresado a la legislatura. Si los médicos se fueran de Puerto Rico por las demandas, entonces estarían cambiando chinas por botellas y no se puede creer que sean tan ingenuos como para hacerlo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Puerto Rico ha experimentado disminución de especialistas médicos no porque teman a las demandas de impericia. Han mermado porque el gobierno ha cerrado centros de enseñanza para las especialidades médicas, teniendo los estudiantes que se gradúan de medicina que irse a EEUU para seguir sus estudios en algunas especialidades. Una vez estudian y se gradúan en Estados Unidos, la mayoría se queda porque obtienen mejores ofertas. En cuanto a los parteros, al disminuir las residencias médicas, los obstetras son menos y siguen poniéndose viejos, dejando las amanecidas con parturientas a los más jóvenes.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Pretenden comparar la reforma de las leyes de impericia médica del estado de Texas, quitando derechos a los pacientes, con un aumento en médicos especialistas. La cruda verdad es que Texas no solo ha experimentado un aumento considerable de médicos especialistas en los últimos años. Es honesto también decir, sin embargo, que Texas es el estado de mayor aumento poblacional en la última década en los Estados Unidos. Por tanto, es de esperarse que muchos médicos también se hayan mudado a ese estado. Pero siguen repitiendo mentiras y falacias.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. No ha habido en Puerto Rico proliferación de demandas frívolas. La proporción de 70/30 de demandas que terminan a favor de médicos u hospitales (por cierto, igual al resto del mundo) no significa que el 70% de las demandas radicadas son frívolas o carentes de mérito. Hay multiplicidad de factores que inciden en las razones para esa proporción. Por ejemplo, los médicos en PR no hacen peritaje a favor de las víctimas. Solo unos pocos médicos están dispuestos a hacerlo. Las víctimas y sus abogados tienen que recurrir a médicos peritos del exterior que cobran sumas cuantiosas por ese trabajo, imposibilitando, muchas veces, su contratación y la ventilación de sus juicios. Por otro lado, el hecho de que el paciente pierda su caso en el tribunal o lo desista, no tiene que ver con falta de mérito de su demanda. Sencillamente no prevaleció a los ojos del juzgador que tuvo ante sí dos versiones periciales del mismo evento y tuvo que adoptar una o sencillamente no ha podido conseguir peritaje. Por otro lado, ante los ojos del pueblo, el médico cuenta con mayor aprobación que el abogado, por lo que resulta siempre difícil probar en un tribunal que un médico cometió un acto de impericia que le ocasionó daños a su paciente.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de los servicios médicos en PR están regulados por los propios planes de seguros médicos que le pagan a los suplidores de servicios. El hecho de que un médico tenga o no una demanda de impericia médica en su contra nada tiene que ver con lo que cobra al paciente. Por otro lado, los procedimientos que realizan los médicos para diagnosticar o tratar un paciente en Puerto Rico están regulados igualmente por los planes de seguro de salud. Un médico no puede ordenar pruebas que no estén incluidas en el protocolo de tratamiento, ya que no serían pagadas por los planes de seguro médico. Si lo hace no cobra; así de sencillo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Una comisión de cernimiento o panel de arbitraje no es justa para los pacientes, sino que impedirá y pondrá escollos adicionales a los existentes, al acceso de las demandas a los tribunales. Sus miembros serían escogidos por el gobernador, el Secretario de Salud, por el Colegio y la Asociación de Médicos de Puerto Rico. Ah, y por el Tribunal Supremo, “con la ayuda de las entidades que estime conveniente”; o sea, con la ayuda de la PR Lawyers Ass.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes hasta con el nombre que le ponen al proyecto. Debemos desnudar las mentiras y falacias contenidas en las exposiciones de motivos; olvidemos por un rato los topes.

P. del S. 2195 ¿un fortuñazo o la solución a nuestros problemas de salud?

2011-11-01T09:06:00.000-07:00

Muchos han sido los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico. El asertivismo social que han desplegado las víctimas, muchas veces bajo el liderato de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica y otras de forma individual, ha hecho abortar exitosamente muchos de éstos.

La batalla se ha dado en muchos frentes, desde marchas en la calle y artículos o entrevistas en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Ha sido una lucha ardua, que ha contado con la participación de muchos héroes, de todas las edades y condiciones sociales. Ha sido una pelea que se ha dado en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, que potencialmente pueden ser o han sido pacientes. Sin embargo, la lucha continúa pues los grupos de presión compuesto por médicos y hospitales, no cesarán en su empeño de mermar, disminuir, poner escollos y tal vez, eliminar los derechos de los pacientes que puedan poseer una meritoria causa de acción por impericia o negligencia médico hospitalaria, por haber sufrido daños a manos de un médico o de algún personal hospitalario.

El último intento en esta dirección, en mi opinión, ha sido el P. del S. #2195, sometido el 26 de mayo pasado por la administración del señor gobernador Luis Fortuño al Senado de Puerto Rico para su aprobación. Pretende esa pieza legislativa, de 42 páginas, ser vendida como un proyecto de ley que garantiza “a la población el acceso a mayores y mejores servicios de salud”, en cumplimiento de “uno de los compromisos más importantes de esta Administración con el pueblo de Puerto Rico”, según reza su exposición de motivos.

No se han conformado con ampliar innecesariamente el derecho a hogar seguro al valor total de la residencia principal de un médico y hacerla inmune a un embargo, bajo el pretexto de favorecer a todo el que posea una residencia, "across the board". El proyecto de ley del senado 2195 es ambiciosamente abarcador pero, más importante aún, parte de varias premisas, por decirlo diplomáticamente, sumamente interesantes. Esta pieza impone un tope a la compensación por daños no económicos, estructura un nuevo panel de arbitraje o una "comisión", como le llaman ahora. También incorpora conceptos jurídicos y definiciones nuevas como la de daños catastróficos y la de fondo de compensación al paciente.

Este proyecto es pieza de estudio obligado para ser analizada, de forma objetiva y seria, por la Comisión de Salud e Impericia Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La composición de dicha comisión de este gremio profesional garantiza ese importante análisis que afectará potencialmente a toda la población del país. Me consta que grupos de estudiantes de todas las escuelas de derecho están discutiendo y analizando también este proyecto de ley, como parte de sus obligaciones en la enseñanza jurídica.

Dentro de su membresía, Osvaldo Toledo, presidente del Colegio, nombró en la comisión referida unos cuantos abogados de víctimas, algunos de médicos y otros de hospitales. Este análisis debe suponer una discusión abierta y profunda, que culminará con unas conclusiones importantes y no apresuradas que, seguramente, incidirán, de forma contundente, en la discusión pública de ese proyecto de ley. El pueblo no espera menos de su Colegio de Abogados.

Nota del 4 de noviembre:

Asistí a la primera reunión de la comisión de salud e impericia. Por lo que escuché, se evidenció, en los componentes de la comisión, un interés genuino de analizar el 2195 de una forma objetiva y profesional. No comparto la idea de imparcialidad frente a los ataques burdos y contínuos en contra de los derechos de los pacientes de nuestro país. Los médicos y hospitales no necesitan privilegios adicionales. Sin embargo, felicito a mis colegas y los insto a completar su encomienda gremial. Saben que, de todas formas, poco importa al gobierno la opinión del Colegio que quisieron enterrar y no pudieron. En lo que a mí respecta, he dicho antes que estoy prejuiciado en favor de los pacientes y de las víctimas de impericia médica. El 2195 es malo porque pretende estar basado en ausencia de estadísticas pertinentes o fundamentado en estadísticas incompletas o interpretaciones erróneas y en conceptos equivocados. Además, su fin primario y último es complacer a los médicos en contra de los derechos de sus propios pacientes y para mí eso lo vicia de entrada. Ya lo verán.

Cumpliendo mi deber al aceptar ser miembro de la comisión, dejaré saber a sus miembros y al presidente del Colegio mi opinión informada sobre esa pieza legislativa y la reforma que persigue. Sin embargo, esa reunión fue mi debut y despedida. Creo que es lo mejor. La comisión tiene demasiadas pretensiones de imparcialidad para mi gusto.

En puro rigor, creo que nos hace falta un exorcismo

2011-09-18T09:59:00.000-07:00

Un médico en Puerto Rico, que deja de pagar su seguro de impericia por varios meses, no es acusado criminalmente por el delito estatuido de practicar la medicina ilegalmente. No tiene que invocar ni al chapulín colorado para que lo defienda, al menos en un caso criminal. La otra cara de la moneda es que si una víctima de impericia médica demanda civilmente al galeno moroso, el seguro no va a proveer cubierta alguna. Tampoco le pagará los gastos legales que tenga que incurrir el médico para defenderse de la acción, ni satisfará la sentencia, en caso de que un tribunal o jurado federal falle en su contra.

En ese caso hipotético, el médico afrontará la demanda solito, por su cuenta. El problema, sin embargo, no es solo del médico moroso. Su víctima también tiene el suyo. ¿Cómo puede, entonces, una víctima de impericia médica que ha sufrido daños de manos de un médico negligente cobrar una sentencia en su contra?

El abogado debe hacer una búsqueda registral y análisis valorativo de los bienes que posee el galeno y, si el sujeto no se acoge antes a los beneficios de la ley de quiebras, procede con el embargo inmediato de sus bienes, incluyendo su casa, de ser necesario. Ello, sin mediar mucho dolor ni pena, porque su cliente fue la víctima, que sufrió más y primero. La víctima se sometió a su médico, confiando en una presunta pericia que eventualmente resultó en un daño severo, en menoscabo de su vida y la de sus familiares.

Obligatoriamente hay que hacer un caveat. Así era que se hacía antes. El señor gobernador Fortuño estampó recientemente su firma en una ley que protege el hogar de los médicos contra embargo, no importa su valor o los daños que hayan sido ocasionados por su impericia. Claro, algunos con mucha razón, dirán que, en términos generales, esta ley favorece no solo a la clase médica del país, sino a todo persona que sea titular de un hogar y que tenga el riesgo de ser demandado.

Volvamos a la impericia médica. Cuando un médico tiene a su nombre solo su casa, no se le puede embargar, punto. ¿Y cómo una víctima de impericia médica es justamente resarcida por sus daños?

Hace un tiempo, la senadora Lorna Soto presentó un proyecto de ley encaminado a darle una protección similar a favor de los médicos. Proponía, sin embargo, un tope a este beneficio especial, que aún permitía a las víctimas recobrar sobre el exceso, o sea, por encima de ese límite estatutario propuesto.

Sin embargo, los asesores aconsejaron. Pensaron, digo, si es que lo hicieron, que una ley, como la propuesta por la senadora Soto, era discriminatoria ya que favorecía a una clase sobre el resto de la población, sin que existiera un "interés gubernamental apremiante". Ello, añadirían los asesores, violaría la cláusula constitucional de igual protección de las leyes y no aguantaría un ataque constitucional en los tribunales. Quien sabe lo que pensó esta gente. Me huele que esta ley se hizo con los médicos en mente, pues era la única clase a la que le iban a "regalar" ese beneficio. La realidad es que la ley, aunque disparatada, no discrimina, pues el beneficio ahora se dio "across the board"; pa' tó' los que tengan casa propia. Hasta para los abogados
que fuimos acusados de "vivir del dolor ajeno".

Aparte de las consideraciones levantadas por algunos analistas sobre los efectos de la nueva ley en nuestra endeble y abatida economía, lo cierto es que, en ausencia de seguro con suficiente cubierta, las víctimas no podrían ser compensadas justamente con los bienes de sus victimarios. Como siempre, la soga parte por lo más fino.

Un médico que se vea “acosado” por una víctima que probó y ganó su caso, “interesada en su dinero” o por un abogado que “vive del dolor ajeno”, levantará como escudo el beneficio de la nueva ley de “hogar seguro” que le regaló el gobierno, en caso de intento de embargo.

Claro, los médicos que, según el señor gobernador, se fueron huyendo en estampida del país por temor a las demandas de impericia médica, ahora regresarán. Vendrán a su país en fila india.

Los médicos que se gradúan se quedarán en Puerto Rico a hacer sus especialidades, porque el gobierno actual reabrirá todos los centros de residencias que fueron cerrados en el pasado. La minoría, los médicos que, de todas formas, van a obtener sus especialidades a EEUU, regresarán cuando las concluyan. Dejarán el "american dream", sus nuevas amistades y las escuelas de sus hijos, sin voltear la mirada por temor a convertirse en estatuas de sal.

Los médicos volverán al país porque no les importará la alta incidencia criminal que existe ni que "tengamos" un cuerpo policiaco señalado por los federicos por su corrupción y brutalidad. Tampoco les molestará el alto costo de los productos alimenticios, las altas facturas de servicios básicos ni el “ajuste” en el precio del combustible. No les importará que, a cada rato, las aseguradoras no le paguen a los proveedores de salud, como ocurre ahora con los obstetras que amenazan con no atender a sus parturientas.

Regresarán los galenos que se fueron a Texas, Florida, Arizona y a las reservaciones indias americanas porque los planes de seguro médicos que antes los ahogaban, modificarán su conducta anterior y se rehabilitarán. La industria del seguro no se interesará más por sus ganancias económicas sino por la buena salud del paciente y por ofrecer una retribución económica justa para los proveedores de salud. Tampoco cuestionará el juicio médico, ni acortará hospitalizaciones, ni prohibirá la prescripción de medicamentos o limitará los referidos a especialistas.

Ahora que no se puede embargar la casa de los médicos negligentes, todo será como antes en el tema de la salud. Puerto Rico lo hace mejor; somos el país de la gente contenta y feliz y de la democracia que se vive. Yeah right! No nos protege ni el chapulín colorado ... quizá si contratamos un buen exorcista....

Nota: Para la versión editada en periódico El Nuevo Día, haga clic aquí.

Si la Dra. María Rodríguez tampoco es médica, entonces debe ser dramaturga

2011-08-13T11:03:00.000-07:00

Por escribir mayormente de temas relacionados con la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico, hace algún tiempo que ningún médico o salubrista, como el Dr. Vargas Vidot, me dirigía algún comentario, por carta, en el blog o mediante una llamada telefónica. En esta ocasión, una tal doctora María Rodríguez, licencia supuesta # 606, me telefoneó a mi oficina y aludió a mi post “Cuánto Vale un Viejo”. No para disertar sobre su contenido, sino en reacción al informe periodístico de esta semana del caso de un caballero que recientemente perdió su pene, debido a una alegada impericia medica.

De entrada, la doctora Rodríguez confesó su total adherencia al proyecto del gobernador Luis Fortuño sobre la impericia medica –que ella llama “negligencia profesional”- y admitió ser fanática incondicional del representante (Rodríguez)Aguiló quien, “a capa y espada”, lo ha promovido por varios meses en la legislatura del país. Interesantemente para mí, por la coincidencia del apellido, también alabó y agradeció las gestiones del ex senador de Arecibo, Julito (Rodríguez), por encaminar varios proyectos en ese mismo tema cuando estaba en el Senado de Puerto Rico. Yo la escuchaba atentamente.

Luego de esa introducción, la doctora Rodríguez acometió la tarea, que a todas luces tenía, de hablarme sobre la valoración que hace un hombre de su órgano sexual. ¿Cuánto vale un pene?, preguntó retóricamente.

A la hora de valorar los daños físicos y emocionales en Puerto Rico, el juez o jurado tiene que considerar varios factores que resultan críticos. En qué consiste la pérdida sufrida por la víctima de impericia médica, es la pregunta que la parte demandante tiene que obligatoriamente contestar en el desfile de su prueba. Las piernas de una bailarina de ballet deben tener un valor económico mayor que posiblemente las mías o las de cualquier persona común y corriente. El que Plácido Domingo pierda su voz necesariamente acarrearía una valoración económica mayor a la pérdida de la voz que experimentaría el vendedor de pinches de ropa y escobillones de mi pueblo San Lorenzo. De ahí que la premisa planteada al inicio de la llamada, por la supuesta doctora Rodríguez, captó de inmediato mi atención profesional.

Se publicó en el artículo periodístico que el caballero que perdió su pene por alegada impericia médica demandó por ello; tenía 57 años de edad a la fecha del evento. Ciertamente, es un adulto mayor, no es viejo, pero tampoco joven; presumiblemente era, con toda probabilidad, un hombre activo sexualmente. Por razones obvias, su identidad no fue revelada, así como otras señas que tendrían el efecto de identificarlo ante personas que lo conocieran o supieran de él.

Se preguntaba la doctora Rodríguez: ¿cómo comparar y valorar el pene de ese señor con el de un joven de 18-25 años, en la flor de su juventud? ¿Cómo comparar el valor de ese pene al de un anciano de 80 años? ¿Cómo compararlo al pene de un recién nacido, al de un niño de 10 años, de 13 años? De forma un tanto irreverente, también preguntó, ¿cómo comparar el pene de ese caballero al pene de un actor de películas porno o al de un cura en celibato? ¿Al de un pelotero, que, en la caja de bateo, lo usa de talismán para la buena suerte? (qué ocurrencias las de la doctora).

Ciertamente la doctora Rodríguez tenía un punto legítimo. Y es que, a la hora de determinar el justo valor por su pérdida, no todos (los penes) deben tener el mismo valor económico. No por el tamaño de lo perdido, sino por el uso que a este importante órgano se le daba y el placer que provocaba a su portador y a su pareja o función biológica al que se le destinaba. Ello, porque, si bien es cierto que el pene contiene la uretra y ese es el conducto por el cual se elimina la toxicidad líquida que emana de nuestros tambien queridos y apreciados riñones, es indudable que su mayor valor es otro, al menos cuando existe una vida sexual activa.

La disertación de la doctora no terminaba ahí; durante el tiempo que duró su llamada, exudaba un razonable conocimiento científico del pene y sus distintas manifestaciones, especialmente a partir de la pubertad del hombre hasta su muerte. Incluso me dijo algunos chistes viejos sobre el clero y los adornos de navidad, el del tipo que su urólogo lo mandó a brincar trepado en una silla, etcétera. Hasta pareció admitir la presumiblemente buena doctora, al igual que su admirado (también Rodríguez) Aguiló, que, cualquiera que fuese su uso o edad, su valor tenía que necesariamente exceder del tope de $250 mil que le quiere imponer el gobernador, en lo que los tres coincidimos.

Estuve preguntándome, por varios días, quién podía ser la interesante doctora Rodríguez que me había llamado, dónde trabajaba, de dónde era, qué especialidad podía tener dentro de la medicina. Luego salió la noticia de una carta que una tal Dra. María Rodríguez supuestamente dirigiera al FBI en acción con relación al Dr. Vargas Vidot, luego se publicó el dato sobre su falso número de licencia. Luego, una funcionaria del FBI negó haber recibido la famosa carta. De momento, me percaté que la autora de la supuesta carta podía ser también la misma persona que me había llamado en torno a la teorización sobre el valor económico del pene.

En su llamada, la doctora Rodríguez se me representó como una conocedora, en teoría naturalmente, del pene. De hecho, en una alusión a la obra “Monólogos de la vagina”, concluyó su casi monólogo, diciéndome que tal vez escribiría una obra teatral sobre el órgano sexual masculino.

Como la hemorragia de personas que ha salido en los medios últimamente, yo también apoyo la obra salubrista de dos décadas del doctor José Vargas Vidot y su Iniciativa Comunitaria. Sin embargo, me apunto en la taquilla si la notoria doctora Rodríguez escribe su obra “Monólogos del pene”.

Abolición de los abogados ... wishful thinking

2011-07-26T07:53:00.000-07:00

Muchos de los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico han tenido el común denominador de pretender sacar del panorama a los abogados de las víctimas. Llevan estos proyectos el deseo implícito - y a veces expreso -de que sean las víctimas las que reclamen directamente al médico o al hospital y que sea en ese ambiente “íntimo” y "acogedor" que se resuelvan las disputas, disque, todo en beneficio de las propias víctimas. Yeah right!

En unos proyectos los abogados ganan mucho menos si litigan un caso de esta naturaleza. En otros las víctimas recibirían de los médicos, hospitales y aseguradoras del riesgo, una compensación "justa" o la ayuda médica "necesaria" para sus daños físicos/emocionales, sin que los avariciosos abogados, que “viven del dolor ajeno”, como nos endilgó recientemente el gobernador Fortuño, les quiten una porción de ese dinero. El resultado neto de estos proyectos, que no dicen, es desalentar las reclamaciones de impericia; que las victimas no reclamen.

En estos días de lluvia, estuve nuevamente disfrutando con mi familia la saga de tres películas dirigidas por Steven Spielberg, tituladas “Back to the Future”. Esas películas fueron filmadas a mediados de la década de los ochenta y marcaron el comienzo de una vida profesional exitosa, tanto de sus protagonistas como del director/productor. El segundo film de este trío de películas de ciencia ficción tiene de escenario un pequeño pueblito en el año 2015, a 30 años de su actualidad.

En una escena, el científico Emmet Brown le comenta al protagonista, interpretado por un joven Michael J. Fox, que, desde que se abolieron los abogados, los pleitos tardan relativamente poco tiempo en los tribunales. Es decir, el personaje atribuye implícitamente a los abogados el que los pleitos antes se atrasaban en los tribunales por la intervención (culpa) de éstos en el trámite judicial.

De primera intención, parecería que nuestros legisladores, en su férrea defensa de los médicos y hospitales de nuestro país, evidencian ser también fervientes entusiastas de estas películas de ciencia ficción. Esta gente aparenta haberse creido la historia de Spielberg cuando en sus proyectos de ley han intentado sacar del medio a los abogados de las víctimas de impericia médica. Quizá, emulando la película, puedan lograrlo para el año 2015. Con ello se ganarían los votitos de los médicos negligentes. Y de paso, podrían invitar a la firma de la que podrían titular "Ley de la Abogadectomía" a los protagonistas y al director de “Back to the Future”.

Me pregunto si, a bordo del DeLorean gris del doctor Brown, estarían también dispuestos a regresar al pasado, particularmente a los tiempos del Código de Hammurabbi. En esa época, médico que metía la pata con algún paciente pagaba su impericia con la vida o con la amputación de alguna de sus extremidades. Ya me estoy contagiando con la ficción … nada bueno se pega.

P de la C 3450 bajo el radar…., otro leñazo a los derechos del paciente

2011-06-24T08:08:00.001-07:00

Sumándose a la lista de aliados/cómplices de algunos médicos, enemigos de los pacientes en el país, en lo que parece ser una perversa costumbre de algunos legisladores, un representante a la Cámara de apellido Guerra ahora pretende volar bajo el radar un proyecto de ley de su autoría, brindándole tratamiento jurídico de hospital público a todas las salas de urgencia o de emergencia en Puerto Rico, imponiendo un tope de $75 mil a las compensaciones por actos de impericia médica cometidos en dichos centros de cuidado primario. Tal parece que el Sr. Guerra ha vivido en otro país por las últimas semanas, en que decenas de víctimas de impericia han hecho público sus testimonios, planteando, de paso, su férrea oposición a que se impongan topes a sus reclamaciones de impericia médico-hospitalaria.

En definitiva, algunos legisladores le han declarado la guerra a los pacientes de Puerto Rico, sin recordar que también son sus constituyentes y que votan y han votado en las elecciones donde han resultado electos. Esta guerra había sido declarada antes por los propios médicos, que han velado más por sus intereses económicos que por la salud y derechos básicos de sus pacientes, al propiciar y pagar un costoso cabildeo en pro de una reforma a las leyes sobre el tema y en su beneficio exclusivo.

Toda guerra se compone de pequeñas batallas y me parece que ésta, que tiene de leñador de turno al tal Sr. Guerra, es una más que los pacientes y las víctimas de impericia médica tendrán que librar en la calle, donde más les duele a los políticos.

¿Demandas frívolas o argumentos frívolos?

2011-06-06T16:40:00.000-07:00

Los proyectos de impericia médica o como los médicos y sus cabilderos les ha dado con llamarlos ahora: de protección de los pacientes, están en boca de todos en Puerto Rico. Más, desde que el gobernador se ha convertido en el más reciente aliado del Colegio y de la Asociación Médica del país.

Con el último anuncio del Colegio de Médicos nos han tirado hasta con las maletas a los abogados que representamos a las víctimas de impericia. Denuncia este anuncio pagado que los abogados “se quedan” con una tercera parte del monto del pago a las víctimas. Claro, el gobernador, que es nuestro colega, sostiene que los abogados que representamos a las víctimas vivimos del dolor ajeno, así que todo argumento, por más demagógico, insensible y falso que sea, es posible. Es un 'riégalo que nos conviene'.

Los que auspician estos anuncios, incluido los funcionarios del gobierno, pasan por alto muchas cosas importantes. El sistema de honorarios contingentes que cobramos los abogados de las víctimas provee el único acceso que tienen los pobres del país y de los países donde ello es permitido, que no son pocos, incluyendo EEUU, a una litigación compleja y costosa que, de otra manera, les sería inaccesible. No menos importante, el sistema de cobro de honorarios legales condicionado a que el pleito se gane y nuestros clientes prevalezcan, tiende a reducir la radicación de las llamadas demandas frívolas que tanto critican y temen como el diablo a la cruz. Piénsenlo.

Nadie quiere radicar una demanda frívola. Analícenlo desde un punto de vista pragmático. En nuestro sistema de honorarios contingentes, ¿qué gana un abogado que radica una demanda frívola en los tribunales? A menos que piensen que lo que uno quiere es jorobarle la vida a la gente, ¿qué creen que gana el abogado si la demanda que ha radicado se pierde? Un amigo de Adjuntas contestaría que estos abogados ganan "lo que se le unta al queso".

No se cobran honorarios contingentes en otro tipo de casos, como los penales y los de relaciones de familia. Nuestras leyes y los cánones de ética que regulan la abogacía lo permiten, sin embargo, en aquellos pleitos donde se reclaman daños y perjuicios, como lo es una demanda de impericia médica. Esto tiene sentido porque, con ello, se logra un mayor y mejor acceso a los tribunales de las personas que no pueden pagar honorarios por hora a un abogado que los represente, cuando la única retribución al daño es monetaria. En los tiempos del Código de Hammurabi, el médico que metía la pata se le cortaba alguna extremidad. Menos mal que esos tiempos fueron superados.

Lo que hay tras el más reciente proyecto de ley es intentar echar a un lado a los abogados, para mi sorpresa, desacreditandonos. Insinúa ese proyecto que las víctimas no nos necesitan porque ya tienen a los médicos para defenderlos. Qué chiste. Claro, si se quita a los abogados del medio, es decir, si se pasa una ley institucionalizando una abogadectomía radical en el sistema, se acabarán las demandas de impericia médica. Sería para los médicos...un mundo.... chuchin.

ACCESO MEDICO ... a los derechos de las víctimas

2011-05-25T10:36:00.000-07:00

Como a nadie meten preso por pedir, los médicos en Puerto Rico han pedido (1) inmunidad si ocasionan daños a sus pacientes y familiares, (2) un credito contributivo por la suma dedicada a comprar sus seguros de impericia, por encima de $100 mil (3) derecho a hogar seguro por $250 mil sobre el valor del equity, para que ningún abogado pueda pedir o un tribunal pueda ordenar el embargo de su residencia principal. Por si fuera poco, se quiere que la víctima preste una (4) fianza si desea radicar una demanda de impericia en su contra, luego de que un comité “especializado” decida que no debe hacerlo. Quieren más, muchísimo más y en el gobernador han encontrado una mano amiga que los protege. Y a este “laundry list”, contenido en 43 páginas, que no hace sino cercenar derechos, dejando chiquita a la guillotina francesa, tienen los timbales de llamarle "proyecto de acceso médico". ¿Acceso a donde? Quieren acceso al lugar donde se deben guardar celosamente los derechos del pueblo, en especial de los pobres de este país.

Claman por una abogadectomía radical en estos casos, o sea, extirparse a los abogados del sistema, pero no se atreven a impulsarlo abiertamente. A lo más que han llegado es a proponer un fondo para supuestamente dar tratamiento médico a las víctimas, pero que no cubra gastos legales. Una ley sobre el tema de impericia que saque a los abogados del camino de los médicos sería ideal para ellos, para que puedan practicar su profesión, casi nada auto-regulada, de forma tranquila, sin la pesadilla que supone tener que rendir cuentas a sus pacientes en un foro imparcial. El gobernador, que es abogado, ha llegado al extremo de acusar a los que litigamos estos casos de que vivimos del dolor ajeno.

Se puede ir a programas radiales y explicar que lo que pretende hacer el gobernador, en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica, no tiene razón de ser. Porque de convertirse en ley, los proyectos que se han radicado no se traducirán en que los médicos se queden aquí, ni que vengan a nuestro país luego de hacer sus especialidades en el exterior. Se puede explicar, ad nauseum, que las demandas de impericia no han ido en aumento, sino lo contrario; que las primas de seguro que pagan en Puerto Rico son muchísimo menos de las que pagarían en EEUU, donde existe el derecho a juicio por jurado en todos los foros, cuyos veredictos sí que los exponen a perder hasta la cota y no hay exenciones que valgan. Se puede argumentar que los médicos brincan el charco con sus familias porque el país carece de rumbo y el deterioro social nos tiene a todos de cabeza apuntando al abismo.

Saben los médicos que se van y los que se quedan, que en gringolandia tienen mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y que pueden percibir mejores ingresos. Están conscientes que los planes de seguro médico en el país les dictan lo que tienen que hacer y no pueden hacer con sus pacientes. Saben que el plan de salud del gobierno es ineficiente y abusivo con ellos.

En fin, hablar con datos en la mano a una mente hecha es como predicar en el desierto. Hasta ahora, tratar de inyectar sensatez en su mente es una causa perdida. Hasta ahora, no hay forma de que el gobernador parezca entrar en razón. Se puede hablar, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que se diga. Es como si se hablara con una piedra.

Hay que detener esta insensatez, promovida por el gobernador y los gremios médicos, que tiene al pueblo ahogándose en una oleada de mentiras y medias verdades. Puede ser increíble y hasta arriesgado, pero todo parece indicar que, para lidiar en este ambiente repleto de pirañas, los pacientes tengan que recurrir a un tiburón blanco.

Nota del 27 de mayo:
Con el refuerzo de Sharon Reilly, al paso del tiburón blanco solo quedó una estela de cadáveres de pirañas en la superficie de un mar más calmado. Se dejó la consideración de los proyectos de impericia para la próxima sesión ordinaria, cuando habrán vistas públicas. Sin embargo, el poderío económico evidenciado en los medios para adelantar los proyectos que favorecen a los médicos en detrimento de sus pacientes, es sencillamente abrumador. Parece que hay billetes; vamos a ver si el gas pela.

Nota del 31 de mayo:
Annie Mayol fue denunciada como cabildera desde Fortaleza a favor del proyecto de acceso médico (a los derechos de las víctimas). Ella lo hacía antes y le pagaba la sociedad de ortopedas a través de una agencia de publicidad. ¿Que nosotros le estamos pagando ahora para hacer lo mismo? ¿Cómo hago para que me devuelva mi parte? ¿Podemos radicar un pleito de clase?

Nota del 2 de junio:
Catalogándolo de bochornoso, con el fino escalpelo de un cirujano cardiovascular y sin anestesia, los doctores Iván González Cancel y Eduardo Ibarra desbridaron el proyecto de acceso a los derechos de las víctimas de impericia médica en Puerto Rico promovido por el señor gobernador Fortuño, el Colegio de Médicos y por la cabildera Annie Mayol.

La otra carta abierta al gobierno

2011-05-13T10:40:00.000-07:00

HON. LUIS G. FORTUÑO BURSET, GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. THOMAS RIVERA SCHATZ, PRESIDENTE DEL SENADO DE PUERTO RICO
HON. JENNIFER GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

Distinguidos funcionarios:

Nuestro país cuenta con una clase médica preparada, competente y deseosa de brindar los mejores servicios de salud a sus pacientes, pero en sus propios términos. El acceso a ciertos especialistas y sub-especialistas es cada vez menor porque los centros de entrenamiento de residencias han cerrado y estos médicos brincan el charco a especializarse fuera de Puerto Rico y allá se quedan muchos. Incide primordialmente en su decisión el deterioro social que vive nuestro país, el estrangulamiento de los planes de seguros médicos a su práctica profesional, el “capitation” de la reforma de salud, mejores condiciones económicas y mejor calidad de vida para ellos y su familia. Están cansados de que enfermeras contratadas por los planes médicos les digan lo que tienen o pueden hacer con los pacientes. Conscientemente, van estos buenos médicos a un país donde hay más radicaciones - per capita - de pleitos por impericia médica que en Puerto Rico y donde se cobran primas de seguro que multiplican geométricamente las que se cobran en este país, donde un 85% paga menos de $5 mil anuales. Sin embargo, para el que lo hace, el brinco vale la pena y no tienen miedo a lo que les espera, porque son buenos. De hecho, los reclutadores gringos de talento médico carecen de interés en los malos médicos boricuas; desafortunadamente, estos se nos quedan aquí.

También es de conocimiento general que, en muchos de nuestros hospitales, los pacientes poli-traumatizados, los de ortopedia, neurocirugía y otras especialidades quirúrgicas son transferidos al Centro Médico de Puerto Rico. Es cierto que la ley ya concede inmunidad total a los médicos que allí trabajan en caso de reclamaciones de impericia médica, sencillamente porque son empleados públicos de la UPR o ASEM y reciben un sueldo fijo del gobierno. La práctica de transferir pacientes privados realmente no está relacionada con las actuales leyes que rigen las acciones de impericia medico-hospitalarias. Tiene que ver con una mala y cuestionable maña decenal, de manejar solo pacientes con condiciones médicas fáciles de tratar y de fácil remuneración económica. Tiene que ver también con el deseo de vivir una vida más o menos normal, lejos del hospital en horas de la madrugada y más cerca del mar y de las canchas de tennis y campos de golf en los fines de semana y algunos miércoles también. Por eso a los obstetras les gusta hacer tantas inducciones de partos y tantas cesáreas.

El riesgo que tiene un médico a ser demandado siempre ha estado vinculado a su pericia o falta de ella, no al derecho de las victimas a ser justamente compensadas por sus daños ocasionados por negligencia ni a los abogados que las representamos. El resto es un cuento de camino y miedo infundado. Y de esto puede dar fe el gran porciento de buenos médicos en Puerto Rico que nunca han sido demandados, ya que solo el 3% de los médicos ocasiona la mayor parte de las pérdidas de SIMED; los mismos que el Colegio y la Asociación de Médicos sigue protegiendo con su falta de auto-regulación.

La situación con las mujeres parturientas en Puerto Rico no es crítica; han seguido pariendo al mismo ritmo, a pesar de las amenazas o acciones de algunos obstetras de dejar el país. No se van del país a parir; paren aquí. O sobraban los que había, o los que se quedaron han sido suficientes para atenderlas. No obstante, es un hecho cierto que el mundo se está moviendo hacia un parto cada vez más natural, con menos intervenciones de los médicos obstetras que lo que sí han hecho es subir la incidencia de partos por cesáreas. Por si quieren hacer otro homenaje legislativo, es bueno que sepan que Puerto Rico posee la cuestionable distinción de ser el líder en el mundo en este renglón, con un 48% de partos realizados mediante cesárea.

Algunos médicos en EEUU y Puerto Rico, afortunadamente la minoría, hacen medicina defensiva, con la idea equivocada de que con ello pueden evitar las demandas de impericia. Sin embargo, sepan distinguidos funcionarios, que la medicina defensiva no es el estándar medico aceptable en el mundo; encarece los costos de salud e implica una práctica médica antiética y deplorable, que a la larga es pagada por el menos que puede: el paciente. Si esta práctica retrasa el tratamiento médico definitivo y ocasiona un daño, estamos ante un acto de impericia médica y otra demanda que le deben sacar el cuerpo.

El miedo infundado a las demandas o la "jaibería" del liderato de los médicos en Puerto Rico no se resuelve quitándole derechos a sus pacientes, eliminando la solidaridad o poniendo topes a las compensaciones; medidas que solo afectan a los que más daños han sufrido.

No sigan dando inmunidad a los médicos a tutiplén y menos a los que tienen privilegios en hospitales que generan ingresos por estar privatizados. Si quieren favorecer a los médicos, paguen sus seguros de impericia, como sugirió Ud., Señor Gobernador en 2008, cuando era solo un candidato. Paguen los seguros médicos a los estudiantes y a los médicos que entrenan, mientras estén en esas funciones académicas en los hospitales privados.

Reabran los centros de entrenamiento para generar especialistas, que fueron cerrados por los que los antecedieron, por querer implantar el plan de reforma de salud criticado por todos los sectores. La media en las compensaciones que se conceden en los pleitos de impericia médica no excede la cubierta de $100 mil que ofrece SIMED y menos la de $250 mil de Triple S. Además, sepan distinguidos funcionarios, que existe en el mercado de nuestro país seguro del exceso, hasta $3 millones, que los médicos son renuentes a comprar, a pesar de ser su precio uno bien competitivo, prefiriendo pagar a abogados por el exceso de su póliza.

Las víctimas de impericia médica son el eslabón más débil de la cadena y sufren por toda la vida. Con sus virtudes y sus defectos, se sienten protegidas por el actual estado de derecho, que ha servido bien. No quieren ser protegidas por médicos que han demostrado que sus propios intereses económicos excede el interés por la salud de sus pacientes. No cercenen los derechos de los pacientes para favorecer los intereses económicos de una clase que siempre ha sido privilegiada. Es absurdo y risible que al promover el quitarles derechos a sus pacientes, pretendan decir que están protegiéndolos.

Nota: A lo mejor no llega, pero al menos no costó $5,600.00; solo un poco de tiempo y una pizca de coraje del autor ante unas medias verdades publicadas que le zumban la manigueta.

Nota del 15 de mayo
De soga en casa del ahorcao'. Ayer se celebró un foro en el Recinto de Ciencias Médicas sobre el tema de la impericia médica, en vísperas del proyecto de administración que amenazan por presentar desde Fortaleza. Desinflando el argumento del éxodo, allí se dijo que solamente 40 médicos se habían ido de Puerto Rico en 2010 hacia EEUU y que habían regresado 8 y que la motivación no era las demandas, sino mejor calidad de vida, por ende, huyendo del deterioro social y mejores salarios. También se dijo que las demandas de impericia médica no iban en aumento, disminuyendo incluso el promedio de compensaciones a solo $42,000, lo que fácilmente es cubierto por los seguros existentes en el mercado. Y que el actual TEM o Junta de disciplina, bla bla bla estaba inoperante y el Colegio de MD's no autorregulaba a los médicos; incluyendo al 3% que son "viajeros frecuentes" a los tribunales. En fin, allí se habló de la soga en casa del ahorcao'; si no escucharon, es porque no quisieron. Ojalá que el presidente del senado use esos datos y otros adicionales de falta de vínculo,que nadie dijo, para detener esta locura a tiempo; porque, de seguro, a doña Jeniffer y al gobe les importa un K.

Nota del 17 de mayo
"Pese a que el Colegio de Médicos Cirujanos lleva a cabo una campaña denunciando la fuga de galenos al exterior por la falta de un tope en las compensaciones por daños morales en los casos de impericia médica, La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, aseguró que en 2010 se registró un aumento de 730 galenos licenciados para ejercer la medicina en la Isla." El Vocero de PR, pág. 13.

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS

2011-05-08T08:45:00.000-07:00

Su afán decenal por introducir una reforma al sistema compensatorio vigente y al estado de derecho con relación a los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria, ha llevado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, a desatar en estos dias una costosa campaña de medios. En este "media tour" por todas las emisoras radiales y periódicos del país, el Colegio ha enfatizado su preocupación sobre la mudanza de médicos boricuas hacia Estados Unidos.

“Masivo el éxodo de los galenos boricuas”, fue el titulo de un articulo publicado en el periódico El Nueva Día, hoy 8 de mayo, de la autoría de Gloria Ruiz Kuilan. El subtitulo dice: “Se lo achacan a las leyes de impericia”, estimando que unos 900 galenos han brincado el charco. Cita la periodista a la jefa del Colegio, Dra. Alicia Filiberti, diciendo que: “el propósito es crear conciencia al pueblo de que los médicos están emigrando por un problema grande de impericia”; entre estos “el alto costo de los seguros contra la impericia medica, las demandas frívolas y el plan de reforma que, con la privatización elimino muchos programas de entrenamiento.”

No es la primera vez que el Colegio de Médicos de Puerto Rico achaca el éxodo de médicos a las demandas de impericia médica. Desde la presidencia del Dr. Oscar Rodríguez, a principios del Siglo 21, todos los que han agarrado un micrófono alguna vez lo han hecho. La diferencia es que ahora están gastando un dron de billetes, a manos llenas, con el posible visto bueno del gobernador y la legislatura, que no se quieren quemar solos en este tema.

Una mentira repetida mil veces puede parecer una verdad. Sin embargo, en su esencia, siempre será una mentira, no importa los miles de dólares gastados o las veces que un periodista de prestigio preste su voz para apoyarla en un comercial radial o televisivo pagado.

Según las estadísticas del sindicato de aseguradores (SIMED) que asegura la inmensa mayoría de los médicos en Puerto Rico, el 85% de estos pagan menos de $5 mil dólares anuales de prima por su seguro de impericia médica. ¿De qué altos costos habla la doctora Filiberti cuando en los EEUU estos costos se multiplican geométricamente? Debe ser de los mismos "altos costos" de que hablaba el gobernador cuando era candidato en 2008 y prometía una reforma de las leyes sobre impericia, gestión puramente republicana, proveniente de ese sector político norteamericano que lo ha intentado a nivel federal y no ha podido. En aquella ocasión el candidato habló . . . y el pueblo le creyó.

No hay duda de que el gobernador ha hecho el compromiso de reformar las leyes de impericia médica con la clase médica a la que pertenece su querido suegro y, con toda probabilidad, a juzgar por lo que ha hecho antes, tal vez lo logre más pronto que tarde. Pero él, que bastante quemaíto está con la situación de deterioro a todo nivel prevaleciente en el país, no quiere quemarse solo en este asunto. La legislatura tampoco está en ánimo de hacerlo. Un tema que ha movido a cientos de víctimas de impericia medica y sus familiares a marchar frente al capitolio no pasa desapercibido en el país. Y el Colegio, cuya propia existencia está en entredicho con eso de la colegiación obligatoria, ha decidido echar el resto y gastar las cuotas de sus colegiados en este "media tour", alentado por los políticos a hacerlo. Después de todo, la imagen de los médicos está en mejor estado que la de los políticos y puede aguantar candela.

Como la mentira pocas veces se sostiene, es bueno informar al que me lee, la siguiente cita: “Como muy bien se afirma, las campañas de reclutamiento que se han desarrollado en Puerto Rico por parte de instituciones de salud, la mayoría de ellas procedentes de los Estados Unidos Continentales, han sido muy exitosas y han provocado una migración considerable de médicos, enfermeras, profesionales y especialistas de la salud a otras jurisdicciones. Nuestros profesionales son de primera calidad, además muchos de ellos son bilingües.... No hay duda que el deterioro social también contribuye a la emigración de los profesionales mencionados.”

La anterior cita no es mía, ni de ninguno de los “greedy lawyers” que representamos a las víctimas de impericia médica en Puerto Rico. Lo dijo la propia jefa del Colegio de Médicos, doctora Filiberti, en su ponencia el pasado 11 de febrero de 2011, respaldando la legislación propuesta creando la figura de médicos asistentes.

Alguien dijo alguna vez: “La primera vez que me mientas será por tu culpa, la segunda será por la mía.”

Nota del 17 de mayo
Pese a que el Colegio de Médicos Cirujanos lleva a cabo una campaña denunciando la fuga de galenos al exterior por la falta de un tope en las compensaciones por daños morales en los casos de impericia médica, La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, aseguró que en 2010 se registró un aumento de 730 galenos licenciados para ejercer la medicina en la Isla. El Vocero de PR, pág. 13.

¿Tú también, Bruto?

2011-03-15T03:35:00.000-07:00

La asociación de ideas que, continuamente, hace la mente humana es realmente asombrosa. En la obra shakesperiana “Julio Cesar”, el autor inglés hace alusión al momento en que unos componentes del senado romano apuñalan al emperador, siendo uno de ellos Bruto, al que consideraba casi como un hijo. “Et tus Brutus” llegó a convertirse en una frase muy famosa, sinónimo de una sorpresiva traición por alguien inesperado.

Julio César murió acuchillado un 15 de marzo, 44 A.C. Fue previamente advertido de que, en su contra, unos cuantos senadores estaban urdiendo un complot para asesinarlo, con el propósito de formar un gobierno de tipo republicano para que rigiera el imperio romano.

Un personaje en la obra de Don William le dijo al emperador: “Beware of the idles of March”, implicando que el complot se produciría a mediados del mes de marzo. Obviamente, el poderoso Julio César no le hizo caso y así se escribió la historia de una de las mayores traiciones, que nos llega igualmente a través de su pluma. Esa frase ha quedado plasmada en la historia como una advertencia para cuidarse de sus enemigos. Irrespectivo de cualquier mérito que pudiese haber tenido el hombre en su tiempo, como miembro del senado romano, Bruto quedó relegado en la historia como un traidor que colaboró, con su mano, al asesinato de su mentor. Su hazaña solo es comparable con Judas, otro traidor que después vendería a su mentor por aquellas famosas 30 monedas de plata.

Escribo estas líneas, precisamente un 15 de marzo, aniversario de la traición de Bruto, a 11 días del radiomaratón del Colegio de Abogados. Una actividad que se hace con el fin de allegar dinero para pagar una sentencia federal a unos miles de abogados desafiliados.

Digresión o no, desde que publiqué mi anterior post “Adopte un disidente”, no han sido pocos las personas que me han escrito, además de sugerir otro calificativo menos light, pidiendo que liste los nombres de los abogados que escogieron permanecer en el pleito de clase para cobrarle al Colegio la suma de $376.00, o por las razones que hayan tenido, aunque sea la de implosionar su sede. Es lógico presumir que la lista de los abogados de esa clase debe estar un poco menos poblada que la de los que optamos por excluirnos y seguir perteneciendo al Colegio, pero debe ser aún numerosa.

No tengo duda de que todos en el país conocemos, como mínimo, uno de los abogados que permanecieron en el pleito de clase. El Colegio recaba la cooperación del país entero para que coopere, porque pertenece a Puerto Rico y al país ha servido bien. El cheque que se envíe al Colegio no va a provocar la quiebra de nadie, pero puede evitar la del Colegio. Por tanto, lo importante es que todo el que quiera y pueda, envíe su cheque por cualquier suma. Si quiere adoptar un disidente, pueden enviar $376.00 a favor de Fundación del Colegio de Abogados, escribiendo el nombre del disidente. Bruto, seguramente, no se lo agradecerá pero el Colegio y el país, sí.

. . . . ADOPTE UN DISIDENTE

2011-03-03T13:34:00.000-08:00

En una estocada a mi optimismo, el Chief Judge no certificó la sub-clase denominada Camacho. Esa determinación judicial federal acerca más el momento en que los huevos se ponen a peseta, más aún cuando solo alrededor de 5,900 cartas de opt-out han sido validadas por el faribaulteño don Rust. Aún así, confío que finalmente seremos más de la mitad.

Muchos calificativos, algunos impublicables, se me han ocurrido desde que todo este asunto ha salido a la luz pública. Obviamente a ser dirigidos hacia aquellos colegas que pretenden dejarnos sin sede y eventualmente, sin Colegio de Abogados.

Tengo aprecio por algunos de los que han optado por mantenerse dentro de la clase y seguir el rumbo de los Brown, Ubarri y los demás etcéteras para cobrarnos $376.00, mediante la ejecución de la sede. Por eso y porque mi esposa me ha convencido que sería un tanto inapropiado, he preferido referirme a esos colegas meramente como “disidentes” de nuestro Colegio.

En honor a la verdad, estos colegas han sido disidentes porque se han asimismo preterido de participación, alegando toda la vida que los dirigentes del Colegio han sido unos izquierdosos que pretenden adelantar sus causas socialistas, en perjuicio de ellos. Han disentido porque nunca han consistentemente participado en las asambleas. Porque, a pesar de movilizar a todo el gobierno de entonces, no lograron posicionar al bueno de Neftalí Soto como presidente del gremio.

Estos colegas son quizá ajenos a los programas de asistencia legal a favor de los menos afortunados del país y a la buena obra que ha brindado a sus colegiados en desgracia económica por razón de salud y a otros pueblos hermanos y vecinos. Son disidentes porque seguramente no conocen de la mirada de alivio y agradecimiento brindada por las familias que, a lo largo de los años, han resultado beneficiarias del seguro de vida cuando les falta el o la colegiada.

Los colegas que pretenden convertirse en los “undertakers” de la sede del Colegio son disidentes porque vieron mal que la junta de Julio Fontanet aprobara velar los restos de Filiberto Ojeda Ríos, luego de su desigual encuentro con el portentoso FBI en acción. En última instancia, son disidentes porque les da la gana, punto y tienen derecho a serlo y a que se respete su opinión, aunque no estemos de acuerdo. Ah, y son disidentes porque creo que son una minoría entre la abogacía del país, que se debe escuchar y tomar en consideración, pero minoría al fin. No debe importar mucho la razón de sus disidencias en este momento. Con la mayor de las probabilidades ya no son colegiados.

Hasta ahí les reconozco el derecho a disentir de nosotros, los que queremos, nos importa el Colegio y somos sus miembros de forma voluntaria. No me simpatiza como actúan, cuando sacan la constitución americana para atacarlo y mucho menos cuando usan de excusa solo $376.00. Es más, me disgusta lo que hacen por el solo hecho de atacar despiadadamente a mi Colegio y el de mi viejo, blandiendo la sentencia del Senior Judge Pieras cual machete en pos de nuestro pescuezo, como si nos tuvieran odio. No me simpatizan cuando incorporan una asociación de abogados desde junio de 2010, como si fuera un velorio sin cadáver.

Da la impresión de que la suerte está echada, pero, como dirían en la Chardón: It ain't over till the fat lady sings.

Los federicos le devolverán al compañero Francisco Pagán lo que consignó para Fortuño. ¿Y qué importa? Para el radio maratón del 26 de marzo hagamos un cheque a favor del Colegio de Abogados de Puerto Rico por $376.00 y escribamos el concepto de - donación a nombre de un disidente que conozcamos. Vamos ... yo les llamo disidente; ya están sugiriendo otros nombres, denotando coraje. Dejo a la discreción del lector cómo llamarlos.

Sé a nombre de cual de ellos lo hará Pagán. Estoy seguro que un compañero de oficina, retirado de la judicatura hace un par de meses, estará muy feliz de hacerlo a nombre del colega Thomas Rivera Shatz. Por todo eso y mucho más, ADOPTE UN $%^#&* DISIDENTE, por el Colegio siempre.

YO NO SOY DE ESA CLASE DE ABOGADO

2011-02-09T04:12:00.000-08:00

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, el Senior Judge Jaime Pieras, de la corte federal para el distrito de Puerto Rico, impuso el verano pasado al Colegio de Abogados de nuestro país el pago de un poco mas de $4.1 Millones a favor de una clase certificada por el tribunal en un pleito de clase (06-1645). Interesantemente, la clase la componen los abogados que pagamos cuota al CAPR durante los años 2002 al 2006, incluido el autor de este blog, que usualmente habla de impericia médica.

Esta cuota anual se descompone en varias partidas. De estas, $78 van dirigidos al pago de una póliza de seguros de vida a favor de los beneficiarios designados por el abogado en caso de sobrevenir su muerte. En mi caso, naturalmente, mis beneficiarios son mi esposa y mis hijos.

No recuerdo haber sido notificado por nadie, especialmente por los colegas que la radicaron, activos litigantes todos del foro federal, cuando esta demanda fue certificada como una acción de clase por el Judge Pieras. Estos demandantes están siendo representados por el abogado David Indiano y socios o miembros de su bufete, cuyos principales son colegas norteamericanos que vinieron a residir a Puerto Rico hace unas cuantas décadas. Indiano ni sus socios en el caso me enteraron, de forma alguna, que yo estaba incluido en esta clase, quizá porque nunca los he visto en ninguna actividad promovida por o celebrada en la sede del Colegio, o simplemente porque no los conozco, a pesar de que, como ellos, también litigo en el foro federal. Si lo hubiesen hecho, no hubiera accedido a ser parte ni que me representaran en este pleito, pues el seguro de vida pagado dentro de mi cuota, irrespectivo de la cubierta de la póliza, beneficiaría a mi familia en mi ausencia.

Estando el seguro de vida incluido en la cuota que pagaron al CAPR en esos 5 años, es obvio que, de haber fallecido, los beneficiarios de los abogados que sabían del pleito, es decir, los demandantes nombrados Herbert Brown, Luis Ubarri y David Román, también se hubiesen beneficiado de la póliza pagada.

Muchos de los datos del pleito de clase instado no están muy claros para muchos abogados, incluyéndome, pues se le ha impuesto una orden de mordaza a los funcionarios y junta de directores del Colegio que les impide explicarnos, algo que está claro, pero cuyo razonamiento aún no puedo comprender. De hecho, nuestro presidente Osvaldo Toledo, cuya foto honra este post, ha sido apercibido por el Chief Judge Fusté de ser ingresado a la cárcel hasta el 26 de febrero si no se paga hoy una sancion de $10 mil que impuso hace unos dias, por dar su version, supuestamente "misleading", de este lío en un programa radial, violando así la orden. Espero que este apercibimiento no se haga efectivo, aunque creo que el colega está dispuesto a afrontar valientemente las consecuencias de sus actos y ponerse el famoso mameluco anaranjado por un tiempito; una decisión que sería admirada por mucha gente en este país.

De todas maneras, yo no soy de esa clase de abogado. Si lo fuera, sentiría que no estoy honrando la toga, como juré hacerlo aquella mañana del 29 de diciembre de 1976; serlo implicaría que consiento a la eliminación de nuestra sede, que ha sido emblemática desde hace muchas décadas. Ser de esa CLASE de abogado implicaría que estoy de acuerdo con la eliminación de una verdaderamente Ilustre entidad de más de 170 años de fundada, que, a pesar de no estar de acuerdo en algunas ocasiones con las posturas públicas que han asumido algunos de sus dirigentes, en términos generales, ha servido bien a los abogados y al país. Si lo fuera me sentiría cómplice de acallar la voz que ha defendido siempre los derechos del pueblo de Puerto Rico, especialmente de las clases menos privilegiadas de mi país.

Como no me sentía ser de esa CLASE de abogado, suscribí un documento de opt-out, siguiendo las instrucciones de la Orden del tribunal federal y lo envié a la dirección correspondiente, para que me excluyan de la clase certificada en el pleito por el Senior Judge Pieras. El matasellos del sobre en que lo enviemos debe indicar 26 de febrero o antes.

Sugiero el siguiente formato, que opino sigue las instrucciones de la Orden del tribunal:

February _____, 2011

Brown vs. Colegio de Abogados Administrator
PO Box 2439
Faribault, MN 55021-9139

RE: REQUEST FOR EXCLUSION

Dear Sir/Madam:

I do not want to be part of the Damages Class in Brown v. Colegio de
Abogados de Puerto Rico, CV 06-1645 (JP-JAF).
No quiero ser parte de la Clase con Derecho a Resarcimiento en Brown v.
Colegio de Abogados de Puerto Rico, CV 06-1645 (JP-JAF).

Sincerely,
__________________________________
(firma)
Name:
Address: __________________________
_________________________
_________________________
Phone Numbers: (787) ______________

No concibo cómo otros pueden permanecer en esa clase y estar tranquilos. Yo no pudiera vivir con mi conciencia, si fuera cómplice de la eliminación de la vida pública de mi país de mi Colegio de Abogados, al que también perteneció mi querido viejo hasta su muerte. Afortunadamente, con orgullo puedo decir ya, que yo no soy de esa CLASE de abogado.

Nota del 10 de febrero de 2011 (5:10 pm)
Cuando venía en mi dirección le pregunté lo que había pasado y me dijo "Me arrestaron; cuando llegué a Secretaría me estaban esperando la orden de arresto y los alguaciles". En ese momento Osvaldo se creció ante los ojos de los que nos encontrábamos en el vestíbulo de la corte federal; parecía de una estatura mayor que la de los alguaciles que lo escoltaban. Allí Osvaldo Toledo hizo historia y se convirtió en el primer presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en ser encarcelado por defender a la institución que en septiembre pasado juró proteger. Es una ironía pues su arresto y encarcelación es el resultado de un pleito - certificado como de clase - instado por colegas abogados, y que en representación de todos nosotros. Abracé a su esposa y le dije que se sintiera orgullosa porque Osvaldo iba a hacer historia. Todos los presentes fuimos testigos de un acto de valentía que tendrá repercusiones importantes ... ella lo sabía.

Sobre los últimos acontecimientos, cliquee aquí.

Impresiones de un conversatorio

2011-02-08T09:50:00.000-08:00

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico invitó a un conversatorio a varios abogados para hablar del tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria. De los cinco abogados invitados, el único identificado con las victimas fue el autor de este blog. Encontré allí a varios colegas, conocidos al fragor de mi litigación en los tribunales por alrededor de tres décadas, entre los cuales se encontraba un ex juez de la corte federal y otros que representaban indistintamente a hospitales y médicos.

El tema del conversatorio fue libre, girando mayormente en torno a las distintas vertientes del mismo problema. Cada uno de los invitados planteamos nuestras posiciones, diversas entre sí. Como el resto de los países, Puerto Rico vive una crisis económica. Así que, como esperaba, se levantó el punto de que los hospitales estaban atravezando por una crisis económica, que había obligado a algunos a acogerse a la protección del código de quiebras federal, como Damas y San Gerardo, para evitar cerrar sus puertas.

Por otro lado, otros arguyeron que los médicos estaban siendo ahogados por las compañías de planes de seguros de salud que les pagaban poco y que las aseguradoras del riesgo de impericia médica proveían unas cubiertas insuficientes. Según pronosticaron los colegas, estos problemas económicos de los médicos y de los hospitales iban en detrimento de los propios pacientes, quienes se verían eventualmente afectados por la falta de servicios médicos de calidad y de hospitales de primer orden.

Observando el giro que estaba dando la conversación, por la proporción de 5-1, me vi obligado a establecer como premisa en la discusión algo que me resultaba obvio pero que se estaba soslayando, inadvertidamente o a propósito: que todo sistema de salud debe tener como principal protagonista y punto de enfoque al paciente, quien resulta el eslabón más débil de la cadena. Argumenté apasionadamente que es al paciente a quien debe protegerse primordialmente y que no se debe limitar el libre acceso a los tribunales para dirimir las controversias. Claro, sin perder de vista que los hospitales requieren operar con un margen de ganancia que le permita ofrecer más y mejores servicios, en beneficio del paciente y que los médicos que rinden su labor cotidiana, la mayoría de forma excelente, lo hagan con una remuneración adecuada.

Porque tampoco pretendo ser ingenuo, entiendo que es necesario buscar vías para retener a nuestro talento médico en el país, de suerte que no les resulte atractivo migrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores beneficios económicos y dejen a los pacientes de la Isla desprovistos de servicios de calidad. También me resulta razonable que los hospitales operen con un margen de ganancia holgado, que garantice la contratación de servicios ancilares de primera calidad, ello en beneficio de los pacientes que admiten.

Se sortearon varias alternativas en el conversatorio, la mayoría de las cuales, como suele suceder en este tipo de discusión desigual, iban en detrimento de los pacientes, quienes son eventualmente las víctimas de impericia médica y de la negligencia hospitalaria. Topes a las compensaciones por daños no económicos, eliminación del concepto de solidaridad entre los Co-causantes del daño y la implantación de paneles de arbitraje como medio para desalentar reclamaciones inmeritorias, fueron unas pocas de las "ideas" que se lanzaron a la mesa. También se sugirió legislar para propiciar que las aseguradoras del riesgo aumentaran la cubierta de seguros, considerada insuficiente por los médicos e impedir que recarguen a sus asegurados a menos que recaiga sentencia en su contra.

Nada nuevo bajo el cielo se discutió como posibilidad de legislación entre los que asistimos. Todas las ideas han sido discutidas por más de tres décadas en los EEUU; algunas adoptadas, otras descartadas. Obviamente, argumenté las objeciones de rigor a las sugerencias que implicaban cercenar derechos al paciente, como son los topes a las compensaciones, la solidaridad o limitar el acceso libre a los tribunales, como son los paneles de arbitraje. Concurrí con las que promovían la retención de los médicos y las mejoras de los servicios en los hospitales.

Pienso que las reclamaciones de impericia médica y de negligencia hospitalaria que se presentan en los tribunales, no constituyen un problema y así lo expuse claramente. La insuficiencia de estas radicaciones promueve quizá el sentido de impunidad entre los médicos negligentes, pues piensan que pueden practicar su profesión por la libre. Puse el ejemplo de que en EEUU la proporción de radicaciones es de una de cada ocho casos de impericia médica, por lo que en nuestra Isla, una sociedad aún menos litigiosa, la distancia entre los eventos y las demandas radicadas es mayor.
Por mi parte adelanté varias innovaciones, como la idea de que los hospitales y médicos se abrieran más hacia sus pacientes; que dieran cara cuando las cosas no salieran bien.

Aunque está probado a la saciedad que ello redundaría en una merma en las reclamaciones - que a nuestros anfitriones les interesaba mucho - dije, sin embargo, que el sistema actual no promueve esto. El médico nunca admite cándidamente sus errores ante el paciente o sus familiares y, para ello, tendría que hacerlo. El personal mal pagado de enfermería, tampoco. No dije que era fácil. También sugerí estudiar la posibilidad de implantar un seguro “sin culpa”, (no-fault) con unas cubiertas pequeñas, hasta $25 mil, que desalentara la radicación de demandas de poca cuantía, en base a ajustar las reclamaciones extrajudicialmente, de forma expedita.

El conversatorio concluyó en un par de horas. La asociación de hospitales publica una revista periódicamente, que circula entre sus miembros y en la cual pretende publicar el contenido de ese conversatorio en una próxima edición.

Varias percepciones suelen surgir de la observación de un mismo evento. Soy optimista, pero igualmente realista. Contrario a mí, mis colegas en el conversatorio consideran que al paciente que sufre un daño a manos de un medico negligente no debe ser catalogado como una víctima. Además, entienden que la necesidad económica los impulsa a radicar una reclamación de esta naturaleza. Esa percepción me parece muy equivocada. Para beneficio de nuestras interlocutoras y de los colegas del panel, describí el perfil de una víctima de impericia medica que acude a nuestras oficinas, pero sin mucha esperanza de que concurrieran conmigo. Si en lo más simple hay tanta diferencia conceptual, en lo complicado no veo consenso posible en el camino. En lo único importante en que concurrimos todos fue que, contrario a lo que se ha querido hacer creer muy recientemente en los medios, los pleitos de impericia médica no constituyen o provocan la migración del talento médico fuera de Puerto Rico. Al menos algo positivo salió de dicho conversatorio entre colegas.

Trato de ser objetivo cuando discuto cualquier tema, pero, como he dicho antes, en el de la impericia medica y de la negligencia hospitalaria, no lo soy. En ese conversatorio, el único que intentó lograr algún grado de consenso, quizá por su experiencia en la judicatura, fue el ex juez federal. En una escala de valores, no concibo que el beneficio económico de médicos u hospitales tenga la misma importancia y relevancia que la salud y bienestar del paciente. Quizá los amigos del otro lado de la cancha piensen, sin querer queriendo, que la balanza de la justicia se mantiene equilibrada cuando se le quita derechos a los pacientes en beneficio de los médicos y hospitales. Quien sabe... pero, por lo mismo, no creo que la asociación sea muy objetiva que digamos en su cubierta del conversatorio y potencial análisis editorial, porque, al final del día, como cantó el ponceño Héctor Lavoe, todo es según del color del cristal con que se mira.

El conversatorio fue reseñado en las páginas 32 a la 36 de la Revista de Hospitales, en su publicación de marzo. LA pueden acceder cliqueando aquí.

¿Cuanto vale un viejo?*

2010-12-22T12:09:00.000-08:00

Un anciano de 80 años de edad me consultó un alegado caso de impericia médica ocurrido en un hospital del área metropolitana de Puerto Rico. Me consternó cuando me dijo que “el viejo no vale ná’ en nuestra sociedad. Quizá, en su caso, fue el grado de frustración o impotencia ante las situaciones que particularmente le tocó vivir con los médicos y enfermeras que le brindaron tratamiento. Estoy seguro, sin embargo, que esa apreciacion es compartida por muchos en nuestra sociedad.

En su disidencia de Cintrón v. Gómez, 1999 TSPR 018, el extinto Juez Jaime Fuster dijo sobre la norma de reparación que “se trata de una de las piedras angulares de nuestro ordenamiento jurídico, que es "de gran alcance", y que se concibe "con amplitud de criterio". Añade el Juez Fuster que ‘en múltiples ocasiones hemos reconocido "su dilatado ámbito reparador”.

¿Qué suma de dinero repara los daños sufridos por los familiares de un viejo que ha sobrepasado su expectativa de vida y que muere por negligencia médica? ¿Cuánto vale la vida de un viejo, cuando ya ha dejado de trabajar y sus hijos no dependen de él para su sustento económico?

Una sociedad como la nuestra, que casi todo lo valora en términos económicos, se plantea comúnmente esta pregunta. El abogado, incluyendo a los jueces, acostumbrados a la valoración o cuantificación de daños en nuestro sistema jurídico, lo hace con mucha frecuencia. Conseguir una respuesta a esta interrogante no resulta nada fácil, más aún si tomamos en cuenta que los adelantos médicos y el progreso en la calidad de la alimentación ha propendido a la extensión de la expectativa de vida del ser humano. Hace varias décadas, una persona de 50 años era un anciano; al presente nadie se atrevería siquiera a pensarlo.

Sin hablar del amor desinteresado que prodigan a manos llenas, en la llamada “edad dorada”, el viejo se convierte en una importante referencia histórica; es el archivo interactivo de la vida familiar, una inagotable fuente de anécdotas, de vivencias y también de sabiduría. El viejo nutre la conciencia del joven y es apoyo seguro de la del hombre maduro.

Sociedades como las orientales, que no han sido del todo víctimas del materialismo extremo que algunos llaman pragmatismo y que desafortunadamente nos arropa, dan a sus viejos mucho valor. Y lo hacen por el simple hecho de serlo, sin tener en cuenta su edad, ni su condición física, económica, cultural o social.

Hace poco más de un año fui de vacaciones a China y, a pesar de que conocía el excelente trato que prodigaban a sus viejos, nunca imaginé que me resultara tan contrastante con el brindado por la sociedad occidental a los suyos. Más allá de una actitud compasiva y tolerante que llegan a manifestar algunos frente a sus viejos en esta parte del mundo, es preciso ver como lo hacen en China. Allí le reconocen al viejo el rol irreemplazable que saben que éstos cumplen, no solo en el núcleo familiar, sino también en la vida cultural y social en la que viven insertados.

Existe una tarea insustituible en el proceso de la maduración intelectual y moral del ser humano. Ellos en China saben que todo proceso educativo requiere de maestros y de aprendices disciplinados que reciben instrucciones, que consultan y que son corregidos. Quizá deberíamos aprender un poco de esas sociedades orientales, donde el viejo contribuye significativamente al proceso de maduración de los que están a su lado, directa e indirectamente. Con su apoyo tolerante, armados con su fuerza emocional, que ya ha superado todas las etapas de la maduración y del crecimiento, el viejo ayuda a los jóvenes a tener una mejor comprensión de la vida y los equipa para lidiar con sus propias dificultades en sus distintas etapas de crecimiento.

En cierto sentido, la presencia del viejo es un recordatorio viviente al joven y al adulto de que el sentido de inmortalidad que a todos nos embarga cuando somos jóvenes no es real ni tampoco permanente. La sola presencia del viejo nos trae una especie de mensaje de moderación en el pensamiento, en la expresión y en la obra, que no resulta nunca ser un equipaje de exceso. Aquel que ha aprendido a resistir las dificultades y que no se ha deslumbrado en sus propios momentos de gloria, es el mejor consejero para quienes aun afrontan las dificultades y que se ven hipnotizados por los éxitos pasajeros.

El cineasta sueco Ingmar Bergman alguna vez dijo que “Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.” Por eso la presencia del viejo en la vida de su familia es indispensable y en nuestra sociedad debe ser mejor aquilatada, no solamente porque se convierte en ayuda útil para el cuido de los niños, cuando padre y madre trabajan fuera de la casa. Lo es también para los mismos padres, ya que ellos se encuentran en un proceso que aún no ha concluido para aprender a educar a sus hijos.

No es raro que el nucleo familiar que ha apreciado, como es debido, la vida de su viejo, cuando ocurre lo inevitable, sufra su pérdida con mucha intensidad y de forma perdurable, irrespectivo de la edad que tenía al morir o si solo lo visitaban con frecuencia en el "nursing home" que estaba por necesidades de la vida. Aunque comprendo el "lawyering", me deja algo perplejo cuando los abogados de la defensa de médicos y hospitales intentan hacer ver, aunque no se atrevan a decirlo directamente, que, de todas formas, al viejo le quedaba poco tiempo de vida. Claro que si, todos estamos en ese camino inexorable, algunos antes y otros luego. ¿Debe hacer la edad - del viejo que muere - alguna diferencia respecto a la valorización de los daños que ese evento causa? Si acaso la hace, debe ser en sentido contrario a lo que apuntan los amigos y amigas de la defensa: cuanto más tiempo se tiene con uno, más se echa de menos..... ¿O no?

Nota: Este ensayo fue inspirado por la lectura de otro escrito por Jesús Ginés, Universidad Santo Tomás Véase informe publicado en Primera Hora, dando click aquí.

El pueblo habló pero… ¿alguien obedeció?

2010-10-29T07:32:00.000-07:00

En lo que parece ser un abierto ejercicio - adicional - de poder absolutista en Puerto Rico, de los que nos tienen últimamente acostumbrados, la cámara de representantes aprobó ayer el P. de la C. 2719 en torno a la impericia médica. Justificándose en la alegada “fuga” o éxodo de médicos a EEUU - por debajo del radar - y aprovechándose de que todo el mundo está pendiente de la discusión de la reforma contributiva, los legisladores actuaron impetuosamente, imponiendo un tope de $300 mil a los daños y sufrimientos mentales. Tambien resucitaron el embeleco del panel de arbitraje compulsorio, que ya fue declarado inconstitucional y, de refilón, como el que no quiere la cosa, bajaron a 25 porciento los honorarios de abogado contingentes. Casi nada.

Esta gente ha formado un verdadero “collage” legislativo, copiando, mejor dicho, dando un tizazo, bajo la premisa inarticulada de siempre, de que en EEUU hacen las cosas mejor.

En Puerto Rico no se conceden daños punitivos en los casos de impericia médica, aunque deberían hacerlo. Los daños punitivos no se conceden por los tribunales, bajo la premisa jurídica de que la concesión de daños en Puerto Rico es meramente compensatoria, no de castigo. Así que nuestros legisladores tomaron medidas de allá y más allá y las incorporaron aquí; todas las que más o menos beneficiaban a los médicos y hospitales, pero quitando derechos a sus pacientes. No se percataron, o tal vez sí, que en todos los estados de la nación norteamericana, además de los demás conceptos de daños en general, también se conceden daños punitivos que, en alguna medida, sirven de disuasivo eficaces para conductas negligentes futuras. De manera que, si deseaban dar un mejor tizazo a nuestros vecinos del norte, debieron incorporar también los daños punitivos, como parte de las medidas que se pueden tomar en contra de un médico u hospital que ocasionan daños a un paciente.

Resulta evidente que esta medida legislativa aprobada por la mayoría de la cámara en votación partidista, no fue responsablemente estudiada; fue, a todas luces, o por la falta de éstas, irreflexiva. Presumiblemente fue aprobada para combatir o atajar la fuga de talento médico de suelo boricua. Sin embargo, lo que intenta es desalentar las acciones de impericia médica y que menos abogados estén dispuestos a llevarlas.

Si nuestros legisladores de mayoría hubiesen estudiado lo que provoca realmente el llamado éxodo de médicos, sabrían que no son las primas de seguros, las demandas de impericia médica ni las víctimas lo que realmente lo ocasiona. Como tampoco son las primas de seguro, las demandas ni las víctimas de impericia médica lo que ocasionan la fuga a EEUU de jubilados, enfermeras, ingenieros, policías y otros profesionales de calibre que se nos están yendo del país, en su mayoría jóvenes. No nos llamemos a error: Puerto Rico se nos está yendo a pique.

Estos profesionales, incluidos los médicos, se van de Puerto Rico porque aspiran, para ellos y su familia, a una calidad de vida mejor que aquí no tienen, en alguna medida, por culpa de los que hoy rigen los destinos del país. Por otro lado, la mayor parte de los médicos que se van a estudiar la especialidad a EEUU, casi nunca regresan a trabajar a Puerto Rico. No se quedan, no por temor a que los malvados abogados los demandemos. Se quedan porque les gusta el lugar donde estudiaron la especialidad y les provee mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Tdos conocemos casos de esos.

Ya antes he discutido lo absurdo de incorporar medidas foráneas a Puerto Rico en este tema porque los problemas particulares, ni sus consecuencias son las mismas. Hasta escribí un libro sobre ese tema, que parece que los legisladores nuestros no han leído ni por el forro. También las víctimas de impericia médica y sus familiares han hablado antes y se han tirado a la calle a evidenciarles la injusticia e inadecuacidad de este tipo de medidas en contra de los pacientes. Pero parece que la opinión del pueblo ya no cuenta. Adquirieron un mandato absoluto en las últimas elecciones y tienen el poder para implantar las medidas que quieran.

Aquí el pueblo habla a cada rato y aún está hablando pero nadie parece escuchar ni obedecer. Cansa a veces predicar en el desierto, porque no hay forma de que esta gente parezca entrar en razón. Se puede hablar en Puerto Rico, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que digas ni la fortaleza de tus argumentos, a la hora de que quieran pasarte el rolo. Esperemos que el senado rectifique; sabemos que allí no está sentado "Impetuoso", el caballo de Calígula.

Nota del 7 de noviembre de 2010:
La senadora Lorna Soto ya ha expresado su oposición a este embeleco de la cámara de representantes y en definitiva, será un obstáculo para los propulsores de este proyecto de ley. Muy bien por la senadora!! Prepare su altoparlante a ver si sus colegas la escuchan.

Nota del 8 de noviembre de 2010
El pueblo sigue hablando!! Esta vez las propias víctimas de impericia médico-hospitalaria se movilizaron para protestar de la medida y fueron al capitolio. Muy bien por la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de impericia médico-hospitalaria. A ver si alguien escucha y al fin obedece al pueblo.

Nota del 12 de noviembre de 2010
Concluyó la sesión legislativa y el proyecto de impericia medica aprobado en la Cámara de Representantes se colgó en el Senado y no fue considerado. Una batalla se libró y parece haber sido ganada por las victimas de los médicos negligentes que tuvieron que, nuevamente, tirarse a la calle a protestar por la intentona de quitarles derechos en beneficio de la clase médica o, mejor dicho, de unos cuantos médicos negligentes. Este proyecto contaba, desde el saque, con la oposición de los senadores Carmelo Ríos y de Lorna Soto. Estoy seguro que otros senadores que son abogados, como mi compueblano José Emilio González y el propio presidente senatorial, iban a desfavorecerlo igualmente.

Una y otra vez, desde 2002, los médicos han intentado cercenarle derechos a sus pacientes y esta guerra aparentemente no tiene fin. Pero no se equivoquen los propulsores de la reforma: las victimas estan en la calle con su ultimo detalle... Siempre es bueno saborear las victorias, aunque solo sean en simples batallas, como la que felizmente terminó ayer.

Ay visne... como trabajan nuestros legisladores !

2010-10-19T11:16:00.000-07:00

La impericia médica y la negligencia en los hospitales han vuelto a ser noticia en nuestra Isla del Encanto, así que no hablaré del "rapeo" overseas de un legislador con una empleada de ABC News.

En estos días se aprobó el Proyecto de la Cámara 1790, para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico. De convertirse en ley, este proyecto haría mandatario que “todo asegurador, fideicomiso u otra persona jurídica notifique al Comisionado de Seguros, a la Junta Licenciadora y al Secretario de Salud de cualquier reclamación, acuerdo o transacción judicial o extrajudicial por daños y perjuicios por impericia médica o de cualquier institución que preste servicios de salud.” Informa la exposición de motivos del referido proyecto que “las Aseguradoras pagan mediante acuerdos transaccionales, judiciales o extrajudiciales o por sentencias o laudos reclamaciones surgidas en casos de impericia médica o de instituciones de salud. Algunos de esos acuerdos contienen cláusulas de confidencialidad que interfieren con la supervisión y vigilancia que tiene que prestar el gobierno a tales casos de impericia para imponer responsabilidades administrativas y de otra índole.”

La Junta que sustituyó al TEM no se llama reguladora y no sé a qué se refiere el proyecto con "laudos", porque no conozco un caso de impericia médico-hospitalaria que haya ido a arbitraje en Puerto Rico. Pero, en fin... Suena más o menos bien, ¿verdad?

Ya antes había escrito sobre este tema de los acuerdos confidenciales, a los que me he opuesto siempre. Desde el 17 de agosto de 1999, Puerto Rico cuenta con La Ley Núm. 260 que imponía al Antiguo Tribunal Examinador de Médicos, hoy Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, el deber de ofrecer al público - que lo pida - alguna información sobre cualquier médico. Entre esta información se podría solicitar si ha recaído alguna sentencia en su contra por impericia médica. Sin embargo, a pesar de que esta ley entró en vigor 30 días después, para su implantación, se le impone al TEM, hoy Junta, el deber de redactar un reglamento que, a esta fecha, más de una década después de legislada, aún no ha hecho. Así que, si consigue que le contesten el teléfono, no se le ocurra pedir información de médico alguno porque no la conseguirá allí, aunque se la prometan.

Es evidente en Puerto Rico que la impunidad, en todos los renglones de nuestra vida como pueblo, parece ser la orden del día. En el caso que discutimos,hemos visto que por carecer de un reglamento y gracias a las famosas cláusulas de confidencialidad que exigen sus aseguradores, los médicos negligentes no son ni han sido una excepción. A nivel de hospitales, hemos visto epidemias de infecciones bacterianas que, luego de un titular en el periódico, le echan tierra y se olvidan. Luego de haber pagado una transacción o sentencia, los médicos en Puerto Rico siguen "practicando medicina" y atendiendo a sus desinformados pacientes, como siempre, como si nada hubiese ocurrido.

No es pesimismo, pero, de nada vale que una ley imponga el deber de informar las transacciones o sentencias en estos casos con el propósito de que el gobierno los supervise. Los funcionarios gubernamentales tienen otras cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, legis-rapeadores irse a Kentucky a beber whiskey por barriles o a Egipto a montarse sobre camellos.

Si no se cuenta con la infraestructura informática y el ordenamiento reglamentario correspondiente que le ponga “dientes”, esta ley pasará a ser otro muerto más, con lo que se hayan entretenido o matado su aburrimiento, por un tiempito, nuestros legisladores. Olvídense de las supervisiones prometidas que no terminan en nada valioso para el pueblo.

Si se quiere hacer algo en serio en el renglón de la salud, debe comenzar la Junta médica por aprobar el reglamento que está pendiente hace más de una década, para implantar la ley de 1999. Lo próximo debe ser prohibir por legislación las llamadas cláusulas de confidencialidad en estos casos y declararlas nulas, por ser contrarias al orden público. Lo que debe hacerse es apoderarar al público con instrumentos fáciles, para que pueda acceder a una información que le permita escoger inteligentemente a su médico o a la institución hospitalaria donde pueda atenderse de manera segura o, vamos..., más o menos segura.

Hospitales en "quebradillas"

2010-10-14T07:12:00.000-07:00

Nada o poco tuvo que ver con las demandas de impericia médica ni con los abogados que representamos víctimas, pero con el Hospital Damas de Ponce y el San Gerardo de San Juan ya han sido unos cuantos los hospitales en Puerto Rico que han radicado recientemente peticiones bajo el código federal de quiebras. Antes de esos dos, el Hospital Dr. Pila de Ponce había recorrido la misma senda.

Mientras opera su negocio en la cuerda floja, la ruta de la quiebra resulta siempre una salida más o menos airosa. Aunque sostenemos que nada o poco tuvieron que ver, unas cuantas demandas de pacientes, víctimas de negligencia hospitalaria en ambos hospitales, han sido paralizadas “hasta nuevo aviso” por la ya famosa orden de “stay”. Esta paralización de los procedimientos opera automáticamente al presentarse la correspondiente petición en la corte de quiebras, en estos casos, bajo el capítulo 11 de reorganización corporativa.

No hay duda que las demandas pendientes en los tribunales inciden o son un factor a considerar en la decisión de si un hospital se va o no a la quiebra, pero, como dije, es un criterio de mínima importancia. Por otro lado, la danza de millones de dólares en deudas activas, en ocasiones producto de dudosas decisiones administrativas, son realmente la razón de peso en el razonamiento de las juntas de directores de cualquier institución hospitalaria a la hora de irse a quiebras, más aún ante las gestiones insistentes de sus acreedores, que están dispuestos a lo que sea por cobrar lo que se les debe y mantenerse ellos mismos a flote.

Las deudas operacionales, que se acumulan y reflejan en los libros, siempre son un impedimento para un crecimiento estable de los hospitales en sus distintos ofrecimientos de servicios. Estas deudas dificultan las ganancias, más aún dentro de una economía actualmente endeble, como la nuestra. Tarde o temprano alguien sugiere la idea de la quiebra, cual luz al final del túnel. A pesar de tradicionalmente contar con magníficos servicios médico-hospitalarios, tal parece que Damas y San Gerardo no pudieron con el empuje y al final decidieron acogerse a una reorganización bajo el palio protector que les ofrece la ley federal.

¿Qué opciones tiene un reclamante de negligencia hospitalaria en estas circunstancias?

Lo primero que tiene que hacer el abogado de la víctima es radicar el famoso "proof of claim" que resulta ser un formulario donde la persona se incluye en la "lista de acreedores. Cumplimentar y radicar este formulario es mandatorio. Si no se hace y se presenta en la secretaría de la corte de quiebras, a su cliente le pasarán el rolo y no será considerado en el proceso a la hora de pagar, si es que eventualmente se gana el caso en contra del hospital quebrado.

Como dije antes, el caso judicial activo en contra de algún hospital que "se va a la quiebra" se paraliza. Por una orden administrativa que buscaba uniformar la disposición de estos casos cuando se presenta una petición de quiebras, el tribunal decreta su archivo, sin perjuicio. Solamente se reactiva si alguna parte quiere reactivarlo, cuando la corte de quiebras modifica la paralización y permite la reanudación del pleito, o si el trámite federal cesa. Es decir, hay que pedir permiso a los federicos – otra vez - para continuar con el litigio.

Si se permite la reanudación del pleito, esto se hace hasta el momento en que recaiga sentencia en el caso. Si la víctima gana el caso, bien en el tribunal de primera instancia o en el foro apelativo, si es que la paralización fue en esta etapa - y aún está vivo el proceso de quiebras - el caso se paraliza nuevamente hasta que se disponga eventualmente la forma de pagarse la deuda que resulta de la sentencia declarando con lugar la demanda. Aquí la víctima se encuentra a merced de lo que disponga la corte de quiebras sobre las deudas no garantizadas, como lo es la que surge de una sentencia de negligencia hospitalaria. Claro, si la víctima pierde el caso o se queda de brazos cruzados, ahí quedó todo.

A pesar de la nube negra que puede implicar para una víctima el caso de quiebras de un hospital que ha demandado, el proceso federal instado tampoco es una tarjeta de “home” para las llamadas instituciones auto-aseguradas. Por los altos costos de los seguros de responsabilidad pública, la mayoría de los hospitales en Puerto Rico decidieron hace unos cuantos años acogerse a la alternativa que ofrece el código de seguros para el llamado “auto seguro”. Es decir, los hospitales que no compran una póliza de seguros para cubrir los eventos negligentes, tienen que evidenciar a la oficina del comisionado de seguros de PR la disponibilidad de un millón de dólares para cubrir estos eventos en períodos de un año. Esto se hace comúnmente a través de un fideicomiso que, supuestamente, lo maneja una entidad independiente de la administración del hospital.

En cuanto a estos fideicomisos, hay decisiones judiciales que resultan precedentes o persuasivas para la corte de quiebras local. Estas sostienen que los fondos manejados por estos fideicomisos no caen dentro del “estate”, por lo que no pueden ser considerados como dinero de la entidad en reorganización. Por lo tanto, cuidado con los que estén riéndose demasiado y que han pensado que las víctimas de negligencia hospitalaria se han quedado arrollaos'. Los abogados tendrán que hacer su trabajo investigativo y una búsqueda jurídica apropiada, pero, para las víctimas, esta interpretación podría ser su propia luz al final del túnel. El tiempo dirá...

"White Coat – Will Travel" ... batas blancas brincan el charco

2010-09-26T10:42:00.000-07:00

Me apasiona escribir sobre la impericia medica o negligencia hospitalaria, entre otras tantas razones, porque me lo creo cuando mucha gente me dice que, de esa manera, estoy poniendo mi “granito de arena” y contribuyendo a la vigencia de este importante tema, particularmente respecto a su incidencia en Puerto Rico y la interacción en el sistema de salud de pacientes, médicos, abogados, jurados y tribunales. Me gusta la crítica, especialmente cuando yo la hago, aunque no le temo ni me amedrentan las ajenas. Ya una vez el colegio de médicos de mi país intentó censurarme - en vano - y acallarme mediante la radicación de una queja en mi contra en el Tribunal Supremo. De esas que los abogados con respeto llamamos “in re” y a las que les sacamos el cuerpo como el diablo a la cruz. Así que, en última instancia, señalarle a ese gremio sus fallas - y los errores a algunos de sus componentes negligentes - no me ocasiona ninguna pérdida de sueño. Ya saben que tengo al veterinario de mi perrita Filo de “back-up”, en caso de que me enferme.

Noticias que no sorprenden a nadie amanecen en los diarios. Como si hubiesen descubierto la sopa de ajo, al fin algunas figuras prominentes y muy respetadas, dentro y fuera de esa profesión, admiten abiertamente que la falta de plazas de entrenamiento para hacer especialistas médicos en el país incide sobre la nimia merma de médicos o la muy mentada “fuga” de galenos en dirección a los EEUU. No es el temor a las demandas de impericia médica y a los abogados, ni que sus primas de seguro les hayan aumentado, no. Se van o no regresan cuando terminan sus residencias en alguna especialidad, sencillamente porque en este país no consiguen la retribución económica a la que, con todo derecho, aspiran. En pocas palabras, lo realmente importante, al final del día, es el «vil dinero».

Gran parte de mis años de infancia, frente al televisor, transcurrieron mirando algunos programas ‘enlatados’ que nos llegaban del norte, entre los que se encontraba uno muy popular de la cadena CBS llamado «Have Gun - Will Travel». Esa serie fue conocida en español con el título de Revólver a la Orden, en alusión a un pistolero, apodado “Paladin”. Aunque la historia subyacente trataba sobre el reto constante del protagonista para encontrar y acabar con la vida de un matón, el nombre que le dieron a la serie televisiva realmente implicaba el alquiler de los “talentos” del pistolero al mejor postor, dispuesto a viajar a cualquier lugar en pos de realizar su trabajo. Era protagonizada por el actor Richard Boone, un tipo narizón, con bigote acicalado, cara de pocos amigos y vestido de negro.

Esa aparente digresión, proveniente de un rinconcito de mi polvorienta memoria, realmente no lo es y se me antoja pertinente a la situación de estos buenos profesionales que se van de Puerto Rico. Ellos cruzan el charco, con el objetivo de hacer sus vidas y continuar ejerciendo allá su profesión, dejando a los pacientes de nuestro país desprovistos de sus “talentos”, yéndose en pos del mejor postor. Ello, luego de haberse educado completamente y haber estudiado medicina en Puerto Rico, muchas veces, aprovechando las oportunidades y los recursos económicos y académicos que les ha provisto el Estado a los largo de los años.

Aunque así parezca, nadie crea que los juzgo y que los culpo por brincar la verja; allá ellos con sus conciencias y particulares situaciones personales. Lo cierto es que, en sentido estrictamente figurado, ellos ponen a la venta sus batas blancas y escalpelos al mejor postor, para atender la salud de los pacientes de otra nación que, por más que algunos pretendan creer lo contrario, no es la suya.

Quizá en su posición haría lo mismo, no lo sé. Lo que me parece absurdo es que mucha gente aún insiste en achacar esta llamada “fuga” al sistema compensatorio vigente en los casos de impericia médica y a los derechos que actualmente tienen los pacientes que han sido víctimas de profesionales de la salud negligentes. Pero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tomo sin permiso de un amigo, sus razones para "irse": Dice y cito: "Las actitudes mantenidas por el gobierno de turno producen las condiciones idoneas para la emigracion masiva de profesionales fuera del pais. Sin trabajos viables, no nos dejan otra alternativa. Y Los vagos y mantenidos....bien gracias!!! Que pais tan colmado de ironias !!!"

Pretenderán las sociedades, asociaciones y colegios médicos buscar todo tipo de justificaciones para limitar el acceso de las víctimas de impericia a buscar verdadera retribución de sus daños en los tribunales. Hay estudios para todo y todos los gustos y, en referencia a la famosa serie, pistoleros a la orden del mejor postor. Y pensándolo bien, quién sabe, quizá lo consigan. Tal vez puedan conseguir algunos jueces que resuciten el embeleco del panel de arbitraje o tal vez lograr que nuestra legislatura reduzca el período prescriptivo que tienen actualmente los menores e incapacitados para reclamar por sus daños.

El arsenal de ideas y la creatividad de nuestros legisladores, para hacer ver que hacen y algunos lidiar con el ocio que tienen en sus oficinas, parece ser ilimitada en estos días. Además, es historia contemporánea y noticia de periódico de ayer que mucha de esta gente que se elige en nuestro país ha legislado también . . . a la orden del mejor postor.

Nota 10-26-10
El gobernador Fortuño se hizo eco de la gran ignorancia que existe sobre el tema. Lean lo que dijo al respecto en su mensaje de anoche sobre la reforma contributiva: "La fuga de nuestro talento médico, incluyendo enfermeras y tecnólogos médicos, es un problema que tenemos que afrontar. Muchos de nuestros médicos se están yendo de Puerto Rico, entre otras cosas, por el abuso de los litigios frívolos de impericia médica. Tenemos que finalmente ponerle un tope a esos casos para evitar que nuestros médicos se vayan y para abaratar el costo de proveerle los mejores servicios de salud a nuestra gente."

Es decir, que los médicos se van de Puerto Rico, porque en EEUU no los demandan.

Nota de 24 de diciembre ed 2010:
En estos días circula una noticia a los efectos de que 500 mil boricuas han abandonado el país desde el año 2000. Presumo que todos no han sido médicos huyéndoles a las demandas de impericia médica, ¿o sí?

Impericia médica ... de la "A" a la ZETA

2010-09-04T09:01:00.000-07:00

A menos que sean eventos locales, las noticias sobre sonados casos que tienen que ver con alegaciones de impericia médica que ocurren en el mundo llegan a Puerto Rico, y estoy seguro que al resto de Latinoamérica, al día siguiente. Así nos llegó la noticia sobre alegados actos de impericia del médico personal contratado por Michael Jackson y, a diario, nos llegan noticias de todas partes que validan el eslogan de que todos somos pacientes y que podemos resultar en cualquier momento, víctimas de alguna negligencia, impericia o, como le llaman en algunas partes, incluyendo Argentina, la cuna de ADEPACI: mala praxis médica.

Esta vez se trata de Michael Douglas, tocayo del rey del pop, quien, a mitad de agosto pasado, recibió la triste noticia de que tenía cáncer en la base de la lengua, en una supuesta etapa IV. Aunque la noticia no añade otros componentes para medir su severidad, tales como el tamaño relativo del tumor, si ha invadido nódulos linfáticos o ha metastizado, presumo que la enfermedad, como tal, le fue diagnosticada en una etapa bastante avanzada, pero aún susceptible de tratamiento, que, esperanzadamente, el actor comenzará pronto con evidente positivismo.

Hijo del extinto y muy recordado Kirk Douglas, como el que lo hereda no lo hurta, Michael Douglas ha actuado en roles principales en alrededor de cuarenta películas, muchas de las cuales hemos podido ver. Entre éstas se encuentran "Fatal Attraction" (1988), "Wall Street" (1988), "War of the Roses" (1990), "Basic Instinct" (1992) y "Traffic" (2001), en la cual actuó junto a nuestro embajador actual en Hollywood, el boricua Benicio del Toro.

Pero basta de farandulería y volvamos a nuestro tema acostumbrado. La bella esposa del actor, Catherine “Zeta” Jones, contrafigura de Antonio Banderas en “El Zorro”, aparentemente anda que echa chispa con los múltiples médicos que el hombre visitó, por varios meses, por un dolor constante de garganta y de oído que no se le quitaba. En pocas palabras, doña Zeta alega que hubo dilación en diagnosticar el cáncer de su marido y que, debido a ello, sus probabilidades de sobrevivirlo han sido dramáticamente reducidas.

Nadie puede negar que el cáncer sea una condición sumamente peligrosa, que amenaza la vida misma del que es diagnosticado y el serio disloque emocional y económico de su entorno familiar. La Sociedad Americana del Cáncer recopila estadísticas pertinentes anualmente,con el fin de gestionar y destinar fondos para realizar estudios en aras de comprenderla mejor y hasta buscar vías alternas para combatirla. Aunque los números proporcionalmente en la últimos quince años han experimentado una merma, esta enfermedad, en sus distintas modalidades y focos de origen, aún mata solamente en Estados Unidos de Norteamérica más de medio millón de personas, estimándose que en el año 2010 la contraigan más de 1.5 millones.

Cuando ocurre una dilación en el diagnóstico de cáncer, no hay duda de que las probabilidades que la persona tiene para sobrevivirlo se disminuyen. Todos hemos escuchado palabras y frases tales como metástasis, tumor canceroso, etapa I a la IV, período de remisión, radioterapia, quimioterapia, etcétera. Algunos tipos de cáncer pueden ser diagnosticados solamente cuando están en una etapa avanzada, como ocurre con el cáncer del páncreas. Por el momento en que es factible diagnosticarlo, las probabilidades de sobrevivencia de este cáncer, que cobró recientemente la vida del Alcalde de Caguas Willie Miranda Marín, son mínimas, por no decir ningunas.

En la dilación en el diagnóstico de esta grave enfermedad, y su tratamiento, pueden incidir varias circunstancias que van desde el tipo de cáncer, su localización, su extensión y, en muchas ocasiones, la renuencia voluntaria o involuntaria de la persona a recibir evaluación de un médico cuando percibe algún síntoma, hasta la inducción de muchos pacientes ingenuos por algunos charlatanes que les venden remedios naturales/caseros y médicos que promocionan vacunas fatulas, como ocurrió en uno de mis casos. Sin embargo, la dilación en el diagnóstico de cáncer puede ser también el resultado de la impericia o negligencia médica y a ésta nos referiremos. Lo haremos con énfasis en Puerto Rico pero, particularmente, tocando los servicios médicos dirigidos al sector más pobre, que, a fin de cuentas - y distinto al caso de don Michael, pero sin menospreciar este mercado privilegiado - puede ser objeto, con mayor frecuencia, de este tipo de negligencia.

En la muy trillada reforma de salud del ex gobernador Pedro Rosselló, a mediados de la década de los noventa, Puerto Rico adoptó el sistema de pago por capitación o “capitation”, como se conoce en el idioma inglés. Actualmente esta reforma de salud cubre casi la mitad de la población boricua, clasificada por Medicaid o Medicare como medicamente indigente. A esta población se le da la llamada “tarjetita de Rosselló”. Me abstengo, con mucho esfuerzo de mi parte, de criticar esta reforma de salud. Este embeleco tiene ya bastantes detractores, especialmente en la comunidad médica, como para añadirle uno más de este lado de la cancha. Atenerme al tema que me ocupa es más importante y medular en este momento.

En forma resumida, a cada participante de la reforma de salud, se le asigna un IPA (Independent Practice Association), es decir un grupo de médicos que se unen corporativamente, para proveer servicios médicos a un determinado número de personas. Este grupo de médicos controlan los referidos a los distintos especialistas y a los servicios ancilares, como pueden ser las pruebas especializadas de diagnostico tales como pruebas de laboratorios, tomografías computarizadas (CT-scans), tomografías por resonancia magnética (MRI) y otras por el estilo, que se utilizan mucho en condiciones sospechosas de cáncer. El gobierno, que administra la “tarjetita de salud”, paga mensualmente al IPA una suma determinada de dinero, que es calculada en base a las personas que le han sido asignadas dentro del universo del sistema, requieran o no requieran cualquier tipo de servicio de salud. Este método se ancla, desafortunadamente, en la premisa económica de que mientras menos personas requieran de los servicios de salud, mayor será la suma de dinero que se hará eventualmente disponible para el bolsillo de los médicos que componen el IPA.

Esta cruda e injusta realidad con el paciente ha motivado una nueva reforma de salud que el actual gobernador pretende implantar en su mandato. Sin embargo, hasta que otra cosa se provea, el método de capitación en el pago en el sistema de salud actual, y limitándonos al tema que hemos escogido, ha resultado, en múltiples ocasiones y seguirá resultando en dilaciones en el diagnóstico de cáncer, disminuyendo así las probabilidades de sobrevivencia del que lo padece. El método de capitación promueve que médicos primarios opten, muchas veces, por manejar al paciente, negándoles referidos necesarios y apropiados a especialistas y a los servicios ancilares que pueden propiciar un diagnóstico temprano.

Cuando esto ocurre, como seguramente hará doña Catherine Zeta Jones, un paciente de cáncer o su familiar puede consultar un abogado que, junto a un perito médico, podrán determinar si existe o no una situación meritoria de dilación negligente en el diagnóstico que puede dar base a una reclamación de daños y perjuicios por impericia médica. Porque, aunque no seamos Michael Douglas, todos tenemos derecho a recibir el mejor servicio médico disponible, de la “A” a la ZETA.

PINOCHO se pone la bata blanca

2010-08-14T07:18:00.001-07:00

En los tribunales de Puerto Rico, repletos de abogados de todo tipo, se ventilan todos los días casos de impericia médica y de negligencia hospitalaria, donde brindan sus testimonios bajo juramento las víctimas o sus familiares, los médicos demandados y los peritos contratados por ambas partes. Aunque la creencia popular es que todo el mundo miente en los tribunales, nunca he visto o he sabido que una víctima o algún familiar mientan respecto a aspectos sustanciales de su testimonio.

Alguno que otro puede pretender exagerar lo que ha sufrido por la impericia o, en el caso de un pariente, intentar intimar, más de la cuenta, su relación con la víctima. Pero nunca mienten. ¿Los médicos y sus peritos? Eso son otros veinte pesos. No quiero caer en una generalidad con visos de falacia; como fiel creyente en nuestro sistema de justicia, quiero pensar que muchos van al tribunal a brindar testimonios veraces, no mendaces. Estoy también seguro que sus abogados ignoran sus fechorías, creyéndoles sus versiones . . . . , hasta que se les desenmascara.

Para intentar exculparse luego de la metida de pata con un paciente, es un secreto a voces que hay médicos que alteran sus notas en el record y, cuando se les demanda, declaran luego en el tribunal como si tal cosa. Hay hasta los que mienten en contra de sus propias notas en el record médico. Los hay que desaparecen convenientemente trazados de monitor fetal o cardiaco, como me ha ocurrido en varias ocasiones.

Hay médicos que intentan tapar lo que otros hacen, a la vez que esquivan su propia negligencia. Y hay de los que tapan a los médicos por dinero o por vocación de miembro de un grupo colegiado, en aras de un “compañerismo tribal”, como me ha ocurrido en todos los tribunales que he pisado a los largo de tres décadas. En esta categoría caen los peritos médicos.

¿Por qué no los procesan por perjurio? ¿Se configuran ante los jueces los elementos del delito de perjurio? ¿Se percatan los jueces de que algunos médicos son unos mentirosos y que han sido agarrados en sus mentiras?

En perjuicio del propio sistema judicial, ningún juez ha iniciado proceso alguno en contra de un médico por el delito de perjurio. A lo más que llegan es a puntualizar en sus sentencias que tal o cual médico no le mereció credibilidad. Esa frase siempre me ha parecido una forma demasiado sutil, diplomática e inmerecida para el juez implicar que no le creyó al testigo el embuste que dijo. ¿Merece el testigo pérjuro un trato con guantes de seda? No creo.

Anoche soñé que contrainterrogaba a un médico en un juicio, cuya negligencia resultó en la muerte de su paciente. Le pregunté directamente si había matado al paciente y me dijo que no. Le recordé que estaba bajo juramento y que le podía costar una acusación por perjurio. El tipo me contestó que una condena por perjurio era menor que la de un asesinato.

Mi sueño realmente es un chiste viejo pero, subyacentemente, dramatiza la razón por la cual muchos médicos mienten frecentemente en los tribunales. El riesgo calculado de ser encontrado responsable por su impericia médica y los costos económicos que acarrea sencillamente sobrepasa la probabilidad de ser procesado por perjurio. Y en nuestro sistema, en el que no se ha enjuiciado a ningún médico por ese delito, el riesgo es prácticamente ninguno. Por otro lado, mintiendo pueden ganar el caso. ¿Qué un abogado o un juez piense que son unos mentirosos y eso los lleve a perder el caso? ¿Y qué? Van a seguir jugando golfo y yéndose de vacaciones con las mismas amistades. Les va a costar un poco en recargos y aumentos de sus primas de seguro, pero, ¿y qué? A menos que le revoquen la licencia - y eso ha ocurrido en Puerto Rico con un solo médico - pueden seguir atendiendo pacientes y generarán más dinero.

Como en cualquier otro, en un caso de impericia médica el delito de perjurio se configura si coexisten varios elementos esenciales. Comete el delito de perjurio toda persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante cualquier Tribunal, declare que es cierto cualquier hecho esencial conociendo su falsedad. Sin embargo, hay más. El delito de perjurio requiere que se configure el elemento de que el hecho declarado como cierto sea esencial, con el conocimiento de su falsedad. Sobre lo que constituye declaración de un hecho esencial, nuestro Código Penal dispone que baste que la declaración fuere importante y que hubiera podido utilizarse para afectar al proceso en el cual fue ofrecida.

El quantum de prueba a la hora de encontrar culpable a un médico por el delito de perjurio es igual que con cualquier otro acusado: que se demuestre más allá de duda razonable que mintió bajo juramento sobre un hecho esencial, con el propósito de afectar el resultado del proceso. El médico que miente en un tribunal, bien sea demandado o perito, lo hace con el deliberado propósito de exculparse o exculpar al otro de la negligencia que se le imputa. De eso no debe haber duda. Lo que hace falta es el deseo de hacer cumplir la ley, bien sea refiriendo el caso a la fiscalía o encontrándolo incurso en desacato sumario, que es otro mecanismo legal al alcance de un juez ante quien se miente descaradamente.

Barry Bonds es catalogado por muchos como el mejor jugador de beisbol de todos los tiempos. A lo largo de sus años en las grandes ligas, Bonds ha roto records de jonrones y bases robadas, lo que le ha producido muchos millones de dólares para él y su familia y, más importante aún, un sitial en la historia del deporte que practicó desde su infancia. Ese sitial, logrado con mucho esfuerzo y talento, se tambalea actualmente. En marzo de 2011 Mr. Bonds va a ser procesado por el delito de perjurio cometido en una investigación federal y se expone a una pena de reclusión en la cárcel.

¿Acaso piensan los médicos que pueden seguir mintiendo con impunidad en los tribunales? ¿Acaso se creen mejores que Barry Bonds? Créanlo o no, esta bola está en la cancha de nuestros jueces y algunos podrían comenzar a jugar la pelota dura.

“Juicio clínico”… un concepto sobrevalorado

2010-08-02T15:16:00.000-07:00

Un abogado que litiga casos de impericia médica o mala praxis en Puerto Rico se confronta en muchas ocasiones con el concepto de “juicio clínico”. A lo largo de los años, he visto como este concepto se ha barajeado en los tribunales, de muchas formas, a la hora de evaluarse las actuaciones u omisiones de un médico en un alegado acto de impericia. Los peritos de los demandados lo levantan cual ‘As’ de diamante, con el ánimo evidente de lograr la mano ganadora, como si no se pudiese cuestionar de forma alguna. Pero, más allá de su posible complejidad y del misticismo que rodea el uso de este término en las argumentaciones teóricas en los tribunales, los alcances del concepto de “juicio clínico” deben ser aclarados y entendidos plenamente, si es que pretendemos lidiar con un caso de impericia médica.

Hay quienes sostienen que, distinto a como muchos parecen creer, la medicina no es una ciencia. Por razones obvias de espacio y relevancia, no pretendo entrar en ese tipo de discusión filosófica. Basta con puntualizar que la persona que trabaja en el área de la medicina realmente practica la interpretación de los síntomas objetivos del paciente, ordena, hace, lee o interpreta resultados de exámenes físicos y de pruebas de laboratorio y llega a unas conclusiones que pretenden ser informadas y fundamentadas. El proceso mediante el cual el galeno llega a estas conclusiones es lo que muchos conocen como juicio clínico.

Algunos confunden el término con un tipo de intuición que les llega a los médicos como por arte de magia. Es cierto que la intuición tiene algo que ver en el llamado juicio clínico. La experiencia profesional previa y el conocimiento que adquiere un médico en sus años de estudiantes en la escuela de medicina, sin embargo, también son una parte importante en este concepto.

Por otro lado, muchos abogados otorgan al concepto de “juicio clínico” un valor jurídico que, me parece, no tiene y que, por tanto, ciertamente sobrevaloran. Poco falta para que consideren el muy nombrado “juicio clínico” como un eximente de responsabilidad legal con respecto a la imputación de un evento de impericia médica. “El demandado utilizó su juicio clínico para llegar a un diagnóstico y tratamiento médico del paciente”, argumentan. ¿Y qué...? ¿No puede ser cuestionado? ¿Y si ese juicio clínico estuvo equivocado, que alcance tiene?

Reconocemos que el juicio clínico es la base del diagnóstico y el tratamiento en la medicina. Los resultados de pruebas son vitales, en el contexto de otra información que obtiene el médico como, por ejemplo, los síntomas que presenta, su historial médico, historial de su familia cercana y, muy importante, la entrevista con el paciente o, en su defecto, su acompañante. El juicio clínico, entonces, parece ser el proceso mental que lleva a la implantación de la información basada en la observación real del paciente, que se combina con los resultados de las pruebas de laboratorio, junto con la formación profesional y experiencia del médico. Todos esos ingredientes se mezclan con el único objetivo de formular un diagnóstico correcto y establecer un tratamiento adecuado, a la medida de ese paciente.

Siempre habrá algún grado de inseguridad o falta de certeza cuando se trata el cuerpo humano. Por eso es que no se está exento de la comisión de error. Los errores más graves ocurren cuando los médicos no minimizan esa falta de inseguridad o certeza, inherente en la práctica de la medicina, buscando el conocimiento médico vigente y relevante e integrándolo con los datos específicos al momento de tomar decisiones que se adapten a las necesidades particulares del paciente.

Muchos médicos toman decisiones a la ligera, a base de su intuición, en ocasiones con una información recopilada que resulta ser inadecuada o incompleta. Ello acarrea problemas de calidad, de disponibilidad y de costo en los servicios de salud. No quiero decir que se debe descartar la intuición del panorama. Sin embargo, para ejercitar un juicio clínico correcto hace falta más que la intuición del médico. Es necesario que se trabaje en un escenario de rigor intelectual y de disciplina que solo puede lograrse cuando el médico tiene acceso y utiliza las herramientas que rutinariamente están disponibles en todo hospital o en la comunidad de servicios de salud.

Se puede hacer una analogía con el llamado pensamiento crítico, del que hemos escuchado hablar en otras disciplinas. El pensamiento crítico es un proceso de pasar juicio y discriminar alternativas. Su meta es decidir en qué creer o como actuar en un contexto de hechos determinado, con relación a la evidencia que se tiene disponible, utilizando conceptualizaciones y métodos apropiados, y poder evaluar las acciones posteriormente con los criterios apropiados. El pensamiento crítico realmente se refiere a la habilidad cognitiva del ser humano para actuar con respecto a cualquier situación que requiera una decisión de su parte. Aunque no se tenga conciencia de ello, en su aplicación al tema de la salud, el concepto de pensamiento crítico se utiliza para hacer un juicio sobre qué creer y qué hacer con respecto a los síntomas del paciente, para su diagnóstico y tratamiento. Para llegar a un juicio sobre qué creer y qué hacer, el médico debe considerar el carácter único de los síntomas (evidencia) con vista a la salud del paciente y sus circunstancias de vida (contexto), usando el conocimiento y las habilidades adquiridas en su entrenamiento y práctica (métodos, conceptualización), anticipar los efectos probables del tratamiento escogido (consideración de la evidencia y criterios) y finalmente, monitorear las consecuencias eventuales del cuidado ofrecido. Noreen C. Facione & Peter A. Facione, Critical Thinking and Clinical Judgment.

Aún cuando pretendan que se idealice este concepto, al igual que los profesionales en otras áreas del saber humano, los médicos deben reconocer sus limitaciones, y estar concientes que el llamado "juicio clínico" es un concepto puramente terrenal y no una carta blanca para actuar con respecto a sus pacientes y luego esperar que no se les cuestione. No es igual entre los médicos el nivel de formación, y mucho menos los variados componentes de su genética intelectual. Tampoco es igual el nivel de conocimiento, informacion o de destreza en su implantación.

Errores en dosis de medicamentos, técnicas quirúrgicas empleadas, error en la formulación de un juicio obtenido con información inadecuada o incompleta, error en la interpretación de pruebas diagnósticas y, por ende, error en el tratamiento, son solo unas cuantas áreas en que el llamado “juicio clínico” puede estar equivocado y se convierte con facilidad en fuente de responsabilidad legal con el paciente, que puede y debe ser cuestionada. Esto no implica que puede haber un error de buena fe de parte del galeno en el que, luego de acudir a todas las fuentes mencionadas y echar mano de todo lo que pueda para lograr un diagnostico, se equivoque. De eso no hablamos. Todos nos podemos equivocar y el error de juicio honesto o de buena fe es un eximente de responsabilidad. Pero eso es material para otro ensayo.

El “juicio clínico”, sin embargo, no puede ni debe ser esgrimido como "pase a Home", como si fuera un concepto absoluto y mágico, que exime al médico o le disminuye la responsabilidad frente a lo que podría constituir una impericia. El que lo esgrima como tal se equivoca de buena fe o sencillamente intenta vender un producto defectuoso, que no se ventilará en DACO sino que tendrá su día en Corte.

EL JURADO MANDA

2010-07-05T09:32:00.000-07:00

No son muchos los veredictos o sentencias judiciales en Puerto Rico que han sobrepasado el millón de dólares en casos de impericia médica o negligencia hospitalaria, llevados por abogados de aquí. Yo me atrevo a asegurar que, a excepción de los EEUU, la inmensa mayoría de los países ve extraño decisiones de sus tribunales que sobrepasen esa mágica cifra a favor de las víctimas de la negligencia médica o mala praxis.

En un veredicto unánime dado por un jurado en la corte federal en Puerto Rico el 17 de junio próximo pasado, tras once días de juicio, se condenó a un conocido hospital del área oriental de Puerto Rico y a cuatro médicos a compensar en SIETE MILLONES DE DOLARES a los familiares de un paciente de hemodiálisis e hipertensión que acudió al hospital.

Los hechos, aparentemente incontrovertidos, expuestos en documentos públicos radicados en la corte federal de EEUU en nuestro país, informan que don Adalberto Martínez López, de 57 años de edad, fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Ryder de Humacao el 16 de enero de 2001 con sangrado proveniente del lugar donde estaba instalado su catéter de hemodiálisis y quejándose, además, de dolor de pecho. Allí fue examinado por una doctora, quien documento la hemorragia activa en el preciso lugar de la instalación del catéter, en su vena femoral. La profesional de la salud discutió telefónicamente el caso con un nefrólogo que estaba de turno, pero que se encontraba en su hogar. Este autorizó que se admitiera al paciente en el piso de medicina interna bajo sus servicios. Durante el transcurso de la noche, alegadamente don Adalberto siguió sangrando y, a pesar de que dio varias órdenes telefónicas a las enfermeras, se mantuvo en su hogar todo el tiempo.

De acuerdo a los documentos radicados, para las 6:45 de la mañana del siguiente día, don Adalberto estaba en una condición delicada y la hemorragia desde su vena femoral, continuaba en forma profusa y abundante. Otro médico que lo vió recomendó su traslado inmediato al Hospital Auxilio Mutuo de Hato Rey, información que se le brindó al nefrólogo que se encontraba todavía en su hogar. Estando todavía en el Hospital Ryder, a las 8:00 de la mañana las enfermeras descubrieron que don Adalberto no estaba respirando y, a pesar del proceso de resucitación cardio pulmonar instaurado, fue declarado muerto a las 8:15 de la mañana, luego de 13 horas de haber llegado a su sala de emergencias.

Este caso fue presentado inicialmente como una violación a la EMTALA, pero fue desestimado, primero por la corte en Puerto Rico y confirmado por las corte de apelaciones del primer circuito de Boston adonde apelaron. Habiéndose mudado los familiares a EEUU, fue presentado nuevamente como uno de diversidad, adquiriendo entonces jurisdicción la corte federal.

Durante el transcurso del pleito radicado el año pasado, los demandantes transigían y reclamaron a los demandados solo la suma de dos millones de dólares. Los demandados se negaron a transigir y prefirieron ventilar sus defensas en el juicio ante jurado. Como dije, tras once días de juicio y una deliberación relativamente corta, el veredicto se rindió en su contra por siete millones de dólares, en compensación de daños emocionales sufridos por la muerte de don Adalberto.

Como es usual en este tipo de casos, ambas partes presentaron peritos médicos para sostener sus alegaciones y defensas. Aunque los demandados, al igual que en todos los casos, llevaron sus peritos médicos, el jurado simplemente no les creyó. Antes de rendir su veredicto, el jurado tuvo la desafortunada oportunidad de escuchar la famosa, desde entonces, analogía de la vela que se extinguía, con la vida de don Adalberto al llegar al hospital, como paciente de diálisis en su etapa final (end stage). Esta tronco de comparacion, escuchada seguramente con gesto adusto por la defensa, fue utilizada en el juicio por el hospital, especialmente en su informe final y todos los demandados pagaron prenda. Seguramente pasará a la historia como el más reciente "dont’s" en la litigación de impericia médico-hospitalaria. Aunque no sabemos que pasará con las mociones post veredicto que ya comenzaron a radicarse, este caso marca un hito en cuanto a la determinación de daños en Puerto Rico.

La tarea de un juzgador, juez o jurado, de aquilatar y compensar económicamente daños en una acción de impericia médica o de negligencia hospitalaria es sumamente difícil, porque se trata de vidas humanas que de por sí son invalorables monetariamente. ¿Cuánto vale una vida? Como he escrito en muchas ocasiones, sin embargo, el único remedio legal disponible para las víctimas y sus familiares en nuestro país es reclamar sus causas de acción por la impericia o acto negligente dentro de un sistema jurídico estrictamente compensatorio, en el que solamente se retribuye el daño ocasionado con mero dinero y sin que se provea para el castigo penal, ni siquiera daños punitivos que puedan disuadir actos negligentes futuros.

El médico que comete negligencia no es acusado criminalmente, porque no existe ese remedio legislativo en Puerto Rico, a diferencia de muchos países. Quizá ya sea hora de quitarse los guantes de seda y tratar estos eventos negligentes, que producen muertes, también dentro del ámbito penal, como los homicidios que muchas veces son.

CIRUGÍAS INNECESARIAS...¿cuerpos o cajas registradoras?

2010-06-08T13:44:00.000-07:00

Parece extraño, y no porque lo diga un abogado de Puerto Rico, pero la comparación que implica el título de este ensayo fue utilizada por el fiscal que acusó a tres médicos en el estado de California, no por impericia médica, negligencia hospitalaria o mala praxis sino, por cometer conspiración y fraude en contra de compañías de seguros de salud.

Resulta que uno de estos individuos de nombre William Wilson Hampton, se declaró culpable de 47 cargos graves, por haber defraudado, junto a otros dos médicos y 16 otros acusados, a compañías de seguros de salud, haciendo nada más y nada menos que cirugías innecesarias a pacientes que, obviamente, no las necesitaban y que se las empujaban solamente por lucro. La asombrosa cifra de $154 millones fue facturada por estas personas a múltiples compañías de seguros que pagaron inicialmente sin chistar, aunque luego se pusieron las pilas y levantaron bandera roja.

Un poco más de un millón y medio de mujeres en Estados Unidos son objeto de procedimientos de biopsias de los senos completamente innecesarias, según revelado por un estudio a principios del año pasado. Remoción de cataratas, cirugías de la espalda baja, remoción de vesícula e histerectomías son varios de los muchos procedimientos quirúrgicos de los cuales se abusan. Sin embargo, la cirugía de la que más se abusa es de la cesárea.

El informe de Marzo de 2010 del ‘U.S. National Center for Health Statistics’ con relación al aumento en la tasa de nacimientos por cesárea dijo que: “El parto por cesárea envuelve una cirugía abdominal mayor y está asociada con mayores tasas de complicaciones quirúrgicas y nuevas hospitalizaciones maternas, así como también complicaciones que requieren admisiones del bebé a las unidades de cuidado intensivo. Además de los riesgos de salud y seguridad para madres y recién nacidos, los cargos que cobran los hospitales son casi el doble de cuando se trata de partos vaginales, imponiendo por ello costos significativos.” Menacker F, Hamilton BE. Recent trends in cesarean delivery in the United States. NCHS data brief, no 35. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. Marzo, 2010.

El 32.3% de los partos hechos en Estados Unidos terminan por cesárea.(Birth Preliminary Data 2008. Vol. 58, No. 16, 2010. National Vital Statistics Report). Por esos lares consideran que esa tasa es demasiado alta, ya que el porciento de cesáreas razonable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es de 15%. Eso es allá. Imagínense mis lectores que nuestros obstetras en Puerto Rico, al 2007, rondaban por la friolera del 49.2% de partos concluidos mediante cesárea.

Quizá, si le doliera en el bolsillo un poco a los médicos u hospitales. O tal vez, si se enfocara el problema de las cesáreas innecesarias como una situación puramente economica que acarrea costos mayores e innecesarios para las compañías de seguros de salud en Puerto Rico. Quién sabe, a lo mejor alguna de las compañías de seguros de salud que operan aqui se pone las pilas y se acusa a unos cuantos de fraude. A lo mejor de esa forma se acaba la epidemia de cesáreas innecesarias que arropa nuestra Isla de forma tan cruel e insensible.

Enfermarse o no enfermarse, esa es la pregunta

2010-05-31T14:49:00.000-07:00

Me imagino que al ser abogado de víctimas de impericia médica en Puerto Rico no será tarea fácil a la hora de sentirme enfermo y buscar un médico u hospital adecuado que hayan escuchado hablar de mí. Debo decir de entrada que, aunque soy de la firme idea de que “todos somos pacientes”, afortunadamente, gozo de excelente salud.

Cuando adquieren confianza, algunas personas bromean conmigo. Me dicen que no voy a conseguir un médico dispuesto a atenderme o un hospital a admitirme. Con igual son de broma siempre contesto que ya tengo un expediente abierto con el veterinario de mi perra Filo, cuya foto engalana este ensayo. Ello, por si acaso me enfermare lo suficiente como para tener que buscar ayuda médica.

Es conocido que Puerto Rico carece de una base de datos disponible a la que podamos acceder, para poder conocer las calificaciones de un médico antes de atender a su consulta en busca de ayuda profesional. Es que el derecho que tiene un paciente a conocer al médico de antemano es tan obvio que me parece absurdo que en un país como el nuestro, no lo podamos hacer. El número de demandas de impericia médica que le han presentado en su contra, si sus privilegios le han sido revocados o suspendidos por alguna razón, si ha sido convicto de delito, en fin, datos realmente pertinentes, deben ser puestos a disposición del público para que tome una decisión informada sobre las manos de quien recaerá su suerte como paciente.

Existe una ley hace años, que obliga a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, Antiguo Tribunal Examinador de Médicos a tener esa información disponible en forma de base de datos. Solo tiene que hacer un reglamento para poder implantarla. Pero no lo hace y no hay una expectativa razonable de que lo haga. Una legisladora, seguramente inconsciente de la existencia de esa ley, redactó una medida a con igual propósito que quedó en el limbo de alguna gaveta del capitolio.

Como abogado de víctimas de impericia médica, al menos cuento con alguna ventaja y con ciertos mecanismos que me permiten averiguar quién es quién dentro de la profesión médica en nuestro país. Y aunque no voy a hacer cierta mi broma de acudir al veterinario de mi perra, ciertamente no acudiría a ningún médico con credenciales dudosas. Pero eso soy yo y probablemente mi familia y allegados.

Y ¿qué ocurre con el resto del país que se entrega día a día a muchos médicos con la fe ciega puesta en sus presuntas habilidades? Con suerte, no les ocurrirá nada porque estos médicos negligentes, afortunadamente, son la minoría en el país. Una minoría que le protege una absurda presunción legal de corrección en sus actuaciones y que los mamparan sus pares en una crónica solidaridad tribal que les impide a muchos hacer peritaje en casos meritorios de impericia médica y a declarar en favor de una víctima para desenmascarar su victimario y lograr justicia. Una minoría que se aprovecha, además, de la falta de información y en caso de pleitos, de los acuerdos confidenciales en las transacciones que deliberadamente ocultan su negligencia y que hacen ver la decisión tras el acuerdo de transigir como una mera "decisión de negocios".

La mayoría de los médicos escogen esa profesión, yo espero, siguiendo una verdadera y real vocación de ayuda al prójimo. Pero esa sigue siendo una "mayoría silente" en protección de gente que no se lo merece. ¿Hasta cuándo? Solo ellos lo decidirán. Ciertamente, lo más aconsejable es no enfermarse o, como yo, ir abriendo un expediente con el veterinario de su mascota, por si acaso.

Cuando los EXTREMOS caen en la EXTREMAUNCION

2010-05-03T17:53:00.000-07:00

En el espectro de las posibilidades del tema de la impericia médica y de la negligencia hospitalaria, hay abogados que deciden tomar otro tipo de caso porque no les gusta esta materia por lo difícil y complicado, otros que pierden uno que otro caso y se desaniman, otros que no encuentran peritos o que el perito que consiguen es malo o el bueno que no rindió en el juicio los frutos que esperaban. Existen otros pocos, como yo, que no importa qué y del hecho cierto de la excelencia profesional que habitualmente exudan los abogados de los médicos y hospitales en la litigación durante el trámite judicial, seguimos en esto, como quijotes idealistas en busca de la estrella inalcanzable. Eso en el lado de los abogados.

En la cancha de los médicos y otros profesionales de la salud, los hay desde los que se mofan de las víctimas, como el médico demandado que, en un derroche de insensibilidad, me remitió un cheque de cinco centavos endosado a favor de la hija sobreviviente de la paciente fallecida. Dicho sea de paso, el fallido humorista terminó pagando bastante dinero por su negligencia. Del otro extremo trata la noticia que les reseño, con la que me levanté esta mañana en mi navegar por las páginas del ciberespacio.

Atormentado por lo que aparentaba ser evidencia contundente de que, por su negligencia, había ocasionado la muerte de un paciente, Mathew Crabtree, técnico de rayos-x del Diana Princess of Wales Hospital, en Grimsby, en el Reino Unido, se quitó la vida. El hombre fue encontrado muerto unos días después de la muerte de Kathleen Wise, contadora retirada de 66 años de edad, quien tenía problemas estomacales y había sido sometida a una prueba diagnóstica de enema de bario en dicha institución hospitalaria. Luego de que el bario fuese insertado para crear contraste como parte del procedimiento radiológico, el técnico accidentalmente laceró su intestino delgado y por las dos punciones que negligentemente hizo se infiltró el líquido tóxico a su torrente sanguíneo, según reveló la autopsia de la dama fallecida por un arresto cardiorespiratorio.

La señora Wise se mostraba ansiosa por el procedimiento al que sería sometida, que consiste en pasar un contraste por el intestino para resaltar en una radiografía cualquier problema intestinal, pero finalmente accedió a este ante la mínima probabilidad de complicaciones del mismo.

En la investigación hecha internamente por el hospital inglés, el técnico admitió que probablemente había colocado el tubo en la posición incorrecta. Esta admisión, en mi opinión, por si las moscas, es prueba de negligencia que hace descartar la teoría de riesgo inherente que lo eximiría de responsabilidad legal.

Los directivos del hospital confían en que la revelación de la investigación que hicieron sobre la negligencia haga que el viudo pase la página y que continúe con su vida sin demandarlos. Hay estudios que demuestran que este tipo de enfoque abierto y de admisión de negligencia, minimiza las probabilidades de una demanda potencial. Esto ha funcionado en los hospitales de veteranos, que implantaron una política en ese sentido. Sin embargo, el que paga los platos rotos cuando un médico del sistema de hospitales de la Administración de Veteranos mete la pata es el gobierno federal de los Estados Unidos, bajo el Federal Tort Claims Act. Creo que es poco plausible que las aseguradoras de ese riesgo estén dispuestas a que sus asegurados adopten este enfoque abierto. Aún no llega ese momento.

Sin embargo, tal parece que el viudo no se limitará solamente a pasar la página, como confían los directores del hospital galo, pues ha informado que está decidido a demandar al hospital. Esto me parece muy bien, porque a su esposa no se la va a devolver nadie, gracias al suicida.

De mi parte un consejo gratis a los profesionales de la salud: no se mofen de las víctimas de su impericia ni se suiciden por el martilleo en la conciencia que ocasionalmente surge por el sentido de culpa. Tómenlo con calma y no se excedan con los calmantes, solo paguen por sus errores.

ADEPACI, un proyecto a emular

2010-04-24T08:28:00.000-07:00

La impericia medica, mala praxis, malpractice o comoquiera que denominen a la negligencia medica aqui en Puerto Rico o en otros paises, tiene mucho y diverso componente humano que va desde el abogado, medico, personal de enfermeria, el hospital, las aseguradoras del riesgo y finalmente, el verdadero sujeto importante en el tema: el paciente. Afortunadamente, pacientes alrededor del mundo estan cobrando conciencia en proteccion de sus propios intereses, que son unicos en este tema y se estan uniendo.

Como bofetada amiga que despierta la razón aletargada de muchos, "TODOS SOMOS PACIENTES" se lanza al aire como eslogan de la Asociación Argentina en Defensa del Paciente (ADEPACI), creada recientemente en la hermana republica. Supe de esa entidad por medio de dos amigas radicadas en el cono sur: una exquisita poeta y escritora y la otra incansable guerrera internacional en contra de la impericia o mala praxis médica. Como el dolor une a la gente, es la pérdida de un ser querido por la negligencia médica el denominador común entre ambas y ha sido el fuerte adhesivo que las ha cohesionado en esta entidad, junto a muchos argentinos.

ADEPACI surge como organización social, sin fines de lucro, y tiene como misión primordial la defensa de los derechos e intereses de todos los pacientes y usuarios de los servicios médicos de ese país, sean estos brindados por el gobierno o por instituciones de salud privadas. Como surge de su página web, “es el resultado de un movimiento social legítimo y pacífico que viene gestándose en el seno de nuestra sociedad. Es la respuesta social lógica a las fallas del Sistema de Salud Argentino, tales como falta de cobertura en la provisión de medicamentos y/o prótesis, incumplimiento del plan médico obligatorio, negligencias médicas, entre otros.”

Sus propósitos son los siguientes:

1. Servir de intermediarios entre pacientes, profesionales de la salud y los organismos del gobierno para facilitar la comunicación entre ellos a fin de resolver con celeridad los conflictos que surgen del sistema de salud.
2. Difundir públicamente los derechos de los pacientes reconocidos a nivel nacional e internacional.
3. Facilitar el acceso de la población general a las bases de datos disponibles sobre los medicos.
4. Colaborar en el desarrollo e implantacion de mejores políticas en los servicios de salud.
5. Promover la mejora de condiciones laborales, técnicas y operacionales de los profesionales de la salud.
6. Recabar y documentar sugerencias, quejas o bien tramitar denuncias de pacientes o familiares de éstos sobre el incumplimiento de los deberes medico-hospitalarios.
7. Recibir denuncias y/o quejas por parte de médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud que se vean arbitraria e ilegítimamente imposibilitados, por cualquier razón, de brindar calidad y eficiencia en sus funciones.
8. Convocar conferencias, simposios y/o jornadas multidisciplinarias relacionadas a temas de salud, integradas por pacientes o familiares de éstos, médicos de diferentes especialidades, enfermeros, sociólogos, psicólogos y demás profesiones afines.
9. Auspiciar cursos gratuitos en temas de salud pública dictados por entidades educativas reconocidas.
10. Conformar comisiones de investigacion especializadas.
11. Difundir los derechos y deberes de los pacientes mediante todos los medios de comunicación posibles.
12. Elevar a los organismos internacionales o del gobierno nacional y/o provincial, a los efectos que éstos estimen corresponder, las estadísticas e informes recabados por las comisiones investigadoras.
13. Coordinar acciones y gestiones en colaboración con otras asociaciones afines.
14. Contratar servicios de consultoría y asesoría técnica con médicos, enfermeros, sociólogos, psicólogos, abogados, contadores y/o cualquier otro profesional cuyos servicios sean requeridos.
15. Colaborar con organismos públicos, nacionales y/o provinciales (Defensor del Pueblo, Defensa del Consumidor y afines) para la defensa de los derechos de los pacientes y efectuar denuncias en los casos que correspondan. “

En Puerto Rico contamos con la Asociación Puertorriqueña de victimas de impericia medico-hospitalaria. Sus pocas acciones públicas han logrado al menos concientizar al pueblo y a nuestros legisladores sobre las consecuencias de la impericia médica. Sin querer queriendo, esta entidad ha conseguido frenar, desde 2002, importante legislación originada y, sobretodo, cabildeada por grupos de interés en el país, primordialmente compuestos por sectores médicos.

La impresión que se ha querido dar de esta entidad es que fue incorporada por la iniciativa de un grupo de abogados, dentro del cual se me incluye, para velar por nuestros propios intereses económicos. En ánimo de minimizar su importancia, arguyen equivocadamente sus detractores que los abogados utilizamos a las víctimas de impericia médica para mesquinos propósitos. Lo cierto es que los pocos que litigamos exclusivamente este tipo de casos fuimos logicamente consultados para su incorporación, como abogados, porque así se hacen las cosas en todo país civilizado. Sin embargo, a partir de su creación, la asociación de victimas de impericia medica, como se le conoce, ha tenido su propio dinamo. Al igual que la ADEPACI, ha utilizado como pegamento de cohesión el dolor de sus componentes por la pérdida de seres queridos a manos de profesionales de la salud negligentes.

Pacientes de toda la isla se han auto-convocado, de tiempo en tiempo, para hacer comprender a nuestros legisladores que no es cercenando derechos a los pacientes como se ataca el alegado problema de insuficiencia de cubiertas de seguros de responsabilidad profesional. Como la espada de Damocles, de tiempo en tiempo, nuevas estrategias de los amigos de la guillotina amenazan constantemente el derecho de los pacientes a un acceso razonable a los tribunales y a una justa compensación en caso de que pierdan seres queridos y sufran inconmensurablemente por la negligencia medico-hospitalaria. Estos ideales no están en conflicto, de manera alguna, con una buena calidad de servicios médicos y un buen clima de trabajo para los profesionales de la salud. Intentar hacer creer lo contrario es sencillamente una burda tomadura de pelo y, como aquí se dice, una ‘jaibería’ que solo pretenden hacer ver que creen algunos.

La militancia permanente para atajar nuevos ataques a los derechos del paciente puertorriqueño, que en estos momentos abierta o solapadamente se están dando, es necesaria. Sin embargo, la ampliación del marco de acción de la asociación boricua de víctimas o la creación de más entidades en la Isla que extiendan sus propósitos y metas a corto y a largo plazo, es indispensable. Como todos somos pacientes, para bien de todos, ADEPACI es un proyecto que se debe difundir y ciertamente, emular.

Alarmante la impericia médico hospitalaria en la "edad dorada"... ¿mito o realidad?

2010-04-10T10:41:00.000-07:00

Por el gran número de consultas que recibo como abogado, he tenido que tomar la decisión de solo aceptar en mi bufete aquellos casos que tengan que ver con el fallecimiento de una víctima por tratamiento médico y aquellos con daños severos permanentes o catastróficos, como pueden ser, a manera de ejemplo, los resultantes de la negligencia médica u hospitalaria que ocurren alrededor del momento del parto y que ocasionan daño cerebral. Por curiosidad, y para tomar esa decisión informada, de un tiempo a esta parte acostumbro examinar mis propias estadísticas, que no necesariamente pretendo reflejen una muestra representativa y válida de todos los abogados en Puerto Rico. De ese examen he descubierto un dato que realmente me resulta alarmante y es que ostento actualmente la representación profesional en un alto número de casos de impericia médica o de negligencia hospitalaria cuyas víctimas directas resultaron ser personas de más de 62 años de edad; aquellos llamados de la tercera edad.

El recuerdo de ese análisis de mis expedientes y el comentario que me hizo en estos días una amiga abogada que actualmente representa hospitales, me hace compartir con mis lectores una historia, que creo, interesante sobre el particular. En estos días llegó a mi despacho un caballero de 72 años de edad, con su esposa, a consultarme sobre un acto de impericia médica alegadamente cometido en su contra. Su caso se relacionaba con la inserción de un marcapasos inadecuado para lidiar con una condición cardiaca específica que estaba experimentando hacía un tiempo.

Don Pablo, nombre ficticio que utilizo para proteger su identidad, lloró al relatarme lo ocurrido en su situación y no cesó de darle gracias y alabar a Dios por estar vivo luego de su odisea de salud que lo llevó a una anasarca, reteniendo mucha agua en su cuerpo. No es que me estuviera raro ni sorprendente el hecho de que el hombre llorara; muchas personas lo hacen al recordar vívidamente los hechos y relatarlos a un extraño, como suele ser un abogado. Sin embargo, me comentó don Pablo también lo que pareció corroborar la impresión que estaba teniendo hace algún tiempo respecto al gran número de casos de alegada impericia médica en contra de víctimas de la llamada edad dorada. “A un paciente joven no le hubieran hecho lo que me hicieron a mí”, exclamó entre sollozos. “Para los médicos y hospitales, los pacientes viejos como yo no valemos nada”, añadió don Pablo. Naturalmente, este comentario era una gran generalización y, por tanto, podría ser un tanto falaz, pero, para él, esa era su realidad y yo lo comprendía.

Largas horas de espera en las oficinas médicas y en los hospitales, aguardando a que llegue el profesional de la salud a atenderlos. Salas de emergencia atestadas de gente, en su mayoría ancianos, son el pan nuestro de cada día en el país. Mucho de esto me relató don Pablo en su caso. Sin embargo, de ser cierto que la calidad del tratamiento médico que se dispense a nuestra población geriátrica es inferior o de baja calidad, si se compara con la que se dirige al resto de la población, resultaría ser un serio problema que debe atenderse de inmediato. Que debido a la atención médica displicente, por decir lo menos, se incurra en un mayor número de casos de impericia médica contra esta población, es algo que no se debería pasar por alto.

Desafortunadamente, no contamos con estadísticas confiables sobre el número de casos que ocurren en las consultas y en los hospitales del país. Un estimado razonable hecho en los Estados Unidos, señala que solo el 8% de las víctimas de impericia médico-hospitalaria reclaman sus derechos ante los tribunales. La Organización Mundial de la Salud reunida en Oporto, Portugal en octubre de 2007, estimó que diez millones de personas anuales son víctimas de impericia médica alrededor del mundo. El número de pacientes geriátricos comprendidos en esa estadística no ha sido revelado, pero me atrevo a asegurar que podría representar un gran número, probablemente más de la mitad de lo que se informó en ese congreso.

Debido a que don Pablo no murió ni sufrió un daño severo permanente, me vi en la obligación, muy a mi pesar, de declinar su representación profesional y referirlo a otro abogado que tiene la capacidad y dispone del tiempo para hacerlo. Sin embargo, sus aseveraciones en la consulta me inquietaron en ese momento y aún resuenan en mi mente como una alarma que alerta sobre una situación seria y grave que podría estar ocurriendo en las consultas médicas y en los hospitales de Puerto Rico. Un escenario que, de ser cierto y poderse corroborar, debe ser objeto de acción afirmativa inmediata y enérgica de parte de las autoridades gubernamentales y profesionales del país, algo en que aparentemente la agencia federal de Medicare está dando unos pininos. No obstante, en el contexto de todo lo que ocurre en nuestro país, el que alegadamente se trate a nuestros viejos de esta manera, es algo que avergüenza y dice mucho.

Borrón y cuenta nueva ... ¿Déjà vu?

2010-03-20T10:28:00.000-07:00

Luego de haberse convertido en la comidilla internacional y tema obligado en muchas conversaciones de sus pares y de los abogados y público en general, los médicos de Puerto Rico que protagonizaron las imprudentes fotografías en el escenario trágico de Haití por fin se han callado y han dejado de excusarse ante todos aquellos que les ponen los medios publicitarios a su disposición para hacerlo. Acto seguido, el presidente del Colegio de Médicos de PR, el Dr. Ibarra, parace esgrimir al perfecto argumento en su defensa. No fueron prudentes, pero su trabajo allá fue encomiable. Borrón y cuenta nueva.

Coincidentemente, las elecciones de una nueva junta en el Colegio de Médicos y Cirujanos son mañana en un hotel del este de nuestra Isla y, en la opinión de muchos, parece que el actual presidente, el anestesiólogo Doctor Ibarra, cuenta con la mayoría de los galenos colegiados para una reelección gremial, en contra de la Dra. Alicia Filiberti, quien hace unos cuantos meses anunció su aspiración. Ibarra, al menos, debe contar con aquellos que él ha llamado cariñosamente “muchachos” que posaron de forma “imprudente” con armas, licores y seguetas para el lente fotográfico en Haití. Los mismos que ha excusado, casi a diario, por haberse tomado las fotos en “momentos de asueto,” agotados de cansancio por la ardua labor heroica que hicieron y a muchas millas de distancia de los hospitales y pacientes.

El borrón y cuenta nueva parece ser el eslógan subliminal actual de la campaña re-eleccionaria del presidente Dr. Ibarra. Sin embargo, conozco de la integridad personal y profesional del presidente del comité de ética del Colegio, Dr. Alfonso Serrano, por lo que opino que, sustrayéndose de la campaña política de reelección y de la consigna solapada del presidente del Colegio, su comité eventualmente sabrá recomendar un nivel adecuado de “cogida de cuello” a los investigados, para que aprendan a ser sensibles y profesionales a la hora de la hora.

Nota del lunes 22 de marzo de 2010. Paradójicamente, parece que el 'borrón y cuenta nueva' se lo aplicaron a él. Los deseos de reelección del Dr. Ibarra sucumbieron por 51 sufragios, habiendo votado en las elecciones del gremio alrededor de 600 médicos, de una matrícula de un poco más de 12,000 que conforma el Colegio. Enhorabuena a la doctora Filiberti; estaremos bien pendientes a sus ejecutorias, especialmente en torno al tema de la impericia médica y, de paso, en el de los "muchachos imprudentes" de su colega, el buen doctor Ibarra, que asumo contará con más tiempo en los sucesivo para su obra filantrópica. Veremos...

Nota del martes 23 de marzo de 2010. Enciendo la radio en la mañana y, aparte de los asesinatos del día, oigo al locutor decir que la nueva presidenta del Colegio de Médicos le 'tira la toalla' a los "muchachos imprudentes" del doctor Ibarra. Medio frustrado apago la radio y me dispongo a tomar dos semanas de vacaciones fuera del país. No tienen remedio, HQJ!

Sin palabras...

2010-02-01T05:07:00.000-08:00

Con el permiso de don Rafael, reproduzco su carta abierta.

"Para Haití nuestro corazón puertorriqueño
Por Rafael Cancel Miranda
Ex prisionero político puertorriqueño

Temprano en la mañana del sábado 29 de enero, recibí una llamada telefónica de José Pérez González, joven patriota puertorriqueño que cumplió cinco años en una prisión yanqui, acusado y sentenciado por un tribunal estadounidense en Puerto Rico por haber participado en las protestas contra la marina estadounidense y su criminal bombardeo en Vieques. Sonaba agitado mientras me pedía que participara en una conferencia de prensa para limpiar nuestro honor por la atrocidad que habían cometido unos médicos puertorriqueños en Haití. No entendía de qué hablaba pues recién me había levantado de la cama. Le contesté que yo estaría presente en todo lo que fuera por la independencia de Puerto Rico. Me quedé intrigado pues realmente no sabía de qué me hablaba. Unos minutos después entró mi esposa con la acostumbrada tacita mañanera de café negro. Me dice: ¡A cuánta degradación se va a llegar! Le pregunté qué había sucedido y me contestó que acababa de ver en el noticiero mañanero unas bochornosas fotografías de unos médicos puertorriqueños participantes en una supuesta misión humanitaria en Haití. Entonces entendí de qué hablaba el joven patriota puertorriqueño y por qué estaba tan indignado. Lo llamé y le dije que estaba dispuesto a participar en cualquier conferencia de prensa acerca de la conducta tan desgraciada por parte de esos médicos. De ahí estas líneas.
En nombre de mi pueblo verdaderamente puertorriqueño y en nombre del mayor de mis hijos que es médico y quien en más de una ocasión ha ido voluntariamente en misiones humanitarias a prestar servicios médicos gratuitos en África, América Latina y el Caribe; y en nombre de Pedro Dubois, aquel revolucionario haitiano fusilado en 1822 por el régimen español en Puerto Rico, acusado de ser uno de los principales organizadores de una conspiración para lograr la abolición de la esclavitud y la independencia de Puerto Rico; y en nombre del doctor Ramón Emeterio Betances, Padre de la Patria puertorriqueña y llamado El Antillano, quien como médico ayudó a combatir el cólera morbo que arrasó a Puerto Rico en 1855 y quien dormía en la acera para estar accesible a sus pacientes; y en nombre de todos los médicos puertorriqueños de gran sensibilidad que he conocido, quiero expresarle al pueblo haitiano nuestras excusas. Lo mismo quiero expresar a todo hombre y mujer sensible a la desgracia humana.
Hubiese querido que esos médicos que se burlaron de la tragedia humana se hubiesen enterado de la nobleza y sensibilidad de los médicos cubanos que están en Haití dando su mano y corazón a ese pueblo. Vi una doctora cubana llorar de la emoción mientras abrazaba a una haitianita herida. Quizás tratando de excusar a estos médicos puertorriqueños por su conducta tan inexcusable, podría culpar al sistema que los deshumaniza, mientras que el sistema que produce a los médicos cubanos humaniza. Pero hay una cosa que sí quiero afirmar: esos médicos que nos abochornaron ante el mundo entraron a la República Dominicana como “ciudadanos americanos” y fueron seleccionados y enviados por un senado colonial antipuertorriqueño. Pueden estar seguros de que ninguno de esos médicos era defensor de nuestra independencia, ni de la Revolución Bolivariana. Una mentalidad va con la otra. Puedo decirle orgullosamente al pueblo haitiano que sí había médicos verdaderamente puertorriqueños en Haití y que se comportaron con dignidad y con el respeto que merece el pueblo haitiano.
Como puertorriqueño, extiendo mi gratitud a los pueblos del ALBA. Con sus acciones han demostrado que somos una Gran Patria caribeña y latinoamericana y que en Haití no hacen falta fusiles, sino hospitales, rescatistas y mucha solidaridad.

30 de enero de 2010San Juan, Puerto Rico"

Nada más.

SER O NO SER . . . .humano

2009-12-31T09:17:00.000-08:00

Reflexionaba hace unos días sobre qué escribir del tema de la impericia médica en Puerto Rico, sobre médicos y abogados que pudiera servir de punto final a mis escritos en este año que acaba. Recordé una película protagonizada por el actor estadounidense Richard Gere titulada “Nights in Rodanthe”. Era una trama romántica, que mi esposa casi me obliga a ver en estos días. Digo que casi me obliga porque no soy muy dado a sentarme a ver televisión. Sin embargo, esta película me interesó por su trama secundaria, que nada tenía de romántica y que, un poco, motivó el que los personajes principales se conocieran.

No les voy a contar la película, solo la uso como pie forzado para este ensayo. Este afamado actor caracterizaba en la película a un médico cirujano que había perdido una paciente mientras le practicaba una cirugía relativamente sencilla. La dama tuvo una complicación que, aunque poco probable, la llevó a su muerte a pocos minutos de comenzada la cirugía. Una enfermera tuvo que comunicar a los familiares cercanos de la dama fallecida el hecho de su muerte, pues el cirujano estaba ocupado con otras tres cirugías que tenía pendientes. Eventualmente la familia demandó al médico por alegada impericia médica.

La actitud del médico - en la trama de ficción - de desentenderse de lo que podría ser más que un deber como médico, un deber sencillamente humano, me hizo recordar varios casos que he tenido, en particular uno muy reciente. Al igual que en la película, ni una palabra de pésame o de sensibilidad ante el hecho de la gran pérdida que estaba experimentando la familia de la persona fallecida, fue proferida en mi caso por médico alguno. Así lo declaró la hija en una especie de catarsis en corte abierta, provocando con sus sentidas y sinceras lágrimas un pequeño receso en el juicio.

Estar continuamente trabajando en una institución hospitalaria con gente enferma puede de-sensibilizar a una persona. Lidiar con el sufrimiento humano no es fácil y, si se hace frecuentemente, puede drenar las energías a una enfermera o a un médico al punto de afectar su ánimo y su capacidad para trabajar en la profesión que escogió. Peor aún, puede afectar su vida personal y familiar. Es razonable, por tanto, que estos profesionales de la salud tomen cierta distancia y tengan una actitud de desapego cuando se relacionan con sus pacientes. En mi opinión es válido para un profesional de la salud asumir en ocasiones una especie de coraza o escudo emocional que los proteja.

Trabajar con desapego o tomar cierta distancia, con el propósito de protegerse emocionalmente, como dije, es razonable. Sin embargo, esta actitud de “desapego” no debe llegar al punto de hacer que el profesional de la salud pierda la sensibilidad humana. El sufrimiento de su paciente o de las personas que pierden a un miembro querido de su familia, como consecuencia de un tratamiento médico, jamás debe tomarse a la ligera por el profesional de la salud.

Con su carencia de sensibilidad humana en ese momento de pérdida de su paciente, el personaje de la película interpretado por Richard Gere prácticamente se compró una demanda de impericia médica en su contra. Podría el médico haber tenido las mejores defensas en su caso que le valdrían quizá un veredicto a su favor; no sé, porque ese detalle queda en el aire en la película como una mera trama secundaria. Lo que quedó bien claro y fue eventualmente comprendido por éste, es que como ser humano fracasó y de mala manera en un momento crucial de su práctica profesional. Con su actitud, que claramente denotó prepotencia e insensibilidad, solamente logró que la familia que sufrió la pérdida del ser querido buscara enojada el asesoramiento de un abogado y que posteriormente lo demandara.

Ya había escrito que el común denominador de las personas que gestionan el asesoramiento de un abogado especializado en impericia médica es la falta de información, la frustración e impotencia ante lo ocurrido y el coraje. Estas emociones, que no ocultan, motivan casi el cien por ciento de las consultas profesionales que he hecho sobre este tema. “Vienen frustradas, con ira, impotentes de no poder hacer nada. Dudosas sobre el evento que marcó sus vidas. Caras largas que no explicaron porque “ellos son los que saben de medicina”. (Perfil de una víctima de impericia”).

Quizá no todas, pero estoy seguro que muchas visitas a los abogados no se harían con solo el médico dar cara a su paciente o familiares. Esto no tiene nada que ver con la medicina. Es algo que debe hacer el médico simplemente porque es también un ser humano, equipado con una conciencia que lo diferencia del animal. Un pésame sincero ante la pérdida, un abrazo, un ofrecimiento de razones; en fin, algo que denote que se hizo lo que se pudo y todo lo que debió hacerse pero no se obtuvieron los resultados deseados. Si fue así, algo que implique que sencillamente el tratamiento resultó en una desgracia que no se pudo evitar. ¿Qué le cuesta al médico hacer esto?

Soy abogado, represento exclusivamente a víctimas y defiendo los intereses de mis clientes en cualquier foro con asertividad y perseverancia hasta lograr el mejor objetivo posible en su beneficio. He aprendido con el tiempo y vivo día a día el valor de demostrar una verdadera solidaridad con las personas que se consideran víctimas directas e indirectas de impericia médica. Es también una meta alcanzable de todo el que se crea un buen médico y, si lo quieren ver desde el punto de vista pragmático, puede ahorrarles muchas visitas a los tribunales. Tomen los médicos éste como mi consejo gratis de fin de año.

Tal vez sea utópico, una pretensión idealista en un mundo donde cada día se pierden de vista valores simples y sencillos que, a través de los siglos, han servido de cohesión para lograr una mejor convivencia social. Siempre he sido idealista, así que espero que el nuevo año sea mejor que el que dejamos atrás.

A PROPÓSITO DE UNA BASE DE DATOS … ¿saber o no saber?

2009-11-11T10:26:00.000-08:00

El tema de la impericia médica en Puerto Rico, con sus médicos detractores y abogados en dos aguas vuelve a la palestra pública. La representante Julissa Nolasco Ortiz, ha presentado el P. de la C. 1797 el 26 de junio de 2009. Este proyecto legislativo, de ser convertido en ley, autoriza a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico (antes Tribunal Examinador de Médicos) a establecer y mantener “una base de datos pública que dé aviso a los potenciales pacientes sobre los casos adjudicados de mala práctica contra los médicos en Puerto Rico”.

Pocas cosas me asombran y como están las cosas en nuestro país, esta no es una de ellas. Un parte de prensa informa que el Departamento de Salud, a través de una tal licenciada Nilda Ortiz, respaldó la referida medida durante una vista pública de la comisión cameral de salud sobre la medida de Nolasco. Los médicos, por supuesto, han protestado porque, en otras palabras, entienden que el proyecto los estigmatizaría y porque no resuelve realmente el problema de la impericia.

Vamos a hacer algo de historia para poner este tema en perspectiva.

La Ley Núm. 260 del 17 de agosto de 1999 autorizaba al antiguo Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico (TEM) a establecer un sistema de información y orientación público de los médicos licenciados en Puerto Rico y sus especialidades, el cual estaría también disponible al público a través de la internet. Esta ley es, por mucho, más abarcadora que el proyecto presentado por Nolasco. ¿Qué ha ocurrido con esta ley aprobada durante el mandato del Dr. Pedro Rosselló? Desafortunadamente nunca se puso en vigor, estando la base de datos vacía, como la imagen que adorna este ensayo.

Desde su aprobación he estado monitoreando la implantación de esa ley y muchas otras que se han aprobado en muchos estados de la nación norteamericana, de donde fue recogida. La excusa que siempre me han dado aquellos a quienes he preguntado, incluyendo a su Ex Director Ejecutivo el abogado Valentín, que está pasando unas vacaciones en alguna cárcel federal por el llamado escándalo de los médicos fatulos, es que estaba pendiente de la aprobación de un reglamento. Este reglamento, que sepa, nunca fue aprobado. Ergo: el público no ha tenido acceso a la información que la ley menciona tiene derecho a poseer si la intenta acceder en la base de datos pública que tampoco existe.

Como dije, la ley resulta más abarcadora que el presente proyecto. Ordenaba, al antiguo TEM, integrar los siguientes datos en un sistema de información público, a saber: nombre de las escuelas de medicina donde estudió el médico y la fecha de graduación; qué especialidad, si alguna, posee; números de años en la práctica y lugares donde se ha desempeñado; nombre de los hospitales donde tiene privilegios; puestos que ha ocupado en la facultad médica; publicaciones que haya realizado relacionadas a la medicina; reconocimientos recibidos por servicio profesional comunitario; dirección actual de su lugar principal de trabajo y si es participante del programa del Medicaid, o cualquier otro programa.

También ordena dicha ley incluir si ha sido convicto por delitos graves o menos grave y que mediante reglamentación determine el TEM debe ser incluida; descripción de cualquier acción disciplinaria tomada por el TEM; descripción de cualquier acción disciplinaria tomada por una junta o tribunal examinadora de cualquier estado o país; una descripción de revocación o restricción involuntaria de privilegios en un hospital por razones relacionados a su competencia como profesional, o de la renuencia a su renovación como miembro del equipo médico, o cualquier acción tomada por el hospital como medida disciplinaria relacionada con su competencia profesional en el hospital; toda decisión judicial o adjudicación monetaria a una parte querellante o arreglo realizado donde el TEM, luego de realizar la investigación correspondiente, encuentre que se ha incurrido en mala práctica de la medicina. Disposiciones relacionadas a los pagos efectuados debían ser identificadas en un mínimo de tres categorías diferentes según el grado, nivel de importancia o significado de la adjudicación o arreglo. La información relacionada a los pagos por impericia médica debía ser puesta en un contexto comparativo de acuerdo a la experiencia obtenida en relación con otros profesionales de la misma especialidad.

El TEM quedaba autorizado a adoptar aquellas normas y reglamentos que entendiese necesarios para la implantación de esta ley siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero nunca lo hizo y ahí quedó la ley, resultando esa cláusula en una píldora venenosa que la mantiene agonizante e ignorada en una esquinita donde mandan las leyes que no se quieren o no saben como implantar.

No hay duda que una base de datos que contenga información sobre un médico no resuelve el problema de la impericia médica que existe en ningún país. Sin embargo, en los países donde existe un sistema informático, incluyendo en muchos estados de la nación norteamericana, apodera al paciente con información suficiente para decidir si se pone o no en las manos de tal o cual médico. Más importante aún, evita una selección ciega, desinformada y, sobretodo, potencialmente riesgosa para su salud.

Una ley que solo necesita para su implantación un reglamento que nunca se aprueba hace evidente que la burocracia en la rama ejecutiva prevalece sobre la voluntad del pueblo, si es que los componentes de la rama legislativa son representativos realmente de ésta. Resulta simplemente patético, por decir lo menos, que la hayan ignorado por más de una década o, peor aún, como parece ser el caso, que no sepan de su existencia.

La radicación del proyecto de ley de la autoría de la representante Nolasco Ortiz evidencia que nuestros legisladores, los médicos y los funcionarios del Departamento de Salud no se han enterado de que el mecanismo de un sistema de datos, aunque mellao, existía desde 1999 y que solo faltaba que el TEM, hoy Junta, le pusiera dientes mediante la aprobación de un reglamento. Todo se reduce a querer saber; pero si no se sabe, se pregunta ¿no?

BAJO LAS REGLAS DEL TRIBUNAL ... yeah right!!

2009-10-24T15:38:00.000-07:00

Los médicos que son demandados en casos de impericia médica y sus peritos pueden hablar todo lo que quieran y consultarse entre sí lo que deseen mientras no se hayan sentado a declarar en el juicio. Igual ocurre con las váctimas o demandantes. Hasta que esto se haga, no hay limitación en derecho para esta comunicación, de clase alguna. El que piense o resuelva lo contrario está equivocado o equivocada y no hace sino dar o confirmar la impresión de que sabe poco o nada sobre las reglas evidenciarias que deben prevalecer en los procesos judiciales. Cuando ocurre un receso en un juicio, sin embargo, tanto a los peritos médicos como a cualquier testigo o parte que declaran en los tribunales a preguntas de los abogados, se les ordena que no se comuniquen entre sí con respecto a los hechos del caso.

El propósito tras esa regla es evitar que se manipule el testimonio que sigue, para, de alguna manera, intentar curar indebida e inapropiadamente cualquier error que haya cometido en perjuicio del demandado, a cuyo favor ha estado testificando, o en su propio perjuicio. En otras palabras, para minimizar el daño, ilegalmente, con motivo de cualquier metida de pata. Un testimonio así manipulado va en contra de la búsqueda de la justicia que es el norte hacia donde debe mirar todo proceso judicial.

No podemos tapar el cielo con la mano. Existe la firme creencia de que todos mienten en los tribunales. El que un juez o jueza, abogado o abogada permita a sabiendas que ello ocurra, ciertamente no propende a que esa creencia se disipe; todo lo contrario, se perpetúa la creencia.

Siempre he sostenido que las víctimas de impericia médica no mienten en los tribunales. Ello es así porque no es necesario que mientan. Vienen al tribunal a decir la verdad de lo que les ocurrió a ellos o a su ser querido. No soy ingenuo; no descarto que alguno que otro, sin mi consejo, exagere más de la cuenta los daños que ha sufrido como consecuencia de la impericia médico-hospitalaria. Sin embargo, con relación a los hechos sustanciales del caso, nunca he sabido de ninguno de mis clientes que lo haga.

No puedo decir lo mismo de algunos médicos o ciertos peritos médicos, cuyos testimonios he presenciado. Debo añadir, con cierto grado de frustración, que nunca he sabido que las mentiras que vierte bajo juramento esta gente tengan alguna consecuencia penal inmediata en su contra. O los jueces o juezas en Puerto Rico no están atentos en ese momento al testimonio, son ingenuos, miran hacia el lado o sencillamente no se atreven a imputarle perjurio en corte abierta por las razones que sean, que es lo que procede en derecho. Por la inacción judicial en estas situaciones es que seguramente lo hacen repetidamente, una y otra vez.

Por razones de deferencia profesional, muchos abogados hemos pasado por alto que, estando bajo las reglas del tribunal porque ha ocurrido un receso que interrumpe su testimonio, el médico demandado siga conversando con su perito o con quienes quieran. Se supone que no hablen del caso. Sin embargo, ¿habrá alguien tan ingenuo que crea que no están hablando del caso a solas? He visto como lo hacen aún a espaldas de sus propios abogados que, dándoles el beneficio de la duda, desconocen que están violentando la directriz dada por el tribunal al bajar de la silla de los testigos.

Ocurriendo esas conversaciones en un receso de almuerzo o por el día, algunos peritos, que no están regulados por los cánones de ética de nuestra profesión de la abogacía, descaradamente y sin disimulo violentan a propósito las normas y, sin lugar a dudas, ‘aceitan’ al testigo y lo ayudan a que trate subsiguientemente de minimizar cualquier perjuicio que haya ocasionado a su defensa su testimonio anterior. Lo hacen con descaro porque los abogados no pueden hacerlo éticamente y, obviamente, con el único propósito de que queden bien y al final logren ganar el caso. Algunas veces lo logran, en otras no. En todas las ocasiones en que los peritos médicos hacen eso, sin embargo, arriesgan al testigo o parte, probablemente ajeno a la consecuencia que tiene cualquier mentira suya, a una acusación potencial por perjurio o desacato criminal, si lo agarran variando o brindando, bajo juramento, versiones distintas de un mismo hecho sustancial.

Aunque nunca se debe ser un ser humano extremadamente desconfiado, "la vida te da sorpresas", como dice Pedro Navaja. Un abogado debe siempre tratar de tener las pilas encendidas para evitar que pueda ocurrir una manipulación de un testimonio que dé al traste con lo que, se presume, es el objetivo de todo proceso judicial: la búsqueda de la verdad, máxime cuando ha logrado ya desenmascarar al testigo inicialmente. No siempre eso se logra. Pero cuando se percibe, aunque inicialmente lo haya pasado por alto o incluso irrespectivo de la decisión final que pueda tomar determinado juez o jurado en el caso, no debe descansar hasta lograr poner las actuaciones del perito manipulador y el testimonio del testigo embustero de cara al sol. Al final del día, la verdad siempre la tendrá de frente; depende del jurado o del juez querer hacer verdadera justicia en el caso. ¿No dicen que la fe es lo último que se pierde?

NOTA EX POST FACTO
Tuve oportunidad de contrainterrogar a la perito. Confieso que disfruté traviesamente cuando, a mi pregunta de si había preparado a un testigo que ya estaba bajo las reglas del tribunal, patinó .. , patinó ... y volvió a patinar. Finalmente, reaccionando a la especificidad y contundencia de mi pregunta, porque sabía que la acusaba de algo ilegal en corte abierta, contestó con una mirada que esquivó la mía, con la tez blanca como un papel. Estoy seguro que la juez no le creyó cuando dijo que no. Aún no ha llegado la sentencia; ya vendrá.

22 de julio de 2010
Pues ya llego la sentencia y se hizo justicia, no solo a los demandantes sino a su padre fallecido por la impericia y negligencia medica. Al declarar Con Lugar la demanda y condenar a los galenos demandados al pago de una compensacion en favor de los demandantes, el tribunal no le dio credibilidad alguna a esta perito. Como decia mi viejo querido, a la larga el chivo agarra al venao'.

PASAJE A LA CHARDON... todo es según el color del cristal con que se mira

2009-09-20T15:39:00.000-07:00

Por el estado político vigente, que muchos catalogamos de colonial en la Isla de Puerto Rico desde que los norteamericanos la pisaron en 1898, radica en nuestro suelo la corte federal para el Distrito de Puerto Rico, llamada originalmente la corte colonial. Por virtud de una ley federal, que cubre no solo a nuestra patria, sino a los estados de ese país, residentes bona fide de un estado pueden presentar demandas en la corte federal de distrito de otro estado donde hayan sufrido daños y perjuicios. Por ejemplo, si un daño ocurre en Puerto Rico pero al momento de instarse la demanda el demandante reside de manera permanente en algún estado de EEUU o en una nación extranjera, éste puede presentar su demanda en la corte federal de aquí.

Un médico me escribe en torno a este tema y quiero compartir su correo con mis lectores.

“Leí la carta de la mamá del niño con perlesía cerebral y otros ensayos que has escrito... Ahora te voy a hablar sobre la otra parte. La impericia médica existe y doy fe de eso porque sabes que he sido perito en casos de demandantes. Sin embargo, lo que yo no puedo tolerar es que un caso en donde ocurrió algo no deseado o el tratamiento médico tuvo un resultado sub óptimo sea interpretado por algunos como malpractice. Tampoco creo justo que si un medico cometió impericia algunos abogados vayan detrás de las propiedades y de los ahorros de sus vidas. Is it all about money?

Denigra también la profesión de la abogacía la práctica de algunos de mudar al paciente para los EEUU solo para poder radicar los casos en la corte federal y así ganar más dinero. ¿Hasta dónde se puede prostituir esto? Muchos consiguen peritos ("hired guns") que dicen lo que sea por dinero. ¿Donde está la ética? No he visto a ningún abogado que lo demanden por impericia en la federal y hayan mudado al cliente. Estamos claros que la impericia existe. ¿Pero hasta donde se manipulan los hechos con el fin de obtener dinero? Por eso es que se radican los casos en el tribunal federal. Algunos abogados entienden que un jurado les dará millones porque, según ellos, probablemente no entiendan las controversias médicas en el caso.
No puedo entender que mis hijos estén a riesgo de heredar deudas y hasta tener que irse a quiebra por algo que no pude prever en mi buena fe. ¡Y esto me puede pasar todos los días! ¿Hasta cuándo? Por eso es que hay muchos médicos empleados en el Centro Médico. No se atreven trabajar afuera. Y esos son los supuestos académicos. ¿Y los demás que somos?
Bueno, otro día filosofamos en persona lo cual me encantaría por considerarte una persona honesta y de quien se puede sacar una buena experiencia.
Alfonso Serrano, MD
PD: Si quieres lo puedes publicar en tu blog”

Es comprensible y razonable, que un médico se preocupe por las demandas de impericia médica. SIMED, el sindicato de aseguradores del riesgo en Puerto Rico, asegura la mayoría de los médicos locales en contra esta eventualidad, pero solo ofrece una cubierta de $100 mil por incidente. Por su parte, Triple S cuenta con un ofrecimiento mayor, de $250 mil por incidente. Actualmente hay ofrecimientos en el mercado de seguros, por el exceso de esas cubiertas, pero la percepción de muchos en nuestra Isla , real o no, es que prevalece desde hace unos cuantos años un problema de cubierta de seguro de negligencia profesional médico hospitalaria para afrontar la exposición al riesgo existente.

Si un tribunal o jurado aquilatara en su justa perspectiva y adjudicara, como debiera, una compensación económica por los daños sufridos en estos casos, no hay duda que la preocupación es comprensible y lógica. Si el ente que adjudica los daños lo hace o no, es tema para otro ensayo.

El Dr. Serrano plantea en su correo varios asuntos de un mismo tema que son dignos de discusión. Habla de su preocupación de que se interpreten resultados sub óptimos en los tratamientos como impericia. Debo asegurar de entrada que, salvo raras ocasiones, un abogado no interpreta eso. Si lo hace, está equivocado. Es conocido que un resultado sub óptimo no debe ser interpretado como “malpractice”, excepto en la situación en que realmente haya incurrido en negligencia en su tratamiento del paciente. Dicho de otra forma, un abogado que se confronte con unos hechos para hacer una determinación de mérito, no debe analizar el caso desde la perspectiva del resultado. Eso sería un enfoque viciado que no resultaría en un análisis jurídico correcto. En los casos de impericia médico-hospitalaria la habilidad del artífice no necesariamente se conoce por su obra, sino por sus hechos que provocaron el determinado resultado.

En su escrito, el galeno implica también que es la práctica de muchos abogados mudar al cliente a EEUU con el fin de que la corte federal adquiera jurisdicción mediante el estatuto de diversidad. No puedo dar fe de que esta práctica esté sucediendo o haya sucedido en el pasado pues no tengo conocimiento personal de algún caso en que se haya hecho. He escuchado rumores, como probablemente los han escuchado muchos abogados y médicos en nuestro país. Si ello ocurre o ha ocurrido, con el único fin de ganar acceso al foro federal, es una práctica que debe ser condenada por todos, por ser no solo ilegal sino inmoral. Sin embargo, si la llamada mudanza de Puerto Rico hacia EEUU se da con el objetivo de procurarse servicios médicos y de rehabilitación, que son difíciles o imposible de obtener para con ello conseguir una mejor calidad de vida para la víctima de impericia médica y de sus familiares, y de paso se gana acceso al foro federal, ello no debe tener nada de censurable.

En cuanto a que es injusto que se vaya tras las propiedades y ahorros de una vida de un médico que comete impericia médica, me veo obligado a decir que esta moneda tiene dos caras. Lo que es injusto para unos puede ser lo más justo y razonable para otros. Tengo que apuntar, sin embargo, que la percepción de los médicos a la exposición al riesgo en estos casos está siendo sobreestimada. Es decir, en un porciento abrumador de casos, me atrevo decir que más del 95%, el médico negligente responde solamente con la póliza de seguros que ha venido por ley obligado a comprar.

La percepción de la exposición al riesgo que tienen los médicos es real solamente en los casos de muerte o grave daño corporal, que son la minoría de los que se presentan, como pueden ser los casos que mayormente son presentados en la corte federal. Aunque no lo dice, el médico que nos escribe percibe la jurisdicción federal obtenida por, lo que podríamos catalogar como fraude, como un problema real en nuestro país para ellos. Y en eso estamos totalmente de acuerdo.

Los médicos y hospitales demandados, sin embargo, no están desprovistos de excelentes abogados. En muchos casos el desbalance en experiencia y talento entre abogados del caso es a casi siempre a su favor. En el descubrimiento de prueba, estos abogados, de cuyo profesionalismo y entrega a sus clientes puedo dar fe, escudriñan las razones tras la mudanza de los demandantes y exigen evidencia fehaciente que pueda o no servir de apoyo a las alegaciones de residencia bona fide en EEUU. La determinación de si el caso se queda o no en la corte federal, en última instancia, depende exclusivamente del escrutinio judicial federal que, aseguro, cada día es más exigente y restrictiva de su jurisdicción en torno a este particular.

Finalmente quiero comentar la pregunta retórica que plantea el doctor Serrano: “Is it all about money?”

Nuestro sistema de justicia, a diferencia de muchos países, como he dicho antes, provee, como exclusiva retribución de los daños y perjuicios, una compensación económica que pretende, en teoría, colocar a la víctima en la misma posición que estaba antes de sufrir el daño. A mi juicio, esa pretensión me resulta un tanto idealista y se queda corta, pero es lo que tenemos. Por distintas razones, que no son objeto de discusión en este escrito, en Puerto Rico no tenemos investigaciones ni radicaciones de cargos criminales contra los médicos en estos casos. Por otro lado, nunca he sabido de medico alguno que 'dé cara' y acepte ante el paciente o sus familiares, que ha cometido un error y se disculpe con ellos. A nivel de experimento, los hospitales de veteranos en los EEUU adoptaron hace unos años una política de aceptación de negligencia, disculpa con el paciente y sus familiares y otrogación de compensación expedita, que ha logrado efectivamente disminuir las demandas de impericia médico-hospitalarias en su contra. Eso no ocurre aquí en Puerto Rico y en otros escenarios conocidos.

Por mi experiencia, de más de dos décadas trabajando en este tipo de casos, puedo apostar que las víctimas de impericia médico-hospitalaria optarían, si pudieran, por presentar acusaciones criminales en contra de los médicos y quizá, como un remedio secundario no en todos los casos, reclamar la compensación económica. Tal vez de esa forma, los pacientes se sientan mejor retribuidos y se disminuyan las demandas, que, al fin y al cabo, es lo más que preocupa a los médicos, ¿no?

Tras un diagnóstico de perlesía cerebral

2009-09-14T11:02:00.000-07:00

He escrito en variadas ocasiones sobre la perlesía cerebral como resultado de la impericia médica. En un anterior ensayo sobre este tema concluía que detrás de cada niño especial definitivamente existe un padre especial y cada día me convenzo más de ello.

Estando la pasada semana fuera de Puerto Rico, recibí un correo electrónico de parte de una madre especial de un niño especial que sufre de perlesía cerebral desde su nacimiento, como resultado de una impericia médica. En ese caso demandamos al médico obstetra y al hospital que tenía al otro médico empleado. Hace alrededor de dos años que en esa demanda se obtuvo una compensación económica, tanto para beneficio del menor como de sus padres. La correspondiente al niño, por supuesto, fue consignada para su beneficio en el tribunal, sujeto a la autorización judicial previa para su uso, aunque la de sus padres la han destinado también para su hijo.

El correo recibido me emocionó mucho y no quise esperar más para compartir parcialmente su contenido con mis lectores. Con su autorización previa, lo he editado un poco con el fin de proteger la identidad de los protagonistas, cuyos nombres son ficticios, por supuesto.

“Saludos Licenciado,
Espero que usted y su familia se encuentren bien. No sé si ha visto fotos recientes de Antonio, pero ¡ya está caminando con bastones!!! En mayo lo llevamos a Alemania para el trasplante de’ stem cells’ que le había mencionado en un momento dado. En julio lo llevamos de nuevo a las terapias intensivas en Orlando. A la Vista sobre autorización judicial llevé a Antonio y se robó el corazón de medio mundo en esa Sala.
El trasplante fue con células autólogas de su médula ósea. A los 4 días notamos una mejoría bien notable en la espasticidad y fue progresivo. Estoy segura que esto lo ayudó grandemente a poder caminar con bastones y a mejorar su balance.Ahora estoy investigando de un Programa de Alimentación Intensiva en Virginia donde trabajan en ayudar a niños como Antonio a mejorar en esta área. Antonio aún come sólo puré, yogurts, ‘baby foods’ y líquidos. Ayer hablé con una persona del programa y el asunto sale entre $1,300 - 1,500 DIARIOS y puede extenderse a varias semanas. Ya Antonio camina y está en la escuela así que me siento lista para regresar al grupo laboral.
¿Por qué le dejo saber esto? Para que vea que hoy en día algunos miles de dólares no dan para mucho cuando uno tiene un niño con necesidades especiales. Pero gracias a Dios, lo de la demanda nos ha ayudado a tener a Antonio como se encuentra hoy. Hay madres que me han dicho que prefirieron no demandar en sus casos, pero yo les dejo saber que si no fuera por eso Antonio no estuviera tan adelantado porque, definitivamente, el peso económico es gigantesco. No hubiéramos podido ofrecerle las oportunidades que ha recibido hasta ahora.
Nada, sólo un largo "up-date" del nene porque sé que también podría beneficiar a otros niños que usted conozca. Muchas gracias por su lucha contra la impericia médica.”

Los niños con perlesía cerebral requieren y requerirán toda su vida de muchos cuidados especializados, como testimonia el contenido del correo que les copio. Huelga decir que este cuidado resulta sumamente costoso y hasta complicado.

Los niños con perlesía cerebral merecen la oportunidad de tener una mejor calidad de vida y el único vehículo que tienen para lograrlo resulta ser el esfuerzo combinado de sus padres. Por la confusión que puede haberse generado la comunicación, quiero, por último dejar bien claro que los padres que decidieron alguna vez no demandar no lo tienen todo perdido. deben conocer que aún tienen oportunidad para reclamar una justa compensación para sus hijos. Los padres de estos niños especiales aún tienen la oportunidad de intentar mejorar su calidad de vida, si es que la condición del niño o de la niña fue el resultado de una impericia médica o de negligencia hospitalaria.

Los adultos renuncian a sus propios derechos a reclamar sus daños cuando no los ejercitan dentro de un período de tiempo relativamente corto, porque la ley presume que la inacción denota dejadez y falta de interés en reclamarlos. Sin embargo, los niños con perlesía cerebral están incapacitados y, por ello, nuestro sistema de derecho concede a los padres la oportunidad de reclamar en los tribunales, no ya sus derechos que renunciaron, sino los derechos de sus hijos a una compensación justa y razonable por sus daños.

Estos niños especiales MERECEN justicia que llega mejorando la mejor calidad de vida que los padres, junto a sus abogados que defendemos y reclamamos sus derechos en los tribunales, podamos brindarles. Luego de un diagnóstico de perlesía cerebral, estos niños no merecen nada menos que eso.

¿Aspiraciones tronchadas?

2009-09-02T07:19:00.000-07:00

De vez en cuando dejo atrás las lecturas obligadas sobre mis casos de impericia médica, las historias de ficción de abogados (John Grisham) o de médicos (Robin Cook) y tomo algunos de los libros de autores de Puerto Rico que he decidido leer y que, muchas veces, descansan, uno sobre otro, sobre mi mesita de noche en espera de que abra sus páginas y las lea con avidez.

Esta vez le tocó el turno a don José Trías Monge, otrora Secretario de Justicia bajo Muñoz y presidente del Tribunal Supremo del País por un poco más de 10 años, hasta su retiro en 1985. Su permanencia en nuestro más alto foro judicial coincidió con mis primeros años del ejercicio de mi profesión de abogado, por lo que su tribunal marcó, para mí, el comienzo de una carrera profesional de la cual he derivado muchas satisfacciones.

Don Pepe, como le conocían sus allegados, luego de haber estado ligado, él y su bufete, al Partido Popular Democrático, publicó en 1997 el libro en el idioma inglés que tituló “Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony in the World”. Como su título sugiere, la tesis central del autor gira en torno al planteamiento de que, luego de casi 100 años de la invasión norteamericana a Puerto Rico, contrario a las aspiraciones políticas diversas de la población, a lo largo de todos estos años, el País se encuentra sumido en el mismo estado colonial en que lo encontró el advenimiento del siglo 20. Ello, no solo para desgracia de nuestro País, sino para vergüenza del propio país colonizador, Estados Unidos, alegado paladín de la democracia mundial y forjador de muchos gobiernos que dejaron atrás, por su intervención, sistemas dictatoriales y coloniales.

Quiero a continuación citar en una traducción libre, el párrafo, quizás, más logrado que tiene ese libro, porque tiene la virtud de sintetizar en unas pocas palabras la situación vigente en nuestro País: “A medida que el centenario del advenimiento de las tropas norteamericanas a Puerto Rico se acerca, las condiciones políticas, económicas y sociales de la Isla son nada de lo que Estados Unidos o Puerto Rico pueden sentirse orgullosos. Grandes desarrollos se han logrado en varias áreas, pero a un alto costo. En el proceso, en una extensión deplorable, los puertorriqueños se han convertido en adictos a las dádivas, se han acostumbrado a condiciones de inferioridad política y se han tornado indiferentes a la erosión de la identidad nacional”.

Nada ha cambiado desde el momento en que Trías escribió su libro y eso deja un profundo sabor de amargura en un lector que nunca se ha sentido parte de la corriente. Seguramente el mismo sentido de amargura del autor fue el dínamo que lo impulsó a escribir de la manera en que lo hizo. Seguramente la misma frustración que motivó a Neruda a escribir sobre la libertad del hombre y de la tierra y a tantos otros autores o políticos de buena fe que fueron víctimas de sistemas políticos que intentaron cambiar.

En mis años de estudiante había un dicho común entre la población adulta y votante que, medio en broma y medio en serio y refiriéndose a la situación en Puerto Rico decía que “esto no lo arregla ni Mari Brás.” Cuando leí el párrafo que cito del libro de Trías recordé a don Juan, quien a sus 80 y tantos años se encuentra dictando cátedra de derecho en Mayagüez y de cuya voz, de vez en cuando, surge la conciencia de un País que sigue en desbandada a pesar de los años y de las luchas.

Como parte de la generación inconforme de los 70’s, la de los revoluces en la UPR, pasé mi juventud bajo la firme creencia de que nuestras ideas y actuaciones arreglarían al mundo que, en esos tiempos, daba la impresión de estar al garete. Me falta poco para llegar a las seis décadas de vida y el mundo sigue estando al garete y, al igual que muchas generaciones que me preceden, la mía tampoco ha hecho mucho por arreglarlo, quizás por imbuirnos en nuestros propios problemas y circunstancias personales, mientras hemos abandonado los del colectivo.

El mundo que probablemente legaré a mi descendencia resultará peor que el que legaron mis padres. Seguimos en la misma bazofia política que Muñoz Rivera, De Diego, Barbosa, Albizu, Muñoz Marín, Fernós, Juan Mari, Berríos y otros, cada cual con su prisma, han pretendido variar desde 1898. Estados Unidos sigue inmerso en sus propios problemas, siendo indiferente y resultándole irrelevante los que sufre la colonia más vieja del mundo.

Resultaría penoso que mi generación no deje ejemplos de políticos que mi descendencia pueda emular. Todo parece indicar que tendrán que seguir pensando en los mismos que la mía intentó emular, si es que se intentó, con los resultados que tenemos.

¿Habrá una luz de esperanza para nuestro País? Espero que antes que enganche los guantes la pueda ver. Quiero dejar un mundo mejor.

MICHAEL JACKSON ¿victima de impericia médica?

2009-08-25T14:52:00.000-07:00

Todo parece indicar que Michael Jackson se ha convertido en otra víctima más de impericia médica. Según confirma una reseña sobre el informe de la autopsia, publicada ayer en Los Ángeles Times, niveles letales de un potente anestésico llamado propofol, mercadeado con el nombre comercial de Diprivan®, le ocasionaron la muerte a la estrella del pop. Este anestésico reduce la ansiedad y la tensión y promueve la relajación y el sueño (¿sweet dreams?) o la pérdida de conciencia. Se usa frecuentemente para suplementar otras drogas usadas para anestesia general, durante procedimientos quirúrgicos, mayormente, de corta duración.

El lío tras la noticia es que el Dr. Conrad Murray, el cardiólogo que ganaba $150 mil mensuales por monitorear la salud del cantante, parece ser el que le administró el anestésico. Presumiblemente, ello con el propósito médico y terapéutico de lidiar con un problema de insomnio que el pobre tenía.

No conforme con descocotarlo negligentemente con una sobredosis de Diprivan®, que, además, debe ser inyectado solo por profesionales de la anestesia en un ambiente controlado, al notar que no respiraba, intentó darle resucitación cardio pulmonar (CPR) por un tiempo determinado. El problema era que lo hacía mientras su famoso paciente yacía acostado en su lecho de dormir. Con el sui generis CPR, imagino que el asustado galeno solo logró comprimir los muelles de la cama, por lo que sus intentos de resucitar a don Michael resultaron patentemente infructuosos.

Como había adelantado en mi anterior ensayo 'Mano dura contra la Impericia Médica', las autoridades del estado de California planean radicar cargos criminales por homicidio involuntario en contra del Dr. Murray. Por otro lado, unas notas periodísticas señalan la probabilidad de que la madre de Jackson presente también una demanda en el foro civil por la impericia médica en contra del galeno.

Suena lógico que se le radiquen cargos criminales al médico que le ocasionó la muerte, ¿verdad? Es más, a nadie le parece raro que lo hagan. Tampoco parece raro el que se piense en radicar una demanda en el foro civil por impericia médica. ¿No será que nos parece lo más normal del mundo porque se trata de una figura como Michael Jackson? ¿Y las demás víctimas . . . qué?

En Estados Unidos solamente, mueren casi 200 mil personas anualmente por negligencia médico-hospitalaria. Y no hablemos de las personas que resultan gravemente dañadas por lo mismo. La impericia o negligencia de un médico que le ocasiona un grave daño corporal o la muerte a un ser humano, como a Michael Jackson, debe ser tratada de forma penal y también en el ámbito civil. Pero no debe ser así solo porque se trate de alguien importante como lo fue el astro del pop fallecido. El curso de acción debe ser dual y ser igual para todos, indistintamente de la persona que haya resultado víctima de impericia médica e irrespectivo del médico que resulte ser su victimario.

Atrevámonos a dar el paso en la dirección correcta, para disuadir este tipo de conducta. Si existen actualmente los mecanismos jurídicos mediante el uso de las doctrinas de negligencia criminal general, atrévanse los fiscales de nuestro País a usarlas. Si piensan que no los hay o creen que resultaría difícil de probar la negligencia criminal sobre impericia médica en un tribunal, promovamos la tipificación como delito de estas conductas dañosas, a ver si el gas pela.

Mano dura contra la impericia médica

2009-08-20T09:55:00.000-07:00

De conformidad con nuestro sistema de leyes, reglas y abogados, los casos de impericia médica y la negligencia hospitalaria en Puerto Rico, cuando se radican demandas, terminan solamente con la compensación económica de la víctima o, en el peor de los casos, en su desestimación. Desafortunadamente, poca, si alguna, es la verdadera retribución moral que puede lograr una víctima de impericia médica en nuestro País, aun ganando su caso en los tribunales.

La conducta negligente de un médico, en el ejercicio de su profesión, no es tipificada en nuestro País como delito aunque ocasione grave daño corporal o la muerte de su paciente. Esto quiere decir que al médico no se le impone una pena de cárcel, aún luego de determinada su negligencia.

Nunca en nuestro País se ha debatido si la conducta constitutiva de impericia médico-hospitalaria constituye un problema de tal magnitud que amerite tipificar ciertas de sus instancias como delito. Nunca antes se ha discutido la deseabilidad de considerar a un profesional de la salud como persona que ha delinquido en el ejercicio de su profesión y, por tanto, sujeto de delito. Ese tema ha sido realmente un tabú, excepto para aquellos que han sufrido un daño a manos de un médico negligente. Salvo contadas excepciones, una víctima de impericia médico-hospitalaria a quien se le ha ocasionado grave daño o la muerte de un ser querido, siempre pregunta si existe la posibilidad de “meter preso” al médico negligente, de suspender o cancelar su licencia para practicar la medicina, para que no vuelva a ocasionar daño a otras personas.

No existen estadísticas en nuestro País sobre la cantidad de casos de impericia médica y de negligencia hospitalaria que ocurren aquí. Si existen, no se dan a la luz pública. Los que estudiamos el tema solo podemos acudir a las estadísticas que compañías serias, como Healthgrades, Inc., arrojan de vez en cuando sobre el particular. En un estudio hecho en 2004 por dicha compañía se reveló que 195 mil pacientes de Medicare mueren cada año por errores médicos en los hospitales de EEUU, muchos más que en accidentes de tránsito. La Organización Mundial de la Salud reveló en su congreso de Oporto, Portugal, de 2007, que la cifra mundial anual ronda por los 10 millones de personas.

No hay duda de que, tanto en EEUU como en Puerto Rico, más se preocupan por el victimario que por la víctima de impericia, cuando debe ser lo contrario. Tradicionalmente se ha tratado el tema de la impericia médico-hospitalaria como si el problema fuese la víctima y el número de demandas que se presentan en los tribunales. Los juicios de impericia muchas veces dan la impresión de que quien está en la silla de los imputados es la víctima y no el médico que alegadamente la comete. En lugar de atacar el problema de raíz, que es la impericia del médico como causante del daño, se ha pretendido enfocar el tema en base a los costos de los seguros de impericia y han llegado, incluso, a adjudicarle a las demandas unas consecuencias que solo en la mente de algunos existen, como lo es el supuesto éxodo de los médicos a otras jurisdicciones alegadamente más lenientes con los médicos.

La verdad es que el médico negligente siempre ha campeado por su respeto en Puerto Rico. Aunque les imponen recargos, las aseguradoras terminan siempre pagando por sus metidas de pata. El antiguo Tribunal Examinador de Médicos ni se diga; en toda su historia ha suspendido sus licencias, por impericia, a solo dos médicos de las cientos de quejas que se encuentran radicadas allí. Contando con los mecanismos legales para depurar su profesión de estas manzanas podridas, los gremios profesionales - como son el Colegio y la Asociación de Médicos - y las facultades médicas de los hospitales, se hacen los chivos locos, mirando para otro lado cuando se toca el tema de la impericia médica de un colega. Por el contrario, con gusto los defienden en los tribunales, sirviendoles de peritos, negando el mismo privilegio a los pacientes, quienes se ven obligados a contratar muchas veces peritos del exterior, con la diferencia en el costo que ello conlleva. El resultado neto de toda esta ‘mano blanda’, que representa la inacción o displicencia oficial y la protección gremial de sus pares, ha sido la continua y consciente exposición de los pacientes a severos daños o a la pérdida de sus vidas; pacientes ingenuos que día a día se entregan, sin saberlo, a las manos de estos médicos negligentes, pero protegidos.

En toda la historia de EEUU, se han procesado criminalmente a menos de cincuenta médicos que han ocasionado daños en el ejercicio de su profesión. Ello se ha hecho bajo doctrinas generales de daños cometidos por negligencia crasa, como el caso que le piensan radicar en estos días al médico de Michael Jackson, Dr. Conrad Murray. (Véase la noticia cliqueando el siguiente enlace:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,540540,00.html). Que sepamos, en Puerto Rico no se ha procesado criminalmente a ninguno. No hay ley que lo tipifique y no se aplican normas criminales sobre negligencia en el aspecto médico. Mientras, las cifras de víctimas de impericia médica siguen en aumento, tanto aquí como allá.

Casi todos los países tratan el tema de la negligencia médica concurrentemente en las dos esferas: en el ámbito civil y en el penal. Mientras con el aspecto civil se procura la compensación económica del paciente dañado, con la penalización del ofensor en el ámbito penal, incluyendo su inhabilitación temporal o permanente para la práctica de la medicina, coetáneamente se intenta disuadir futuras conductas similares en el ofensor y, a manera ejemplarizante, en otros en la misma situación. De paso, la retribución moral del daño que se puede conseguir con ese tratamiento dual está más cerca de lo que razonablemente esperan las víctimas.

Bolivia es el país que más recientemente ha optado por atacar el problema social que representa la impericia médico-hospitalaria, incorporando específicamente a su código penal este tema. En estos días se está discutiendo en ese país una pieza legislativa que tipificaría como delito penal lo que ellos llaman la “mala praxis”, que no es otra cosa que la impericia médica. A continuación el texto que se propone para la incorporación a su código penal:

“ (Homicidio por acto médico). El profesional que por acto médico causare la muerte de algún paciente como consecuencia de imprudencia, impericia, negligencia, inobservancia de reglamentos y normas o deberes a su cargo será sancionado con pena de reclusión de dos a seis años e inhabilitación especial por cinco a diez años.”
“ (Lesiones por acto médico). El profesional que por acto médico causare lesión de algún paciente como consecuencia de imprudencia, impericia, negligencia, inobservancia de reglamentos y normas o deberes a su cargo, con relación a los casos previstos en los artículos 270 y 271, será sancionado con la pena agravada de un tercio e inhabilitación especial por uno a cinco años. “

El propósito legislativo tras la tipificación de la impericia como delito es el siguiente:

“El presente proyecto de ley tiene por objetivo el de tipificar y sancionar la conducta de mala praxis en el ejercicio profesional médico, específicamente en cuanto se refiere al acto médico, con el fin de mejorar la calidad de atención y evitar resultados negativos en la vida, integridad física y salud de los pacientes, y de la misma manera procurar que los profesionales médicos, cuando han actuado con negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de leyes y normas, no queden en la impunidad. “

Quizás es tiempo ya que Puerto Rico mire un poco hacia el resto de los países, incluyendo aquellos que, por un equivocado orgullo, muchos han considerado parte de un alegado “tercer mundo”, para ver cómo están enfocando las soluciones a sus problemas sociales. Debemos buscar avenidas creativas a nuestros problemas, porque, además, es tiempo ya de brindar una mano blanda y amiga al paciente e imponer una mano dura al médico negligente.

JUNTAS REGIONALES DE IMPERICIA MEDICA, la idea

2009-08-16T13:37:00.000-07:00

No es abogado y, que sepamos, no ha practicado el aspecto clínico de la medicina por algún tiempo, pero el Dr. Walter Frontera, presidente y decano de la escuela de medicina de Puerto Rico, ha lanzado una “idea” para lidiar con, lo que él entiende, el problema de la impericia médica en nuestro País. Mediante la creación de “juntas regionales” el Dr. Frontera dice que se pueden atender querellas por impericia médica, sin descartar el derecho al acceso judicial de los pacientes agraviados.

Añade la lacónica noticia de Prensa Asociada, probablemente resultante de una entrevista de media hora con el periodista ponceño Pepén Fernández Colon del 15 de agosto, que “las juntas para atender las querellas sobre posible mala práctica médica es al menos un mecanismo para atender de manera justa cualquier reclamo que pudiera tener un paciente.”

Sin entrar en juicios valorativos sobre lo que el buen doctor pueda o no entender como una "manera justa" para atender reclamos de los pacientes, el Dr. Frontera añade algo que es sumamente interesante: “que estadísticamente tal vez no haya un problema de impericia médica”, pero que, irrespectivo de que sea así, los médicos optan por practicar la medicina defensiva, para evitar una acción legal en su contra.

Despues de leer eso, cabe preguntarse entonces, ¿en qué lado de la cancha existe el problema de la impericia medica, si es que existe? ¿Quién es el responsable de que pueda plantearse la existencia de un problema de impericia medica, el paciente o el médico? ¿Resulta necesaria la creación de un foro adicional para ventilar quejas de los pacientes o sus familiares sobre alegadas impericias medicas? ¿Es tan detrimentalmente significativa la práctica de la medicina defensiva?

Lejos de pretender matar el mensajero, en lugar de su mensaje, vamos a darle el beneficio de la duda al buen doctor boricua por un momento. Si la idea que lanza es de buena fe, y no vamos a dudarlo, tenemos que, por obligación, descartarla desde el saque por ser ingenua, deficiente y, por decir lo menos, innecesaria.

Una junta sobre impericia médica como la que el Dr. Frontera propone, supone estar compuesta por un grupo de profesionales (médicos y quizás alguno que otro abogado) que reciban, analicen y hagan unas determinaciones sobre las controversias que se le planteen. ¿Y después, que? ¿Tendría facultad esa junta que determina que el médico fue negligente para compensar a la victima? ¿Tendría facultad para imponer algún tipo de sanción ética, económica o administrativa al médico negligente?

Los hospitales tienen los llamados comités de “peer review” que no son otra cosa que colegas analizando las alegadas metidas de pata de sus colegas. Por ley, estas investigaciones son confidenciales y sus hallazgos están fuera del proceso de descubrimiento de prueba en una demanda; es decir, que en teoría, la victima de impericia médica nunca se entera si se toma algún tipo de sanción contra el médico negligente. Los hallazgos y determinaciones de este tipo de comité solo son para consumo del hospital y del médico en cuestión. Pero no hay que ser muy optimista con las sanciones potenciales; a lo sumo, le quitan los privilegios al médico o se los suspenden por un tiempo. ¿Y el paciente?

El Colegio y la Asociación Medica de PR tienen sendos comités de ética que pasan juicio sobre actuaciones de los médicos que atenten contra los distintos códigos de ética del gremio. Tienen además la facultad para hacer vistas y radicar querellas ante el antiguo Tribunal Examinador de Médicos, en procura de sanciones para el médico, por alguna querella sobre impericia medica que algún paciente presente en contra de este. Que yo sepa, ni la Asociación ni el Colegio han radicado querella alguna en contra de algún médico, asociado o colegiado, por una alegada impericia medica.

Tenemos también la Oficina de la Procuradora del Paciente de Puerto Rico, que se supone atienda quejas de impericia medica que tengan los pacientes en nuestro País. Desde que se radica la queja en esa oficina hasta que se resuelve, si tiene suerte, al paciente se le puede pasar el tiempo, le prescribe su caso, y se queda así sin su derecho a demandar. Sin embargo, esa es una oficina con una directora y un presupuesto que investiga, rinde lo que se presume es un informe pericial y solo termina radicando otra querella mas ante el TEM, haciéndola formar parte de las miles que están durmiendo el sueño de los justos en ese lugar. Tampoco tienen la facultad legal de ordenar compensar al paciente por sus daños.

La ineficiencia, el desinterés, la dejadez y la falta de herramientas jurídicas de los foros alternativos existentes en la actualidad en Puerto Rico para lidiar con los casos de impericia medica, no justifica, sin embargo, la creación de otro más, como el propuesto por el galeno ponceño. Las juntas regionales del Dr. Frontera, aunque no sea ese su propósito o interés, serían otro muerto más que solo lograría desenfocar a las víctimas de impericia medica de acudir al único foro que ha mostrado algún grado de efectividad en Puerto Rico. Lo desviarían de la avenida que eventualmente tienen que recorrer: reclamar ante los tribunales del País por sus daños, tan pronto como puedan hacerlo, en procura de algún grado de retribución para sus daños.

Por otro lado, como implica el galeno, no hay duda de que la práctica de la llamada medicina defensiva representa un problema para un sistema de salud que de por si es deficiente y que económicamente, es endeble. A pesar de lo que pueda creer el distinguido galeno sureño, sin embargo, es conocido que la práctica de la medicina defensiva representa un porciento ínfimo dentro del costo total de un sistema de salud. Habría que determinar también si la medicina defensiva resulta en beneficios o perjudica al paciente. A juzgar por las miles de muertes que son ocasionadas por impericia medica, estoy seguro que unas cuantas de éstas se evitarían con la práctica de medicina defensiva. En el tema de la medicina defensiva lo que debe preocuparnos es determinar si ésta realmente se practica por miedo a las demandas frívolas o si la medicina defensiva que resulta perjudicial al paciente, constituye un problema. Que sepamos, no hay estudios, ni aquí ni en EEUU que indiquen cuantos son los médicos que practican medicina defensiva, perjudicial al paciente, por miedo a las demandas frívolas.

La práctica de algunos de la medicina defensiva no puede ser justificación válida para quitarles derechos a los pacientes que reclamen sus daños. El miedo de los médicos a las demandas y la percepción que tienen sobre el verdadero riesgo a ser demandados, debe ser confrontado con hechos al desnudo y objetivos, usando las mismas estadísticas que, acepta el Dr. Frontera, evidencian que realmente no existe un problema de impericia medica.

No tengo duda de que existe un problema de percepción, mayormente entre los médicos, sobre el riesgo que tienen a las demandas de impericia médica y la negligencia hospitalaria, que nace de la ignorancia de mucha gente que opina sobre el tema. Sin embargo, si el proponente de la “idea” de las juntas entiende que existe un problema, como presidente de una de las universidades que enseñan medicina en el País, debe enfocarlo correctamente; esto es, proponiendo ideas para lidiar con el médico negligente, quien lo origina, y no con su víctima. Si están dispuesto a lidiar con la impericia médica, el Dr. Frontera y su escuela de medicina debe comenzar con auspiciar y sobre todo, propiciar una mejor actitud entre los estudiantes de medicina para que un mayor número de médicos sirva en el futuro cercano de peritos a favor de las victimas de impericia medica y no solo de peritos para favorecer a sus colegas. Esa sería una buena idea.

Como están las cosas, creo que los médicos deben dejar a los pacientes velar por sus propios intereses luego de sufrir una impericia médica; seguramente lo hacen mejor que ellos.

Cláusula de selección de foro ... el HARAKIRI del paciente

2009-08-02T10:39:00.000-07:00

El abogado que defiende los derechos de las víctimas de impericia médica y de negligencia hospitalaria en Puerto Rico debe manejar eficientemente muchos conceptos tradicionalmente exclusivos de los médicos. No es fácil la defensa de una víctima de impericia, particularmente en nuestro País, con el Colegio y la Asociación de Médicos cabildeando constantemente con los legisladores de Puerta de Tierra, procurando legislación que les favorezca, a la vez que le quita derechos al paciente reconocidos a través de tiempo inmemorial. En la misma onda, los tribunales de primera instancia deben aplicar en este tema normas y conceptos jurisprudenciales desarrollados a lo largo de los años por nuestro Tribunal Supremo. La presunción de corrección en el tratamiento médico, la doctrina de consentimiento informado, error de juicio y otras doctrinas por el estilo, son algunas que conforman el "desarrollo" o evolución, y que dificultan aún más la litigación de impericia médico-hospitalaria, sin contar con el aura - casi mística - que siempre ha rodeado a la profesión médica, desde mucho antes de Ben Casey y el Dr. Kildare. Por nuestra relación política especial con los EEUU, cuando se acude al ámbito judicial federal, los vientos que nos soplan actualmente desde el Primer Circuito de Boston tampoco son muy favorables que digamos para el paciente, como veremos más adelante.

En las hojas de consentimiento el médico o el personal del hospital advierte o, más bien, debe advertir al paciente, por escrito, los riesgos y beneficios del tratamiento en cuestión al cual habrá de someterse. Esto debe ocurrir, naturalmente, después que se lo diga verbalmente. Luego de que, supuestamente, el médico lo apodera con esta información de vital importancia para su salud y bienestar, el paciente lo autoriza a brindarle el tratamiento, estampando su firma al calce del documento como evidencia fehaciente de tal autorización. Este proceso informativo, que debe suponer un intercambio inteligente y honesto de preguntas y respuestas entre ambas partes, es conocido como la obtención por el médico de un consentimiento informado de su paciente.

Si reside fuera del País al momento de presentar su demanda, una persona que alega haber sufrido daños en Puerto Rico puede hacerlo en la corte federal, y ésta asume jurisdicción bajo una ley que así lo permite [1]. Esta autoridad judicial es asumida no solo por la corte de distrito federal que radica aquí, sino también por las cortes de distrito entre estados de la nación norteamericana. A diferencia de los tribunales estatales, al presentar su demanda de daños y perjuicios en el foro federal, el caso se ventila ante jurado, que decide si hay o no negligencia de la parte demandada, determina el vínculo causal de ésta y los daños sufridos y finalmente, asigna la cuantía de compensación a favor de la parte demandante.

Mediante la inserción de una cláusula de selección de foro, las partes en un contrato, generalmente relacionados a temas corporativos o industriales, acuerdan someterse a la jurisdicción, bien sea de arbitraje, mediación o de algún foro judicial que, de ordinario no tendría jurisdicción exclusiva sobre la cuestión a dilucidarse. Validando ese tipo de cláusulas como algo legítimo en la contratación entre las partes y haciendo referencia a varias decisiones del Tribunal Supremo federal, la Juez Naveira en Unisys v. Ramallo Brothers[2], dijo que se ha establecido una fuerte presunción a favor de la validez de las cláusulas contractuales de selección de foro. Sigue diciendo que se ha señalado que el hacer valer una cláusula de selección de foro protege los intereses legítimos de las partes, sus expectativas y, sobre todo, fomenta los intereses vitales del sistema de justicia.

Desde hace alrededor de 4 años, un conocido centro hospitalario en nuestro País ha insertado una pequeña cláusula al pie de estas hojas de consentimiento, de las llamadas cláusulas de selección de foro ("forum selection clause"). Mediante esta inserción se incorporó a la industria de la salud, particularmente con relación a los casos de impericia médico-hospitalaria, este tipo de cláusulas, hasta ahora, ajena a este tema. La cláusula incorporada en las hojas de consentimiento informado que le dan a los pacientes para su firma, literalmente dispone lo siguiente: “En la eventualidad de que ya fuere por acción u omisión, considere que se me han causado daños físicos, emocionales o económicos, expresamente acuerdo someterme a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para cualquier posible reclamación”.

Por razón de la firma de esta cláusula, el paciente se obliga a presentar cualquier demanda alegando daños por negligencia hospitalaria, en contra de ese hospital, en los tribunales estatales. Así, descarta el paciente implícitamente la posibilidad de hacerlo en la corte federal, aunque tenga el derecho, por ser residente bona fide de algún estado u otro país al momento en que vaya a presentar la demanda.

Temprano en el 2007, don Florentino Rivera, un paciente residente en Estados Unidos, presentó en la corte federal en San Juan una demanda de impericia médico-hospitalaria en contra de dicho hospital y de algunos médicos que le atendieron. En una decisión que desestimó la demanda en contra del hospital, por voz del Honorable Juez José A. Fusté, la corte federal validó dicha cláusula de selección de foro, siendo el caso entonces inmediatamente apelado por los abogados del paciente, quien había firmado la cláusula.

Pendiente la apelación interpuesta en el Circuito de Boston, el 12 de mayo de 2008 la Oficina de la Procuradora del Paciente emitió una enmienda al reglamento[3] relacionado con la ley que contiene los derechos del paciente en Puerto Rico. Mediante esta enmienda se prohibió a los hospitales injertar ese tipo de cláusula como parte de la documentación sobre consentimiento informado que se le da a firmar al paciente. A excepción del referido centro hospitalario, que le buscó la vuelta a dicha prohibición reglamentaria y lo ha continuado haciendo, muchos hospitales del País se abstuvieron de hacerlo, pero aguardaban ansiosos por los resultados de la apelación en el caso que lleva por título Rivera v. Centro Médico del Turabo, Inc., h/n/c HIMA San Pablo Caguas[4].

Argumentos jurídicos, algunos más fuertes que otros, fueron vehementemente esgrimidos por los abogados del paciente apelante y de su esposa Carmen De León Rivera. Todos esos argumentos fueron de una u otra forma convincentemente atacados por los abogados de la institución hospitalaria, aparentemente de forma exitosa, ya que el pasado viernes 31 de julio un panel de jueces del primer circuito de Boston confirmó la desestimación del caso en contra de don Florentino, de su esposa, que ni siquiera firmó el documento[5] y de la sociedad legal de gananciales que ambos componen.

No es necesario conocer sobre ingeniería espacial para saber que un paciente o sus familiares firman lo que sea que le den para firmar, sin leer en su gran mayoría, fijándose solamente en la línea donde tienen que estampar su firma de forma rápida. Eso no está bien, pero casi todo el mundo, irrespectivo de su educación y capacidad intelectual, lo hace, aquí y en todas partes del mundo. Normalmente, nadie está pensando en una posible demanda a la hora de necesitar y de recibir tratamiento médico para cualquier condición de salud que le aqueje.

Desde mi perspectiva como abogado de víctimas de impericia médico-hospitalaria, esta decisión del Primer Circuito de Boston representa otro azote para los derechos de los pacientes y en particular de las víctimas de impericia médico-hospitalaria en Puerto Rico y los puertorriqueños que residen en EEUU. Es posible de que los abogados de don Florentino y su esposa estén pensando ya en solicitar una reconsideración ‘en banc’, o sea, que todos los jueces del primer circuito, no solo un panel, consideren los argumentos nuevamente. Aunque les deseo toda la suerte del mundo - y espero que me equivoque - creo poco probable que, en un tipo de trámite como ese, el tribunal eventualmente revoque al panel de jueces que emitió la decisión, por lo que tendremos que vivir con ésta hasta que otra cosa se disponga.

Sin embargo, la buena noticia es que ningún hospital o médico puede obligar a nadie a firmar un tipo de cláusula de selección de foro como la impugnada en el caso de don Florentino previo a brindarle un tratamiento necesario. Si el paciente firma el documento a sabiendas o, peor aún, sin leerlo, como hacemos muchas veces, y por esos azares de la vida reside fuera del País al momento de presentar la demanda, habrá renunciado al derecho a presentar su demanda en el foro federal. ASI QUE OJO CON LO QUE SE FIRMA EN LOS HOSPITALES.

A este paciente y a sus familiares no les quedará otra opción que olvidarse del derecho federal a juicio por jurado. Tendrá que ventilar su reclamación en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, ante un solo juez. Un foro judicial donde cada magistrado, a pesar de sus buenas intenciones y laboriosidad incuestionable, tiene un inventario promedio ante sí de más de 1000 casos de distintos temas y complejidades. Un foro donde, día a día, el lema de “justicia tardía no es justicia”, cobra verdadera importancia.

[1] 28 U.S.C. §1391(a)
[2] 128 DPR 28 (1991)
[3] Reglamento 7504
[4] 07-2657
[5] Razonando que la acción de la esposa que no firmó la famosa cláusula era una derivada de la acción principal de don Florentino, el tribunal dijo lo siguiente: “We have stated that "claims involving the same operative facts" as a claim for breach of contract that is subject to a forum selection clause should also be litigated in the forum chosen by the parties.”

Padres y niños especiales**

2009-07-30T08:55:00.001-07:00

Por un poco más de dos décadas he sido abogado, litigando en Puerto Rico casos de impericia médica y negligencia hospitalaria. Algunos de estos casos han estado relacionados con niños y niñas que han resultado con perlesía cerebral, luego de un evento alrededor del momento de su nacimiento.

Invariablemente, el denominador común en este tipo de caso cuando llega a mi oficina es un par de padres amorosos, entregados totalmente a este ser humano especial que ha llegado permanentemente a sus vidas. Vienen muchas veces confundidos, en su mayoría aturdidos aún con el diagnóstico que un neurólogo pediátrico les ha tirado encima de momento, como un baño de agua fría. Llegan, además, con la frustración del vívido recuerdo de un posible acto de negligencia cometido por un médico o personal de hospital a quienes en un momento dado les confiaron sus vidas y la de sus hijos por nacer.

Estos padres llegan a mi oficina conociendo de antemano sobre la condición, bien porque se la han explicado o porque han buscado información por su cuenta en libros de medicina o en la internet. Llegan también con la sospecha de que la negativa de muchos de los médicos a darles cara y explicarles lo ocurrido tiene que ver con la comisión de la negligencia de alguno de ellos. "Los médicos se tapan unos a otros" es la frase que con mayor frecuencia escucho en mi oficina.

Ya han experimentado que la perlesía cerebral describe un grupo de condiciones crónicas que afectan el movimiento corporal y la coordinación de los músculos de su hijo o hija, caracterizado por la inhabilidad para controlar la función motora, particularmente el control muscular y la coordinación. A través de su hijito o hijita, han experimentado muchos de los signos de la condición como son la tensión muscular o los espasmos, movimientos corporales involuntarios, disturbios en la manera de caminar y en la movilidad, percepción sensorial anormal, ceguera o algún grado de incapacidad en la visión, en el oído y en el habla y las convulsiones. Con cada signo característico de la condición de sus hijos estos padres sienten como se les cae un pedazo de su corazón.

Aunque ambos padres saben que la perlesía cerebral de su hijo no es una enfermedad, vienen a mi oficina con un alto grado de contagio que me resulta evidente. Llegan ambos contagiados con un amor incondicional hacia esa criatura especial que les dirige, a cambio, una mirada con un brillo especial, que sirve de dínamo emocional y que es capaz de hacerlos mover cielo y tierra para procurar su bienestar y justicia. Ese amor del que he sido testigo con este tipo de caso no deja de conmoverme profundamente e invariablemente, también me contagio.

Una vez he sido contagiado con el amor que estos padres prodigan a sus hijos especiales, es fácil para mí, como abogado, comprender de todo lo que son capaces en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus hijos. Se me hace más fácil entender como están muchas veces dispuestos a abandonar el gran apoyo emocional que les pueden brindar a ellos sus respectivas familias en Puerto Rico para ir en busca de las ayudas necesarias en beneficio de su hijo, que no encuentran o es muy difícil encontrar en nuestro País. Son clientes cooperadores y puntuales en la litigación, ayudándome así en mi búsqueda de una justa compensación para la familia, que les procure suficientes ingresos para sufragar los altos costos de un indispensable cuidado especializado de por vida para sus hijos.

A medida que pasa el tiempo, como su abogado y quizá un poco, como amigo, me hacen partícipe de cada progreso de sus hijos, por pequeño que éste sea. Como hizo una de ellas hace unas horas, me narran sobre las múltiples e indispensables citas médicas, las distintas cirugías a las que son sometidos, sus terapias físicas; en fin, todo lo relacionado a sus hijos. Y me gusta que lo hagan; no solo porque es útil conocerlo para el caso que se puede estar tramitando. Lo hacen con orgullo y emocionados ante la esperanza, que nunca pierden, de que sus hijos vivan una mejor calidad de vida. Aunque no lo hayan asimilado completamente por la juventud que aún poseen, todo lo hacen motivados con la idea de que, en su ausencia, ese hijo o hija pueda llegar con el tiempo, en gran medida, a valerse por sí mismo. Durante todos estos años he aprendido que este tipo de motivación mueve montañas y solo se produce en almas buenas.

En ocasiones me pregunto qué azar de la vida puede explicar que angelitos como estos les toque vivir condiciones tan especiales como la perlesía cerebral, espina bífida, síndrome de Down, de Turner y tantas otras que tocan de cerca a mucha gente. Me pregunto qué razón pudiese haber para que determinados seres humanos les toque vivir estas situaciones tan difíciles y de tanta entrega incondicional con sus hijos.

Aún busco respuestas terrenales y lógicas a muchas interrogantes que quizá solo existen en el terreno de lo espiritual; no lo sé. De lo que estoy seguro es que detrás de cada niño o niña especial existe un padre y una madre especial.

**A mis hijos Mayté y Ego y a mi nieto Joaquín.

Nota: para otros ensayos del autor sobre el tema de la perlesía cerebral y la impericia médica puede visitar: http://impericiamedica.blogspot.com/2008/01/la-perlesa-cerebral-y-la-impericia.html y http://impericiamedica.blogspot.com/2009/01/la-perlesa-cerebral-y-la-impericia.html

Hablar con tapujos o el 'sincericidio'... ese es el dilema

2009-07-20T10:34:00.000-07:00

Luego de que funcionarios importantes del gobierno de México cometieron “sincericidio”, todos los países atacados por la gripe porcina han evadido hacerlo a toda costa. El vecino país azteca, manejando el asunto de la epidemia, pagó caro por hablar claro y tuvo que lidiar con las consecuencias naturales de su sinceridad oficial. No fueron pocos los vacacionistas mexicanos que fueron puestos en cuarentena dondequiera que pisaban tierra, hasta en la China. Fueron muchas las líneas aéreas internacionales que cancelaron vuelos a ese país y líneas de cruceros con destino a México que cambiaron de rumbo hacia otros países aún no afectados por la pandemia de origen porcino. Todo ello redundó en una obvia disminución en su ya frágil economía nacional.

El gobierno de Puerto Rico no ha sido la excepción en la evasión de su deber de informar. Más temprano que tarde tendremos también que pagar el precio. Esperemos que el costo no sea tan alto como el que tuvo que pagar México.

Luego de que el doctor Rivera Dueño hiciera una campañita de medios publicitarios, más o menos efectiva, sobre cómo evitar el contagio con la fiebre porcina y qué hacer en caso de sospecha, el gobierno sorpresivamente hizo mutis por un tiempo irrazonablemente prolongado. El Secretario de Salud doctor Rivera Dueño se convirtió nuevamente en Ex y regresó a sus funciones como Director Médico de HIMA-San Pablo de Caguas que dejó al haber acudido al llamado indelegable del gobernador. Luego de su partida (¿?) todos los funcionarios gubernamentales concernidos se pusieron una mascarilla virtual y no hablaron más del tema de la epidemia . . . hasta que el eritema se puso caliente, se convirtió en absceso y comenzó a fluir del chichón la espesa realidad del contagio por el AH1N1 que ha provocado ya unas cuantas muertes en nuestro País, al igual que en muchas partes del mundo.

Desafortunadamente, en nuestro querido y politizado archipiélago que muchos consideramos nuestra nación, todo se ve con un prisma partidista. El gobernador Fortuño no nombra un Secretario de Salud que sustituya al que se fue porque la selección obvia y natural del momento sería el doctor Johnny Rullán, Ex Secretario de Salud bajo el PPD y actual epidemiólogo del estado nombrado por el Doctor Rivera Dueño. Paciente de cáncer, el doctor Rullán ha demostrado sus galones en esta crisis mayormente desatada por la desinformación en que se sumió al País luego de la partida del doctor Rivera Dueño como Secretario del Departamento de Salud.

Aún si fuese nombrado, que lo dudo, el dos veces popular doctor Rullán seguramente no pasaría por el cáustico cedazo del Senado. Irremediablemente, el buen doctor Rullán sería, en otras palabras, pasado por la piedra. Consiguientemente, su nombramiento sería un ejercicio fútil del primer ejecutivo que no haría sino sacar al galeno de su enfoque actual, tan necesario para el País.

Cualquiera que sea nombrado actualmente a ese cargo deberá lidiar con el asunto de la gripe porcina y, naturalmente, ocupará un segundo plano, ante los conocimientos de la pandemia que posee y el rol y liderazgo que ha asumido el epidemiólogo doctor Rullán en su manejo gubernamental. Dudo mucho que algún médico que se precie, profesional y personalmente, se aventure a aceptar el cargo en este momento. Así que, ¿por qué embarcarse en un nuevo nombramiento?

La discusión del tema de la gripe porcina ha tocado, sin embargo, aunque de refilón, el de las infecciones adquiridas en los hospitales, las llamadas infecciones nosocomiales. Su discusión incidental, aunque mínima, ha resultado en este momento en una ganancia. Se estima que el 5% de los pacientes hospitalizados adquiere una infección sobre-impuesta a la condición por la cual fue admitido inicialmente, siendo muchas de éstas evitables conque los médicos y enfermeras de laven las manos. Estos eventos intra-hospitalarios afectan anualmente alrededor de dos millones de personas, nada más en Estados Unidos, provocando cientos de miles de muertes alrededor del mundo en pacientes particularmente inmuno-comprometidos. El tema, por tanto, es uno de suma importancia, cuya discusión debe ser continua, haya o no epidemia de dengue, influenza o de gripe porcina.

En una franca colusión, por no decir contubernio, con los directivos de los hospitales del País, el Departamento de Salud ha optado por no rendir cuentas al pueblo sobre la frecuencia e incidencia de estas infecciones nosocomiales. Todavía la legislación que no manda, sino sugiere el deber de los hospitales de informar al Departamento de Salud sobre este tipo de infección es puramente voluntaria. El silencio ha sido siempre la orden del día, pagando los pacientes con su salud y sus vidas.

Mientras se trabaja con las infecciones nosocomiales, sin embargo, es necesario el “sincericidio” oficial en esta crisis de salud, cueste lo que cueste, informando al País las cifras reales y los mecanismos de ataque a nuestro alcance en esta epidemia que nos azota. Dejen al doctor Rullán en el área de la epidemiología que es en la que posee su mayor y más talentoso peritaje. Caminemos todos al unísono para controlar la pandemia y la crisis de salud que atraviesa nuestro País, que ha colocado en segundo plano la económica y, afortunadamente, nos ha dado unas merecidas vacaciones sobre el tema del status político que tanto divide.

Sin embargo, por mucha importancia que se le conceda a la gripe porcina en este momento, no debemos esperar a sufrir una pandemia, para que nuestros gobernantes, directivos de hospitales, médicos responsables, representantes de pacientes y todos los concernidos se pongan a trabajar eficientemente y de forma proactiva en la disminución de las infecciones adquiridas en los hospitales. Distinto a las epidemias, estas infecciones, que muchas veces son consideradas “complicaciones inherentes” en el tratamiento médico, no llegan ocasionalmente a nuestras vidas sino que viven con nosotros a diario y matan a mucha gente.

“Error médico. De hombres, avestruces y asnos”

2009-07-16T09:29:00.000-07:00

Esta mañana cayó en mis manos un ensayo publicado ayer por Mónica Lalanda, una doctora española que trabaja en la sala de emergencias de un hospital de Segovia. Sin desperdicio alguno, esta profesional de la salud dice cosas muy interesantes respecto a la negligencia médico-hospitalaria, que resultan de aplicación, no solo en la madre patria, sino en todas partes. Reproduzco, de forma íntegra, su ensayo que lleva el título que sirve de encabezamiento y cuya lectura recomiendo principalmente a los médicos y directivos de hospitales de nuestro País.

"16 de julio de 2009.- Que dé un paso adelante el médico que nunca haya cometido un error durante su carrera profesional. De los que hayan dado el paso se pueden decir dos cosas, o bien mienten o simplemente no han visto suficientes pacientes. En un estudio de la universidad de Harvard se calcula que en América, el número de muertos por errores médicos equivale a que se estrellen tres jumbo-jets cada dos días y mueran todos sus ocupantes.

Los sanitarios padecemos una enfermedad que nos lleva a cometer errores; se llama condición humana, incurable e inevitable. Errar es humano pero mientras los cocineros cubren sus fallos con salsas y los arquitectos con plantas, los errores médicos se cubren desafortunadamente con tierra. Según James Reason (psicólogo), aunque no se puede cambiar la condición humana, sí se pueden cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos. Ahí quizás yace la gran diferencia entre los distintos modelos sanitarios.

En un mundo ideal un médico debería dormir ocho horas ininterrumpidas, comer sano, no hacer excesos, no sufrir estrés o temor a nada, no apasionarse o tener hobbies, en fin, estar siempre al 100% y trabajar como un autómata. El cansancio, un olvido o un descuido pueden acarrear en cualquier momento consecuencias normalmente menores pero que a veces son fatales. Mientras la raza humana no evolucione (y a la vista del apéndice vermicular, no parece que esto vaya a ir deprisa) los médicos seguiremos cometiendo errores y por esto debe haber un sistema sólido que minimice o impida sus consecuencias. La imprudencia o la negligencia son ya otro tema pero aun así, los pacientes deberían estar protegidos por este mismo sistema. La mitad de los errores médicos en los hospitales son evitables.

Para crear estrategias válidas contra el riesgo de errores, primero hay que identificarlos y sólo a partir de ahí se pueden poner barreras de seguridad para evitarlos. Desafortunadamente, el sistema sanitario español continúa en su mayoría anclado en la era arcaica de la complicidad y el corporativismo. Los errores se cometen pero nadie aprende de ellos, se esconden, se ignoran, se tapan. No se facilita al sanitario un ámbito en el que pueda reconocer su error sin miedo a la represalia, una forma oficial, sencilla y homogénea de canalizar la increíble frustración que conlleva reconocer que has metido la pata, sobre todo si has echado un borrón sobre el primum non nocere. Un sistema justo que evite al profesional ser portada de un periódico antes de aclarar responsabilidades.

Los hospitales españoles están pidiendo a gritos mayor transparencia, un control de calidad profesional y sólido. Hay que luchar contra la cultura de la culpa e introducir la cultura del reporte e intentar convertir los errores en oportunidades de avance y mejoría.

Otro cambio imprescindible es afrontar el error confrontando al paciente. Un paciente víctima de un error merece una explicación y una disculpa. Un estudio del

'Medical Protection Society' sobre este tema confirma que en el 55% de las reclamaciones, eso es lo único que persigue el paciente, frente a un 24% que buscan una compensación económica. El código deontológico inglés incluye como una obligación más el disculparse inmediatamente con el paciente. Parece razonable, de la misma forma que uno espera una disculpa en la calle si alguien te pisa un callo o si te venden un producto equivocado en una tienda. El médico no debe estar exento de responder con humanidad.

El fenómeno anglosajón de la reclamación ha llegado a España y las demandas por errores médicos se han cuadriplicado en una década. Afortunadamente, el paciente español ha dejado por fin de tolerar actitudes paternalistas. Ha llegado el momento de aplicar también sistemas anglosajones de seguridad para minimizar errores hospitalarios. Facilitar que se reporten todos los errores, incluso los más pequeños, los que pasan desapercibidos o los que son sólo potenciales, estudiarlos y poner los medios para evitar tragedias mayores.Errar es humano, pero no reconocerlo es de avestruces y no poner los medios para minimizar sus consecuencias de asnos.” HA DICHO.

Siguen los cuentos de camino.. el chupacabras syndrome

2009-06-23T14:38:00.001-07:00

Usando de muleta la anécdota de una sobrinita suya saludable de dos años de edad, que se fracturó el codo jugando el otro día y que no encontró en Mayagüez, Puerto Rico un médico especialista en ortopedia que la atendiera, el economista Nicolás Muñoz, hace malabares en su razonamiento para culminar con varias recomendaciones a la legislatura - que no necesita mucho - con relación al tema de la impericia médica.

En una columna de opinión en el periódico El Nuevo Día http://www.elnuevodia.com/columna/583843/, dicho profesional de la economía alega lo siguiente:

“Muchos médicos, como resultado de estas demandas pierden todos sus bienes debido a que el seguro de impericia médica limita los pagos y responden personalmente por el remanente. El resultado es que los cirujanos y ortopedas están abandonando el País para establecerse en Florida y otros estados donde la situación es menos peligrosa para su práctica profesional. En Puerto Rico ahora hay menos cirujanos ortopedas y un solo hospital para atender los casos. Exceso de demanda y oferta limitada. Como consecuencia, larga espera para casos críticos. El resultado final es un costo económico y social mayor, pues hay que adiestrar nuevos médicos que eventualmente también se irán del País mientras no se atienda el problema.”

Finaliza recomendando lo siguiente en su columna de El Nuevo Día:
“Es necesario legislar para limitar las reclamaciones por impericia médica, para evitar la fuga de médicos, viabilizar mejor cuidado de salud y controlar el costo de las primas de seguros. Es incomprensible que, a modo de ejemplo, un motociclista que conduce a exceso de velocidad, tras sufrir un accidente por su acto irresponsable y recibir fracturas múltiples en brazos y piernas, quiera convertirse en millonario porque sus huesos no sanaron a la perfección tras la operación. La pregunta es, ¿por qué no extender a todos los hospitales públicos y privados la inmunidad que se otorga al Centro Médico de Río Piedras?”

Resulta increíble que un economista que maneja conceptos estadísticos continuamente pretenda que la gente crea que muchos médicos pierden todos sus bienes con las demandas de impericia médica y que los pacientes quieran convertirse en millonarios a costa de los pobre médicos, ayudados, claro, por abogados que estamos dispuestos a demandar simplemente por resultados subóptimos en los tratamientos médicos. Me resulta raro además, en este momento en que se discute legislación sobre el tema, que siga corriendo la bola, y que pretenda hacer creer los cuentos de camino de que la anecdótica fuga de médicos a EEUU es el resultado de las demandas de impericia médica, haciendo abstracción, adrede, de toda otra causa o motivación de esas familias. Me gustaría saber si el distinguido economista le achaca igualmente a las demandas de impericia médica el que se vayan de Puerto Rico también los jubilados, las enfermeras, la mitad de los ingenieros que se gradúan en nuestras escuelas, los bomberos y hasta los policías.

Aquí algunas estadísticas al 31 de diciembre de 2008 que debe el buen economista conocer: (1) el 85% de los asegurados activos de SIMED (sindicato asegurador de la mayor parte de nuestros médicos) paga una prima anual de solo $5,000 ó menos; (2) el 66% de todos los asegurados no ha tenido nunca reclamaciones de impericia médica; (3) el 81% no tiene o sólo tiene una reclamación en su contra; (4) el 5% (628 médicos) de los asegurados tiene 5 reclamaciones ó más y (5) este numerito de médicos viajeros frecuentes a las cortes es responsable del 43% de las pérdidas incurridas en la cartera de SIMED. Estas estadísticas son muy reveladoras y es muy conveniente repasarlas antes de colocar su prestigio profesional en riesgo en unas cuartillas llenas de inexactitudes y al servicio gratuito o no de una clase ya privilegiada.

Nadie debe responsabilizar a las víctimas de impericia que radican sus demandas de la suerte de algunos malos médicos, probablemente de aquellos que no merecen practicar la medicina en nuestro país. Estos médicos y sus viejos y nuevos amigos deben achacar su suerte a su impericia médica, que es lo que realmente origina las demandas en su contra. Son los médicos que ocasionan con su negligencia que un niño viva con perlesía cerebral por el resto de sus días, sin poder jugar y hacer acrobacias como la sobrinita del columnista, tornando, por el contrario, en pesadilla contínua las ilusiones que alguna vez tuvieran sus padres de una vida alegre y feliz. Son ellos los mismos que, con su paupérrimo talento para hacer medicina, tronchan todos los días las vidas de seres humanos.

En cuanto a que muchos médicos pierden sus bienes, la sensibilidad siempre me enternece, pero en este caso ese comentario me suena a lágrimas de cocodrilo. Las víctimas de impericia pierden en manos de médicos negligentes en ocasiones, no solo sus bienes materiales, sino, más importante aún, su salud y a veces su vida. Sin embargo, es pertinente puntualizar que hace unos pocos años, la Oficina del Comisionado de Seguros reveló que la media (estadística que descarta los valores extremos) en las compensaciones en este país en las demandas de impericia médica era de solo $37 mil. El promedio de pago (la suma de todos los pagos dividida entre el número de casos pagados) en SIMED durante los últimos 5 años bajó a $58 mil, de $67 mil que era antes ($53 mil en los últimos 12 meses), mucho menos del límite de $100 mil que ofrece la póliza de SIMED en estos casos y muy por debajo de los $250 mil que ofrece actualmente Triple S de cubierta a algunos de sus médicos asegurados con buena experiencia de asegurabilidad, o sea sin sin experiencia de demandas.

Nadie, y menos los legisladores del país, debe hacerse eco de cuentos de camino que se originan en el nicho puramente económico de un puñado de médicos negligentes que hacen que SIMED, obligado por ley a asegurar a todo el que solicite, incurra en pérdidas debido a su mala experiencia de asegurabilidad. Es una desgracia para el país que a diario surja tanta desinformación, principalmente entre gente educada. Me extraña que alguna gente vive aún o pretenda que otros vivan rehenes del síndrome del chupacabras .

El paciente que resulta víctima de un médico negligente es el eslabón más débil de la cadena y, como tal, no debe cargar con el peso de un sistema de salud mal planificado, deficiente y lento. No se le debe quitar al paciente más derechos de los que ya le han quitado en el pasado con legislación mala y deficiente, producto de legisladores mal intencionados o, por decir lo menos y darle el beneficio de la duda, mal informados.

El efecto canguro y las demandas de impericia médica (kangaroo effect)

2009-05-17T12:49:00.000-07:00

Un estudio realizado en Australia y publicado el 27 de agosto de 2004 http://www3.interscience.wiley.com/journal/118797316/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0, concluyó que las demandas de impericia médica que presentamos los abogados constituyen una amenaza constante para los médicos. Esa amenaza de ser demandados puede ocasionar efectos sicológicos, físicos y hasta cambios en la forma en que algunos practican la medicina. La personalidad obsesiva de algunos médicos los pueden hacer particularmente vulnerables a ver el proceso judicial como un reto a su identidad profesional y personal. El objetivo del estudio era describir el impacto sicológico de las demandas y la litigación en contra de los médicos. No crean que tiene que ver con el impacto que reciben sus víctimas por su negligencia; éste no se discute en el estudio.

La investigación realizada por un grupo de profesionales lidereado por siquiatras australianos al que me refiero[1] reveló que la depresión y el desorden de ajuste entre los médicos demandados fue relativamente común, mientras que el abuso de alcohol y drogas, enfermedades físicas e ideas suicidas fueron informadas con menos frecuencia entre este grupo. La mayoría de los médicos demandados simplemente se dedicaron a practicar la medicina defensiva, sin mayores secuelas en su salud física o emocional.

Lo que le debería resultar interesante y digno de examen para los estudiosos australianos es el caso de quien llamaremos Paquito, médico en un conocido hospital de Puerto Rico. Este peculiar personaje fue originalmente demandado en una causa actualmente pendiente, por lo que me reservo todos los detalles importantes que lo delatarían. Luego de haber sido demandado, se acogió a un proceso de quiebra, por lo que se ha seguido el caso en contra de su asegurador, excluyendo toda posibilidad de ser afectado en su peculio personal, ya que se protegió temporalmente en contra de cualquier sentencia.

En fin, si no fuera porque exhibe su nombre completo y su firma, además del nombre de la que presumo es su esposa, adornaría este ensayo un cheque, sin concepto, que por la suma de 5 centavos envió el otro día a mi oficina a favor de una de las hijas de una dama que murió víctima de su impericia médica contributoria. Por el monto del cheque que me ha enviado, aparte de dejarme saber nuevamente que está pelao' y que tiene un patético sentido de valoración de una vida humana, no puedo en realidad determinar cual ha sido el impacto que ha ocasionado la demanda de impericia médica en su contra. ¿Estará sumido en una depresión emocional? ¿Habrá firmado el cheque bajo los efectos de alcohol o de alguna droga peligrosa? ¿Tendrá ideas suicidas? O ¿se habrá contagiado al recibir la demanda con lo que podríamos denominar “el efecto canguro” o 'kangaroo effect' para los angloparlantes? El contacto físico entre la madre y el bebé prematuro, es el realmente conocido en medicina como efecto canguro. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia con la gripe porcina, infecciones nosocomiales y otras linduras, todo es posible y puede que el buen doctor haya sido víctima o tal vez inventado una mutación del efecto de canguro original.

Creo que el personaje aludido me ha enviado su cheque insolicitado por 5 centavos, en un derroche de un particular sentido de humor que solo algunos (me cuento entre ellos) tenemos el talento para entender y disfrutar como se merece, aunque lo hizo, estoy seguro, sin medir realmente el alcance que su conducta poco ortodoxa podría tener en los familiares de la dama fallecida si se llegasen a enterar. Por lo pronto, le voy a dar el beneficio de la duda al pensar que no quiso ofender a los hijos de su paciente fallecida y que el objeto pretendido de su particular ingenio fui solamente yo, como abogado de ellos. Siendo ello así, tengo que informar al wanabí de humortivador, sin embargo, que pasó por alto que es muy difícil computar y dividir el 33% de los honorarios usuales que cobramos los abogados por este tipo de caso, por lo que, en lo sucesivo, y juzgando el potencial que tiene de otros casos, por su paupérrimo talento para hacer medicina, deberá considerar este pequeño detalle.

Le voy a hacer un favor insolicitado al no revelar su pequeña hazaña a mis clientes. En su lugar, me propongo devolverle el cheque por medio de su asegurador. Estando el Dr. Paquito acogido a una quiebra voluntaria, si lo hago efectivo, me puedo buscar un lío con los federicos y, como están las cosas en este país, esa no es una de las cosas que deseo experimentar. Sin embargo, la humortivadora hazaña no merece solo provocar un momento de esparcimiento y risa de este autor con una mera reseña en un blog que seguramente no visita con la frecuencia que debiera.

He traducido este ensayo al idioma que hablan los australianos y se los he enviado a los siquiatras del estudio. Lo menos que deben hacer esta gente es tomar conocimiento de la forma en que algunos individuos en nuestro país caribeño son impactados por una demanda de impericia médica en su contra. Quien sabe, a lo mejor le llegan sus 15 minutos de fama y con el envío de algunas regalías le mejora la fortuna al doctor Paquito . No contaban los kangureños con la astucia boricua.

[1] Louise Nash (Psychiatrist and Lecturer, Department of Psychological Medicine, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia) , Christopher Tennant (Professor of Psychiatry, University of Sydney, and Head of Department of Psychological Medicine, Royal North Shore Hospital) and Merrilyn Walton (Adjunct Associate Professor of Ethical Practice, Office of Teaching and Learning in Medicine, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia.

Algunas propuestas del gobernador Fortuño sobre la salud pueden resultar nocivas para tu idem

2009-04-30T08:49:00.000-07:00

Dijo el gobernador de Puerto Rico Lcdo. Fortuño anoche en su mensaje al país, que “propiciarán un ambiente profesional de excelencia que desaliente el éxodo de profesionales de la salud”. Por tanto, se parte de la premisa de que este “éxodo” de profesionales de la salud es ocasionado por la inexistencia de un ambiente profesional de excelencia del país. ¿Eso era…? ¿Así de simple?

Finalmente, el gobernador dijo “le haremos justicia a nuestros pacientes y a nuestros profesionales de la salud, presentando legislación dirigida a disuadir la radicación en los tribunales de casos frívolos de impericia médica” ¿De nuevo el refrito de las demandas frívolas?

Vamos por parte y comencemos por el llamado éxodo de profesionales de la salud.

¿Quien ha dicho que el éxodo de profesionales de la salud se debe a la inexistencia de un ambiente profesional de excelencia en el país? Si yo fuera médico, estaría ofendido con esas expresiones, no contento, como parece ser el caso con los pocos médicos que había en el foro legislativo, incluyendo al ex perito médico de demandados Dr. Rivera Dueño.

Según cifras del sindicato de impericia médica que asegura médicos (SIMED), el 85% de los médicos del país nunca ha sido demandado por negligencia y son profesionales de excelencia. Es decir, solo el 15% de estos médicos suelen ser demandados y son causantes de los serios problemas de salud de sus víctimas y del aumento en costos de servicios de salud, por complicaciones que pudieron evitarse. Si por mí fuera, me gustaría que ese 15% de médicos se fuera del país. Ellos son los que carecen de profesionalismo, no los demás. Lo que debe hacer el gobierno es pagarle el pasaje, no intentar retenerlos en nuestro país.

Desconozco qué legislación se inventarán nuestros legisladores o los asesores de nuestro gobernador, pero cruzo los dedos porque preveo y temo nuevos atentados en contra de los pacientes y que, lejos de hacerle justicia a este sector, se produciría lo contrario.

El éxodo de profesionales de la salud se debe a las mismas razones que el éxodo de otros profesionales, como los ingenieros, maestros, policías, abogados, bomberos, en fin, la lista es inagotable. Estos profesionales salen de Puerto Rico en busca de mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Si la encuentran o no es harina de otro costal. Muchos regresan y otros se quedan al otro lado del charco. Eso lo sabe o debe saber nuestro gobernador. Y debe saber que si hace buena su palabra de cesantear a más de 30 mil empleados públicos, aumentará el éxodo que tendría entonces que ver con el tema de la impericia, aunque no sea la médica.

Por último, nuevamente nos zumban en el mensaje con el tema de los casos frívolos de impericia médica. Como la española que no besa por frivolidad, estimo que ningún abogado presenta una demanda por frivolidad. Creo útil aportar unos datos sobre los casos de impericia médica en Puerto Rico, para beneficio de los que usan coloquialmente el término “frivolidad”, el último nuestro gobernador, en el contexto de estas demandas, adscribiéndole este adjetivo a todas las reclamaciones contenidas en estas demandas que no prosperan por una u otra razón.

Debo dejar meridianamente claro, de entrada, que no estoy en favor de que se radiquen casos frívolos de impericia médica en los tribunales del país. A nadie en el sistema conviene esto; ni a médicos ni a pacientes, ni a abogados. Sin embargo, me temo que con el término “frivolidad”, que significa: superficialidad, falta de seriedad (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid), los favorecedores de reformas en el sistema compensatorio del país quieran adscribirlo a todas las demandas que no prosperan por una u otra razón y puedan lacerar derechos de las víctimas de impericia médica, que son realmente el eslabón más débil de la cadena.

Las reglas de procedimiento civil locales y federales imponen al abogado que firma una demanda el deber de haber practicado una investigación diligente respecto a los méritos de la causa de acción que presenta en los tribunales. Si un tribunal, luego de ponderada la evidencia en sus méritos, encuentra que una causa de acción ha sido presentada de forma frívola por una alegada víctima de impericia médica, tiene el mecanismo legal de, no solo imponer honorarios de abogado a la parte que pierde el caso, sino imponer sanciones severas al abogado que la ha radicado, incluyendo el poder de referirlo para una investigación que puede conllevar una sanción disciplinaria ante el Tribunal Supremo.

El gobernador, que es abogado hace más de 20 años, sabe esto y conoce o debiera conocer, además, que el uso indiscriminado y coloquial del término “frívolo”, en el contexto de la impericia médica, hace más daño que bien a los pacientes. Estos mismos pacientes, que son víctimas potenciales de impericia médica y de negligencia hospitalaria y que, de paso, son sus propios constituyentes.

Los que sabemos eso, incluyendo al gobernador, no podemos colocar a los pacientes a merced de gente que desconoce o desea desconocer el significado de los términos y las consecuencias que puede tener legislación guiada por ideas y conceptos jurídicamente erróneos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos o leemos y con la legislación que se intenta pasar.

La quiebra y la Impericia Médica en Puerto Rico

2009-04-17T02:19:00.000-07:00

De un tiempo a esta parte, el número de médicos en Puerto Rico que se está acogiendo a los beneficios de la Ley Federal de Quiebras va en aumento. Huyéndole a las demandas de impericia médica, las peticiones de quiebra se vienen poniendo de moda desde hace unos años, como aparente tabla de salvación, con el único fin de pretender proteger su peculio personal de alguna sentencia potencial que pudiese dictar un tribunal o de un veredicto de jurado en la corte federal. Ello, ayudados por colegas abogados especialistas en la materia que, en la gran mayoría de los casos, creen las representaciones de sus clientes.

En casi una decena de casos que hemos llevado en mi oficina, igual número de mis clientes han tenido que soportar la dura realidad de una paralización que supone la presentación de una quiebra por médicos que hemos demandado. En alguna que otra petición sobre liquidación bajo el Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, el descargo (discharge) de sus deudas que persigue el galeno , se lleva por el medio cualquier demanda de impericia médica tramitada en su contra, pues la reclamación o la deuda que supone una sentencia o veredicto de este tipo de acción no es de las deudas llamadas aseguradas, sino de las comunes, no aseguradas. Es decir, una quiebra de un médico representa para las víctimas de su impericia médica lo que una pelota que viaja a 90 millas por hora puede representar para un bateador de beisbol cuando aterriza en una parte vital de su cuerpo.

La quiebra se ha considerado por muchos médicos como una alternativa muy viable .... hasta que llegó el caso del cirujano plástico Dr. Edgardo Colón Ledeé. Este profesional fue arrestado ayer de madrugada con su hermana abogada, acusándolos de fraude en la radicación en 2003 de su quiebra, entre otras cosas, por alegadamente querer salvarse de 24 demandas en su contra por impericia médica. Esta noticia ha sido publicada extensamente en todos los medios noticiosos del país y algunos internacionales también, lo que, otra vez, nos llena de vergüenza ajena. Bajo el título de "Caen hermanos por fraude", el periódico El Vocero de Puerto Rico ha publicado hoy un artículo de la pluma de Melissa Correa Velázquez reseñando las acusaciones presentadas por la fiscalía federal de la siguiente manera: “El dúo fue acusado por un Gran Jurado el pasado 1ro. de abril de cargos de conspiración para ocultar bienes del galeno al Síndico federal y a los acreedores, transferencias fraudulentas y lavado de dinero.”

Añade el artículo en partes importantes: “Mencionó (la funcionaria federal) que unos meses antes de la radicación de su petición de quiebras, Colón Ledeé transfirió su millonaria residencia, estimada en $1.7 millones, localizada en la exclusiva área de Ocean Park, Málaga 1, a su corporación por sólo $40,000. Informó que antes de la radicación de la quiebra el acusado obtuvo un préstamo a su nombre y depositó los fondos a nombre de su corporación y enlistó el préstamo en los documentos de la quiebra como una deuda más que no podía pagar. El Síndico federal se enteró de la existencia de la corporación Investments Unlimited a través de un acreedor. Entonces Colón Ledeé trató de vender la propiedad de Ocean Park a un tercero para evitar que el Síndico la vendiera para beneficio de sus acreedores. También lavó dinero recibido de la transacción haciendo cheques falsos a terceros, involucrando a familiares y allegados”, apuntó Rodríguez. El galeno se expone a una sentencia estatutaria máxima de hasta 20 años de cárcel y a una multa de $500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavada. Mientras que la letrada a un máximo de cinco años de prisión y a multas de $250,000."

Sin ánimo de lacerar el derecho de estos acusados a la presunción de inocencia, este caso debe ejemplificar y, ciertamente, envía un mensaje simple y muy claro a los galenos del país que se han acogido o estén acariciando la idea de acogerse a una quiebra con el fin de protegerse de las demandas de impericia médica en su contra. Cuidado... !! los federicos los están velando y ellos también juegan a la pelota dura.

¿Impericia médica o legislativa?

2009-03-02T04:47:00.000-08:00

Puede que la impericia médica en Puerto Rico no esté en crisis sino la comprensión del tema por algunos medios, incluyendo ahora el legislativo. Y solo basta recordar lo que, hace un par de siglos sentenciara un escritor irlandés llamado Edmund Burke http://es.wikipedia.org/wiki/Burke: "las malas leyes son la peor clase de tiranía". (Bad laws are the worst sort of tyranny)

El conocimiento convencional, es una idea que debe su “veracidad” a su repetición. Una y otra y otra vez se repite, hasta que acaba por ser una “verdad” aceptada por el sujeto, sin ser pensada. La fuga de médicos hacia EEUU, las demandas frívolas de impericia médica, los altos costos de las primas de seguros, son solo unas cuantas “verdades” que han sido repetidas “ad nauseum” hasta el punto de que algunas personas se lo creen.

Desde el año 2002 el Colegio de Médicos y sus amigos en la legislatura del país han querido cambiar el estado de derecho con relación al tema de la impericia médico-hospitalaria. A pesar de lo mucho que han invertido, dinero y tiempo, han tenido poco éxito.

Ahora quieren modificar el garabato legislativo que llamaron ‘panel de arbitraje’, imponer topes a las compensaciones por daños emocionales y pretender que el perito a ser utilizado por la víctima tenga la m isma especialidad del médico demandado. Veremos en las próximas semanas alguna que otra campaña de relaciones públicas colada gratuitamente en los medios noticiosos del país por el Colegio de Médicos o el presidente de la comisión de salud de la Cámara de representantes hablando con aspecto serio de la necesidad de la legislación.

Esta legislación, sin embargo, representa solo un ataque despiadado en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica a una justa compensación por sus daños y al libre acceso a los tribunales. Repiten, hasta el cansancio, que el número de demandas presentadas, frívolas en su mayoría, según éstos, es el causante del alza en las primas de sus seguros, y más recientemente, del éxodo de los médicos hacia EEUU. Por ende, la causa de todas las penas que ellos y el sistema de salud experimentan en nuestra querida Isla.

A los legisladores nuevos le tengo que dar el beneficio de la duda. No debo entender que haya mala intención tras esta legislación. Por tanto, me veo en la necesidad de repetir, una vez más algunos datos que podrían despejar la nube negra que les empaña momentáneamente su comprensión del tema.

En febrero de 2006, se informó que, luego de un período que comenzó en 2002, el costo de los seguros de impericia se había estabilizado. Esta información desinfló el argumento clásico más importante de todos los que han esgrimido quienes han intentado reformar el sistema de derecho, tanto en EEUU como en Puerto Rico. Como siempre habíamos sostenido, el informe corrobora que el aumento en las primas de estos seguros respondió a un comportamiento cíclico que, de tiempo en tiempo, ha experimentado la industria de seguros desde mediados de la década de los 70’s y que en 2002 fue precipitado por las pérdidas sobrevenidas en esa industria por el ataque a las Torres Gemelas a fines de 2001 y la caída subsiguiente sufrida por el mercado de valores. Un manejo inapropiado de sus reservas contribuyeron al colapso de las ganancias de estas aseguradoras, obligándolas a aumentar las primas que cobraban a sus asegurados para de esa manera amortiguar esas pérdidas.

A través de los años, estudios tras estudios concluyen que han sido las prácticas de inversión en un mercado de valores volátil y la política de precios y manejo de riesgo de las propias compañías aseguradoras, y no las reclamaciones de las víctimas de impericia médico-hospitalaria, las verdaderas responsables de los aumentos de las primas en los pasados cuatro años. Es importante puntualizar también que el número de demandas presentadas en los tribunales en Puerto Rico, unas mil anuales, se ha mantenido también estable por más de una década. Igual resultado se informa en cuanto a las presentadas en EEUU.

Un vistazo al National Practitioner Data Bank, órgano oficial del gobierno federal con una extensa base de datos relevantes al tema, resulta también sumamente revelador. Su más reciente informe, de 2005, dice que la media en las compensaciones en estos casos en EEUU fue de $170 mil. (U.S. DEP’T OF HEALTH & HUMAN SERVS., HEALTH RESOURCES & SERVS. ADMIN., NATIONAL PRACTITIONER DATABANK 2004 ANNUAL REPORT, disponible en www.npdb-hipdb.com/pubs/stats/2004_NPDB_Annual_Report.pdf. Mientras, un informe del Comisionado de Seguros reveló en 2004 que en Puerto Rico la compensación media en estos casos resultó ser de $37 mil. SIMED reporta que solo el 15% de sus asegurados son demandados y que la prima del seguro solo se afecta por los recargos cuando se demanda al médico en más de tres ocasiones.

Altos ejecutivos en la industria de seguro en EEUU han admitido cándidamente que la reforma al sistema nada tiene que ver con las primas de los seguros. En 2005 el portavoz de la Asociación Americana de Seguros, Dennis Kelly dijo al Chicago Tribune que “nosotros nunca prometimos una reducción de los precios de los seguros con la reforma el sistema compensatorio. Mark Silva, Bush’s Tort Reform Efforts to Start at “Judicial Hellhole,” CHICAGO TRIB., 3 de enero de 2005, a la página 9. Por otra parte, Victor Schwartz, ‘general counsel’ de la American Tort Reform Association, admitió que “es muy raro que se radiquen demandas frívolas en contra de los médicos. Estas resultan muy caras para radicar.” Nick Anderson & Edwin Chen, The Race for the White House: Bush Pushes Stance against “Junk Lawsuits,” L.A. TIMES, Oct. 22, 2004, at A20.

Ya no es excusa el aumento en las primas de los seguros para buscar los cambios deseados. ¿Son las demandas de impericia entonces las responsables del llamado éxodo de los médicos boricuas hacia EEUU? Ingenieros, enfermeras y otros profesionales han tomado igual decisión. En la década de los noventa casi medio millón de boricuas emigraron en busca de mejor calidad de vida, incluyendo obviamente médicos. Pero si las demandas de impericia médica influyeron en su decisión, entonces estos buenos profesionales de la salud han cambiado chinas por botellas y se han tragado argumentos equivocados y malintencionados que han encontrado sus mejores aliados en las industrias tabacalera y farmacéutica norteamericana. Si lo que desean es no tener que asegurarse, como en el estado de la Florida, es bueno que estén conscientes que entonces tendrán que pagar sentencias más altas y de su propio peculio.

Los médicos no están siendo victimizados por sus pacientes. Sin embargo, esta vez el legislador da la impresión de querer victimizar a sus constituyentes.

Ante la perlesía cerebral y la impericia médica (Parte II)

2009-01-13T06:56:00.000-08:00

El impacto provocado por el diagnóstico de perlesía cerebral en un hijo solo puede ser apreciado, en toda su extensión y vertientes, por quienes lo han experimentado en carne propia. Los médicos, psicólogos, abogados y demás profesionales que intervenimos, en mayor o menor grado, con padres cuyos hijos han sido diagnosticados con perlesía cerebral alcanzamos a comprender un poco de la situación que trastoca la vida de esa familia, lo que se podría comparar con solo ver la punta de un témpano.

Dependiendo de la extensión del daño cerebral del paciente, un grupo de condiciones crónicas que afectan la coordinación muscular y el movimiento corporal, esto es, la función motora, caracteriza la condición de perlesía cerebral y, muchas veces, se van manifestando lentamente. Por ello, puede transcurrir mucho tiempo en lo que algún facultativo médico atisba, con algún grado de certeza, los componentes necesarios para hacer este diagnóstico con un grado de certeza aceptable, de una manera responsable. Pruebas de laboratorio complejas y exámenes neurológicos, metabólicos y genéticos son necesarios paracticar para diagnosticar la perlesía cerebral. Mientras, el tiempo pasa y los derechos, ya no del paciente solamente, sino los de su familia cercana, corren el riesgo de perderse si no se entabla una reclamación. Sin embargo, ¿Cómo se puede determinar si se está ante un caso de impericia médica o negligencia hospitalaria que ha producido esta condición en un hijo o ser querido?

El sistema de salud público actualmente provee para una organización piramidal. En esta el médico primario, que muchas veces es generalista, tiene que autorizar los distintos referidos, no solo para que el paciente sea visto por médicos espacialistas, sino para efectuar pruebas diagnósticas complejas que den con la verdadera condición médica. Este proceso, por tanto, puede tardar muchos meses desde que se perciben los primeros signos de lo que podría ser una condición incapacitante de por vida, hasta que realmente se diagnostica.

Nadie está pensando en demandar cuando le nace un hijo cianótico, que no llora al estímulo físico; que en términos generales nace deprimido. Lo importante para todos es que el bebé salga del hospital en buen estado de salud. Y que, una vez dado de alta, permanezca en ese mismo estado de salud. Cuando ocurre lo contrario, el mundo se desploma para su familia. Nada es igual y, lo que es peor, nada será igual en la vida.

Naturalmente, una vez se diagnostica la perlesía cerebral en un ser querido, investigar los detalles del evento, saber qué probablemente lo causó pasa a un segundo lugar, especialmente para los familiares. Resulta normal que lo importante en este momento para todos sea lidiar con el futuro de ese niño, en lo que a calidad de vida respecta. Ocupando el origen de la condición un segundo plano, el aspecto legal muchas veces es descuidado, si no olvidado o descartado del todo. No solo porque muchos piensan que lo courrido sea un designio de Dios o porque el médico que posiblemente incurrió en negligencia es considerado casi como el representante de éste en la tierra, sino porque sencillamente, no es lo más importante en ese momento.

Diagnosticada la condición, sin embargo, el impacto que ocasiona no debe empañar la visión de quienes tienen el deber de cuidar por los derechos de ese niño y los suyos propios. En la mayoría de los casos, la habilidad económica de los padres para solventar los gastos y las pérdidas económicas que ese diagnóstico conlleva en un hijo, a corto y a largo plazo, es sencillamente inexistente. El golpe que causa la perlesía cerebral, desde el punto de vista emocional y económico, no debe nunca ser pasado por alto. Un ser humano que, con su negligencia, haya ocasionado la perlesía cerebral de un hijo, debe ser responsabilizado, no ya moralmente, sino legalmente por todas las consecuencias que su impericia haya causado, no solo a la víctima directa, sino a sus familiares. Si los padres del niño con perlesía cerebral, por las razones que sea, miran hacia otro lado y no reclaman sus daños a tiempo, descuidando el derecho de su hijo o hija, lo lamentarán por el resto de sus días. Alguna vez Albert Einsten dijo que "el mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad."

El estado de derecho que regula el acceso de las personas agraviadas a los tribunales para reclamar daños por todo tipo de perjuicios, incluyendo una causa de acción por impericia médica o negligencia hospitalaria, es bastante restrictivo. A diferencia de muchos estados de la unión norteamericana y otros países donde el período es mayor, el Código Civil en Puerto Rico dispone de un término de solo un año para instar una reclamación de daños y perjuicios, a partir de que se tiene conocimiento del daño y de la persona que lo ocasiona. Podríamos disertar extensamente sobre cuando es que ocurre verdaderamente el inicio de este período prescriptivo, al final del cual se extingue todo derecho de la víctima a reclamar por sus daños. Es importante puntualizar, sin embargo, que una vez el derecho muere, no puede ser resucitado.

Debe acudirse, más temprano que tarde, donde un abogado que tramitará una investigación diligente con miras a determinar si hubo o no impericia médica o negligencia hospitalaria en el manejo perinatal o post parto del niño con posible perlesía cerebral. No hay que esperar por el diagnóstico, que, como hemos visto, puede tardar meses. El abogado diligente tiene mecanismos a su alcance para reservar legalmente el derecho a reclamar por los daños hasta cerciorarse responsablemente de que tiene un caso meritorio de impericia médica.

Una vez se extingue la causa de acción de los padres del niño con perlesía cerebral, sus daños emocionales, que implican muchas veces tratamiento psiquiátrico extenso por estados depresivos de los padres y familia íntima de apoyo, la pérdida de ingreso familiar por haber tenido que dejar su empleo para cuidar a su hijo/paciente, el desarraigo casi obligatorio con sus raíces familiares por haberse tenido que mudar fuera de su país porque en el suyo no encuentra las ayudas necesarias, no podrán ser reclamados nunca si no se actúa con la diligencia requerida. En resumen, sin perder de vista el cuidado de la salud del niño, lo fundamental es que tampoco se pierda de vista el derecho a ser retribuído por los daños ocasionados, de parte de quien o quienes lo causaron. Ni su hijo ni usted merecen menos.

Para la Parte I vaya a http://impericiamedica.blogspot.com/2008/01/la-perlesa-cerebral-y-la-impericia.html. Otro ensayo relacionado: http://impericiamedica.blogspot.com/2009/07/padres-y-ninos-especiales.html

Cuando la pericia médica y hospitalaria está en crisis!!

2009-01-07T12:27:00.000-08:00

Un evento de infección de un paciente en un hospital puede implicar la existencia de una negligencia hospitalaria o una impericia médica, no solo en Puerto Rico, sino en cualquier parte del mundo, porque los hospitales no son del todo asépticos, sino todo lo contrario. Sin embargo, una infección nosocomial o adquirida en una institución hospitalaria no debe ser considerada por nadie como algo natural o normal que ocurra o sencillamente como un evento de "mala suerte". Hay veces que se va por lana y uno sale trasquilao', como dice el refrán español y ésto no tiene nada de normal.

La “klebsiella pneumoniae’ es una bacteria hospitalaria oportunista, que actúa sobre una población de pacientes de alto riesgo, como son los viejos y los bebés prematuros. Esta bacteria no le ha parado los pelos de punta a los directivos del Hospital San Lucas de Ponce solamente. Desde finales de noviembre del año que acaba de terminar se ha detectado su presencia letal también en el Complejo Hospitalario de Jaén, al sur de la madre patria, no ya en contra de adultos viejos como en los casos ponceños, sino en neonatos. Ese pequeño microorganismo se ha dado la vueltita por la unidad de cuidado neonatal del hospital materno infantil de dicho complejo de salud y, presumiblemente, ha ocasionado la muerte de al menos dos recién nacidos y tiene tres aislados en la unidad de cuidado intensivo. http://www.ideal.es/jaen/20090107/jaen/salud-sabe-tras-dias-20090107.html

Allá, al igual que acá, se instituyó de inmediato un protocolo de detección y actuación ante la infección nosocomial, poniendo en marcha, principalmente, medidas de higiene entre el personal que trabaja en la institución. Al igual que acá, allá en Jaén se argumentó que no hay relación directa entre las muertes de los dos neonatos y la bacteria. Sin embargo, a diferencia de acá, el fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén, España, abrió una investigación criminal y las cosas tomaron otro giro, marchando a un ritmo distinto al que marcan los tambores en nuestro querido archipiélago. Como parte de su investigación, ordenó que la institución de salud detallara el número de pacientes afectados y las técnicas de asepsia empleadas para mantener la higiene. Según el parte noticioso, el fiscal investiga si hay indicios de la comisión de delito en las actuaciones – y debo añadir, omisiones - del personal hospitalario.

En nuestro país se pueden morir decenas de pacientes en los hospitales con complicaciones por infecciones adquiridas y nuestras autoridades gubernamentales, aparte de pedir que se actualice el manual de lavado de manos del personal hospitalario o enviar un par de cartas amonestatorias, volviendo a enfatizar la importancia de los hábitos de higiene de éstos, poca cosa o nada más hacen. Los gringos vienen, saludan, investigan, hacen un informe, amenazan y todo el mundo comienza a caminar derechito .... , hasta el próximo brote. Por su parte, los hospitales y los médicos sencillamente tratan estos casos como complicaciones de salud, inherentes a los procesos médicos. Por estas llamadas "complicaciones inherentes" los nosocomios y los galenos facturan a los planes médicos y, a excepción de Medicare, que últimamente les viene echando un ojo, éstos pagan sin chistar, como si fuese la cosa más normal y natural del mundo.

Hasta que este asunto de las infecciones nosocomiales sea manejado con la rigurosidad que merece, el problema no va a ceder. Hasta que no encausen criminalmente a un par de dueños de instituciones, empleados y doctores inconscientes que con sus malos hábitos higiénicos promueven estas infecciones, transmitiéndolas de mano en mano, el problema subsistirá. Hasta que los responsables - o mejor dicho, irresponsables - no sientan el rigor de la ley en sus bolsillos y en sus libertades individuales, hasta que los directivos hospitalarios no implanten medidas más rigurosas para asegurar la higiene personal de sus empleados en el manejo de los pacientes y ordenen además, algo tan sencillo como la limpieza frecuente de los conductos de aire acondicionado en esas instituciones, se va a seguir muriendo gente en los hospitales, adquiriendo infecciones que no tenían al ser ingresados, con bacterias con nombres tan raros como la klebsiella. Hacen falta, además, jueces que se ciñan al quantum de prueba aplicable y que no requieran, aunque solo sea mentalmente, prueba más allá de duda razonable de un paciente o familiar afectado, para encontrar responsabilidad hospitalaria en las ocurrencias de infecciones nosocomiales.

El aparente brote infeccioso presumiblemente ocurrido en la ciudad que vio nacer al recordado cantante español Raphael pudo haberse evitado, al igual que el que ocurrió en la ciudad ponceña que vio nacer al otro Rafael. No es geografía... es una simple cuestión de higiene.

Apuesto a que, en lo sucesivo, ambos serán los hospitales más limpios, de aquí y de allá; lástima que unos cuantos pacientes tuvieran que pagar el precio con su salud y su vida.

Balance de un buen año

2008-12-26T07:58:00.000-08:00

Se acerca el fin de año y es época de sacar balance del año que está próximo a concluir, analizando un poco como nuestra vida ha sido de utilidad a otros. En retrospectiva, no me puedo quejar en el aspecto profesional. He litigado este año que termina con el acostumbrado denuedo y tesón en favor de las víctimas de impericia médica, rindiendo este esfuerzo excelentes resultados para mis representados. He litigado en buena lid, sin pisar callos y de manera elegante con mis colegas, como debe litigar un buen abogado en todo el sentido de la palabra y como me enseñó mi viejo.

En cuanto a mi vida personal, tengo una familia amorosa y buenos amigos que me han dado excelentes momentos y felicidad en este año, pero quiero compartir una vivencia única, sin el permiso de todos los protagonistas. Este año me hicieron abuelo por segunda ocasión, aunque también nació Ian, mi nieto postizo, a quien privadamente apodo "W"., en conmemoración de Winston Churchill, tema para otro cuento. El 13 de enero próximo se cumplen tres años del nacimiento de Joaquín Enrique, nacido de mi hija mayor Mayté. Cuando vienen ocasionalmente desde el otro lado del charco, nuestro mundo familiar, desde este lado, se llena de colores y de mucha alegría.

El 6 de noviembre pasado, sin embargo, experimenté lo que pocos padres han vivido: mi hija Melissa parió a José Jaime, un varoncito de 8 libras y 9 onzas y yo estuve allí. Compartir el momento del parto con mi hija, verla parir, como toda una mujer que es, con la pericia de unas manos jóvenes diestras, fue algo tan emocionante que confieso haber tenido que pelear la mayor parte del tiempo con las lágrimas que pretendían interrumpirme la vision de ese milagro de vida.

Ver a ese chiquito luchar para salir del vientre de mi hija; experimentar la tierna mirada que le prodigó a su primogénito al verlo todo magullado y manoseado como consecuencia de su viaje por el estrecho conducto que lo traería a la vida, es algo que solo alguien en similares circunstancias podría comprender a cabalidad. Verla dar a su hijo ese primer beso y arrullarlo entre su pecho, convertido en un instante en regazo materno, no tiene comparación. Recordar el momento cuando mi hija me dijo que estaba contenta de haberme dado el regalo de haber presenciado el nacimiento de su hijo me deja sin palabras.

Ese evento personal de hace poco menos de dos meses y el recuerdo vívido que aún revolotea en mi pensamiento y que hace humedecer mis ojos, canceló todas y cada una de las vivencias profesionales amargas en este año. Borró, como por arte de magia, el mal sabor dejado por algunos jueces que, desde mi punto de vista, fueron injustos en sus apreciaciones. También borró las actuaciones de algunos abogados que, sorpresivamente para mí, se pasaron de la raya en su afán de proteger los intereses de sus clientes o, al menos, salvar cara con éstos, aunque fuese con argumentos frívolos sacados por inadvertencia de la manga o con malicia real.

En este momento en que saco balance del año perdono todas esas cosas, situaciones y personas que, en mayor o menor grado, me hicieron desvelar, intentando comprender sus actuaciones y componer argumentos mentales para atajar posibilidades dañinas a mis casos y clientes. Perdono a aquellos que me malinterpretaron o que hicieron cosas dentro del fragor forense y aquellos que propiciaron situaciones después de un litigio sin necesidad, a sabiendas de que afectarían no solo mi economía familiar, sino peor aún, la de mis representados.

Paso en este momento del año la página para dar paso a una nueva energía que me permita renovar en el 2009 mis esfuerzos en la lucha que he elegido como mi norte profesional. No dejo de estar también agradecido de todas las personas que me honran a diario con la lectura de mis escritos en torno al tema de la impericia médica y de la negligencia hospitalaria.

Renuevo el amor incondicional a mis seres queridos: mis cuatro hijos, mis dos nietos y mis tres nietecitas y nietos postizos, mi familia extendida y, sobretodo, a Joanna, la esposa y compañera que me brinda su amor constante y consistente y que ha puesto orden a mi vida, dínamo alrededor del cual gira todo en la familia. En este momento del año en que se conmemora el nacimiento de Jesús, renuevo también el amor por mis viejos ausentes y me reconforto en la nostalgia de su recuerdo, sabiendo que dondequiera que estén, siempre velan por mí y los míos.

Nosocomia en el nosocomio

2008-09-14T20:06:00.000-07:00

Se ha descubierto lo que aparenta ser un brote de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en el Hospital San Lucas de Ponce, Puerto Rico, que tiende a levantar la interrogante, no solo entre abogados, de si estamos ante una impericia médica o una negligencia hospitalaria. Aunque no niegan la incidencia de infecciones, autoridades del nosocomio sureño han negado que hayan sobrevenido muertes como resultado de tales infecciones bacterianas. Es fácil decirlo porque, que sepamos, no se han producido aún informes de autopsias de los pocos casos en que se han realizado. Debido a esa razón y no a otra, es casi imposible, en este momento, vincular la muerte de algún paciente a una infección nosocomial de la bacteria llamada “Kebsellia neumoniae”, que es la que tiene a todos en esa institución con los pelos de punta. Pueden desde ahora dar por descontado dichos directivos que en las próximas semanas lógicamente se producirán unas cuantas exhumaciones de cadávares para aclarar las "razones médicas" brindadas por esas muertes.

En respuesta a una carta de este autor de poco más de un año, la Dra. Enid J. García Rivera, Directora de la Oficina de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, nos informó que esa agencia carece de informes o estadísticas sobre infecciones nosocomiales de los hospitales de Puerto Rico para los años 2005 y 2006. San Lucas fue uno de los hospitales de los que solicitamos información sobre este problema. Ante la ausencia de estadísticas solicitadas, a pesar de las guías de la comisión conjunta de acreditación de hospitales, JCAHO, por sus siglas en inglés, nos dijo la funcionaria que su oficina se encontraba desarrollando un “sistema de vigilancia de infecciones nosocomiales y bacterias resistentes a antibióticos”, las cuales, sin lugar a duda, ocasionan un alto porcentaje de éstas, según vimos antes.

San Lucas no es el único hospital en donde florecen las infecciones intra-hospitalarias producidas por bacterias. Tampoco es el primero ni será el último. Las bacterias pululan los hospitales, ávidas de encontrar un cuerpo donde residir y desarrollarse, aunque sea temporalmente. Por mandato legal, los hospitales tienen que desarrollar protocolos o manuales, encaminados a evitar la proliferación de bacterias que pueda comprometer a pacientes con sus sistemas inmunológicos ya comprometidos por alguna condición que motiva su hospitalización.

Hace un tiempo se suscitaron unos casos de unos recién nacidos en Bayamón, PR, pero, que sepamos, nada han cloncluido. En la república de Ecuador, hace un par de años murieron 19 niños recién nacidos en el hospital Napoleón Dávila Córdova de Chone. Según autoridades del ministerio de Salud de dicho país, 12 de esas muertes se produjeron como consecuencia de una infección por la proliferación de bacterias a causa del mal estado de los ductos del aire acondicionado en la sala de neonatología de ese centro hospitalario. Sin embargo, allá es otro cantar pues se tramitaron esos casos en la esfera criminal y unos cuantos tuvieron que pagar la negligencia hospitalaria en la cárcel.

Ya habíamos escrito de las infecciones nosocomiales, y, por haberse convertido en un tema con tanta vigencia, creo conveniente re-visitemos algunos apuntes anteriores.

Extrapolando los resultados de un estudio que incluyó varios cientos de hospitales de la nación norteamericana, un artículo publicado en el 2000 en el Journal of American Medical Association (JAMA) se admitió que 80,000 personas mueren anualmente solo en Estados Unidos por infecciones adquiridas dentro de los hospitales. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), un brazo del Departamento de Salud norteamericano, ya había estimado que en 1995 las infecciones nosocomiales costaron $4.5 billones y contribuyeron a más de 88,000 muertes —una muerte cada 6 minutos, por lo que la admisión contenida en JAMA media década después nos luce conservadora y comprensiblemente defensiva.

Otro estudio informó en el 2004 que el 13% de las infecciones resultantes de tratamiento médico en EEUU producen el fallecimiento de los pacientes que las sufren. Tomando ambos datos como ciertos y partiendo de la premisa de que no todos los eventos son informados, se puede concluir que millones de personas en EEUU anualmente adquieren infecciones significativas dentro de los distintos hospitales.

Resulta evidente que estas infecciones adquiridas en los hospitales o infecciones nosocomiales, conllevan un gasto extra en los servicios médico-hospitalarios para el espectro completo de la industria de la salud, informado en 1995 en billones de dólares, porque sencillamente implican mayores cuidados al paciente que prolongan su período de hospitalización y administración de medicamentos. Solo en los casos de influenza adquirida, el gasto extra reportado en un estudio en 2002 ascendía a $3,836 por paciente. Es de imaginar aquellos casos más complicados, como las pulmonías adquiridas que en muchos casos llevan al paciente a la muerte.

Según el CDC, hay tres causas mayores envueltas en las infecciones nosocomiales. La primera es el uso generalizado en los hospitales de sustancias antimicrobianas que a través del tiempo se han desarrollado y evolucionado, haciendo que los bacilos que producen las infecciones sean eventualmente resistentes a éstas. En segundo lugar, no es sorpresa que el CDC también atribuye las infecciones nosocomiales a las prácticas deficientes de higiene entre el personal que maneja y trata a los pacientes cuando pasa de uno a otro. Por último, estas infecciones son atribuibles a la propia inmunodepresión de los pacientes, cuyos sistemas están altamente comprometidos por las dolencias que les aquejan y que los llevan a la institución hospitalaria en busca de tratamiento médico. De acuerdo al CDC, otras causas de infecciones son también anticipables por los hospitales, tales como las que surgen de los procesos de trasplantes de órganos. También lo son las ocasionadas por el polvo y partículas echadas al aire cuando los edificios donde ubican las instalaciones hospitalarias sufren reparaciones necesarias en su infraestructura, demoliciones, construcciones nuevas, etc.

Intubaciones endo-traqueales, implantación de sondas urinarias y naso-gástricas, ventilación mecánica prolongada, procedimientos quirúrgicos y otros, son tan solo unas de tantas instancias y procedimientos que pueden producir infecciones mediante la importación de bacterias, virus, hongos o hasta parásitos al paciente, receptor de los cuidados de salud. Como hemos visto, algo tan simple como que los médicos y el personal de apoyo no se laven adecuadamente las manos entre pacientes también es sinónimo de infección potencial y ocurre con mayor frecuencia de la que debiera ocurrir, infectando pacientes que, en su mayoría, acuden al hospital inmunodeprimidos, lo que ciertamente es caldo de cultivo para microorganismos que pululan en dichas facilidades.

Desde 1847, a través de un descubrimiento hecho por el médico húngaro Ignaz Semmelweis al tratar fiebre puerperal se demostró la importancia de la higiene de las manos para controlar la transmisión de infecciones en los hospitales. Antes, un farmacéutico francés en 1822 había demostrado que lavarse las manos con una solución a base de cloruro de lima o soda podía desinfectar o servir de antiséptico.

El 25 de octubre de 2002 el CDC emitió unas guías o recomendaciones para la higiene de las manos, a ser seguidas en las facilidades de cuidado de salud. De acuerdo a esta agencia y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU, el fiel cumplimiento con los procedimientos establecidos solamente para el lavado de las manos en los hospitales puede prevenir la muerte de alrededor de hasta 20 mil pacientes al año.

No obstante las guías antes referidas, en enero de 2005 la comisión acreditadora de hospitales estableció nuevos estándares que requieren a las facilidades hospitalarias enfocar más intensamente en los procedimientos para el control de infecciones. A partir de esa fecha todos los hospitales, incluyendo los de Puerto Rico, deben demostrar el fiel cumplimiento con las prácticas de lavado de manos establecidas por los centros de control y prevención de enfermedades. Se requiere de estos proveedores de servicios de salud que informen los eventos y sometan un plan de corrección para cada caso de muerte no anticipada o por pérdida mayor o permanente de funciones corporales del paciente asociadas a una infección nosocomial.

Hay cuatro tipos de infecciones asociadas con el 80% de todas las infecciones nosocomiales: infecciones del tracto urinario, usualmente asociadas con la inserción de sondas o catéteres urinarios; infecciones quirúrgicas; infecciones del torrente sanguíneo, usualmente asociadas al uso de aparatos intravasculares y la pulmonía, que está usualmente asociada a los ventiladores mecánicos. Alrededor del 25% de las infecciones adquiridas envuelven a pacientes recluidos en unidades de cuidado intensivo (ICU, por sus siglas en inglés), principalmente porque en momentos de crisis la higiene no está dentro de la más alta prioridad. Es interesante conocer que la mayoría de los pacientes que mueren en ICU fallecen precisamente por infecciones y que el 70% de las infecciones adquiridas en los hospitales son causadas por microorganismos resistentes a uno o más antibióticos, debido en gran parte al uso indiscriminado de antibióticos recetados por los médicos.

No podemos permanecer estacionados en una zona de complacencia ante esta situación que cada vez es más alarmante y evidente, según se ha reconocido. La infección nosocomial o adquirida implica realmente un fracaso de los hospitales y de los proveedores de servicios de salud en general de su deber de velar por el bienestar de sus pacientes. De manera alguna este tipo de infección adquirida debe ser pasado por alto ni debe considerarse por nadie como un evento que naturalmente ocurre en el curso de una hospitalización.

Algo que nos resulta reprochable es que en la casi totalidad de los casos de infecciones nosocomiales, el paciente o sus familiares nunca se enteran de que han adquirido una infección foránea a su condición inicial, que les ha causado una estadía más prolongada en el hospital o hasta la misma muerte. Sencillamente nadie lo informa y, por el contrario, se ha estado encubriendo, lo que denota desconsideración e irrespeto hacia el paciente y sus familiares de parte de los proveedores de servicios de salud; lo que es inaceptable. Esta ausencia de información, a juicio de estudiosos del tema con los que concurro, se debe a una cultura de culpa imperante entre los proveedores de servicios de salud y de miedo a las acciones legales.

Esta llamada cultura de culpa se contrapone a una cultura ideal de seguridad, donde la prioridad y el énfasis se colocan en la prevención del daño al paciente. Ello ocasiona que el personal médico o de apoyo, con muy contadas excepciones, esté siempre renuente a aceptar sus errores y a sugerir ideas para prevenirlos, en perjuicio del propio sistema que depende precísamente del flujo de información de eventos sentinelas dañosos y especialmente, de la seguridad de los pacientes. ¿Algún parecido con el caso de San Lucas?

¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?

2008-07-10T14:31:00.000-07:00

El Colegio de Médicos de Puerto Rico ha sido propulsor continuo, crónico diría cualquiera de sus propios colegas, de medidas legislativas que no hacen sino intentar cercenar derechos a sus pacientes, las víctimas de impericia médica. Con nuevos bríos, en cada sesión legislativa, desde hace unos años, las asociaciones médicas del país cabildean y renuevan sus esfuerzos en la legislatura local, intentando colar proyectos de ley que, entre otras cosas, ponen topes a las compensaciones, piden inmunidades para los médicos, inventan paneles de arbitraje, pretenden la reducción de períodos prescriptivos, en fin, un menú importado de sus colegas norteamericanos y, a veces, de su propia iniciativa criolla. Ello, con el único propósito de proteger sus intereses gremiales ante el aumento en conciencia social experimentado desde hace unos años en nuestro país de sus propios pacientes, cuando no se conforman si alguno de ellos es objeto de negligencia médico-hospitalaria.

Con motivo de la radicación y aprobación de la medida legislativa que impone a los obstetras el deber de informar cada tres meses las razones médicas tras las cesáreas que realizan, los médicos aparentan haber variado de estrategia. En lugar de atacar de frente la medida aprobada por cámara y senado, pendiente solo de la firma del primer ejecutivo del país, han optado por una estrategia que, de primera intención parece sacada de un manual de la más fría de las guerras frías.

Armados de un toque publicitario magistral de manipulación de opinión pública, el Colegio de Médicos de nuestro país comenzó por impulsar una idea, con marcha y todo hasta La Fortaleza, para que se eleve a rango constitucional el derecho a la salud, lo que ello signifique. Presumo que, elevado ese derecho a rango constitucional, abogarán en el futuro por legislación para hacer también delito la impericia médica y con toda probabilidad habrá unas cuantas convicciones de médicos por violar a sus pacientes los derechos constitucionales. A lo mejor algunos van a la cárcel por su impericia médica… quien sabe.

En el día de hoy sale publicada una carta abierta del presidente del Colegio de Médicos, reconociendo como importante las estadísticas que ponen a Puerto Rico en la delantera de los países, con mayor incidencia en las cesáreas. Se han ideado hacer un estudio, alegadamente imparcial, que estudie, valga la redundancia, las susodichas estadísticas. Para ello han invitado a participar a diversos grupos de interés conocidos y líderes en la iniciativa en contra de las cesáreas innecesarias, los que, aparentemente, ven con buenos ojos la idea de los galenos.

¿Será una realidad que de pronto vemos al gremio de los médicos interesados por los derechos de los pacientes?

Si no fuese un espejismo o un plan publicitario para maquillar un poco su maltrecha imagen, creo que lo que debería hacer el colegio médico para probar su buene fe, de entrada, es declarar públicamente que cesarán y desistirán en lo sucesivo de todo intento de cabildeo legislativo para despojar a los pacientes de sus derechos a una justa compensación y al libre acceso a los tribunales. Luego de eso, y esta no es mi idea, aunque la incorporo gustosamente, deben implantar un plan para atender "gratis, "de chachete", "pro bono", a los alrederor de 300 mil puertorriqueños que están en el hoyo negro porque no tienen un plan de salud en nuestro país ni califican para el plan de la reforma gubernamental. "Peso a morisqueta" a que no lo hacen. No sé a ustedes… a mí todo esto, parafraseando a nuestro jíbaro, me huele a peje maruca.

Progreso que atrasa

2008-07-06T17:07:00.000-07:00

En estos días se está ventilando públicamente en Argentina el caso de una joven de 18 años que fue admitida en un hospital hace un par de semanas como consecuencia de un ataque agudo de apendicitis. Bien diagnosticada, la joven fue ingresada en un tiempo prudente a la sala de operaciones de un hospital, que allá denominan "nosocomio", con el fin de extraerle la apéndice. Llamado un anestesiólogo de apellido Romero para hacer lo que presumiblemente sabía hacer, comenzó el desmadre que eventualmente le costó la vida a esta joven.

Un acto de impericia médica en Argentina que provoca la muerte, así como en muchos países de América del Sur y Europa, se trata, como en este caso, en primer lugar, desde el punto de vista penal. Es decir, a un médico que se le imputa negligencia, mala práctica, impericia, o como allí le llaman, “mala praxis”, es detenido por las autoridades y tratado como se trataría a una persona que comete un delito común y corriente. Después de todo, se trata de un ser humano aquél a quien presumiblemente se le provocó la muerte. A pesar de los argumentos médicos que se puedan esgrimir ante un espectro de posibilidades en una sala de operaciones, no hay razonabilidad alguna en la muerte de una persona que entra a un quirófano para extraerle un apéndice y termine muerta.

Este médico Romero, que ya antes había cumplido tres meses de cárcel por otra impericia médica cometida en un hospital de una provincia distinta, estaba haciendo uso de medicamentos para la ansiedad y la depresión. Un examen de sangre efectuado, como parte del proceso criminal luego del evento, evidenció que, además de estos medicamentos, el galeno en cuestión había ingerido bebidas alcohólicas.

Imaginemos, por un momento, que una joven en igualdad de circunstancias muere en Puerto Rico. Aquí no hay leyes que traten este caso como uno penal, por más clara que sea la negligencia; todo es civil. Como están las cosas en nuestro país con el Tribunal Examinador de Médicos, cuyo nuevo nombre aún no me aprendo, lo más que obtendrían los familiares de la joven fallecida, si es que acuden a un abogado en la práctica privada y presentan una demanda por su muerte, sería sencillamente una compensación económica.

Con suerte, si es que el caso llega a juicio, estos familiares le podrán poner mala cara al médico que tronchó la vida de su hija y que les afectó la suya para siempre. Y esto, luego de unos cuantos años de litigación "civil", ante un tribunal "civil", con un juez que maneje un estado de derecho "civil", que parte de una presunción de corrección en las actuaciones médicas. Es decir, que presume que el médico actuó correctamente en su tratamiento a la paciente.

Tengo que confesar que, fuera de Puerto Rico, Buenos Aires es una de mis ciudades favoritas, así que sepan que estoy prejuiciado. Dicho ésto, pienso que es de admirar su sistema penal en lo que respecta a la impericia médico-hospitalaria aunque su sistema compensatorio dista mucho de ser el ideal. A diferencia de Argentina, desafortunadamente, Puerto Rico carece de legislación penal que incida sobre el tema de la impericia médico-hospitalaria. Por tanto, no hay leyes que, como parte de un protocolo investigativo, por ejemplo, pueda someterse al médico negligente a unas pruebas de sangre. Por tanto, no hay forma alguna de saber, con certeza, si el médico alegadamente negligente entró al quirófano "jendío como patilla" o "arrebatao’ con alguna sustancia controlada para tratar a un ser querido y que, en su argot, se lo ha cargado.

¡Qué poco hemos progresado en este lado del mundo en este tema, a diferencia de esos países que algunos se antojan llamar tercermundistas! No es que implantemos en Puerto Rico el Código de Hammurabi ni la ley del taleón, pero, digo yo …, hay ocasiones en que el progreso atrasa, sin duda alguna.

LAS CESAREAS NUESTRAS DE CADA DIA ... ¿la desinformación del consentimiento?

2008-07-03T07:23:00.000-07:00

Como ‘hoja de consentimiento’, se conoce comúnmente al formulario que obra en el récord médico que contiene la firma del paciente o su familiar cercano. En este documento se autoriza al médico o profesional de la salud, para ensayar cualquier procedimiento o tratamiento, presumiblemente en beneficio del paciente. En esta hoja se cristaliza el llamado consentimiento informado.

El consentimiento de un paciente es un elemento indispensable para efectuar un procedimiento quirúrgico, salvo en casos excepcionales como situaciones de emergencia y de perjuicio al estado sicológico de aprehensión del paciente. Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R. 818 (1948); Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963). Esta doctrina impone al médico el deber de informar a su paciente sobre la naturaleza y riesgos del tratamiento propuesto, de manera que el paciente se encuentre en posición de hacer una decisión inteligente e informada. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 828 (1987); H. Brau del Toro y R. Marcial Rojas, La Doctrina del Consentimiento Ilustrado para Tratamiento Médico, 54 Rev. Jur. U.P.R. 113 (1985).

Es deber del médico informar al paciente de los riesgos razonablemente previsibles y probables de la intervención quirúrgica y de los procedimientos a seguir en la misma. La omisión de tal deber constituye un acto torticero e ilegal que hace responsable al médico por los daños causados al paciente si se prueba que la falta de información adecuada fue la causa próxima del daño resultante. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 665 y 666 (1988). El médico que no obtenga el consentimiento informado responde, independientemente de que la operación efectuada haya sido correcta e indicada. Santiago Otero v. Méndez, 94 J.T.S. 38.

Hay varios supuestos tras el llamado consentimiento informado. En términos generales, el concepto de consentimiento informado implica que el paciente se apodere de aquella información médica razonable que concierne y puede afectar, positiva o negativamente su salud. La persona llamada a “apoderar” al paciente de toda información médica pertinente relacionada a su salud es indudablemente el médico o el profesional de la salud que interviene o pretende intervenir con éste, bien en una institución hospitalaria o en su consultorio. Por último, aunque suene raro, el médico debe también informar a su paciente los riesgos de no hacerse tratamiento alguno.

Algo que resulta obvio o, como decimos en Puerto Rico, que se cae de la mata: el médico debe decirle a su paciente la verdad, conforme a la realidad y a todas las circunstancias que su condición de salud acarrea. Es aquí donde el terreno puede tornarse fértil para la litigación, ya que hay médicos que, en aras de que la paciente consienta al tratamiento propuesto, cualquiera que haya sido decidido de antemano por éste, incurren en conducta cuestionable, por decir lo menos. Al hacerlo, violentan la ley y sus propios cánones de ética que le exigen obtener del paciente un verdadero consentimiento informado, previo a instituir el correspondiente tratamiento.

Con motivo de la radicación y aprobación de la medida legislativa que impone a los obstetras el deber de informar cada tres meses las razones médicas tras las cesáreas que realizan, el tema del consentimiento informado debe surgir, como pie forzado, en la discusión pública. Cuando se realiza una cesárea innecesaria inducida por el médico, ocurre, de ordinario, un evento que incide sobre el consentimiento del paciente y que huele a impericia médica.

Esta acción torticera tiene lugar sencillamente porque el médico ha obtenido un consentimiento de la paciente que está viciado con el germen de la mentira. Es decir, la paciente accede al procedimiento quirúrgico que el médico le propone por razones que, en realidad, nada tienen que ver con su salud ni la de su bebé por nacer. En ocasiones, la situación amerita una cesárea para salvar la vida de madre o hijo, o para evitar daños cerebrales por motivo de falta de oxígeno. En estos casos, los médicos que recurren al procedimiento quirúrgico salvan vidas y deben ser considerados héroes. Me refiero a los casos en los que el profesional recurre al engaño, mediante interpretaciones exageradas de trazados de monitor cardiaco fetal, supuesta comodidad de la madre, menos estrés para el bebé que en el parto natural; en fin, razones completamente inventadas, diseñadas por el galeno para obtener el consentimiento necesario.

Siendo ello así todo daño que surja como consecuencia del procedimiento debe ser retribuido conforme a nuestro sistema compensatorio de daños. Desde la mutilación abdominal de la paciente ocasionada por la incisión quirúrgica, cualquier complicación inherente que surja en el procedimiento, el hecho de verse impedida de lactar a su bebé durante las primeras horas o días de vida, interferir inadecuadamente con el sentido de apego tan necesario de madre-bebé y todos los daños emocionales subsiguientes de la madre y su entorno familiar, deben ser resarcidos por el médico que así actúa. No nos llamemos a error, aparte de ser una agresión contra la mujer, una cesárea innecesaria es una impericia médica.

Las cesáreas en Puerto Rico y el P. del S. 2407

2008-06-24T08:31:00.000-07:00

Como hemos dicho antes, la impericia médica en Puerto Rico es un tema apasionante para unos pocos abogados y ejecutivos de seguros, pero que toca a casi la totalidad de los médicos y que interesa a unos cuantos legisladores. En esta ocasión la legislatura del país aprobó una medida, el P del S 2407, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, que intenta atajar el gran problema del alto número de cesáreas no indicadas en Puerto Rico, que nos ha impuesto la cuestionable distinción de nuevos líderes mundiales en ese renglón de la práctica de la medicina.

El proyecto aprobado por ambas cámaras legislativas tiene sus méritos, pero también sus defectos, quizá debido a que la senadora y su equipo de trabajo no contó con el asesoramiento de las personas que verdaderamente saben de ese tema en el país, desde el punto de vista médico. Aparte de plantear el grave problema del alto número de cesáreas no indicadas, el proyecto carece de “dientes”, parafraseando al amigo médico Dr. José Gorrín Peralta, experto en esa área. Sin embargo, creo que este proyecto puede ser un paso en la dirección correcta, aunque temo que, por sus defectos intrínsecos y objeciones múltiples, será vetado por el gobernador.

Esta vez no fue volando bajo el radar; el proyecto es una medida que se aprobó en la legislatura “por descargue”, un método legislativo cuestionable, usado por décadas en nuestro país y que no representa la forma más prudente y juiciosa a la hora de legislar por el bien común. En el argot beisbolero, la aprobación de esta medida por descargue sería calificada como una bola de humo, lanzada a más de 90 millas por hora y que muy pocos bateadores alcanzaron a ver.

Como era de suponer, la medida legislativa cuenta con la no sorpresiva oposición de parte de la clase médica del país. En síntesis, conforme al proyecto, los hospitales y obstetras tendrían que revelar cada cierto tiempo las razones para optar por una cesárea en un parto, caso a caso. El Departamento de Salud guardaría esas estadísticas en una base de datos y las haría disponibles al público en general, quienes alegadamente estarían mejor informados a la hora de decidir qué obstetra utilizar y en qué hospital asilarse para este evento importante en su vida. Presume la medida que esta revelación de información impuesta necesariamente contribuirá a la disminución de las cesáreas, en aquellas ocasiones en que no estén verdaderamente indicadas. "Wishful thinking", como dirían nuestros conciudadanos del norte.

La renuencia de los médicos es fácilmente comprensible. Esta clase no acaba de entender las razones tras su deber ético de rendir cuentas por sus actos, no solo a su paciente y sus familiares sino, en su momento, ante la sociedad. Anteponen su llamado “juicio clínico”, como un escudo, a todas sus decisiones médicas que tienen que ver con el tratamiento de sus pacientes. Esa clase profesional está convencida que con ello tiene la mejor defensa ante cualquier alegación de un paciente que cuestione sus actuaciones.

Sin embargo, en lugar de comenzar a levantar el argumento del "juicio clínico" y diversas justificaciones para el alto número de cesáreas en Puerto Rico, el dato conocido y nuevamente traido a la atención pública debería constituirse en motivo de vergüenza, particularmente para la clase médica del país. Es realmente un bochorno para todos el que Puerto Rico tenga la dudosa distinción de ser el país en donde más cesáreas ocurren proporcionalmente. Los médicos obstetras deberían hacer un acto genuino de introspección para sacudirse esa etiqueta y evitar tales distinciones que no hacen sino sembrar dudas genuinas sobre la capacidad profesional de éstos y las verdaderas razones tras el alto número de cesáreas.

Desde hace mucho tiempo he repetido hasta la saciedad que una cesárea no indicada constituye un acto de impericia médica que ocasiona daños que deben ser retribuidos. Estoy confiado que no seré una voz que clama en el desierto y que, en algún momento, los tribunales respaldarán esta posición. Una cesárea no indicada representa una agresión a la mujer y a su familia. Acarrea no solo el daño físico que representa una cirugía abdominal con todos sus riesgos inherentes y posobles complicaciones, sino también trae consigo daños emocionales a la madre y a su entorno familiar.

A menos que creamos que nuestros obstetras y nuestras mujeres son la gente más cobarde y pusilánime del mundo; los obstetras con el miedo a las demandas y las mujeres a parir como Dios manda, no debe existir una justificación razonable para la alta tasa de cesáreas en el país. Sencillamente no puede ser; ni lo uno, ni lo otro.

VOLANDO BAJO EL RADAR . . . el P. de la C. 4333

2008-05-31T12:48:00.000-07:00

La impericia médica en Puerto Rico es un tema que apasiona a unos pocos abogados y ejecutivos de seguros, pero que toca ciertamente a casi la totalidad de los médicos. Ocasionalmente, los legisladores del país se han dado a la tarea de raspar un poco la superficie del tema, intentando insertar medidas - algunas serias y otras no - para corregir unos alegados problemas que las distintas asociaciones, sociedades y colegios de médicos traen ante su consideración.

El 22 de abril de 2007 se presentó el Proyecto de la Cámara 4333, auspiciado por los representantes Rodríguez Aguiló, Toñito Silva y Ferrer Ríos, presidentes de comisiones los primeros dos y portavoz de la minoría el tercero. Desde entonces, parafraseando a un amigo en la industria del seguro, ha venido “volando bajo el radar”, pues no se le había dado publicidad ni se había discutido públicamente. Esta pieza de legislación pretende enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para alegadamente lidiar con una situación de éxodo de médicos al exterior, escasez de especialistas médicos en el patio, la supuesta presentación de “demandas frívolas” de impericia y los costos de las primas de sus seguros, entre otros. Conteniendo algunas redundancias, por decir lo menos, y conceptos legales confusos, este proyecto revela un dominio fofo del derecho vigente de daños, especialmente con relación al tema que pretenden legislar, quizá por el hecho de que uno solo de los que lo presentara es abogado.

Nuestros legisladores quieren hacer mandatorio el llamado panel de arbitraje para ventilar las reclamaciones en primera instancia. Actualmente el nombramiento de este llamado panel es discrecional y, que sepamos, nunca se ha implantado en los tribunales por los jueces, con mejor juicio que algunos de los que importaron la idea de los norteamericanos hace unos cuantos años. Esta figura, que pretende cernir de antemano las reclamaciones de las víctimas antes de llegar a juicio, es sencillamente un garabato jurídico. Fue sugerido hace unos años de la misma forma y se aguó de la manera que existe luego de acuerdos llegados en una comisión conjunta de la legislatura. El panel de arbitraje, así licuado, fue incorporado a nuestra legislación boricua con el ánimo de complacer a un grupo de obstetras que amenazaban con no atender a sus parturientas si no se legislaba algo de lo que propusieran; y así fue dibujada esta cosa. La mandatoriedad de un panel de arbitraje, según lo quieren legislar nuevamente, es de dudosa constitucionalidad porque representa una delegación indebida del poder judicial de los tribunales. Se lo dijimos en aquel entonces y parece que nuestros muchachos en la asamblea legislativa lo han olvidado.

El proyecto referido cubre una gama de sub-temas dentro del principal de la impericia médica; pretende abarcar mucho, pero creemos que apretará poco, si algo. Con esta pieza regresa por sus fueros el viejo intento de poner un tope a las compensaciones que se le otorga a la víctima de impericia médico-hospitalaria en Puerto Rico; esta vez de $250 mil por daños no económicos, es decir, por sus sufrimientos y angustias mentales. Este tipo de disposición afecta a aquellas víctimas y a sus familiares que han sufrido los mayores daños, probablemente catastróficos. En esa medida, podrían levantarse también controversias constitucionales sobre clasificaciones sospechosas y debido proceso de ley.

El proyecto también distingue aquellos actos de impericia que se categoricen eventualmente por el juez como negligencia crasa, de los que sean calificados como negligencia ordinaria. Aunque podría ser un paso en la dirección correcta, las penalidades que sugiere el proyecto se quedan cortas y son tenues. Por decir un ejemplo, aquellos médicos que incurran en impericia médica estando en estado de embriaguez, no solo deben ser objeto de sanciones administrativas por el TEM; se deben someter a un proceso criminal, que aún no está contemplado en nuestro sistema de justicia, contrario a otros países. Por otro lado, no hace diferencia con relación a la consecuencia lesiva que produzca el acto de impericia médica, lo que, a mi juicio, representa un serio defecto de su faz.

El proyecto también elimina el concepto de solidaridad entre los co-causantes del daño, haciendo la mancomunidad la regla. En este tema debo admitir que cada cual lo mirará desde su prisma. Los médicos tienen un punto de vista y las víctimas tendrán otro. Como abogado de víctimas de impericia médica, suelo favorecer al eslabón más débil de la cadena que es el que sufre el daño y no el que lo causa. Favorecemos la permanencia del concepto de solidaridad, sencillamente porque es lo más justo dentro de un sistema que ya le concede privilegios a la clase médica, a diferencia de otros grupos profesionales, empezando por la conocida presunción de corrección en su manejo y tratamiento del paciente.

Finalmente, la legislatura quiere con este proyecto colocar en rojo nuevamente las finanzas de SIMED, cuando prohíbe la imposición de recargos a los asegurados, a menos que no recaiga sentencia final y firme, bien sea por transacción o por juicio. Creemos que este es un tema supra técnico, que concierne a SIMED y a la Oficina de la Comisionada de Seguros defender. El sistema actual de cobro de estos recargos podría ser catalogado como injusto por algunos. Sin embargo, si tomamos en consideración que solo el 7% de los médicos asegurados con SIMED son “víctimas” de estos recargos económicos y que solo se imponen luego de la tercera demanda en su contra, vemos que no lo es tanto. Menos injusto podría parecernos la imposición de recargos si le añadimos a esto que el 85% de los médicos asegurados por SIMED nunca han sido demandados. Por tanto, sin darle mucho análisis a la mecánica de estos recargos, que parece comprender pocas personas en la industria, nos aventuramos a decir que esta medida tampoco se justifica con estos números.

En fin, este puñado de médicos y sus amigos legisladores han vuelto a la carga, alegadamente en defensa de los pacientes de Puerto Rico, porque aseguran que habrá más médicos dispuestos a quedarse en nuestra isla y no volar la cerca. Presumo que los abogados tenemos también la culpa del éxodo de maestros, bomberos, policías, ingenieros y otros profesionales ajenos a la industria de la salud, que ha proliferado durante los últimos años.

Con esta muestra de sus "buenas intenciones", sigo creyendo que los pacientes se defienden mejor solos. Este proyecto pretende quitar a los pacientes derechos fundamentales, firmemente establecidos en nuestro sistema compensatorio y victimiza nuevamente a aquel que ha sufrido daños como resultado de una impericia médica. Es sencillamente un refrito, jurídicamente defectuoso, probablemente redactado con poco estudio y quizá menos juicio y actualmente sin tiempo para que se consideren todos sus ángulos y vertientes legales en forma responsable. Un proyecto que estos amigos han pretendido volar bajo el radar, sigilosamente y que, en nuestra opinión y la de muchos, se estrellará irremediable y merecidamente.

El rey del truco

2008-05-12T19:51:00.000-07:00

Aunque no hace falta ser abogado de víctimas de impericia médica en Puerto Rico ni experto en el análisis forense de documentos para percatarse de que algún documento incluido en un record o expediente médico ha sido trucado, algo de eso ayuda. Estas alteraciones de documentos – que en muchas ocasiones son hechas de manera burda por el médico - son evidentemente fabricadas con el propósito de protegerse de cualquier alegación futura de negligencia.

El truco es realmente un juego de barajas o naipes. Es de origen árabe (truk o truch), y algunos lingüistas creen que es el origen etimológico de la palabra truco, debido precisamente a los ardides que se emplean en este juego. (http://es.wikipedia.org/wiki/Truco_(juego_de_naipes). Así, la palabra “ardid” es la que incide en una actuación de alteración o falsificación de esta índole, ya que su autor pretende defraudar, mediante engaño, a quien lee el record médico, particularmente a los abogados que representamos a las víctimas de impericia médica.

A través de los años, me he encontrado con unas cuantas alteraciones de records médicos, hechas con el objetivo firme de engañar al lector y proteger al autor de cualquier alegación de impericia. Hace unos cuantos meses, en el ensayo “La impunidad del perjurio”, reseñé, con cierta frustración, detalles de un caso que me había ocurrido en esos días. Enfatizo la palabra frustración porque esa fue la emoción que sentí al ver como la doctora salía del tribunal sin haber sido objeto siquiera de una reprimenda, luego de que fuese evidente su autoría en una alteración de record y patente su testimonio eminentemente perjuro. El asegurador terminó pagando por su negligencia. A pesar de ello, sin embargo, las alteraciones de los records médicos siguen ocurriendo y, aunque seguramente no con la frecuencia que se debiera, se siguen descubriendo.

Me puedo imaginar a un médico solicitando en el departamento de expedientes médicos que le dejen examinar un record de una paciente suya, con la excusa de que ha dejado de firmar algunas notas de progreso, requerimientos de consultas u órdenes médicas.

Todo discurre normal hasta que se sienta en la soledad del pequeño cuarto de examen de records, de frente al record, pero de espaldas a la puerta y a los empleados del departamento de records. Allí, con su conciencia de único testigo, comienza a buscar disimulada pero desesperadamente dentro del expediente el documento, la hoja o porciones del record que tiene ideado alterar. Al encontrar el objeto de su búsqueda, como el que esconde un naipe de la mirada incisiva de un jugador adverso, observa de reojo que nadie le esté mirando y comienza a ejecutar el plan fraguado desde hace unos días.

Una vez ejecutado el ardid, entrega el expediente alterado y sale satisfecho, con la frente en alto y el pecho inflado, sintiéndose el rey del truco. De camino a su oficina recuerda cada una de las notas que alteró, justificando de alguna manera su engaño, probablemente para sentirse menos culpable. Total, ya nada puede hacerse para revivir a su paciente. El reloj no puede dar marcha atrás y solo queda proteger su peculio, su familia y su reputación de una demanda de impericia médica. Convencido de que hizo lo que tenía que hacer, pasa la página y sigue con su rutina aunque cruzando los dedos para que lo que hizo, que no revelará a nadie, nunca se descubra.

Llega el día temido - el momento de la verdad y las alteraciones y falsificaciones que hace el incauto médico salen a la luz, porque todo a la larga se sabe. Lo que creía era el "crimen" perfecto, ya no lo es tanto y entonces, luego de la negación, vienen las lamentaciones.

Recuerdo y hago un homenaje al Chino González, excelente y reconocido abogado boricua, ya fallecido. El Chino González no se cansaba de poner en el más riguroso plano de observación cada documento que caía en sus manos relativo a algún caso suyo. Según decía, mientras más observaba los documentos, más cosas nuevas notaba de su contenido.

Si algo importante pude de mi corta relación profesional con ese estupendo abogado criminalista puertorriqueño fue aprender a observar los documentos con un rigor que pocos colegas acostumbran. Orificios uniformes en papeles sucesivos que debieron insertarse en fechas distintas, tintas desiguales, presión en la escritura distinta, dos copias del mismo documento cuyo contenido no concuerda, etc. Ha sido un buen consejo que me ha servido como abogado y que comparto con mis lectores como algo verdaderamente valioso. Hay que observar cada documento detenidamente, una y otra vez, y luego hay que volver a observarlo.

Cuando se descubre el fraude, ya el tema principal u obligado del caso no es la negligencia sino el engaño perpetrado por el médico para pretender protegerse de una alegación de negligencia. Lo que pudo ser un caso razonablemente defendible se convierte en una pesadilla para el abogado que defiende al “rey del truco”.

En la mayoría de las ocasiones el médico levanta las manos ante una prueba irrefutable de su engaño y transige su caso. Para aquellas ocasiones en que no lo hace, creo que una sentencia otorgando una compensación se queda corta, no hace verdadera justicia a las víctimas ni resulta en un disuasivo eficaz.

!Quien mucho abarca, poco aprieta!

2008-05-06T15:53:00.000-07:00

Hace tres décadas tuve un profesor en la escuela de derecho que aconsejaba incluir en la demanda de daños y perjuicios todo aquel sospechoso de haber contribuido, de alguna manera, a ocasionar un daño a nuestro cliente. Que luego se saliera, si es que podía…; así decía.

A pesar de ser uno de mis íconos, nunca, a sabiendas, seguí el consejo de mi antiguo profesor. Al menos, no en los casos de impericia médica. Incluir a un médico en una demanda de este tipo implica para él o ella un aumento de prima en su seguro de responsabilidad profesional, pues, siendo actualmente ésta una industria sumamente volátil, las aseguradoras cuantifican el riesgo potencial de pérdida que puede ocasionar determinada demanda, estimando de antemano además, los costos de litigación. Al hacerlo, le cobran a los médicos los ya famosos “recargos” que solo ellos y la Oficina del Comisionado de Seguros, saben la manera como se computan.

Qué muchas demandas se evitarían los médicos con tan solo escribir sus notas en los expedientes de sus pacientes adecuadamente, y de forma legible. No me malinterpreten. Ello no quiere que los abogados incluyamos como demandados a los médicos por el solo hecho de ser pésimos calígrafos. Quiero creer que se demandan siempre bajo la idea fundamentada de que han sido negligentes y que con su negligencia han contribuido a los daños de nuestros clientes. No se demanda a un médico porque escriba como niño de escuela elemental o primaria, aprendiéndolo a hacer en cursivo. Sin embargo, una palabra aquí y otra allá puede marcar la diferencia entre ser o no demandado.

Cada vez con más frecuencia, he encontrado casos - míos y de algún colega - en que, por esa razón, alguno que otro médico ha sido incluido como demandado, porque el perito médico que hemos contratado ha entendido que debe ser incluido, en ocasiones por una mala interpretación de lo que ha escrito, que no siempre es lo que el médico en cuestión ha pretendido. Como he sostenido antes, el abogado de la victima de impericia médico-hospitalaria no quiere encontrarse con una situación de esta naturaleza y menos luego de varios años de litigación intensa que implica incontables horas de trabajo arduo.

He sugerido que, de inmediato, comenzando el período de descubrimiento de prueba, el abogado de una alegada víctima debe requerir una transcripción de las notas a manuscrito de cualquier médico demandado. Usualmente, los demandados no tienen reparo alguno a proveerla, ya que entienden que ello facilita la litigación, no tanto para el abogado contrario que la solicita y por quienes no tienen seguramente admiración o deseo alguno de facilitarles el trabajo, sino para el abogado propio. A pesar de que creo que antes de presentar la demanda el abogado debe contar con el informe pericial que sustente la alegación de negligencia y su vínculo con el daño ocasionado, es importante referir estas transcripciones al perito, para que éste verifique que lo que ha entendido del récord médico fue lo que el autor de la nota pretendió con ésta.

Aquí viene lo difícil, pero necesario. Si un abogado se percata que él, ella o su perito se han equivocado en la interpretación de los records, porque no se ha entendido adecuadamente la letra de los médicos o enfermeras que han escrito en éste, debe confrontarse de inmediato con la verdad. Si la mala interpretación es una sustancial, cuya corrección podría variar las conclusiones sobre la negligencia o falta de ésta con relación a determinado demandado, debe corregirse la situación y sacar al médico del pleito de inmediato, sin dilación alguna. A través de sus abogados, usualmente los médicos demandados acceden a esta petición sin exigir, aunque podrían hacerlo, el pago de costas o de honorarios de abogado. Para un abogado de una víctima, desistir siempre es difícil, pero es lo honesto.

El abogado no necesita dentro de un pleito a un médico que no ha contribuido con los daños de una víctima de impericia médica. Además de complicar el trámite, es injusto para ese médico, que se ha visto obligado a incurrir en unos gastos con relación a su seguro de impericia médica; sin contar con la angustia y ansiedad que un pleito de esta naturaleza en su contra provoca en él y en su familia. Por otro lado, en estos casos, el dicho jíbaro viene como anillo al dedo: "quien mucho abarca, poco aprieta".

Al fragor de la lucha forense

2008-04-30T21:34:00.000-07:00

La litigación en todo campo del derecho – y la impericia médica en Puerto Rico no es la excepción, conlleva, en muchas ocasiones, palabras fuertes o altisonantes, frases equivocadas, dichas por el abogado, todas en el fragor de la lucha forense. Muchas de éstas son verbalizadas espontáneamente y en otras ocasiones, de manera escrita, presumiblemente más pensadas, objeto de mayor deliberación por parte del que las escribe. El proceso adversativo implica precisamente el que adversarios midan sus actuaciones u omisiones pasadas y presentes y sus argumentos para defenderlas con el objetivo en mente de prevalecer en su día ante el juzgador de los hechos, que puede ser un juez o un jurado, con las actuaciones u omisiones pasadas y presentes del adversario.

El abogado litigante no debe perder de perspectiva que no es el dueño de la acción que lleva ante el tribunal; el dueño es siempre su cliente. No debe olvidarse nunca que el abogado que representa al cliente adversario del suyo es sencillamente eso: el instrumento que utiliza el cliente con intereses opuestos al de uno para sostener sus puntos de vistas para presentarlos y representarlo ante el foro judicial de la mejor manera posible, utilizando las reglas, la ley y su mejor talento.

En ocasiones algunos podemos salirnos un poco de la raya, bien sea de forma verbal o epistolar. Cuando se advierte que ello ha ocurrido, se debe rectificar de inmediato y, de proceder una disculpa, comunicarla al abogado de la parte adversa que pudo sentirse agraviado con las palabras, acciones u omisiones en el fragor de la litigación, aunque no lo manifieste expresamente. La disculpa no debe tomarse por nadie como un posible signo de debilidad, sino de fortaleza de carácter. Trasmitida la disculpa debidamente, pasada la página, se vuelve al fragor de la lucha, con la esperanza de que todo quede atrás, midiendo las actuaciones en su justa perspectiva, pero sin confundir la gimnasia con la magnesia.