El gobernador Ricardo Rosselló propone
resucitar una legislación mala, eliminada en el cuatrienio pasado. Quiere extender
a los hospitales privados que implanten salas de trauma, los beneficios de la ley 104, de
pleitos contra el Estado del año de las guácaras. Ello implica el privilegio de que paguen solo $150
mil por los daños de los demandantes acumulados en una demanda, incluyendo los que han reclamado daños catastróficos, que van desde una distocia de hombro en un recién nacido, perlesía cerebral, cuadriplegia, etcétera, hasta la muerte de un paciente. Quiere también nuestro joven gobernador conceder inmunidad a los médicos que causan tales daños.
Viajando por la internet descubrí que
la palabra "privilegio" proviene del latín “privilegium”,
componiéndose de “privus”, del verbo “privare” (privado,
particular), “legio” proveniente de “legalis” (relativo
a la ley) y del sufijo “ium” (io, o relación). Etimológicamente
hablando, el concepto o palabra “privilegio”, significaría entonces algo así como una ley favoreciendo
una persona o un cierto grupo de personas.
Desde el 450 AC se conocen
las Doce Tablas Romanas, cuerpo de leyes variadas que regían las relaciones en
aquella sociedad, entre personas privadas y de éstas con el gobierno. En su
Tabla IX, este cuerpo de leyes recogía el principio de que la ley habría de ser
igual para todos. Con la expresión: “privilegia
ne inrogantur”, es decir, no se legislará leyes dirigidas a personas o
sectores particulares", el principio jurídico proscribía la
legislación de privilegio.
Desde aquellos romanos, que,
dizque, copiaron muchos principios democráticos de los griegos, ha llovido
muchísimo. A partir de entonces, hemos evolucionado en dirección contraria a este caro principio. Privilegios “legales” se aprueban a diario en todas partes del
mundo. El principio, que va de la mano con el deseo de evitar la corrupción, ha
sido tan aguado al punto de que, muchas veces, todos miramos hacia otro lado cuando se aprueban leyes que otorgan privilegios a cierta clase de individuos o empresas
y actividades.
Aquí en Puerto Rico ya ni se cuentan los privilegios legislados.
Importaciones que son eximidas de arbitrios, concesión y validación de escoltas a ex funcionarios públicos, que van desde ex- gobernadores hasta ex superintendestes de la policía, concesión de pensiones de
lujo o las llamadas "cadillacs", pensiones a jueces retirados del Supremo y también a sus viudas, etcétera.
En el vano afán de supuestamente
evitar que los médicos nos sigan abandonando, nuestros gobiernos y nuestros tribunales han sido
bastante generosos, por decir lo menos. Con ese palio protector, no hay duda de que los médicos, desde hace tiempo, se han convertido en
nuestro país en clase privilegiada.
A los médicos les
cobija la “presunción de corrección”, que no protege a ningún otro profesional. Ello significa que, si un paciente los demanda por impericia, el juez, o el jurado federal, debe presumir de antemano que el médico actuó conforme a la mejor
práctica de la medicina. Corresponde entonces al paciente que lo demanda destruir esa
presunción con evidencia en contrario, que en la práctica, se convierte en una exigencia de presentar prueba robusta y convincente, diría yo, que más allá de duda razonable, lo que no ocurre con otro tipo de casos. Este privilegio implica que es improbable que el galeno haya incurrido
en impericia médica que ocasionó daño o la muerte a su paciente. ¿Mano que
cura, no puede herir?
El ex gobernador Luis Fortuño intentó en su cuatrienio privilegiar a los médicos, otorgándole un derecho a hogar seguro sobre su residencia
principal. No el derecho que tenía cualquier hijo de vecino, sino un derecho a hogar seguro, irrespectivo del
valor de su propiedad. Así que si un médico poseía una residencia principal valorada en un millón de dólares, este activo no se podía embargar, así excediera de $15 mil, que representaba el máximo de valor sobre hogar seguro. El descaro que pretendía el gobierno con este privilegio, naturalmente levantó protestas provenientes de todas partes y sectores. Para enderezar el entuerto que habían propuesto, el gobierno de entonces aprobó la ley pero, esta vez, beneficiando a todo dueño de residencia.
Convencidos de que desalentará
el “éxodo” de médicos de Puerto Rico, este gobierno le disminuyó a esta clase las contribuciones sobre ingresos a solo un 4%.
Esta disposición representa reducirles 29% sobre lo que pagaban antes y paga Raymundo y tó’
el mundo que trabaja por cuenta propia, generando ingresos más o menos
similares.
No hay duda de que estos privilegios afectan
al paciente, pero son pagados por todos los contribuyentes de nuestro país. Actualmente, si un médico le causa
daño cerebral a un niño en hospital público, el gobierno paga $150 mil a la
familia. Sin embargo, el gasto millonario para cubrir los cuidados que recibirá
el niño por el resto de su vida lo paga nuestro gobierno, es decir, nosotros.
En este escenario
propuesto por el gobernador Rosselló, hijo, el médico negligente que trabaje en una sala de traumas privada “meterá
la pata” y nosotros pagaremos la cuenta. Quizá deba inventarse la palabra: "privi-legada", porque éste y otros privilegios podrían convertirse en "legado" de privilegios que el joven gobernador quiere dejar a su paso. El paciente no se lo merece,,,, el
contribuyente tampoco.
