IVA, los abogados, MEDICARE y mucho más ¿o mucho menos?

¿IVA o no IVA?

Con toda probabilidad, dentro de poco entrará en el panorama local boricua el “IVA”, es decir un impuesto sobre la venta añadido. El gobierno propone eliminar el IVU del 7% y sustituirlo por un IVA de 16%. Y, para colmo, sin exenciones o las dispensas existentes al presente con el “IVU”, como son los honorarios por servicios profesionales, incluidos los que cobramos los abogados a nuestros clientes.

No solo son las afidávits que se cobran a $25 que aumentarán a $32 con el sellito de SAL, sino también los honorarios contingentes que se cobran en una reclamación de daños y perjuicios y que, de acuerdo a la ley, se establecen en 33% de la compensación otorgada mediante transacción o sentencia o 25% en caso de daños a menores e incapacitados. A ese porciento se le añadiría el IVA de 16%, más los gastos del litigio, que incluyen peritaje, sello de radicación, diligenciamientos de emplazamientos, mensajería, pago de peritos adversos y transcripciones de deposiciones (a los cuales aplicarán también el aterrador 16%). No quiero imaginar el rostro del cliente que llega a las oficinas de los abogados de daños y se entera de los costos potenciales de litigación  que le espera. Y menos a la mía, que llegan con un caso de impericia médica porque algún familiar ha muerto a manos de un médico negligente.

Más importante aún, que levante la mano el abogado de daños que no haya pasado trabajo cuando su cliente es beneficiario de Medicare y se intenta transar un caso. Todos, estoy seguro.

Como es conocido, desde enero de 2012 la ley de Medicare obliga al que paga, causante del daño, personal o vicariamente, o su asegurador, a informar a la agencia federal cualquier transacción extrajudicial, judicial o sentencia. Esto tiene que ver con cualquier reclamación de daños y perjuicios donde haya un beneficiario De Medicare que los ha sufrido a manos de un tercero. En el contexto de una víctima de daños, las aseguradoras vienen obligadas a informar a Medicare incluso de la transacción o de la sentencia que recaiga en su contra. Por cada día que pasa sin que informe a la agencia federal, la ley dispone una penalidad de mil dólares diarios.  Lo establecido no queda ahí. La ley federal impone al abogado que lleva el caso y que representa a la víctima, o sea, a nosotros, el deber de informarle a Medicare sobre la radicación de la reclamación, detallando además fecha del evento dañoso, dirección y número de seguro social del beneficiario y nombres de causantes y sus compañías de seguro.

El resultado neto de esta legislación de los federicos es que el paciente beneficiario o sus familiares sobrevivientes reciben ahora una suma menor a la que antes recibían, porque Medicare puede reclamar y cobrar (y reclama y cobra) lo gastado en el cuidado médico dado al paciente. Ya antes había escrito un post que titulé “Medicare y mucho menos."

El panorama con este impuesto debe alertarnos del peligro que implica para nuestra profesión, no solo porque posiblemente el cliente potencial se abstendrá o se retrasará aún más en acudir a nuestras oficinas en busca de servicios profesionales que necesita sin dilación, exponiéndolo al peligro de la prescripción de sus causas de acción y al drama que significa la pérdida real de sus derechos. Envuelve la negación de acceso a los tribunales a la persona que ha sufrido un daño en un evento de negligencia general o de impericia profesional médico hospitalaria. Peor aún, le niega este acceso al tribunal y a la búsqueda de la justicia al que carece de recursos económicos para satisfacer los costos usuales y frecuentes dentro de cualquier litigio. Y no quiero pensar si se trata de compensaciones por daños a menores o incapacitados que se consignan en corte y de ahí se sacan los honorarios de abogados. ¿Cómo legislarán para este detallito? 

Por último, es sabido que las compensaciones de las víctimas de un daño físico o emocional están exentas del pago de contribución sobre ingresos. O sea, una víctima que recibe una compensación por estos conceptos no paga contribución alguna al gobierno, porque no se trata del recibo de "ingreso" alguno. Tras ese estado de derecho está el principio establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de que los daños compensatorios caen dentro del "ámbito reparador". Con ello se intenta colocar a la víctima del daño en la misma posición que tenía antes de la ocurrencia. Claro está, a pesar de lo dicho por el gobernador, los abogados pagamos contribución sobre ingresos sobre los honorarios contingentes que percibimos cuando el cliente recibe su compensación. Peor aún, el que recobra lucro cesante tendría , además, que pagar contribución sobre ingresos por ese concepto. ¿No significa la imposición del IVA a estas compensaciones un menoscabo de ese reconocido principio reparador en favor de la víctima? Creo que si. 

¿IVA o no IVA? Esa es la cuestión.   Marchas, piquetes, y toda una amalgama de opiniones de gente seria en contra de la imposición del  impuesto en este momento histórico, parece que no detendrán al presente gobierno en su intención de “mejorar la economía”. Creo que, con este impuesto, la probabilidad mayor es que no sea nuestra economía la que mejorará.

Purga en la judicatura

Los que conocemos el sistema judicial del país de primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.

Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos el ombligo del mundo.

Los hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría.  Es un estacazo, no solo a las personas contra quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado parte  o meramente protegido el sistema judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena detrás de la determinación judicial.

Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma, acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados, acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que trabajamos en su entorno.

En cómo se afecta la percepción de la población que sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas.  El resultado natural de todas las alegaciones de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país.  Se agrava la percepción general cuando estos casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así porque el aparente neutro da paso a la conjetura.

Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones oficiales, es realmente inconmensurable.

La investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un juez dentro de su función como tal no es un delito más.  Requiere este tipo de pesquisa algo más que la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.

Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se deben purgar rápidamente son las alegaciones.

EXODO, la Guagua Aérea VIVE

Con la honrosa excepción del doctor Ibarra, el discurso principal de los presidentes del Colegio y de la Asociación de Médicos de Puerto Rico, durante más de una década, ha sido que las demandas de impericia médica y sobre negligencia hospitalaria que los abogados presentamos en los tribunales del país, han sido dínamo o propulsoras de la emigración de estos buenos profesionales a Estados Unidos de América.  Estos buenos doctores han calificado esta emigración profesional de sus pares - y la han exagerado - al punto de llamarla "éxodo", vocablo con raíces antiguas, refiriéndose al  Segundo libro de la biblia, en el que se narra la salida de los hebreos que abandonaron Egipto, de manos del profeta Moisés, en busca de la "Tierra Prometida".

Dándoles el beneficio de la duda, estos dirigentes médicos han argumentado en el pasado, quizá de buena fe, que la mayoría de las demandas que se presentan en los tribunales del país en su contra tienen a los médicos trabajando en los hospitales y oficinas con los pelos de punta y a sus familias temerosas de quedar en la ruina económica y en estado de paupérrima insolvencia.  Sin excepción, y con condescendencia, todos admiten al final que las víctimas de impericia tienen derecho a que sus casos sean ventilados y a ser compensados justamente.

A través de la pasada década, lo que he denominado antes como una falacia o mito, las estadísticas oficiales han derrumbado el argumento médico, evidenciando que la emigración de los médicos hacia el norte, no es distinta al movimiento de los boricuas en general. Habiendo sido condescendiente por muchos años, llegándolo a calificar recientemente como argumento "chatarra", no puedo menos que calificarlo en este momento como una mentira que ha tenido sus consecuencias.

Una de los primeros resultados del argumento falso del éxodo médico, fue la propuesta  de la pasada administración gubernamental de elevar el derecho de hogar seguro de los médicos sobre su residencia, irrespectivo del valor de ésta.  Como esa legislación  representaba un privilegio a una clase, ya privilegiada, se optó eventualmente por otorgar ese derecho a toda la población, y así fue aprobada por el gobernador Fortuño.

Otra de las consecuencias de este argumento mendaz, fue considerar a ciertas instituciones hospitalarias privadas, otorgándole inmunidad a su facultad médica, con los consecuentes topes aplicables a los pleitos contra el Estado.  Es decir, en caso de una reclamación y sentencia del tribunal, $75 mil por víctima de impericia médica, hasta un tope máximo de $150 mil por caso, irrespectivo del daño que la negligencia médica haya ocasionado.  Con un mejor juicio, esta legislación fue revocada por la presente administración, devolviendo la sensatez a la norma jurídica.

El actual presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, como he advertido antes, ha prometido como una de sus prioridades, propulsar una reforma a la legislación de impericia médica.  El buen doctor ha repetido "ad nauseum" el argumento falaz de que el éxodo de los médicos ha sido y es a causa de las susodichas demandas de impericia médica y el "miedo" de los profesionales a esta espada de Damocles sobre sus cabezas.

Tan reciente como ayer, se publicó un informe del "Pew Research Center" (PRC) en el que analizaba los datos del último censo poblacional, con relación a los boricuas de aquí y los que residen al otro lado del charco.  Este informe reveló lo que ya era un secreto a voces:  que más boricuas han emigrado en la pasada década hacia EEUU, que los que emigraron luego de la Segunda Guerra Mundial, esto es, a principios de la década de los años 50, en lo que los más jóvenes llegamos a conocer como la "guagua aérea".  Ello, en búsqueda de mejores condiciones u ofertas laborales o condiciones familiares.  Es un hecho, evidenciado en este informe, que hay 4.9 millones de puertorriqueños esparcidos por EEUU, versus los un poco más de 3 millones que habitamos en esta bendita Isla del mofongo, las alcapurrias y  del chichorreo de fin de semana.  Otro dato importante que se revela por el PRC es que los boricuas que han volao' la verja hacia el estado de Florida, predominantemente y luego hacia el estado de New York, nuestra mayor ciudad, tienen más educación formal que el resto de los hispanos que han emigrado allá.

Con este informe no ha quedado duda alguna de que la emigración de los médicos puertorriqueños no es distinta a la de los demás profesionales que han optado por irse de Puerto Rico.  Sin embargo, este dato incuestionable seguramente no detendrá a los dirigentes médicos ni impedirá el fuerte cabildeo de sus distintas organizaciones en la Asamblea Legislativa y en la Fortaleza, para procurar una legislación más restrictiva a los derechos de las víctimas de impericia médica y de la negligencia hospitalaria en Puerto Rico.  Anclados en la mendacidad del argumento, y que tan reciente como ayer fue una vez más vapuleado, seguirán estos buenos doctores buscando en su favor más privilegios.  Solo una legislatura valiente e informada podrá impedir su avance y detenerlos en seco.  Por el bien de todos los que han sido o serán pacientes en Puerto Rico, espero que la tengamos.

Un argumento ... chatarra

Después de resaltar las razones que, en su opinión, ocasionan el éxodo de médicos fuera de nuestra Isla, el vicepresidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico y posible próximo presidente del Colegio de Médicos, Dr. Víctor Ramos, apuntó en una entrevista que se le hiciera que “[o]tro factor que propicia este éxodo de doctores es el incremento de denuncias (sic) por impericia médica. En gran parte debido, según dijo, a la “proliferación de abogados especializados en la materia que buscan embolsarse grandes cantidades a costa de estos procesos judiciales”.   Fuerte.
Vamos por parte.  El buen doctor Ramos entiende que factores como calidad de vida, criminalidad, ingresos económicos de los médicos por sus servicios y las prácticas cañoneras de las aseguradoras de servicios de salud están obligando a los médicos a irse de Puerto Rico.  Dice que el 8%, o sea, casi mil médicos se nos han ido en los últimos años, buscando nuevos horizontes para ellos y sus familias.  Hasta ahí coincido con esta lumbrera médica.  Como quien no quiere la cosa, añade que los abogados radicamos demandas de impericia médica (en gran parte) por el dinero que buscamos “embolsarnos”. Ahí diferimos.
En Puerto Rico todos somos pacientes potenciales, usuarios de los servicios de salud, aunque sea con poca frecuencia, como yo.  Decir que los médicos eligen esa carrera profesional, en gran parte, por el dinero que buscan "embolsarse", luce igual de ridículo que la aseveración que el distinguido galeno hace con su boca de comer. Hay médicos y hay abogados cuyo único objetivo es el dinero; de eso no hay duda.  Hay médicos malos y hay abogados malos, pero eso no justifica caer en generalidades simplistas y, sobre todo, insultantes.
Esa obsesión, casi enfermiza, que tienen algunos médicos de demonizar a los abogados de las víctimas de impericia médica no es novel, pero ya me parece un chiste de mal gusto.  Lo han hecho otros en  el pasado, desde la misma posición de candidatos a la presidencia del Colegio y algunos presidentes también, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo.  
Algunos siempre han resentido el trabajo de los abogados en estos casos y lo ven como una intervención indebida en la relación médico-paciente.  Los que así sienten se equivocan de plano, pues cuando el paciente o sus familiares llegan a la oficina del abogado, desde hace tiempo que esa relación de confianza con el médico ha terminado. No existe usurpación de clase alguna por el abogado.  Sin embargo, no hay duda de que, a la hora de la verdad, somos los abogados quienes defendemos los intereses de los pacientes o sus familiares ante la negligencia de los médicos.  
Los poquísimos abogados que no hacemos otra cosa en nuestro país, recibimos al final una remuneración por nuestros servicios profesionales, pero solamente si nuestro trabajo produce una compensación para nuestros clientes, es decir, si nuestros servicios resultan exitosos.  Huelga decirlo, pero esta situación contrasta con los médicos, que siempre cobran por sus servicios, aunque no tengan éxito en su tratamiento o, en el peor de los casos, aunque el paciente muera.  Este resentimiento resulta un tanto comprensible porque, cuando han ocasionado daños a sus pacientes o sus familiares, esos intereses se contraponen, naturalmente, con los del médico negligente.
Quizá el galeno dijo lo que dijo para ganar adeptos dentro del corazón del rollo de la profesión médica, especialmente los "frequent flyers" a los tribunales, que ven en cada paciente la posibilidad hiperbólica de su ruina financiera por causa de una demanda de impericia en su contra.  Quizá lo dijo porque no se le ocurrió decir nada más.  En todo caso, lo dicho es parte de un discurso que no está anclado en la realidad, habiendo sido ya abandonado por mucha gente y por otros candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos, en particular, por su actual presidente y candidato a la reelección, Dr. Eduardo Ibarra, quien, en la misma entrevista, dio en el clavo sobre las verdaderas causas del éxodo.
Desconozco las cualidades profesionales y gremiales del candidato entrevistado, aunque dudo de la veracidad de las acusaciones que se hacen respecto a su entrega a las aseguradoras de salud.  Presumiendo que el error de Ramos sea honesto, mi consejo gratis a este buen doctor es que debería analizar mejor las estadísticas del grave éxodo de sus pares y no trivializar el tema.  Debería también descartar de su discurso la demagogia y los insultos gratuitos a la abogacía.  Se me olvidaba: el número de demandas de impericia médico hospitalaria radicadas se ha mantenido estable por muchos años; no hay aumento alguno.   
El buen doctor soslaya datos corroborables y, por eso, se equivoca.  Dándole el beneficio de la duda, quizá de buena fe. Sin embargo, si hay ignorancia en su estructura racional, debe, al menos, asegurarse de no insultar la inteligencia del que lo lee o escucha, incluyéndome.

NOTA 7 de abril de 2014
Leo en la prensa, inter alia, que el doctor Ramos "desbancó" al doctor Ibarra en la segunda vuelta de ayer domingo para la presidencia del Colegio de Médicos de PR.  Enhorabuena para el buen doctor. Favorecemos en principio su idea de que las demandas meritorias tengan una rápida solución.  Continúa con sus estadísticas incorrectas, pero le damos la bienvenida al debate público de su "primera prioridad" para coartar derechos a los pacientes que reclamen por impericia médica.

Infecciones adquiridas

Para el abogado que representa pacientes víctimas de impericia médica en Puerto Rico los hallazgos de un estudio reciente no son sorpresivos.  Según un estudio publicado hace unos días en el Journal de la Asociación Médica de EEUU, las adquiridas en los hospitales, llamadas infecciones nosocomiales, ocasionan un gasto de $9.8 billones de dólares anuales.  Una tercera parte de ese costo tiene que ver con las infecciones que se originen en los sitios quirúrgicos, o sea, en el lugar del cuerpo donde se opera. Siguiéndole cerca está la pulmonía asociada a la intubación y en tercer lugar, la ocasionada por ‘clostridium difficile’, que es la bacteria que se multiplica por el exceso de antibióticos que, en ocasiones, se le da al paciente, mayormente inmuno-comprometido.

De acuerdo a ese estudio, las infecciones nosocomiales son causantes de una gran proporción de daños que se ocasionan en los hospitales a los pacientes y están directamente asociadas a los altos costos del sistema de salud norteamericano.

No hay lugar a dudas que cuando un paciente es hospitalizado, el riesgo de adquirir una infección que nada tiene que ver con la condición que lo lleva al hospital, se multiplica, pero no se puede descartar la existencia de negligencia hospitalaria.  De hecho, Medicare está con el ojo puesto a estos eventos intrahospitalarios porque naturalmente les cuestan mucho dinero. Ello quiere decir que los federicos ya no están dispuestos a pagar los platos rotos, máxime cuando el hospital ha sido negligente en el control de estas infecciones.  Todo esto implica que los abogados consultados por este tipo de evento tiene que evaluar el protocolo de control de infecciones que debe implantar el hospital y las posibilidades de que no se ha cumplido al pie de la letra con éste. Este incumplimiento que ha ocasionado un daño puede dar lugar a una demanda por negligencia hospitalaria.  Ir por lana y salir ‘trasquilao’ es un refrán boricua que en estos casos cobra mucha vigencia.

Nota del 10 de septiembre de 2013
Hoy se publicó una alarmante noticia sobre la muerte de diez pacientes producidas por infección de la bacteria Acinetobacter baumannii en un lapso de tiempo corto en el Hospital Universitario Federico Trillas de Carolina.  Esta bacteria puede ser aislada en material hospitalario, como aparatos de ventilación mecánica, catéteres, líquido de diálisis peritoneal y una amplia variedad de instrumentos hospitalarios.  Puede también formar parte de la flora normal de la piel de los adultos sanos (especialmente las manos) y puede colonizar la cavidad oral, faringe e intestino. 

MEDICARE y mucho ... menos

Cuando en un mismo paciente concurren las características de ser beneficiario de Medicare y haber sido víctima de impericia médica o de negligencia hospitalaria, la ecuación resultante es verdaderamente preocupante para el abogado que lo representa. Preocupante también debe ser para la aseguradora del médico, para este y para el hospital que van a tener que compensar al paciente.

Desde 1980, la ley federal de Medicare faculta a la agencia para solicitar el reembolso por los gastos médicos o de rehabilitación que ha incurrido a favor de un beneficiario. Desde entonces han transcurrido un poco más de tres décadas sin que esa disposición de reembolso haya tenido las garras o, como nos gusta decir a los abogados, los dientes para implantarla debidamente. Eso se acabó y todos nos encontramos, en este momento, sin las ideas o el conocimiento indispensable para lidiar con situaciones emergentes; como una bombilla fundida.

Desde enero de 2012 la ley federal de Medicare obliga al que paga a informar a la agencia cualquier transacción extrajudicial, judicial o sentencia. Esto tiene que ver con cualquier reclamación de daños y perjuicios. Pero, en el contexto de una víctima de impericia médica que transige con SIMED, Triple S, cualquier otra aseguradora, el médico o el hospital u obtiene una sentencia a su favor, estas entidades o personas vienen obligadas a informar de la transacción o sentencia a Medicare. Por cada día que pasa sin que informe a la agencia federal, la ley dispone una penalidad, valga la redundancia, de mil dólares diarios.

Lo establecido no queda ahí. La ley federal impone al abogado que lleva el caso y que representa a la víctima el deber de informarle a Medicare sobre la radicación de la reclamación, detallando además fecha de incidente, dirección y número de seguro social del beneficiario. El resultado neto de toda esta legislación federal es que el paciente beneficiario o sus familiares sobrevivientes, que reclaman sus daños, recibirán menos de lo que antes recibían, porque Medicare puede reclamar y cobrar lo gastado en el cuidado médico dado al paciente.

Por otro lado, las aseguradoras no pagarán la compensación a menos de que se cercioren que los gastos pagados por Medicare hayan sido "tasados" por la agencia y tal vez satisfechos. Nadie estará dispuesto a pagar dos veces. Y como la soga parte siempre por lo más fino, probablemente retendrán los pagos o endosarán el cheque a favor de Medicare, como beneficiario adicional.

¿Cuál es el propósito de los colmillos que le han nacido a la ley de Medicare en estos días? Obviamente, todos los gobiernos del mundo andan tras el billete y los federicos no son una excepción. El que un paciente reciba una compensación en un pleito de impericia médico hospitalaria, pone a todo el mundo a revelar información encaminada a que Medicare recobre lo que haya pagado por la negligencia de un tercero… de donde pueda hacerlo, incluyendo beneficiario (paciente), su abogado y los paganinis que son en los casos de impericia médica, SIMED, Triple S, médicos y hospitales. Es decir, todo el mundo.

¿Qué debemos hacer los abogados que representamos a las víctimas? ¿Qué harán los jueces que conceden gastos médicos en sus sentencias, y las aseguradoras que pagan las reclamaciones? Hay demasiadas interrogantes y poca información disponible hasta ahora. TODOS debemos conocer la ley de Medicare, sus variantes de recobro, sus ramificaciones y, sobre todo, las consecuencias por su incumplimiento.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico está planificando un seminario sobre este tema tan importante y con tan graves consecuencias en nuestro entorno profesional. Los profesionales del derecho debemos acudir en masa cuando se ofrezca. Que la ignorancia sobre el tema sea sustituida por una bombilla que nos alumbre y nos dé conocimiento preciso. Los federicos juegan a la pelota dura y si alguien aún no lo cree, pregúntele a Héctor Martínez, a De Castro Font y, más recientemente, al sol que se apagó en Barceloneta.