Alarmante la impericia médico hospitalaria en la "edad dorada"... ¿mito o realidad?

Por el gran número de consultas que recibo como abogado, he tenido que tomar la decisión de solo aceptar en mi bufete aquellos casos que tengan que ver con el fallecimiento de una víctima por tratamiento médico y aquellos con daños severos permanentes o catastróficos, como pueden ser, a manera de ejemplo, los resultantes de la negligencia médica u hospitalaria que ocurren alrededor del momento del parto y que ocasionan daño cerebral. Por curiosidad, y para tomar esa decisión informada, de un tiempo a esta parte acostumbro examinar mis propias estadísticas, que no necesariamente pretendo reflejen una muestra representativa y válida de todos los abogados en Puerto Rico. De ese examen he descubierto un dato que realmente me resulta alarmante y es que ostento actualmente la representación profesional en un alto número de casos de impericia médica o de negligencia hospitalaria cuyas víctimas directas resultaron ser personas de más de 62 años de edad; aquellos llamados de la tercera edad.

El recuerdo de ese análisis de mis expedientes y el comentario que me hizo en estos días una amiga abogada que actualmente representa hospitales, me hace compartir con mis lectores una historia, que creo, interesante sobre el particular. En estos días llegó a mi despacho un caballero de 72 años de edad, con su esposa, a consultarme sobre un acto de impericia médica alegadamente cometido en su contra. Su caso se relacionaba con la inserción de un marcapasos inadecuado para lidiar con una condición cardiaca específica que estaba experimentando hacía un tiempo.

Don Pablo, nombre ficticio que utilizo para proteger su identidad, lloró al relatarme lo ocurrido en su situación y no cesó de darle gracias y alabar a Dios por estar vivo luego de su odisea de salud que lo llevó a una anasarca, reteniendo mucha agua en su cuerpo. No es que me estuviera raro ni sorprendente el hecho de que el hombre llorara; muchas personas lo hacen al recordar vívidamente los hechos y relatarlos a un extraño, como suele ser un abogado. Sin embargo, me comentó don Pablo también lo que pareció corroborar la impresión que estaba teniendo hace algún tiempo respecto al gran número de casos de alegada impericia médica en contra de víctimas de la llamada edad dorada. “A un paciente joven no le hubieran hecho lo que me hicieron a mí”, exclamó entre sollozos. “Para los médicos y hospitales, los pacientes viejos como yo no valemos nada”, añadió don Pablo. Naturalmente, este comentario era una gran generalización y, por tanto, podría ser un tanto falaz, pero, para él, esa era su realidad y yo lo comprendía.

Largas horas de espera en las oficinas médicas y en los hospitales, aguardando a que llegue el profesional de la salud a atenderlos. Salas de emergencia atestadas de gente, en su mayoría ancianos, son el pan nuestro de cada día en el país. Mucho de esto me relató don Pablo en su caso. Sin embargo, de ser cierto que la calidad del tratamiento médico que se dispense a nuestra población geriátrica es inferior o de baja calidad, si se compara con la que se dirige al resto de la población, resultaría ser un serio problema que debe atenderse de inmediato. Que debido a la atención médica displicente, por decir lo menos, se incurra en un mayor número de casos de impericia médica contra esta población, es algo que no se debería pasar por alto.

Desafortunadamente, no contamos con estadísticas confiables sobre el número de casos que ocurren en las consultas y en los hospitales del país. Un estimado razonable hecho en los Estados Unidos, señala que solo el 8% de las víctimas de impericia médico-hospitalaria reclaman sus derechos ante los tribunales. La Organización Mundial de la Salud reunida en Oporto, Portugal en octubre de 2007, estimó que diez millones de personas anuales son víctimas de impericia médica alrededor del mundo. El número de pacientes geriátricos comprendidos en esa estadística no ha sido revelado, pero me atrevo a asegurar que podría representar un gran número, probablemente más de la mitad de lo que se informó en ese congreso.

Debido a que don Pablo no murió ni sufrió un daño severo permanente, me vi en la obligación, muy a mi pesar, de declinar su representación profesional y referirlo a otro abogado que tiene la capacidad y dispone del tiempo para hacerlo. Sin embargo, sus aseveraciones en la consulta me inquietaron en ese momento y aún resuenan en mi mente como una alarma que alerta sobre una situación seria y grave que podría estar ocurriendo en las consultas médicas y en los hospitales de Puerto Rico. Un escenario que, de ser cierto y poderse corroborar, debe ser objeto de acción afirmativa inmediata y enérgica de parte de las autoridades gubernamentales y profesionales del país, algo en que aparentemente la agencia federal de Medicare está dando unos pininos. No obstante, en el contexto de todo lo que ocurre en nuestro país, el que alegadamente se trate a nuestros viejos de esta manera, es algo que avergüenza y dice mucho.