lunes, 31 de diciembre de 2012

Lo que el Año Viejo se llevó

En el tema de la impericia, el gobierno de Luis Fortuño, que pronto será catalogado como la "pasada administración", le dio a los pacientes en Puerto Rico como a pillo de película.  Nunca antes gobierno alguno trató tan mal a los pacientes en este tema.

El senador Thomas Rivera Schatz y la senador Lorna Soto inicialmente aparentaron proteger a las víctimas de impericia médica, sirviendo de escudo a algunos intentos del primer ejecutivo del país para pasar legislación que afectaba a los pacientes.  Estos senadores pusieron un detente a las intenciones para imponer un tope a la compensación de daños no económicos, cuando Fortuño trató de que fuera $250 mil.  Sin embargo, cuando, de forma unilateral, autoritariamente, el Secretario de Salud, Lorenzo González, hizo un reglamento concediendo inmunidad del Estado a diez hospitales privados y, por ende, a los facultativos médicos que allí trabajan, imponiendo, además, un tope de $75 mil a todos los daños, estos senadores de la entonces mayoría hicieron mutis y miraron hacia otro lado.  Cayeron en la trampa, voluntaria o involuntariamente, de los llamados "centros de trauma".

Fue la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM) que auspició anuncios en la radio pidiendo al gobernador Fortuño que lo dejara sin efecto.  En respuesta, el llamado contralor electoral los censuró burdamente, teniendo que ser demandado en  la corte federal por AVIM que prevaleció a fuerza del malletazo correctamente dado por el Juez Daniel Domínguez.  Aún así, y teniendo la oportunidad única de echar pa'lante en favor de AVIM, Rivera Schatz y Lorna Soto volvieron a hacer buche.  Soto pagó por ello en las elecciones generales. La cuenta de TRS con las víctimas de impericia médica aún está pendiente de cobro y solo la distribución electoral que se hizo bajo su dirección, entre candidatos a senadores por acumulación, lo salvó.

Este año fue difícil para todos los que vivimos en Puerto Rico y, obviamente, también lo fue para las víctimas de impericia médica, con una segunda excepción que salió a la luz pública.  Casi al filo de fin de año, el Procurador de la Salud, antes Procurador del Paciente, impuso una multa de $10 mil al Centro Médico por el caso del niño de Arecibo que no fue trasladado a tiempo del Hospital Cayetano Coll y Toste de esa localidad, debido a una alegada falla en el sistema de comunicaciones.  Esa es la multa máxima que puede imponer dicho funcionario en cualquier investigación que haga, aunque el Centro Médico aparentemente no se cruzará de brazos.

No sé si los padres del menor que, eventualmente murió, están conformes con esa determinación administrativa. No sé si ese fin era el perseguido por ellos.  Aunque felicito al Procurador de la Salud, este caso me deja un sabor agridulce, pues estimo que nuestro sistema para dilucidar controversias sobre impericia médico hospitalaria, en general, se queda corto, desde el punto de vista de justicia para las víctimas.  Casos como ese y otros que he llevado y que conozco por referencia, deben ser tratados, no solo desde el punto de vista administrativo o civil, sino también en el aspecto penal.  No es nuevo, ya antes he favorecido esta postura, que es seguida en muchas naciones de vanguardia y la he discutido desde este foro. 

Veremos lo que nos depara el 2013.   Espero que muchas actitudes, con la llegada de este nuevo gobierno cambien y que el año viejo, como decían antes, se lleve toda la basura, especialmente aquella que se tira en dirección del paciente y del que ha sido víctima de una mano negligente.  Espero que el 2013 traiga mucha salud a nuestra población y que las actitudes cambien. Si no cambian, tendremos que seguir luchando duro para conseguir una justicia plena. Pero ahí estaremos.

miércoles, 26 de diciembre de 2012

El Secretario de Salud: un donqueo de tres

El Secretario de Salud que Alejandro García Padilla, el gobernador electo, nombre, deberá lidiar con la impericia médica, pero teniendo de norte solamente a los pacientes en Puerto Rico, que son el eslabón más débil de la ecuación en el tema de la salud.  El próximo titular del Departamento de Salud no ha sido nombrado aún.  Sin embargo, el que se nombre en su día, no debe buscar soluciones cuando no existan problemas.  El que sea que se nombre, tiene que olvidarse de trastearles los derechos a los pacientes con el fin de favorecer a sus colegas o pensando que soluciona algún problema.  Que no empiece por tragarse el cuento trillado del éxodo de médicos a Estados Unidos y proponga legislación para cercenar derechos a los pacientes en el país.  Que no se trague el cuento de las demandas frívolas y los "altos" costos de los seguros.  Puras pamplinas mediáticas, por decirlo finamente.

El nuevo Secretario del Departamento de Salud debe tener bien claro que nada tiene que ver con las demandas de impericia médica y los abogados el que los médicos se nos vayan a EEUU.  Que no venga a hablar del tema de la impericia médica, desde el punto de vista del médico. Que lo haga, esta vez, desde el punto de vista del paciente, que es al que le toca defender.  A los médicos los defiende y defenderán sus dos gremios: el Colegio de Médicos y Cirujanos de PR y la Asociación Médica de Puerto Rico. A ellos les toca, no al Secretario de Salud. ¿Entiende?

En el pasado, Secretarios de Salud Puerto Rico han sido, naturalmente, médicos. Sin embargo, el hecho de ser médico no califica a la persona para hacerse cargo del Departamento de Salud. Debe tener quizá un bagaje administrativo, que entienda de presupuesto, que sepa de hospitales y que esté dispuesto a implantar la política pública del nuevo gobierno en el tema de la salud.

Por último, y no menos importante, el nuevo Secretario de Salud tiene que saber jugar baloncesto.  Se preguntarán por qué.  Ese talento le ayudará para donquear en el zafacón el reglamento de los centros de trauma. El mismo donde Luis Fortuño Burset y don Lorenzo le concedieron, de manera gansa, la inmunidad del Estado a diez hospitales privados y a los médicos particulares que allí trabajan.  Todos los pacientes lo quieren y se lo agradecerán.  El día que lo haga, y no debe tardar mucho, me lo gozaré y el donqueo, no importa, le contará de tres.

Nota del 27 de diciembre de 2012

La posición tiene al fin cara.  La silla caliente de Salud será ocupada, a partir del 2 de enero de 2013, por el nefrólogo Francisco Joglar Pesquera, nombrado hoy por el gobernador electo. Para los que no hayan escuchado nada sobre el pedigree del galeno, pueden acceder aquí a su curriculum vitae.  Resalta que, hasta el 2005 en que asume la posición de Director Médico de Triple S, el doctor Joglar Pesquera era profesor del Recinto de Ciencias Médicas de nuestro primer centro docente, de donde también fue su decano hasta su renuncia.  De ahí sale a Triple S, donde fue reclutado por AGP y, presumo, por el Dr. Jorge Sánchez, su asesor senior en temas de salud.  Desconozco el salario que obtendrá el doctor Joglar como titular de Salud.  Del contrato que accedí con Triple S, surge que devengaba hasta 2010 un ingreso de casi $300 mil al año.  De lo que estoy seguro es que, para el nombrado, el servicio público conllevará una merma en sus ingresos.  Si deja a su paso una huella positiva, eso estará por verse.  Desafortunadamente, para él, sus actuaciones en cuanto a la industria de planes médicos serán siempre prejuzgadas como si fuera un cabildero de su anterior patrono privado.  Le damos, claro está, el beneficio de la duda, aunque no sabemos si sabe jugar baloncesto y hará pronto el donqueo que pedimos. Comoquiera, le deseamos mucho éxito en su encomienda porque, si lo tiene, será bueno para los pacientes en Puerto Rico y su satisfacción valdrá más que el salario que dejará de percibir.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

José Emilio González

Voy a hacer un pequeño paréntesis en mi tema favorito de la impericia médica y la negligencia hospitalaria en Puerto Rico para hablar de un abogado… de mi pueblo. De entrada, hago la salvedad de que estoy prejuiciado. Durante las pasadas tres décadas nos hemos visto poco, como pocas fueron las ocasiones en que intercambiamos alguna que otra impresión. No obstante a eso, lo he considerado siempre mi amigo y espero que él también me considere como tal.

José Emilio es el mayor de cuatro hermanos del matrimonio de doña Chefin y de don Emiliano, de quien es casi un clon.  Residía, con su familia, en Las Mercedes, una urbanización de clase media en San Lorenzo.  Era el hermano mayor protector de su pequeño hermano Gary y especialmente de sus dos hermanas.

No recuerdo, lo debo haber conocido antes, pero fue cuando teníamos alrededor de 17 ó 18 años que me percaté de que era trompetista. No pasó mucho tiempo de solfeos y prácticas en la escala musical cuando un buen día decidimos, con dos o tres panas, hacer un grupo musical que llamamos “Le Brass 69”, obviamente en alusión específica al año en que lo formamos. Éramos muy jóvenes y, naturalmente, nuestra mente entonces solo se enfocaba en las chicas, particularmente de nuestro entorno, y en la música.  Como creadores del grupo, nos auto-nombramos director y director musical, respectivamente. Luego de un año y pico, ambos nos movimos a otro grupo musical, que luego nombramos Impacto latino.  Ahí compusimos y arreglamos varios temas musicales, llegando eventualmente a tener un repertorio completamente original y ocupando las mismas posiciones de liderato que en el anterior.  Nos divertimos mucho en ese grupo y recorrimos gran parte del país con nuestros guisos.

Al pasar el tiempo, comencé en 1973 a estudiar derecho de noche, a la vez que trabajaba en el Banco de la Vivienda. Tras cuatro meses, contraje matrimonio con la madre de mis tres hijos mayores. Obviamente, no pude continuar con el grupo musical, pues también me había mudado a San Juan y eran demasiado actividades como para seguir en la música.  Al año siguiente, José Emilio comenzó por su parte a estudiar derecho en Ponce, aunque continuó con el grupo musical por algún tiempo adicional.

No recuerdo haber visto a José Emilio durante el período de mis estudios de derecho, salvo en una ocasión que el pianista que me sustituyó en el grupo contrajo matrimonio y me pidieron que lo sustituyera para amenizar un baile.  Nuestra relación, sin embargo, era la misma, por menos que nos viéramos y compartiéramos.  Al cabo de tres años, me hice abogado y al año siguiente también lo hizo José Emilio.

Cuando aprobé la reválida, intenté por un tiempo que me nombraran fiscal, pues, inicialmente, me atraía practicar el derecho penal. El gobernador de entonces, Carlos Romero, no me nombró, así que me fui a trabajar en el bufete de mi querido viejo a San Lorenzo y lo demás es historia que no viene al caso. Cuando José Emilio aprobó la suya, obtuvo un nombramiento de fiscal del gobernador Romero y fue a trabajar como tal en la ciudad de Arecibo. Un tiempo después contrajo matrimonio con Maritere, con quien procreó todos sus hijos.

José Emilio tuvo una carrera larga como fiscal en Arecibo. No muchos aguantaban el empuje de lidiar con criminales por más de cinco años. Creo que José Emilio estuvo un poco más de diez años como fiscal, al cabo de lo cual estableció su práctica profesional privada en Arecibo. Se me olvidó decir que, además de trompetista, el hombre tenía una voz espectacular y, además de cantar un par de canciones en nuestro grupo, formó con el tiempo parte de un grupo coral en la ciudad de Arecibo.

No coincidimos mucho con el pasar del tiempo; más bien poco. Nuestras vidas tomaron rumbos distintos y apenas nos veíamos en alguna que otra actividad del Colegio de Abogados. En una ocasión, cuando él fungía como uno de los fiscales del FEI, nos encontramos en Ponce en el 2001 y me dijo que estaba loco por haber establecido mi oficina en esa ciudad, siendo del área sureste. No le creí de momento, aunque luego del deceso de dos transmisiones de mi automóvil, un divorcio y varias siestas furtivas en la autopista, me convencí de que tenía razón, por lo que ahora la tengo en Caguas, más cerca de mi pueblito querido.

Tuve oportunidad de devolverle aquel golpe cuando nos encontramos en el restaurant El Faro de Arecibo y me dijo que iba a postularse como senador por el PNP, obviamente. Su oponente era el entonces senador del partido popular Dr. Julito Rodríguez, con quien yo había tenido varios encontronazos públicos en el tema de impericia médica.  Luego de decirle que estaba loco por meterse a la política, le deseé mucha suerte. Pienso ahora que mis deseos de entonces eran mayormente porque su éxito implicaba eliminar a Julito del escenario político, lo que hizo holgadamente poco tiempo después.

Ocho años han transcurrido desde que José Emilio obtuvo su escaño senatorial. No tengo que hablar de sus ejecutorias desde su escaño senatorial. Basta decir que, dentro del PNP, fue una voz independiente y seria. Esa postura que le ganó en el país el respeto de amplios sectores fuera de su partido, lo llevó a ser considerado por alguna gente como candidato ideal para asumir una posición en la más alta magistratura del país.  El que lo tenía que nombrar, sin embargo, no lo hizo.

Esa voz independiente y seria, creo que también le ganó la desconfianza y el repudio solapado del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y quizá del hardcore de su partido. Al final de ocho años como senador, finalmente fue privado de su escaño en unas primarias internas con un desconocido.

Hace unos días se bate en la opinión pública su nombramiento como juez para el tribunal de primera instancia. Luego de perder las elecciones generales, el gobernador Fortuño ha nombrado un montón de abogados para ocupar las plazas vacantes en el tribunal de apelaciones y el tribunal de primera instancia. Asimismo, ha nombrado docenas de personas para ocupar plazas de fiscales y puestos en juntas de directores de agencias públicas. La opinión pública se ha levantado en masa, cuestionando la moralidad y oponiéndose al centenar de nombramientos, aunque hayan sido hechos legalmente.  Por ese chorro se ha ido también el de José Emilio, a quien todos en el país, con mucha razón, reconocen como el mejor nombramiento efectuado.

Un vistazo a la experiencia y preparación de los nombrados por el gobernador saliente a las distintas posiciones vacantes en la judicatura, me hace pensar que no se le está haciendo justicia a José Emilio. Quizá él crea lo contrario, no sé. Reconozco que sería muy difícil actualmente reiniciar la práctica privada de una profesión que, cuando comenzamos, mi viejo decía que estaba saturada, aunque estoy seguro que volvería al éxito profesional que interrumpió por el llamado de la vena política.  Irrespectivo de cual sea la razón, aún así me entristece que su nombramiento merecido, como juez, haya caído en la vorágine de nombramientos post electorales que han sido calificados como premios de consolación y de “atornillamiento” a los perdedores, bautizados con el PNP.  Es un carimbo que, desafortunadamente, tendrá que cargar por el tiempo que le quede de su vida profesional.

José Emilio posee temperamento judicial, inteligencia y prudencia y no dudo que sea confirmado finalmente por el senado de su partido.  Estoy seguro que, como juez, mejor que muchos de los nombrados, honrará la toga como la ha honrado durante toda su vida profesional, enorgulleciendo a doña Chéfin, a toda su familia y amistades cercanas, incluyéndome. Tal vez él piense que su nombramiento como juez es un honor que le hace el gobernador; en otras circunstancias yo hubiese coincidido con él pero hoy tengo dudas.  Por esa razón, no sé si felicitarlo o expresarle mi pésame. Tendré tiempo para decidirlo, nos vemos poco.



miércoles, 3 de octubre de 2012

MORDAZA A LA ORDEN ... de Fortuño

Ya hace un tiempo advertí que el gobierno estaba empujando administrativamente - y bajo el radar - los topes a las compensaciones de impericia médica en Puerto Rico. Los mismos topes que no se han podido aprobar por la vía legislativa a través de diez años, bajo distintas administraciones, gracias a la militancia de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM).  Estos topes no benefician sino a los médicos, déjense de bobadas.

El Colegio de Médicos contó inicialmente con la ayudita del representante Rafael García bajo el gobierno de Sila Calderón.  Bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, contó con la mano pesada del senador Julito Rodríguez, ambos profesionales médicos metidos a políticos y electos por el Partido Popular Democrático. Una y otra vez, las expectativas del Colegio de Médicos y de estos distinguibles legisladores del patio chocaron contra la muralla de la AVIM, dirigida en distintas fechas por padres de niños víctimas de la mano negligente.  La potente voz de las víctimas se ha alzado y ha prevalecido solita, sin la ayuda ni colaboración de los legisladores de ambos partidos que se han turnado en el poder.

A principios de este cuatrienio, el gobernador Fortuño le hizo una promesa al Colegio de Médicos de que impulsaría legislación en el tema de impericia médica, entre otras limitaciones de derechos del paciente, para imponer un tope a las compensaciones no económicas, nuevamente de $250 mil, además de brindarle un derecho a hogar seguro a a las residencias de los médicos, para que no pudieran serle embargadas, en caso de ser culpables por impericia.  En una especie de quid pro quo, se aprobó el derecho a hogar seguro, no solo a los médicos sino, inteligentemente, para no discriminar, a favor de toda la población titular de residencias en el país.  En esta ocasión el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz y la senadora Lorna Soto, tronaron en contra de esas intenciones y la medida de los topes volvió a colgarse. La AVIM y los pacientes tuvieron en esos senadores del PNP aliados incuestionables.

En 2009 se aprobó una ley para facilitar el centro de trauma de Mayagüez contara con el beneficio que tienen las facilidades hospitalarias y sus médicos. Esto es, extender a este centro de trauma los beneficios de inmunidad y tope de $75 mil a todos los daños que se les reclamaran por algún evento de impericia médica o de negligencia hospitalaria.  Ello, bajo la premisa de que los pacientes de traumas severos del área oeste se quedaran allá y fuesen tratados por los médicos especialistas de trauma, sin necesidad de ser trasladados al centro médico de Río Piedras, causando un hacinamiento innecesario en esa facilidad terciaria. Aunque muchos vimos esta medida con cierto recelo, fue aprobada sin mucha objeción porque, en principio, el propósito no se podía cuestionar mucho.

Armados con la legialación que lidiaba con el tema del centro de trauma, el gobernador y el Secretario de Salud se percataron de lo que los abogados llamamos un pequeño ‘loophole’ en la ley y se dispusieron a abrirlo a nivel de boca de dron. Esta vez, extendiendo por reglamento, la concesión de los beneficios de la ley de pleitos contra el estado (inmunidad y topes) a alrededor de diez hospitales privados, hasta ahora, regados por todo Puerto Rico.

Percatada del abuso y uso de poder excesivo o ultra vires que estos funcionarios hicieron aparentemente de noche, bajo el radar, la AVIM pautó anuncios radiales, persiguiendo que Fortuño revocara el reglamento aprobado por el Secretario de Salud y, por tanto, eliminara los beneficios concedidos a estas entidades hospitalarias privadas. Esos anuncios duraron poco porque fueron efectivos.

Tan efectivos fueron los anuncios de AVIM que un funcionario llamado Manuel Torres, contralor electoral de reciente cuña, los prohibió unilateralmente, sin vista, catalogándolos de anuncios políticos que requerían un permiso previo de la comisión electoral.  En otras palabras, este pequeño funcionario amordazó a la AVIM, so pretexto de que requería que se les certificara y se le expidiera un permiso previo para pautar estos anuncios. Una censura previa desnuda, sin precedente alguno en Puerto Rico.

Múltiples han sido los argumentos levantados públicamente de carácter constitucional y social, incluso por AVIM ante la corte federal, mediante un pleito radicado ayer 2 de octubre en contra del censor electoral Torres.  Dos abogados constitucionalistas de renombre en el país, Carlos Gorrín Peralta y Carlos Ramos, han levantado también banderilla roja, exponiendo los derechos constitucionales especificamente lesionados.  Profesores universitarios y asociaciones de la prensa del país han dictado cátedra, uniéndose a la voz de protesta. Líderes políticos han expresado su oposición a la medida de mordaza o censura previa. Nada han dicho, sin embargo, Rivera Schatz ni la senadora Soto, otroras disque defensores de los pacientes.

El pleito federal de AVIM persigue sustancialmente que se ordene a dicho contralor electoral abstenerse de prohibir dichos anuncios, ya que su directriz violenta el derecho de expresión de la AVIM, como una entidad que carece de fin político sino que tiene una agenda social privada, en pro de las víctimas de impericia médica y de los pacientes en Puerto Rico. Si es que el pequeño contralor y Fortuño no rectifican, la AVIM eventualmente prevalecerá, porque, difícilmente, un juez federal pueda validar una jaibería política de esta magnitud, dicen algunos, decisión peregrina y brutalidad dicen otros.

Esta directriz del pequeño contralor imponiendo mordaza, la emite para proteger al gobernador Fortuño. Es obvio que los anuncios han dado duro y han calado fuerte en el país contra su imagen y su actitud, ya evidentemente crónica, de proteccionismo a rajatabla en favor de los médicos e instituciones hospitalarias, bajo la excusa hipócrita y patética de que beneficia a los pacientes.  Mientras, sorprendentemente para este autor, el presidente del Senado y la senadora Soto hacen mutiz.  Mientras no condenen esta MORDAZA, estos senadores son percibidos como simples políticos, haciendo causa común con el presidente de su partido político, en contra de los pacientes, a quienes en una ocasión protegieron. 

No hay mucho tiempo; si los senadores no hablan, el peso de la opinión del paciente no solo recaerá en Fortuño sino también en su contra.  De igual manera, pensaremos que, en época eleccionaria, 'Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?

Nota 5 de octubre
A las pocas horas de colgar este post, y no necesariamente porque el hombre lo leyó, el "contralor electoral" dio una virazón y se autocensuró. O sea, dio un paso atrás y revocó la censura previa o su prohibición para que AVIM pautara sus anuncios.  Digo que fue un paso atrás porque, según dijo, la investigación sigue y si se evidencia que AVIM "no cumplió con la ley" expedirá nuevamente la prohibición. Es decir, resucitará su censura o, lo que es igual, se des-autocensurará.  Mientras, el pleito federal debe seguir, porque lo que pretende hacer este funcionario no está nada bien y es contrario a lo resuelto por el mismísimo Tribunal Supremo de los federicos. Ya el tiempo dirá qué pasará. ¿Los senadores? Chitón.

5 de octubre PM
El juez federal Daniel Domínguez, aunque no dio paso al injunction preliminar, por académico, decidió mantener el pleito vivo ya que los issues constitucionales, sobre violación de derechos civiles, siguen estando en controversia. BRAVO!!

martes, 7 de agosto de 2012

Natalia

Este artículo no es de impericia médica o de negligencia hospitalaria en Puerto Rico. Trata de un médico sensible a las necesidades de su paciente; trata además, de ella y de su bebé.

Por una testarudez del médico que la atendió en su primer embarazo, mi hijastra tuvo una cesárea innecesaria. De esas cesáreas de las que, a última hora, el obstetra impone su decisión, simplemente porque le da la gana, por no amanecerse o por temerle a una demanda de impericia médica y solapadamente extorsiona implicando que la bebé puede sufrir daños.  Ante esa presión indebida, en un momento como ése, ¿quien se niega?  En el caso de mi hijastra, por el chorro se fueron con ese obstetra los parámetros médicos aceptables y adecuados para concluir un proceso natural de parto y terminarlo mediante una cesárea.  Después de un tiempito lo agarramos bajando, pero esos son otros veinte pesos.

Luego de esa experiencia traumática para todos en la familia, no solo desde el punto de vista físico sino emocional de mi hijastra, ella quedó nuevamente embarazada, habiéndose mudado antes a los Estados Unidos con su esposo y su hijita de cinco años.  Estaba decidida a tener un VBAC (parto vaginal luego de una cesárea) y se lo comunicó así al obstetra que trató su embarazo y eventual parto, Dr. Marc Wilson.

Al cabo de 40 semanas de gestación, rompió membranas como el preámbulo natural al parto que se avecinaba. Eso ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de ayer, 6 de agosto. Mi esposa Joanna, que la acompañaba, dejándome solito, me informó del evento, diciéndome, además, que acudirían próximamente a la sala de parto, aledaña a la oficina de su médico. A este también lo llamarían para asegurarse que él la atendiera en su parto y no uno de sus socios, con quienes no había tenido relación alguna en sus visitas prenatales.  Así hicieron, activándose de momento todos los celulares de la familia íntima y extendida, de aquí y de allá. Como era de esperar, la noticia del parto que se avecinaba nos alegró y emocionó a todos.

Una vez en sala de parto, le practicaron los exámenes pertinentes y, no habiendo aún dilatado completamente ni borrado su cérvix, la mandaron a caminar. Pacientemente lo hizo, esperando a su médico que la vendría a examinar alrededor del mediodía.

Cerca de las 5:00 de la tarde, la parturienta aún estaba en seis centímetros, lo que advertía que el parto iba a durar unas cuantas horas adicionales. Las enfermeras le dieron una bola para hacer unos ejercicios.  Las contracciones, sin embargo, se habían intensificado y eran recibidas por todos con alegría, porque auguraba un proceso normal.  Bueno, lo cierto es que fueron recibidas con un poco de menos alegría por la parturienta, que ya daba signos de agotamiento físico.

La familia examinaba "con rigor científico" los trazados del monitor fetal que nos mandaba mi esposa por mensaje de texto. Notábamos que los picos eran altos, lo que evidenciaba que las contracciones eran sabrosas e intensas. Más importante aún, evidenciaban que los latidos del bebé eran fuertes y regulares, dentro del parámetro normal, alrededor de 140 latidos por minuto. La parturienta estaba realizando una buena labor de parto y el bebé esperaba en la caja de bateo, ansioso por salir.

Pasaron unas cuantas horas adicionales. En el ínterin, su dilatación se pasmó, llegando a cerrar un poco, lo que motivó una orden de pitusina.  El optimismo del médico, sin embargo, era notable, inyectando de positivismo a la parturienta y a mi esposa, la aprendiz de comadrona, que en silencio tenían "flashbacks" del evento de hacía cinco años.  A las 10:07 de la noche la parturienta llegó a 10 centímetros de dilatación, con el cuello del útero completamente borrado, lo que significaba autorización para pujar; pujos que había aguantando desde hacía rato.

No sé si en Puerto Rico el VBAC se hubiese dado. Mi intuición me dice que no, no obstante la concienciación que está siendo creada actualmente por diversos grupos de presión, como "Inne CESAREAS".  Probablemente en el momento que la dilatación se pasmó el médico hubiese ordenado una cesárea, cercenando las ilusiones de la madre y su familia de un parto vaginal.  Ojalá que esto cambie pronto en nuestro país para beneficiar a otras mujeres que, como a mi hijastra, le practicaron una cesárea innecesaria. Ojalá crezca el número de médicos sensibles a las necesidades físicas y emocionales de sus pacientes. Ojalá se acaben las demandas de impericia médica, aunque ello signifique que tenga que dedicarme a otra cosa.

A las 10:21 de la noche, luego de tres buenas contracciones y varios pujos, nació una hermosa bebé. Con todo y VBAC, la bebé pesó 9lbs y 5oz y midió 21 1/2 pulgadas.  Al instante volaron por el ciberespacio las fotos de la recién nacida y su madre creando el "bonding" con ella. 

desde el otro lado del charco me hicieron abuelo nuevamente y le pusieron de nombre NATALIA ISABEL. Mi querida viejita, que nos acompaña a mí y a mis hijos en nuestros corazones, también se llamaba Natalia, así que mi contentura es múltiple.  Quizá la de ella también, que, además, su tía favorita y una de las mías, se llamaba Isabel. 

Felicitaciones para la familita.  Mucha salud para la madre y su nueva beba; largos años de vida para mi nueva nietecita, que me llamará también: Papabú, !qué dinda!

sábado, 14 de julio de 2012

TOPES, por debajo del radar

Además del polvo de Sahara, en el período de 24 días en que estuve de vacaciones fuera de puertorro, sucedieron varios eventos en lo que respecta a los topes en compensaciones y la inmunidad a los médicos en el tema de la impericia médica y la negligencia hospitalaria en Puerto Rico. Por un lado, el 13 de junio se inauguró en Mayagüez un llamado “consorcio del oeste” y el 12 de julio empujaron algo parecido en San Juan.
En la zona oeste, emergencias médicas serán atendidas sin que alegadamente, los pacientes tengan que ser trasladados al Centro Médico, en San Juan, de acuerdo a la iniciativa en la que participarán los hospitales San Antonio, de Mayagüez, La Concepción, de San Germán, Buen Samaritano, de Aguadilla y San Carlos Borromeo, del pueblo de Moca. Suena bonito, pero en realidad se trata de una iniciativa que les brindará la inmunidad del Estado a las cuatro instituciones médicas y a sus médicos, que no son empleados del Estado. Dicho de otra forma, los médicos de esos hospitales trabajarán sin el “miedo”, dicen, que le provocamos los abogados que los demandamos y las víctimas que han sufrido daños como resultado de su falta de pericia y competencia profesional.
En San Juan, por otro lado, se ha firmado un “Acuerdo de traslado” entre el Puerto Rico Children’s Hospital, Hospital San Jorge y Hospital Pediátrico de Puerto Rico. El mentao acuerdo en esta ocasión es en torno a la población pediátrica de la zona. A cada uno de los hospitales participantes y a sus médicos, se les proveerá, medicante ese acuerdo, las mismas garantías de los hospitales del Estado en cuanto a los topes de impericia médica; es decir, el mismo tope de $75,000.00 que se provee a las facilidades médicas del gobierno, ubicadas mayormente en el centro Médico de Río Piedras.
Como quien no quiere la cosa, el gobierno ha empujado los topes a las compensaciones de las víctimas de impericia médica, de la manera más astuta, solapadamente y sin mucho ruido; INMUNIDAD le llaman ahora. Estas actuaciones del poder legislativo y del gobernador significan que, de ahora en adelante, la compensación a la víctima de impericia en esas facilidades hospitalarias no podrá exceder de $75,000.00, hasta $150,000 en caso de que sean varias personas los reclamantes en un mismo evento.
No hay duda: cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta.

Actualización:
Sigue el gobierno empujando los topes, por debajo del radar y por reglamentacióbn del Secretario de Salud. Esta vez el regalito recayó sobre el Hospital Menonita que, desde el 5 de septiembre goza de la inmunidad del Estado. Lo que quiere decir es que tienen topes hasta $75,000 por víctima hasta $150 mil por caso. La Asociación de Víctimas ha protestado. Veremos qué hace el gobierno cuando se tiren nuevamente a la calle y.... en año de elecciones.



sábado, 3 de marzo de 2012

MEDICARE y mucho ... menos


Cuando en un mismo paciente concurren las características de ser beneficiario de Medicare y haber sido víctima de impericia médica o de negligencia hospitalaria, la ecuación resultante es verdaderamente preocupante para el abogado que lo representa. Preocupante también debe ser para la aseguradora del médico, para este y para el hospital que van a tener que compensar al paciente.

Desde 1980, la ley federal de Medicare faculta a la agencia para solicitar el reembolso por los gastos médicos o de rehabilitación que ha incurrido a favor de un beneficiario. Desde entonces han transcurrido un poco más de tres décadas sin que esa disposición de reembolso haya tenido las garras o, como nos gusta decir a los abogados, los dientes para implantarla debidamente. Eso se acabó y todos nos encontramos, en este momento, sin las ideas o el conocimiento indispensable para lidiar con situaciones emergentes; como una bombilla fundida.

Desde enero de 2012 la ley federal de Medicare obliga al que paga a informar a la agencia cualquier transacción extrajudicial, judicial o sentencia. Esto tiene que ver con cualquier reclamación de daños y perjuicios. Pero, en el contexto de una víctima de impericia médica que transige con SIMED, Triple S, cualquier otra aseguradora, el médico o el hospital u obtiene una sentencia a su favor, estas entidades o personas vienen obligadas a informar de la transacción o sentencia a Medicare. Por cada día que pasa sin que informe a la agencia federal, la ley dispone una penalidad, valga la redundancia, de mil dólares diarios.

Lo establecido no queda ahí. La ley federal impone al abogado que lleva el caso y que representa a la víctima el deber de informarle a Medicare sobre la radicación de la reclamación, detallando además fecha de incidente, dirección y número de seguro social del beneficiario. El resultado neto de toda esta legislación federal es que el paciente beneficiario o sus familiares sobrevivientes, que reclaman sus daños, recibirán menos de lo que antes recibían, porque Medicare puede reclamar y cobrar lo gastado en el cuidado médico dado al paciente.

Por otro lado, las aseguradoras no pagarán la compensación a menos de que se cercioren que los gastos pagados por Medicare hayan sido "tasados" por la agencia y tal vez satisfechos. Nadie estará dispuesto a pagar dos veces. Y como la soga parte siempre por lo más fino, probablemente retendrán los pagos o endosarán el cheque a favor de Medicare, como beneficiario adicional.

¿Cuál es el propósito de los colmillos que le han nacido a la ley de Medicare en estos días? Obviamente, todos los gobiernos del mundo andan tras el billete y los federicos no son una excepción. El que un paciente reciba una compensación en un pleito de impericia médico hospitalaria, pone a todo el mundo a revelar información encaminada a que Medicare recobre lo que haya pagado por la negligencia de un tercero… de donde pueda hacerlo, incluyendo beneficiario (paciente), su abogado y los paganinis que son en los casos de impericia médica, SIMED, Triple S, médicos y hospitales. Es decir, todo el mundo.

¿Qué debemos hacer los abogados que representamos a las víctimas? ¿Qué harán los jueces que conceden gastos médicos en sus sentencias, y las aseguradoras que pagan las reclamaciones? Hay demasiadas interrogantes y poca información disponible hasta ahora. TODOS debemos conocer la ley de Medicare, sus variantes de recobro, sus ramificaciones y, sobre todo, las consecuencias por su incumplimiento.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico está planificando un seminario sobre este tema tan importante y con tan graves consecuencias en nuestro entorno profesional. Los profesionales del derecho debemos acudir en masa cuando se ofrezca. Que la ignorancia sobre el tema sea sustituida por una bombilla que nos alumbre y nos dé conocimiento preciso. Los federicos juegan a la pelota dura y si alguien aún no lo cree, pregúntele a Héctor Martínez, a De Castro Font y, más recientemente, al sol que se apagó en Barceloneta.

viernes, 13 de enero de 2012

Justicia tardía nunca es justicia


El refrán trillado que sirve de título a este post, y que deliberadamente he trastocado un poco, aplica también a los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria que se litigan diariamente en Puerto Rico.

Ya había dicho que el perfil de una víctima no escondía, en la mayoría de los casos, el deseo o fin último de lucro personal como consecuencia de un evento de mala práctica médica o mala praxis, como la llaman en algunos países hermanos. Invariablemente, el propósito de estas personas, cuando acuden a buscar ayuda profesional de un abogado, es la búsqueda de justicia para un ser querido o para ellos mismos.

En marzo de 2002 presenté una demanda en el tribunal de primera instancia de Puerto Rico. Se trataba ese caso de una dama, a quien llamaré con el nombre ficticio de "Ana", que falleció en mayo de 2001 a causa de impericia médica. Ana tenía 55 años de edad.

Luego de varios años de trámite angustioso para su viudo y sus dos hijos demandantes, el juicio finalmente se celebró en 2007, quedando el caso sometido para dictamen judicial. En septiembre de 2009 recayó finalmente una sentencia favorable a nuestros clientes, en la que el tribunal encontró que la muerte de Ana se debió a la negligencia médica combinada de unos médicos que la trataron por varias semanas en el hospital. En su consecuencia, el juez condenó a la parte demandada al pago de determinada suma de dinero por los daños y perjuicios sufridos por el viudo y los dos hijos de Ana que le sobrevivieron.

De la sentencia dictada, la parte demandada apeló al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que confirmó que la muerte de la dama se debió a la impericia médica, tal y como encontró el juez del Tribunal de primera instancia. No conformes, la parte demandada solicitó la expedición de un recurso discrecional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para revisar tanto la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia como la emitida por el primer foro apelativo. El Tribunal Supremo finalmente confirmó todo lo actuado, reiterando, en consecuencia, que la muerte de Ana se debió a la impericia médica probada de los médicos que la trataron. Esta sentencia advino final y firme el pasado mes de diciembre de 2011, hace apenas tres semanas de la fecha en que cuelgo este comentario.

La buena noticia de que prevalecieron finalmente ante el Tribunal Supremo nunca llegó a oídos de uno de los que demandaron por el fallecimiento de Ana. Dos meses antes de conocerse esa sentencia final su viudo también murió.

Cuando recibí el mandato del Tribunal Supremo, documento que implicaba que el caso había ya culminado y que mis clientes habían finalmente prevalecido, un sabor agridulce embargó mi ánimo, sensación de la cual aún no me repongo. Puede que este post me sirva de catarsis, ya que otros de mis clientes, con una salud delicada a causa de negligencia médico-hospitalaria, prevalecieron en un juicio, también en diciembre pasado. Temo que el proceso apelativo, que seguramente seguirá, pueda cobrar similar cuota.

Nadie discute el derecho de que cualquier parte que pierde su caso pueda apelar la sentencia en su contra. Eso es parte de la resrva de derecho que tiene cualquier litigante en un país que se precia de su democracia. Sin embargo, el sistema judicial nuestro no es ágil, al menos en los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria, que son los que exclusivamente litigo. En estos casos el camino resulta demasiado extenso y angustioso para todas las partes envueltas. Debemos comenzar con admitirlo.

Luego de una admisión honesta de que lo que hay no funciona bien, se debe estudiar y buscar nuevas avenidas para que el trámite judicial en nuestros tribunales nacionales sea uno ágil y que propenda a la dilucidación de las controversias en el menor tiempo posible. Quizá el número de asuntos judiciales que se ventilan en nuestra jurisdicción no permita ver el final de los casos en 18-24 meses, como ocurre en el foro federal, donde ciertamente el inventario de asuntos judiciales es menor y la jurisdicción es limitada. Sin embargo, urge hacer algo. Es ineludible el deber de agilizar los casos de impericia médico-hospitalaria en los tribunales de justicia del país.

Las salas especializadas para ventilar este tipo de caso, como las propuestas recientemente, no son la respuesta. La contestación tiene que residir necesariamente en la laboriosidad de jueces imparciales y del personal judicial que interviene en estos casos. Reside también en la disposición de los abogados en tramitarlos como se merecen sus clientes, tanto las víctimas que reclaman, como los médicos y hospitales que son demandados.

Todos en el sistema judicial tenemos que cooperar y ponernos las pilas para que este camino sea menos largo y tortuoso. Los hijos de Ana tuvieron que esperar 10 años. Más de tres años de espera resulta demasiado tiempo, más para las víctimas que sufrieron los daños. No podemos dejar que la justicia en los tribunales de Puerto Rico se obtenga a paso de tortuga.