sábado, 24 de abril de 2010

ADEPACI, un proyecto a emular



La impericia medica, mala praxis, malpractice o comoquiera que denominen a la negligencia medica aqui en Puerto Rico o en otros paises, tiene mucho y diverso componente humano que va desde el abogado, medico, personal de enfermeria, el hospital, las aseguradoras del riesgo y finalmente, el verdadero sujeto importante en el tema: el paciente. Afortunadamente, pacientes alrededor del mundo estan cobrando conciencia en proteccion de sus propios intereses, que son unicos en este tema y se estan uniendo.

Como bofetada amiga que despierta la razón aletargada de muchos, "TODOS SOMOS PACIENTES" se lanza al aire como eslogan de la Asociación Argentina en Defensa del Paciente (ADEPACI), creada recientemente en la hermana republica. Supe de esa entidad por medio de dos amigas radicadas en el cono sur: una exquisita poeta y escritora y la otra incansable guerrera internacional en contra de la impericia o mala praxis médica. Como el dolor une a la gente, es la pérdida de un ser querido por la negligencia médica el denominador común entre ambas y ha sido el fuerte adhesivo que las ha cohesionado en esta entidad, junto a muchos argentinos.

ADEPACI surge como organización social, sin fines de lucro, y tiene como misión primordial la defensa de los derechos e intereses de todos los pacientes y usuarios de los servicios médicos de ese país, sean estos brindados por el gobierno o por instituciones de salud privadas. Como surge de su página web, “es el resultado de un movimiento social legítimo y pacífico que viene gestándose en el seno de nuestra sociedad. Es la respuesta social lógica a las fallas del Sistema de Salud Argentino, tales como falta de cobertura en la provisión de medicamentos y/o prótesis, incumplimiento del plan médico obligatorio, negligencias médicas, entre otros.”

Sus propósitos son los siguientes:

1. Servir de intermediarios entre pacientes, profesionales de la salud y los organismos del gobierno para facilitar la comunicación entre ellos a fin de resolver con celeridad los conflictos que surgen del sistema de salud.
2. Difundir públicamente los derechos de los pacientes reconocidos a nivel nacional e internacional.
3. Facilitar el acceso de la población general a las bases de datos disponibles sobre los medicos.
4. Colaborar en el desarrollo e implantacion de mejores políticas en los servicios de salud.
5. Promover la mejora de condiciones laborales, técnicas y operacionales de los profesionales de la salud.
6. Recabar y documentar sugerencias, quejas o bien tramitar denuncias de pacientes o familiares de éstos sobre el incumplimiento de los deberes medico-hospitalarios.
7. Recibir denuncias y/o quejas por parte de médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud que se vean arbitraria e ilegítimamente imposibilitados, por cualquier razón, de brindar calidad y eficiencia en sus funciones.
8. Convocar conferencias, simposios y/o jornadas multidisciplinarias relacionadas a temas de salud, integradas por pacientes o familiares de éstos, médicos de diferentes especialidades, enfermeros, sociólogos, psicólogos y demás profesiones afines.
9. Auspiciar cursos gratuitos en temas de salud pública dictados por entidades educativas reconocidas.
10. Conformar comisiones de investigacion especializadas.
11. Difundir los derechos y deberes de los pacientes mediante todos los medios de comunicación posibles.
12. Elevar a los organismos internacionales o del gobierno nacional y/o provincial, a los efectos que éstos estimen corresponder, las estadísticas e informes recabados por las comisiones investigadoras.
13. Coordinar acciones y gestiones en colaboración con otras asociaciones afines.
14. Contratar servicios de consultoría y asesoría técnica con médicos, enfermeros, sociólogos, psicólogos, abogados, contadores y/o cualquier otro profesional cuyos servicios sean requeridos.
15. Colaborar con organismos públicos, nacionales y/o provinciales (Defensor del Pueblo, Defensa del Consumidor y afines) para la defensa de los derechos de los pacientes y efectuar denuncias en los casos que correspondan. “

En Puerto Rico contamos con la Asociación Puertorriqueña de victimas de impericia medico-hospitalaria. Sus pocas acciones públicas han logrado al menos concientizar al pueblo y a nuestros legisladores sobre las consecuencias de la impericia médica. Sin querer queriendo, esta entidad ha conseguido frenar, desde 2002, importante legislación originada y, sobretodo, cabildeada por grupos de interés en el país, primordialmente compuestos por sectores médicos.

La impresión que se ha querido dar de esta entidad es que fue incorporada por la iniciativa de un grupo de abogados, dentro del cual se me incluye, para velar por nuestros propios intereses económicos. En ánimo de minimizar su importancia, arguyen equivocadamente sus detractores que los abogados utilizamos a las víctimas de impericia médica para mesquinos propósitos. Lo cierto es que los pocos que litigamos exclusivamente este tipo de casos fuimos logicamente consultados para su incorporación, como abogados, porque así se hacen las cosas en todo país civilizado. Sin embargo, a partir de su creación, la asociación de victimas de impericia medica, como se le conoce, ha tenido su propio dinamo. Al igual que la ADEPACI, ha utilizado como pegamento de cohesión el dolor de sus componentes por la pérdida de seres queridos a manos de profesionales de la salud negligentes.

Pacientes de toda la isla se han auto-convocado, de tiempo en tiempo, para hacer comprender a nuestros legisladores que no es cercenando derechos a los pacientes como se ataca el alegado problema de insuficiencia de cubiertas de seguros de responsabilidad profesional. Como la espada de Damocles, de tiempo en tiempo, nuevas estrategias de los amigos de la guillotina amenazan constantemente el derecho de los pacientes a un acceso razonable a los tribunales y a una justa compensación en caso de que pierdan seres queridos y sufran inconmensurablemente por la negligencia medico-hospitalaria. Estos ideales no están en conflicto, de manera alguna, con una buena calidad de servicios médicos y un buen clima de trabajo para los profesionales de la salud. Intentar hacer creer lo contrario es sencillamente una burda tomadura de pelo y, como aquí se dice, una ‘jaibería’ que solo pretenden hacer ver que creen algunos.

La militancia permanente para atajar nuevos ataques a los derechos del paciente puertorriqueño, que en estos momentos abierta o solapadamente se están dando, es necesaria. Sin embargo, la ampliación del marco de acción de la asociación boricua de víctimas o la creación de más entidades en la Isla que extiendan sus propósitos y metas a corto y a largo plazo, es indispensable. Como todos somos pacientes, para bien de todos, ADEPACI es un proyecto que se debe difundir y ciertamente, emular.

sábado, 10 de abril de 2010

Alarmante la impericia médico hospitalaria en la "edad dorada"... ¿mito o realidad?



Por el gran número de consultas que recibo como abogado, he tenido que tomar la decisión de solo aceptar en mi bufete aquellos casos que tengan que ver con el fallecimiento de una víctima por tratamiento médico y aquellos con daños severos permanentes o catastróficos, como pueden ser, a manera de ejemplo, los resultantes de la negligencia médica u hospitalaria que ocurren alrededor del momento del parto y que ocasionan daño cerebral. Por curiosidad, y para tomar esa decisión informada, de un tiempo a esta parte acostumbro examinar mis propias estadísticas, que no necesariamente pretendo reflejen una muestra representativa y válida de todos los abogados en Puerto Rico. De ese examen he descubierto un dato que realmente me resulta alarmante y es que ostento actualmente la representación profesional en un alto número de casos de impericia médica o de negligencia hospitalaria cuyas víctimas directas resultaron ser personas de más de 62 años de edad; aquellos llamados de la tercera edad.

El recuerdo de ese análisis de mis expedientes y el comentario que me hizo en estos días una amiga abogada que actualmente representa hospitales, me hace compartir con mis lectores una historia, que creo, interesante sobre el particular. En estos días llegó a mi despacho un caballero de 72 años de edad, con su esposa, a consultarme sobre un acto de impericia médica alegadamente cometido en su contra. Su caso se relacionaba con la inserción de un marcapasos inadecuado para lidiar con una condición cardiaca específica que estaba experimentando hacía un tiempo.

Don Pablo, nombre ficticio que utilizo para proteger su identidad, lloró al relatarme lo ocurrido en su situación y no cesó de darle gracias y alabar a Dios por estar vivo luego de su odisea de salud que lo llevó a una anasarca, reteniendo mucha agua en su cuerpo. No es que me estuviera raro ni sorprendente el hecho de que el hombre llorara; muchas personas lo hacen al recordar vívidamente los hechos y relatarlos a un extraño, como suele ser un abogado. Sin embargo, me comentó don Pablo también lo que pareció corroborar la impresión que estaba teniendo hace algún tiempo respecto al gran número de casos de alegada impericia médica en contra de víctimas de la llamada edad dorada. “A un paciente joven no le hubieran hecho lo que me hicieron a mí”, exclamó entre sollozos. “Para los médicos y hospitales, los pacientes viejos como yo no valemos nada”, añadió don Pablo. Naturalmente, este comentario era una gran generalización y, por tanto, podría ser un tanto falaz, pero, para él, esa era su realidad y yo lo comprendía.

Largas horas de espera en las oficinas médicas y en los hospitales, aguardando a que llegue el profesional de la salud a atenderlos. Salas de emergencia atestadas de gente, en su mayoría ancianos, son el pan nuestro de cada día en el país. Mucho de esto me relató don Pablo en su caso. Sin embargo, de ser cierto que la calidad del tratamiento médico que se dispense a nuestra población geriátrica es inferior o de baja calidad, si se compara con la que se dirige al resto de la población, resultaría ser un serio problema que debe atenderse de inmediato. Que debido a la atención médica displicente, por decir lo menos, se incurra en un mayor número de casos de impericia médica contra esta población, es algo que no se debería pasar por alto.

Desafortunadamente, no contamos con estadísticas confiables sobre el número de casos que ocurren en las consultas y en los hospitales del país. Un estimado razonable hecho en los Estados Unidos, señala que solo el 8% de las víctimas de impericia médico-hospitalaria reclaman sus derechos ante los tribunales. La Organización Mundial de la Salud reunida en Oporto, Portugal en octubre de 2007, estimó que diez millones de personas anuales son víctimas de impericia médica alrededor del mundo. El número de pacientes geriátricos comprendidos en esa estadística no ha sido revelado, pero me atrevo a asegurar que podría representar un gran número, probablemente más de la mitad de lo que se informó en ese congreso.

Debido a que don Pablo no murió ni sufrió un daño severo permanente, me vi en la obligación, muy a mi pesar, de declinar su representación profesional y referirlo a otro abogado que tiene la capacidad y dispone del tiempo para hacerlo. Sin embargo, sus aseveraciones en la consulta me inquietaron en ese momento y aún resuenan en mi mente como una alarma que alerta sobre una situación seria y grave que podría estar ocurriendo en las consultas médicas y en los hospitales de Puerto Rico. Un escenario que, de ser cierto y poderse corroborar, debe ser objeto de acción afirmativa inmediata y enérgica de parte de las autoridades gubernamentales y profesionales del país, algo en que aparentemente la agencia federal de Medicare está dando unos pininos. No obstante, en el contexto de todo lo que ocurre en nuestro país, el que alegadamente se trate a nuestros viejos de esta manera, es algo que avergüenza y dice mucho.