Salas especializadas en impericia médica

Durante la última década, la radicación de pleitos de impericia médico hospitalaria se ha mantenido consistentemente, en alrededor de 550 demandas por año. Cada demanda que se presenta en los tribunales se asigna a una sala presidida por un juez o una jueza. Debido a la naturaleza misma del sistema de administración de justicia, con relación al movimiento de jueces entre las regiones, ello no significa que eventualmente el juicio se ventile ante el mismo juez que presidía la sala al momento de la radicación de la demanda. Ocurre que, durante la vida del caso, un juez comienza con el trámite judicial y otro finalmente le corresponde ver el juicio. Es casi un sistema al azar; al que le toque, le tocó y a Dios que reparta suerte. Como todo en la vida.

El entrenamiento universitario de los abogados usualmente nada tiene que ver con el estudio de las ciencias, sean éstas la biología, las químicas o las ciencias médicas. Generalmente, el abogado estudia ciencias políticas, filosofías, administración de empresas, en fin, nada que sugiera el estudio o un entrenamiento sobre organismos vivos o muertos. Antes de entrar a una escuela de derecho, el entrenamiento formal de un futuro abogado incide en el mundo de las ideas y de los conceptos abstractos. Una vez admitido en la escuela de derecho, el estudiante adquiere mayormente un conocimiento relacionado con la formación de la sociedad, regida por normas, leyes y reglamentos diversos.

A menos que le llegue un caso de impericia médico hospitalaria, donde se manejen conceptos de medicina, el abogado pasa su vida profesional lidiando y mediando en conflictos entre personas particulares o entre personas y gobierno. Si alguno es nombrado por el gobernador a la judicatura del país, entra con el mismo conocimiento que cualquier persona común y corriente puede tener de la medicina: que Panadol o Tylenol se toman para la fiebre y el dolor, que el Alka Seltzer o el Pepto-Bismol ayudan en los malestares estomacales y que cuando esto no funciona, se debe acudir a un médico y en el peor de los casos, a un hospital cerca de su casa.

En la ciudad de Nueva York se ha puesto en vigor un proyecto piloto, asignándosele $3 millones inicialmente, para establecer algunas salas judiciales presididas con jueces entrenados en cuestiones médicas. No es que nombren a un juez que ha estudiado medicina. Lo que están haciendo en Nueva York es sacar a algunos jueces de sus salas y casos usuales, de diversos temas, y entrenarlos en cuestiones y temas médicos, para que presidan solamente casos de impericia médico hospitalaria.

El propósito primario de este tipo de salas especializadas en casos de impericia médica es que se haga más fácil a un juez entender las diversas controversias que se plantean, muchas de las cuales inciden en especialidades y sub especialidades de la medicina que son sumamente complejas. Impulsado por los médicos y hospitales, este plan parte francamente de la premisa inarticulada de que los jueces no entienden un pepino sobre los temas médicos y resuelven a lo loco, favoreciendo, muchas veces a los enemigos naturales de los médicos negligentes, sus pacientes. Aunque el plan ha evidenciado cierto grado de éxito en que las controversias que finalmente van al jurado sean mejor entendidas, el resultado de este proyecto, en sus distintas vertientes articuladas e inarticuladas, está aún por verse.

La legislatura de Puerto Rico está sorteando la idea de incorporar salas especializadas en impericia médica, asignando al menos una sala/juez por cada región judicial. Como todo lo que se plantea en la legislatura de nuestro país en el tema de la impericia médica, el propósito de los proponentes no está del todo claro, aunque sospecho que nada tiene que ver con la protección de los derechos y la seguridad de los pacientes.

Todos los involucrados en el tema: pacientes/víctimas y familiares, médicos y abogados, se quejan de que se pierde actualmente mucho tiempo en el litigio judicial. La queja primordialmente gira en torno a que se tiene que esperar años para que se llegue finalmente a hacer una determinación, bien sea para encontrar que hubo impericia médica o para exonerar a un médico u hospital de tales imputaciones. Es innegable que el tiempo va en contra de todos. Aparte de la angustia que representa un pleito de impericia médica para los protagonistas, al médico le cobran recargos en sus primas de seguro, el paciente/víctima de impericia tiene que esperar mucho tiempo para ver retribuidos sus daños y el abogado no cobra sus honorarios hasta que su cliente obtiene su compensación.

Como dije al principio, actualmente, los jueces asignados a ver los casos de impericia médica no están entrenados en el tema de la medicina. Sin embargo, aunque nos podamos quejar de la lentitud o poca agilidad en el trámite de los casos, nadie se queja de la falta de preparación médica de los jueces.

Todos en el sistema contencioso aspiramos a la existencia de imparcialidad del juez y que ésta prime sobre cualquier otra consideración en el caso. Los abogados de cada parte presentan su caso en los tribunales de la mejor forma posible para que su respectivo cliente al final del día prevalezca. Los peritos de cada parte, literalmente, educan al juez sobre los temas y controversias planteadas en el caso, por más complejos que luzcan ante cualquier ánimo no prevenido.

Presumamos que se implanta la idea de salas especializadas en impericia médica. ¿Habrán criterios político partidistas en el nombramiento? ¿A quién le tocaría nombrar al juez para esta sala especializada en cada región judicial? ¿Al gobernador? ¿Al juez presidente, al pleno del Supremo, a la jueza administradora de tribunales? ¿Al juez administrador de la región judicial? ¿Qué prejuicios tiene el juez que asigna en el tema de la impericia médica? ¿Cree que existe crisis en el sistema de salud? ¿Cree que el sistema es injusto con los pacientes, con el médico? ¿Cuál es el trasfondo de ese juez al que se asigna la sala especializada? ¿Qué experiencias y prejuicios trae al estrado especializado? ¿Simpatiza con los médicos y hospitales? ¿Simpatiza con los derechos del paciente? ¿Tiene familiares médicos o que trabajan en los hospitales?

Actualmente los casos se asignan en Secretaría por el turno que le toque a la sala, irrespectivo del tema de los asuntos y controversias planteados en éste. Todos los jueces que ven casos civiles contenciosos, adscritos a las distintas regiones judiciales del país, ven casos de impericia médica en sus salas. No hay jueces especializados en Puerto Rico en ningún tema. Son abogados y abogadas que salen de las distintas escuelas de derecho del país, con diversas experiencias profesionales y distintos trasfondos sociales y familiares. Puedo dar fe de que, en el tema de la impericia médica, todos nuestros jueces y juezas intentan, de buena fe, entender las controversias médicas complejas que se le plantean. Escuchan con atención a los peritos de cada parte y a la hora de decidir, con sus virtudes y defectos, lo hacen de la mejor manera que entienden. Después de todo, ese es el propósito y para eso están los jueces.

Todos los días se ventilan en los tribunales pleitos de temas muy diversos, muchos de éstos sumamente técnicos y complejos. ¿Necesita Puerto Rico jueces especializados en temas de deslinde de terrenos, ingeniería estructural o en química? ¿Necesitamos jueces especialistas en mecánica automotriz o industrial? ¿Necesitamos jueces especializados en medicina? El sistema tiene que propender a la laboriosidad con miras a agilizar todos los casos. Sin embargo, para buscar justicia no hace falta una sala especializada, solo un juez imparcial.

Los topes mentados son solo una bomba de humo

No han sido pocos los intentos legislativos desde 2002 para imponer topes a las compensaciones de daños no económicos, en el tema de la impericia médica en Puerto Rico. Tales intentonas han encontrado de frente a la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médica, a los abogados que las representan y a varios legisladores, incluso del partido de gobierno, como lo han sido la senadora Lorna Soto y el presidente del senado Thomas Rivera. A pesar de los pesares, hasta ahora, los llamados topes a favor de todos los médicos y hospitales no se han impuesto, y se han quedado “varados” como se ha dicho en la prensa.

Viéndolo todo en retrospectiva, estoy convencido de que los llamados topes no se impondrán de momento, al menos, no de la forma en que están siendo propuestos. Hay mucha oposición en el horizonte - de demasiada gente - y esto le representa al gobierno un problemón de índole político, al cual no querrá exponerse dentro del año de las elecciones generales. Sin embargo, irrespectivo de lo que pueda o no ocurrir con los políticos de turno, es importante que se sepa que el tema de los topes solo representa la punta del iceberg, en lo que respecta a todo lo que pretenden hacer para favorecer a los médicos y a los hospitales, en perjuicio de los derechos de los pacientes, que podemos ser todos.

Los asesores del señor gobernador Fortuño se han inventado crear un fondo disque para favorecer a pacientes menores de 21 años que hayan sufrido daños catastróficos. También quieren crear una "comisión" compuesta de gente que, en definitiva, no responderá precísamente a los derechos o intereses de los pacientes, y que, lejos de propiciar el acceso libre, limitará el acceso del paciente a los tribunales cuando no se cuenta de antemano con un informe pericial. Peor aún, se pretende, además imponerle al paciente una fianza, de cantidad indeterminada, la que sea "proporcional" a la suma reclamada (no dicen la proporción), para que pueda seguir litigando, cuando la llamada comisión opine que su demanda radicada carece de mérito. Los que saben de fianzas civiles pueden dar fe de lo costosas y difíciles que son de conseguir. Mi opinión es que, con todo lo que esta gente nos ha servido en la mesa, habrá que dejar de lado el tema de los topes, que tanto ha sido discutido y que, casi literalmente, ha logrado colocar equivocadamente a los médicos y a algunos abogados en un ring de boxeo, como si fueran los contrincantes en todo este tema.

Por varios años han entretenido la discusión pública con el tema de los topes. Mientras, el gobierno actual ha logrado aprobar legislación que le concede inmunidad a decenas de médicos en Puerto Rico, equiparando las demandas en su contra a aquellas que se radican contra el Estado, imponiendo los mismos topes compensatorios irrisorios que existen en esos pleitos de $75 mil por persona y $150 mil por incidente, irrespectivo de las víctimas. Mareándonos con el asunto de los topes, el gobierno actual logró aprobar legislación que amplió el derecho a hogar seguro, que antes era de solo $15 mil, al valor total de las residencias de los médicos, para que no se puedan embargar si se gana un pleito en su contra.

Los que proponen la nueva ley de impericia achacan a las demandas de impericia médica la “falta de disponibilidad” de médicos especialistas en Puerto Rico. Argumentan que existe “proliferación” de demandas frívolas y que éstas encarecen los servicios médico-hospitalarios. Siguen achacando a las demandas de impericia médica una alegada “fuga” de médicos hacia EEUU. Los proponentes de la ley achacan la disminución de obstetras en el país a las demandas de impericia médica. Hablan de falta de acceso de pacientes a médicos especialistas. Los proponentes de la ley achacan la práctica de medicina defensiva en algunos médicos al temor que tienen a las demandas de impericia. Los proponentes de la ley alaban a estados como Texas, que han incorporado medidas que limitan los derechos a los pacientes, experimentando un aumento en los médicos especialistas. Con todos esos argumentos, los proponentes de las leyes de impericia quieren aprobar una reforma que le ronca la manigueta y nos están pasando gato por liebre, mareándonos con el tema de los topes que no van para ningún lado.

No es de extrañar; los proponentes de la ley engañan a los pacientes y siguen repitiendo mentiras y falacias con el objeto de que el pueblo a la larga se las crea. Las demandas de impericia médica no han ido en aumento en Puerto Rico, por el contrario, han mermado desde hace unos cuantos años. Números de SIMED, el sindicato de impericia médica de Puerto Rico, así lo comprueban y se los han suplido a la legislatura.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de seguro de impericia médica son más bajos en Puerto Rico que en EEUU, donde los veredictos y sentencias en contra de médicos y hospitales son también más altos. Ellos lo saben, pero repiten las mentiras. La verdad es que siendo así, las demandas de impericia médica no provocan la ida o “fuga” de los médicos y otros profesionales de la salud de Puerto Rico; la pobre calidad de vida que aquí se vive sí. La política de dictar pautas de tratamiento y la morosidad en el pago a los suplidores de las compañías de planes de seguro médicos sí. La falta en nuestro país de centros para hacer residencias o especialidades médicas sí. La propia Dra. Filiberti, presidenta del Colegio de Médicos así lo ha expresado a la legislatura. Si los médicos se fueran de Puerto Rico por las demandas, entonces estarían cambiando chinas por botellas y no se puede creer que sean tan ingenuos como para hacerlo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Puerto Rico ha experimentado disminución de especialistas médicos no porque teman a las demandas de impericia. Han mermado porque el gobierno ha cerrado centros de enseñanza para las especialidades médicas, teniendo los estudiantes que se gradúan de medicina que irse a EEUU para seguir sus estudios en algunas especialidades. Una vez estudian y se gradúan en Estados Unidos, la mayoría se queda porque obtienen mejores ofertas. En cuanto a los parteros, al disminuir las residencias médicas, los obstetras son menos y siguen poniéndose viejos, dejando las amanecidas con parturientas a los más jóvenes.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Pretenden comparar la reforma de las leyes de impericia médica del estado de Texas, quitando derechos a los pacientes, con un aumento en médicos especialistas. La cruda verdad es que Texas no solo ha experimentado un aumento considerable de médicos especialistas en los últimos años. Es honesto también decir, sin embargo, que Texas es el estado de mayor aumento poblacional en la última década en los Estados Unidos. Por tanto, es de esperarse que muchos médicos también se hayan mudado a ese estado. Pero siguen repitiendo mentiras y falacias.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. No ha habido en Puerto Rico proliferación de demandas frívolas. La proporción de 70/30 de demandas que terminan a favor de médicos u hospitales (por cierto, igual al resto del mundo) no significa que el 70% de las demandas radicadas son frívolas o carentes de mérito. Hay multiplicidad de factores que inciden en las razones para esa proporción. Por ejemplo, los médicos en PR no hacen peritaje a favor de las víctimas. Solo unos pocos médicos están dispuestos a hacerlo. Las víctimas y sus abogados tienen que recurrir a médicos peritos del exterior que cobran sumas cuantiosas por ese trabajo, imposibilitando, muchas veces, su contratación y la ventilación de sus juicios. Por otro lado, el hecho de que el paciente pierda su caso en el tribunal o lo desista, no tiene que ver con falta de mérito de su demanda. Sencillamente no prevaleció a los ojos del juzgador que tuvo ante sí dos versiones periciales del mismo evento y tuvo que adoptar una o sencillamente no ha podido conseguir peritaje. Por otro lado, ante los ojos del pueblo, el médico cuenta con mayor aprobación que el abogado, por lo que resulta siempre difícil probar en un tribunal que un médico cometió un acto de impericia que le ocasionó daños a su paciente.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de los servicios médicos en PR están regulados por los propios planes de seguros médicos que le pagan a los suplidores de servicios. El hecho de que un médico tenga o no una demanda de impericia médica en su contra nada tiene que ver con lo que cobra al paciente. Por otro lado, los procedimientos que realizan los médicos para diagnosticar o tratar un paciente en Puerto Rico están regulados igualmente por los planes de seguro de salud. Un médico no puede ordenar pruebas que no estén incluidas en el protocolo de tratamiento, ya que no serían pagadas por los planes de seguro médico. Si lo hace no cobra; así de sencillo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Una comisión de cernimiento o panel de arbitraje no es justa para los pacientes, sino que impedirá y pondrá escollos adicionales a los existentes, al acceso de las demandas a los tribunales. Sus miembros serían escogidos por el gobernador, el Secretario de Salud, por el Colegio y la Asociación de Médicos de Puerto Rico. Ah, y por el Tribunal Supremo, “con la ayuda de las entidades que estime conveniente”; o sea, con la ayuda de la PR Lawyers Ass.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes hasta con el nombre que le ponen al proyecto. Debemos desnudar las mentiras y falacias contenidas en las exposiciones de motivos; olvidemos por un rato los topes.

P. del S. 2195 ¿un fortuñazo o la solución a nuestros problemas de salud?

Muchos han sido los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico. El asertivismo social que han desplegado las víctimas, muchas veces bajo el liderato de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica y otras de forma individual, ha hecho abortar exitosamente muchos de éstos.

La batalla se ha dado en muchos frentes, desde marchas en la calle y artículos o entrevistas en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Ha sido una lucha ardua, que ha contado con la participación de muchos héroes, de todas las edades y condiciones sociales. Ha sido una pelea que se ha dado en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, que potencialmente pueden ser o han sido pacientes. Sin embargo, la lucha continúa pues los grupos de presión compuesto por médicos y hospitales, no cesarán en su empeño de mermar, disminuir, poner escollos y tal vez, eliminar los derechos de los pacientes que puedan poseer una meritoria causa de acción por impericia o negligencia médico hospitalaria, por haber sufrido daños a manos de un médico o de algún personal hospitalario.

El último intento en esta dirección, en mi opinión, ha sido el P. del S. #2195, sometido el 26 de mayo pasado por la administración del señor gobernador Luis Fortuño al Senado de Puerto Rico para su aprobación. Pretende esa pieza legislativa, de 42 páginas, ser vendida como un proyecto de ley que garantiza “a la población el acceso a mayores y mejores servicios de salud”, en cumplimiento de “uno de los compromisos más importantes de esta Administración con el pueblo de Puerto Rico”, según reza su exposición de motivos.

No se han conformado con ampliar innecesariamente el derecho a hogar seguro al valor total de la residencia principal de un médico y hacerla inmune a un embargo, bajo el pretexto de favorecer a todo el que posea una residencia, "across the board". El proyecto de ley del senado 2195 es ambiciosamente abarcador pero, más importante aún, parte de varias premisas, por decirlo diplomáticamente, sumamente interesantes. Esta pieza impone un tope a la compensación por daños no económicos, estructura un nuevo panel de arbitraje o una "comisión", como le llaman ahora. También incorpora conceptos jurídicos y definiciones nuevas como la de daños catastróficos y la de fondo de compensación al paciente.

Este proyecto es pieza de estudio obligado para ser analizada, de forma objetiva y seria, por la Comisión de Salud e Impericia Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La composición de dicha comisión de este gremio profesional garantiza ese importante análisis que afectará potencialmente a toda la población del país. Me consta que grupos de estudiantes de todas las escuelas de derecho están discutiendo y analizando también este proyecto de ley, como parte de sus obligaciones en la enseñanza jurídica.

Dentro de su membresía, Osvaldo Toledo, presidente del Colegio, nombró en la comisión referida unos cuantos abogados de víctimas, algunos de médicos y otros de hospitales. Este análisis debe suponer una discusión abierta y profunda, que culminará con unas conclusiones importantes y no apresuradas que, seguramente, incidirán, de forma contundente, en la discusión pública de ese proyecto de ley. El pueblo no espera menos de su Colegio de Abogados.


Nota del 4 de noviembre:

Asistí a la primera reunión de la comisión de salud e impericia. Por lo que escuché, se evidenció, en los componentes de la comisión, un interés genuino de analizar el 2195 de una forma objetiva y profesional. No comparto la idea de imparcialidad frente a los ataques burdos y contínuos en contra de los derechos de los pacientes de nuestro país. Los médicos y hospitales no necesitan privilegios adicionales. Sin embargo, felicito a mis colegas y los insto a completar su encomienda gremial. Saben que, de todas formas, poco importa al gobierno la opinión del Colegio que quisieron enterrar y no pudieron. En lo que a mí respecta, he dicho antes que estoy prejuiciado en favor de los pacientes y de las víctimas de impericia médica. El 2195 es malo porque pretende estar basado en ausencia de estadísticas pertinentes o fundamentado en estadísticas incompletas o interpretaciones erróneas y en conceptos equivocados. Además, su fin primario y último es complacer a los médicos en contra de los derechos de sus propios pacientes y para mí eso lo vicia de entrada. Ya lo verán.

Cumpliendo mi deber al aceptar ser miembro de la comisión, dejaré saber a sus miembros y al presidente del Colegio mi opinión informada sobre esa pieza legislativa y la reforma que persigue. Sin embargo, esa reunión fue mi debut y despedida. Creo que es lo mejor. La comisión tiene demasiadas pretensiones de imparcialidad para mi gusto.

En puro rigor, creo que nos hace falta un exorcismo

Un médico en Puerto Rico, que deja de pagar su seguro de impericia por varios meses, no es acusado criminalmente por el delito estatuido de practicar la medicina ilegalmente. No tiene que invocar ni al chapulín colorado para que lo defienda, al menos en un caso criminal. La otra cara de la moneda es que si una víctima de impericia médica demanda civilmente al galeno moroso, el seguro no va a proveer cubierta alguna. Tampoco le pagará los gastos legales que tenga que incurrir el médico para defenderse de la acción, ni satisfará la sentencia, en caso de que un tribunal o jurado federal falle en su contra.

En ese caso hipotético, el médico afrontará la demanda solito, por su cuenta. El problema, sin embargo, no es solo del médico moroso. Su víctima también tiene el suyo. ¿Cómo puede, entonces, una víctima de impericia médica que ha sufrido daños de manos de un médico negligente cobrar una sentencia en su contra?

El abogado debe hacer una búsqueda registral y análisis valorativo de los bienes que posee el galeno y, si el sujeto no se acoge antes a los beneficios de la ley de quiebras, procede con el embargo inmediato de sus bienes, incluyendo su casa, de ser necesario. Ello, sin mediar mucho dolor ni pena, porque su cliente fue la víctima, que sufrió más y primero. La víctima se sometió a su médico, confiando en una presunta pericia que eventualmente resultó en un daño severo, en menoscabo de su vida y la de sus familiares.

Obligatoriamente hay que hacer un caveat. Así era que se hacía antes. El señor gobernador Fortuño estampó recientemente su firma en una ley que protege el hogar de los médicos contra embargo, no importa su valor o los daños que hayan sido ocasionados por su impericia. Claro, algunos con mucha razón, dirán que, en términos generales, esta ley favorece no solo a la clase médica del país, sino a todo persona que sea titular de un hogar y que tenga el riesgo de ser demandado.

Volvamos a la impericia médica. Cuando un médico tiene a su nombre solo su casa, no se le puede embargar, punto. ¿Y cómo una víctima de impericia médica es justamente resarcida por sus daños?

Hace un tiempo, la senadora Lorna Soto presentó un proyecto de ley encaminado a darle una protección similar a favor de los médicos. Proponía, sin embargo, un tope a este beneficio especial, que aún permitía a las víctimas recobrar sobre el exceso, o sea, por encima de ese límite estatutario propuesto.

Sin embargo, los asesores aconsejaron. Pensaron, digo, si es que lo hicieron, que una ley, como la propuesta por la senadora Soto, era discriminatoria ya que favorecía a una clase sobre el resto de la población, sin que existiera un "interés gubernamental apremiante". Ello, añadirían los asesores, violaría la cláusula constitucional de igual protección de las leyes y no aguantaría un ataque constitucional en los tribunales. Quien sabe lo que pensó esta gente. Me huele que esta ley se hizo con los médicos en mente, pues era la única clase a la que le iban a "regalar" ese beneficio. La realidad es que la ley, aunque disparatada, no discrimina, pues el beneficio ahora se dio "across the board"; pa' tó' los que tengan casa propia. Hasta para los abogados
que fuimos acusados de "vivir del dolor ajeno".

Aparte de las consideraciones levantadas por algunos analistas sobre los efectos de la nueva ley en nuestra endeble y abatida economía, lo cierto es que, en ausencia de seguro con suficiente cubierta, las víctimas no podrían ser compensadas justamente con los bienes de sus victimarios. Como siempre, la soga parte por lo más fino.

Un médico que se vea “acosado” por una víctima que probó y ganó su caso, “interesada en su dinero” o por un abogado que “vive del dolor ajeno”, levantará como escudo el beneficio de la nueva ley de “hogar seguro” que le regaló el gobierno, en caso de intento de embargo.

Claro, los médicos que, según el señor gobernador, se fueron huyendo en estampida del país por temor a las demandas de impericia médica, ahora regresarán. Vendrán a su país en fila india.

Los médicos que se gradúan se quedarán en Puerto Rico a hacer sus especialidades, porque el gobierno actual reabrirá todos los centros de residencias que fueron cerrados en el pasado. La minoría, los médicos que, de todas formas, van a obtener sus especialidades a EEUU, regresarán cuando las concluyan. Dejarán el "american dream", sus nuevas amistades y las escuelas de sus hijos, sin voltear la mirada por temor a convertirse en estatuas de sal.

Los médicos volverán al país porque no les importará la alta incidencia criminal que existe ni que "tengamos" un cuerpo policiaco señalado por los federicos por su corrupción y brutalidad. Tampoco les molestará el alto costo de los productos alimenticios, las altas facturas de servicios básicos ni el “ajuste” en el precio del combustible. No les importará que, a cada rato, las aseguradoras no le paguen a los proveedores de salud, como ocurre ahora con los obstetras que amenazan con no atender a sus parturientas.

Regresarán los galenos que se fueron a Texas, Florida, Arizona y a las reservaciones indias americanas porque los planes de seguro médicos que antes los ahogaban, modificarán su conducta anterior y se rehabilitarán. La industria del seguro no se interesará más por sus ganancias económicas sino por la buena salud del paciente y por ofrecer una retribución económica justa para los proveedores de salud. Tampoco cuestionará el juicio médico, ni acortará hospitalizaciones, ni prohibirá la prescripción de medicamentos o limitará los referidos a especialistas.

Ahora que no se puede embargar la casa de los médicos negligentes, todo será como antes en el tema de la salud. Puerto Rico lo hace mejor; somos el país de la gente contenta y feliz y de la democracia que se vive. Yeah right! No nos protege ni el chapulín colorado ... quizá si contratamos un buen exorcista....

Nota: Para la versión editada en periódico El Nuevo Día, haga clic aquí.

Si la Dra. María Rodríguez tampoco es médica, entonces debe ser dramaturga

Por escribir mayormente de temas relacionados con la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico, hace algún tiempo que ningún médico o salubrista, como el Dr. Vargas Vidot, me dirigía algún comentario, por carta, en el blog o mediante una llamada telefónica. En esta ocasión, una tal doctora María Rodríguez, licencia supuesta # 606, me telefoneó a mi oficina y aludió a mi post “Cuánto Vale un Viejo”. No para disertar sobre su contenido, sino en reacción al informe periodístico de esta semana del caso de un caballero que recientemente perdió su pene, debido a una alegada impericia medica.

De entrada, la doctora Rodríguez confesó su total adherencia al proyecto del gobernador Luis Fortuño sobre la impericia medica –que ella llama “negligencia profesional”- y admitió ser fanática incondicional del representante (Rodríguez)Aguiló quien, “a capa y espada”, lo ha promovido por varios meses en la legislatura del país. Interesantemente para mí, por la coincidencia del apellido, también alabó y agradeció las gestiones del ex senador de Arecibo, Julito (Rodríguez), por encaminar varios proyectos en ese mismo tema cuando estaba en el Senado de Puerto Rico. Yo la escuchaba atentamente.

Luego de esa introducción, la doctora Rodríguez acometió la tarea, que a todas luces tenía, de hablarme sobre la valoración que hace un hombre de su órgano sexual. ¿Cuánto vale un pene?, preguntó retóricamente.

A la hora de valorar los daños físicos y emocionales en Puerto Rico, el juez o jurado tiene que considerar varios factores que resultan críticos. En qué consiste la pérdida sufrida por la víctima de impericia médica, es la pregunta que la parte demandante tiene que obligatoriamente contestar en el desfile de su prueba. Las piernas de una bailarina de ballet deben tener un valor económico mayor que posiblemente las mías o las de cualquier persona común y corriente. El que Plácido Domingo pierda su voz necesariamente acarrearía una valoración económica mayor a la pérdida de la voz que experimentaría el vendedor de pinches de ropa y escobillones de mi pueblo San Lorenzo. De ahí que la premisa planteada al inicio de la llamada, por la supuesta doctora Rodríguez, captó de inmediato mi atención profesional.

Se publicó en el artículo periodístico que el caballero que perdió su pene por alegada impericia médica demandó por ello; tenía 57 años de edad a la fecha del evento. Ciertamente, es un adulto mayor, no es viejo, pero tampoco joven; presumiblemente era, con toda probabilidad, un hombre activo sexualmente. Por razones obvias, su identidad no fue revelada, así como otras señas que tendrían el efecto de identificarlo ante personas que lo conocieran o supieran de él.

Se preguntaba la doctora Rodríguez: ¿cómo comparar y valorar el pene de ese señor con el de un joven de 18-25 años, en la flor de su juventud? ¿Cómo comparar el valor de ese pene al de un anciano de 80 años? ¿Cómo compararlo al pene de un recién nacido, al de un niño de 10 años, de 13 años? De forma un tanto irreverente, también preguntó, ¿cómo comparar el pene de ese caballero al pene de un actor de películas porno o al de un cura en celibato? ¿Al de un pelotero, que, en la caja de bateo, lo usa de talismán para la buena suerte? (qué ocurrencias las de la doctora).

Ciertamente la doctora Rodríguez tenía un punto legítimo. Y es que, a la hora de determinar el justo valor por su pérdida, no todos (los penes) deben tener el mismo valor económico. No por el tamaño de lo perdido, sino por el uso que a este importante órgano se le daba y el placer que provocaba a su portador y a su pareja o función biológica al que se le destinaba. Ello, porque, si bien es cierto que el pene contiene la uretra y ese es el conducto por el cual se elimina la toxicidad líquida que emana de nuestros tambien queridos y apreciados riñones, es indudable que su mayor valor es otro, al menos cuando existe una vida sexual activa.

La disertación de la doctora no terminaba ahí; durante el tiempo que duró su llamada, exudaba un razonable conocimiento científico del pene y sus distintas manifestaciones, especialmente a partir de la pubertad del hombre hasta su muerte. Incluso me dijo algunos chistes viejos sobre el clero y los adornos de navidad, el del tipo que su urólogo lo mandó a brincar trepado en una silla, etcétera. Hasta pareció admitir la presumiblemente buena doctora, al igual que su admirado (también Rodríguez) Aguiló, que, cualquiera que fuese su uso o edad, su valor tenía que necesariamente exceder del tope de $250 mil que le quiere imponer el gobernador, en lo que los tres coincidimos.

Estuve preguntándome, por varios días, quién podía ser la interesante doctora Rodríguez que me había llamado, dónde trabajaba, de dónde era, qué especialidad podía tener dentro de la medicina. Luego salió la noticia de una carta que una tal Dra. María Rodríguez supuestamente dirigiera al FBI en acción con relación al Dr. Vargas Vidot, luego se publicó el dato sobre su falso número de licencia. Luego, una funcionaria del FBI negó haber recibido la famosa carta. De momento, me percaté que la autora de la supuesta carta podía ser también la misma persona que me había llamado en torno a la teorización sobre el valor económico del pene.

En su llamada, la doctora Rodríguez se me representó como una conocedora, en teoría naturalmente, del pene. De hecho, en una alusión a la obra “Monólogos de la vagina”, concluyó su casi monólogo, diciéndome que tal vez escribiría una obra teatral sobre el órgano sexual masculino.

Como la hemorragia de personas que ha salido en los medios últimamente, yo también apoyo la obra salubrista de dos décadas del doctor José Vargas Vidot y su Iniciativa Comunitaria. Sin embargo, me apunto en la taquilla si la notoria doctora Rodríguez escribe su obra “Monólogos del pene”.

Abolición de los abogados ... wishful thinking

Muchos de los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico han tenido el común denominador de pretender sacar del panorama a los abogados de las víctimas. Llevan estos proyectos el deseo implícito - y a veces expreso -de que sean las víctimas las que reclamen directamente al médico o al hospital y que sea en ese ambiente “íntimo” y "acogedor" que se resuelvan las disputas, disque, todo en beneficio de las propias víctimas. Yeah right!

En unos proyectos los abogados ganan mucho menos si litigan un caso de esta naturaleza. En otros las víctimas recibirían de los médicos, hospitales y aseguradoras del riesgo, una compensación "justa" o la ayuda médica "necesaria" para sus daños físicos/emocionales, sin que los avariciosos abogados, que “viven del dolor ajeno”, como nos endilgó recientemente el gobernador Fortuño, les quiten una porción de ese dinero. El resultado neto de estos proyectos, que no dicen, es desalentar las reclamaciones de impericia; que las victimas no reclamen.

En estos días de lluvia, estuve nuevamente disfrutando con mi familia la saga de tres películas dirigidas por Steven Spielberg, tituladas “Back to the Future”. Esas películas fueron filmadas a mediados de la década de los ochenta y marcaron el comienzo de una vida profesional exitosa, tanto de sus protagonistas como del director/productor. El segundo film de este trío de películas de ciencia ficción tiene de escenario un pequeño pueblito en el año 2015, a 30 años de su actualidad.

En una escena, el científico Emmet Brown le comenta al protagonista, interpretado por un joven Michael J. Fox, que, desde que se abolieron los abogados, los pleitos tardan relativamente poco tiempo en los tribunales. Es decir, el personaje atribuye implícitamente a los abogados el que los pleitos antes se atrasaban en los tribunales por la intervención (culpa) de éstos en el trámite judicial.

De primera intención, parecería que nuestros legisladores, en su férrea defensa de los médicos y hospitales de nuestro país, evidencian ser también fervientes entusiastas de estas películas de ciencia ficción. Esta gente aparenta haberse creido la historia de Spielberg cuando en sus proyectos de ley han intentado sacar del medio a los abogados de las víctimas de impericia médica. Quizá, emulando la película, puedan lograrlo para el año 2015. Con ello se ganarían los votitos de los médicos negligentes. Y de paso, podrían invitar a la firma de la que podrían titular "Ley de la Abogadectomía" a los protagonistas y al director de “Back to the Future”.

Me pregunto si, a bordo del DeLorean gris del doctor Brown, estarían también dispuestos a regresar al pasado, particularmente a los tiempos del Código de Hammurabbi. En esa época, médico que metía la pata con algún paciente pagaba su impericia con la vida o con la amputación de alguna de sus extremidades. Ya me estoy contagiando con la ficción … nada bueno se pega.

P de la C 3450 bajo el radar…., otro leñazo a los derechos del paciente

Sumándose a la lista de aliados/cómplices de algunos médicos, enemigos de los pacientes en el país, en lo que parece ser una perversa costumbre de algunos legisladores, un representante a la Cámara de apellido Guerra ahora pretende volar bajo el radar un proyecto de ley de su autoría, brindándole tratamiento jurídico de hospital público a todas las salas de urgencia o de emergencia en Puerto Rico, imponiendo un tope de $75 mil a las compensaciones por actos de impericia médica cometidos en dichos centros de cuidado primario. Tal parece que el Sr. Guerra ha vivido en otro país por las últimas semanas, en que decenas de víctimas de impericia han hecho público sus testimonios, planteando, de paso, su férrea oposición a que se impongan topes a sus reclamaciones de impericia médico-hospitalaria.

En definitiva, algunos legisladores le han declarado la guerra a los pacientes de Puerto Rico, sin recordar que también son sus constituyentes y que votan y han votado en las elecciones donde han resultado electos. Esta guerra había sido declarada antes por los propios médicos, que han velado más por sus intereses económicos que por la salud y derechos básicos de sus pacientes, al propiciar y pagar un costoso cabildeo en pro de una reforma a las leyes sobre el tema y en su beneficio exclusivo.

Toda guerra se compone de pequeñas batallas y me parece que ésta, que tiene de leñador de turno al tal Sr. Guerra, es una más que los pacientes y las víctimas de impericia médica tendrán que librar en la calle, donde más les duele a los políticos.

¿Demandas frívolas o argumentos frívolos?

Los proyectos de impericia médica o como los médicos y sus cabilderos les ha dado con llamarlos ahora: de protección de los pacientes, están en boca de todos en Puerto Rico. Más, desde que el gobernador se ha convertido en el más reciente aliado del Colegio y de la Asociación Médica del país.

Con el último anuncio del Colegio de Médicos nos han tirado hasta con las maletas a los abogados que representamos a las víctimas de impericia. Denuncia este anuncio pagado que los abogados “se quedan” con una tercera parte del monto del pago a las víctimas. Claro, el gobernador, que es nuestro colega, sostiene que los abogados que representamos a las víctimas vivimos del dolor ajeno, así que todo argumento, por más demagógico, insensible y falso que sea, es posible. Es un 'riégalo que nos conviene'.

Los que auspician estos anuncios, incluido los funcionarios del gobierno, pasan por alto muchas cosas importantes. El sistema de honorarios contingentes que cobramos los abogados de las víctimas provee el único acceso que tienen los pobres del país y de los países donde ello es permitido, que no son pocos, incluyendo EEUU, a una litigación compleja y costosa que, de otra manera, les sería inaccesible. No menos importante, el sistema de cobro de honorarios legales condicionado a que el pleito se gane y nuestros clientes prevalezcan, tiende a reducir la radicación de las llamadas demandas frívolas que tanto critican y temen como el diablo a la cruz. Piénsenlo.

Nadie quiere radicar una demanda frívola. Analícenlo desde un punto de vista pragmático. En nuestro sistema de honorarios contingentes, ¿qué gana un abogado que radica una demanda frívola en los tribunales? A menos que piensen que lo que uno quiere es jorobarle la vida a la gente, ¿qué creen que gana el abogado si la demanda que ha radicado se pierde? Un amigo de Adjuntas contestaría que estos abogados ganan "lo que se le unta al queso".

No se cobran honorarios contingentes en otro tipo de casos, como los penales y los de relaciones de familia. Nuestras leyes y los cánones de ética que regulan la abogacía lo permiten, sin embargo, en aquellos pleitos donde se reclaman daños y perjuicios, como lo es una demanda de impericia médica. Esto tiene sentido porque, con ello, se logra un mayor y mejor acceso a los tribunales de las personas que no pueden pagar honorarios por hora a un abogado que los represente, cuando la única retribución al daño es monetaria. En los tiempos del Código de Hammurabi, el médico que metía la pata se le cortaba alguna extremidad. Menos mal que esos tiempos fueron superados.

Lo que hay tras el más reciente proyecto de ley es intentar echar a un lado a los abogados, para mi sorpresa, desacreditandonos. Insinúa ese proyecto que las víctimas no nos necesitan porque ya tienen a los médicos para defenderlos. Qué chiste. Claro, si se quita a los abogados del medio, es decir, si se pasa una ley institucionalizando una abogadectomía radical en el sistema, se acabarán las demandas de impericia médica. Sería para los médicos...un mundo.... chuchin.

ACCESO MEDICO ... a los derechos de las víctimas

Como a nadie meten preso por pedir, los médicos en Puerto Rico han pedido (1) inmunidad si ocasionan daños a sus pacientes y familiares, (2) un credito contributivo por la suma dedicada a comprar sus seguros de impericia, por encima de $100 mil (3) derecho a hogar seguro por $250 mil sobre el valor del equity, para que ningún abogado pueda pedir o un tribunal pueda ordenar el embargo de su residencia principal. Por si fuera poco, se quiere que la víctima preste una (4) fianza si desea radicar una demanda de impericia en su contra, luego de que un comité “especializado” decida que no debe hacerlo. Quieren más, muchísimo más y en el gobernador han encontrado una mano amiga que los protege. Y a este “laundry list”, contenido en 43 páginas, que no hace sino cercenar derechos, dejando chiquita a la guillotina francesa, tienen los timbales de llamarle "proyecto de acceso médico". ¿Acceso a donde? Quieren acceso al lugar donde se deben guardar celosamente los derechos del pueblo, en especial de los pobres de este país.

Claman por una abogadectomía radical en estos casos, o sea, extirparse a los abogados del sistema, pero no se atreven a impulsarlo abiertamente. A lo más que han llegado es a proponer un fondo para supuestamente dar tratamiento médico a las víctimas, pero que no cubra gastos legales. Una ley sobre el tema de impericia que saque a los abogados del camino de los médicos sería ideal para ellos, para que puedan practicar su profesión, casi nada auto-regulada, de forma tranquila, sin la pesadilla que supone tener que rendir cuentas a sus pacientes en un foro imparcial. El gobernador, que es abogado, ha llegado al extremo de acusar a los que litigamos estos casos de que vivimos del dolor ajeno.

Se puede ir a programas radiales y explicar que lo que pretende hacer el gobernador, en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica, no tiene razón de ser. Porque de convertirse en ley, los proyectos que se han radicado no se traducirán en que los médicos se queden aquí, ni que vengan a nuestro país luego de hacer sus especialidades en el exterior. Se puede explicar, ad nauseum, que las demandas de impericia no han ido en aumento, sino lo contrario; que las primas de seguro que pagan en Puerto Rico son muchísimo menos de las que pagarían en EEUU, donde existe el derecho a juicio por jurado en todos los foros, cuyos veredictos sí que los exponen a perder hasta la cota y no hay exenciones que valgan. Se puede argumentar que los médicos brincan el charco con sus familias porque el país carece de rumbo y el deterioro social nos tiene a todos de cabeza apuntando al abismo.

Saben los médicos que se van y los que se quedan, que en gringolandia tienen mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y que pueden percibir mejores ingresos. Están conscientes que los planes de seguro médico en el país les dictan lo que tienen que hacer y no pueden hacer con sus pacientes. Saben que el plan de salud del gobierno es ineficiente y abusivo con ellos.

En fin, hablar con datos en la mano a una mente hecha es como predicar en el desierto. Hasta ahora, tratar de inyectar sensatez en su mente es una causa perdida. Hasta ahora, no hay forma de que el gobernador parezca entrar en razón. Se puede hablar, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que se diga. Es como si se hablara con una piedra.

Hay que detener esta insensatez, promovida por el gobernador y los gremios médicos, que tiene al pueblo ahogándose en una oleada de mentiras y medias verdades. Puede ser increíble y hasta arriesgado, pero todo parece indicar que, para lidiar en este ambiente repleto de pirañas, los pacientes tengan que recurrir a un tiburón blanco.


Nota del 27 de mayo:
Con el refuerzo de Sharon Reilly, al paso del tiburón blanco solo quedó una estela de cadáveres de pirañas en la superficie de un mar más calmado. Se dejó la consideración de los proyectos de impericia para la próxima sesión ordinaria, cuando habrán vistas públicas. Sin embargo, el poderío económico evidenciado en los medios para adelantar los proyectos que favorecen a los médicos en detrimento de sus pacientes, es sencillamente abrumador. Parece que hay billetes; vamos a ver si el gas pela.

Nota del 31 de mayo:
Annie Mayol fue denunciada como cabildera desde Fortaleza a favor del proyecto de acceso médico (a los derechos de las víctimas). Ella lo hacía antes y le pagaba la sociedad de ortopedas a través de una agencia de publicidad. ¿Que nosotros le estamos pagando ahora para hacer lo mismo? ¿Cómo hago para que me devuelva mi parte? ¿Podemos radicar un pleito de clase?

Nota del 2 de junio:
Catalogándolo de bochornoso, con el fino escalpelo de un cirujano cardiovascular y sin anestesia, los doctores Iván González Cancel y Eduardo Ibarra desbridaron el proyecto de acceso a los derechos de las víctimas de impericia médica en Puerto Rico promovido por el señor gobernador Fortuño, el Colegio de Médicos y por la cabildera Annie Mayol.

La otra carta abierta al gobierno

HON. LUIS G. FORTUÑO BURSET, GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. THOMAS RIVERA SCHATZ, PRESIDENTE DEL SENADO DE PUERTO RICO
HON. JENNIFER GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

Distinguidos funcionarios:

Nuestro país cuenta con una clase médica preparada, competente y deseosa de brindar los mejores servicios de salud a sus pacientes, pero en sus propios términos. El acceso a ciertos especialistas y sub-especialistas es cada vez menor porque los centros de entrenamiento de residencias han cerrado y estos médicos brincan el charco a especializarse fuera de Puerto Rico y allá se quedan muchos. Incide primordialmente en su decisión el deterioro social que vive nuestro país, el estrangulamiento de los planes de seguros médicos a su práctica profesional, el “capitation” de la reforma de salud, mejores condiciones económicas y mejor calidad de vida para ellos y su familia. Están cansados de que enfermeras contratadas por los planes médicos les digan lo que tienen o pueden hacer con los pacientes. Conscientemente, van estos buenos médicos a un país donde hay más radicaciones - per capita - de pleitos por impericia médica que en Puerto Rico y donde se cobran primas de seguro que multiplican geométricamente las que se cobran en este país, donde un 85% paga menos de $5 mil anuales. Sin embargo, para el que lo hace, el brinco vale la pena y no tienen miedo a lo que les espera, porque son buenos. De hecho, los reclutadores gringos de talento médico carecen de interés en los malos médicos boricuas; desafortunadamente, estos se nos quedan aquí.

También es de conocimiento general que, en muchos de nuestros hospitales, los pacientes poli-traumatizados, los de ortopedia, neurocirugía y otras especialidades quirúrgicas son transferidos al Centro Médico de Puerto Rico. Es cierto que la ley ya concede inmunidad total a los médicos que allí trabajan en caso de reclamaciones de impericia médica, sencillamente porque son empleados públicos de la UPR o ASEM y reciben un sueldo fijo del gobierno. La práctica de transferir pacientes privados realmente no está relacionada con las actuales leyes que rigen las acciones de impericia medico-hospitalarias. Tiene que ver con una mala y cuestionable maña decenal, de manejar solo pacientes con condiciones médicas fáciles de tratar y de fácil remuneración económica. Tiene que ver también con el deseo de vivir una vida más o menos normal, lejos del hospital en horas de la madrugada y más cerca del mar y de las canchas de tennis y campos de golf en los fines de semana y algunos miércoles también. Por eso a los obstetras les gusta hacer tantas inducciones de partos y tantas cesáreas.

El riesgo que tiene un médico a ser demandado siempre ha estado vinculado a su pericia o falta de ella, no al derecho de las victimas a ser justamente compensadas por sus daños ocasionados por negligencia ni a los abogados que las representamos. El resto es un cuento de camino y miedo infundado. Y de esto puede dar fe el gran porciento de buenos médicos en Puerto Rico que nunca han sido demandados, ya que solo el 3% de los médicos ocasiona la mayor parte de las pérdidas de SIMED; los mismos que el Colegio y la Asociación de Médicos sigue protegiendo con su falta de auto-regulación.

La situación con las mujeres parturientas en Puerto Rico no es crítica; han seguido pariendo al mismo ritmo, a pesar de las amenazas o acciones de algunos obstetras de dejar el país. No se van del país a parir; paren aquí. O sobraban los que había, o los que se quedaron han sido suficientes para atenderlas. No obstante, es un hecho cierto que el mundo se está moviendo hacia un parto cada vez más natural, con menos intervenciones de los médicos obstetras que lo que sí han hecho es subir la incidencia de partos por cesáreas. Por si quieren hacer otro homenaje legislativo, es bueno que sepan que Puerto Rico posee la cuestionable distinción de ser el líder en el mundo en este renglón, con un 48% de partos realizados mediante cesárea.

Algunos médicos en EEUU y Puerto Rico, afortunadamente la minoría, hacen medicina defensiva, con la idea equivocada de que con ello pueden evitar las demandas de impericia. Sin embargo, sepan distinguidos funcionarios, que la medicina defensiva no es el estándar medico aceptable en el mundo; encarece los costos de salud e implica una práctica médica antiética y deplorable, que a la larga es pagada por el menos que puede: el paciente. Si esta práctica retrasa el tratamiento médico definitivo y ocasiona un daño, estamos ante un acto de impericia médica y otra demanda que le deben sacar el cuerpo.

El miedo infundado a las demandas o la "jaibería" del liderato de los médicos en Puerto Rico no se resuelve quitándole derechos a sus pacientes, eliminando la solidaridad o poniendo topes a las compensaciones; medidas que solo afectan a los que más daños han sufrido.

No sigan dando inmunidad a los médicos a tutiplén y menos a los que tienen privilegios en hospitales que generan ingresos por estar privatizados. Si quieren favorecer a los médicos, paguen sus seguros de impericia, como sugirió Ud., Señor Gobernador en 2008, cuando era solo un candidato. Paguen los seguros médicos a los estudiantes y a los médicos que entrenan, mientras estén en esas funciones académicas en los hospitales privados.

Reabran los centros de entrenamiento para generar especialistas, que fueron cerrados por los que los antecedieron, por querer implantar el plan de reforma de salud criticado por todos los sectores. La media en las compensaciones que se conceden en los pleitos de impericia médica no excede la cubierta de $100 mil que ofrece SIMED y menos la de $250 mil de Triple S. Además, sepan distinguidos funcionarios, que existe en el mercado de nuestro país seguro del exceso, hasta $3 millones, que los médicos son renuentes a comprar, a pesar de ser su precio uno bien competitivo, prefiriendo pagar a abogados por el exceso de su póliza.

Las víctimas de impericia médica son el eslabón más débil de la cadena y sufren por toda la vida. Con sus virtudes y sus defectos, se sienten protegidas por el actual estado de derecho, que ha servido bien. No quieren ser protegidas por médicos que han demostrado que sus propios intereses económicos excede el interés por la salud de sus pacientes. No cercenen los derechos de los pacientes para favorecer los intereses económicos de una clase que siempre ha sido privilegiada. Es absurdo y risible que al promover el quitarles derechos a sus pacientes, pretendan decir que están protegiéndolos.

Nota: A lo mejor no llega, pero al menos no costó $5,600.00; solo un poco de tiempo y una pizca de coraje del autor ante unas medias verdades publicadas que le zumban la manigueta.


Nota del 15 de mayo
De soga en casa del ahorcao'. Ayer se celebró un foro en el Recinto de Ciencias Médicas sobre el tema de la impericia médica, en vísperas del proyecto de administración que amenazan por presentar desde Fortaleza. Desinflando el argumento del éxodo, allí se dijo que solamente 40 médicos se habían ido de Puerto Rico en 2010 hacia EEUU y que habían regresado 8 y que la motivación no era las demandas, sino mejor calidad de vida, por ende, huyendo del deterioro social y mejores salarios. También se dijo que las demandas de impericia médica no iban en aumento, disminuyendo incluso el promedio de compensaciones a solo $42,000, lo que fácilmente es cubierto por los seguros existentes en el mercado. Y que el actual TEM o Junta de disciplina, bla bla bla estaba inoperante y el Colegio de MD's no autorregulaba a los médicos; incluyendo al 3% que son "viajeros frecuentes" a los tribunales. En fin, allí se habló de la soga en casa del ahorcao'; si no escucharon, es porque no quisieron. Ojalá que el presidente del senado use esos datos y otros adicionales de falta de vínculo,que nadie dijo, para detener esta locura a tiempo; porque, de seguro, a doña Jeniffer y al gobe les importa un K.

Nota del 17 de mayo
"Pese a que el Colegio de Médicos Cirujanos lleva a cabo una campaña denunciando la fuga de galenos al exterior por la falta de un tope en las compensaciones por daños morales en los casos de impericia médica, La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, aseguró que en 2010 se registró un aumento de 730 galenos licenciados para ejercer la medicina en la Isla." El Vocero de PR, pág. 13.

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS

Su afán decenal por introducir una reforma al sistema compensatorio vigente y al estado de derecho con relación a los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria, ha llevado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, a desatar en estos dias una costosa campaña de medios. En este "media tour" por todas las emisoras radiales y periódicos del país, el Colegio ha enfatizado su preocupación sobre la mudanza de médicos boricuas hacia Estados Unidos.

“Masivo el éxodo de los galenos boricuas”, fue el titulo de un articulo publicado en el periódico El Nueva Día, hoy 8 de mayo, de la autoría de Gloria Ruiz Kuilan. El subtitulo dice: “Se lo achacan a las leyes de impericia”, estimando que unos 900 galenos han brincado el charco. Cita la periodista a la jefa del Colegio, Dra. Alicia Filiberti, diciendo que: “el propósito es crear conciencia al pueblo de que los médicos están emigrando por un problema grande de impericia”; entre estos “el alto costo de los seguros contra la impericia medica, las demandas frívolas y el plan de reforma que, con la privatización elimino muchos programas de entrenamiento.”

No es la primera vez que el Colegio de Médicos de Puerto Rico achaca el éxodo de médicos a las demandas de impericia médica. Desde la presidencia del Dr. Oscar Rodríguez, a principios del Siglo 21, todos los que han agarrado un micrófono alguna vez lo han hecho. La diferencia es que ahora están gastando un dron de billetes, a manos llenas, con el posible visto bueno del gobernador y la legislatura, que no se quieren quemar solos en este tema.

Una mentira repetida mil veces puede parecer una verdad. Sin embargo, en su esencia, siempre será una mentira, no importa los miles de dólares gastados o las veces que un periodista de prestigio preste su voz para apoyarla en un comercial radial o televisivo pagado.

Según las estadísticas del sindicato de aseguradores (SIMED) que asegura la inmensa mayoría de los médicos en Puerto Rico, el 85% de estos pagan menos de $5 mil dólares anuales de prima por su seguro de impericia médica. ¿De qué altos costos habla la doctora Filiberti cuando en los EEUU estos costos se multiplican geométricamente? Debe ser de los mismos "altos costos" de que hablaba el gobernador cuando era candidato en 2008 y prometía una reforma de las leyes sobre impericia, gestión puramente republicana, proveniente de ese sector político norteamericano que lo ha intentado a nivel federal y no ha podido. En aquella ocasión el candidato habló . . . y el pueblo le creyó.

No hay duda de que el gobernador ha hecho el compromiso de reformar las leyes de impericia médica con la clase médica a la que pertenece su querido suegro y, con toda probabilidad, a juzgar por lo que ha hecho antes, tal vez lo logre más pronto que tarde. Pero él, que bastante quemaíto está con la situación de deterioro a todo nivel prevaleciente en el país, no quiere quemarse solo en este asunto. La legislatura tampoco está en ánimo de hacerlo. Un tema que ha movido a cientos de víctimas de impericia medica y sus familiares a marchar frente al capitolio no pasa desapercibido en el país. Y el Colegio, cuya propia existencia está en entredicho con eso de la colegiación obligatoria, ha decidido echar el resto y gastar las cuotas de sus colegiados en este "media tour", alentado por los políticos a hacerlo. Después de todo, la imagen de los médicos está en mejor estado que la de los políticos y puede aguantar candela.

Como la mentira pocas veces se sostiene, es bueno informar al que me lee, la siguiente cita: “Como muy bien se afirma, las campañas de reclutamiento que se han desarrollado en Puerto Rico por parte de instituciones de salud, la mayoría de ellas procedentes de los Estados Unidos Continentales, han sido muy exitosas y han provocado una migración considerable de médicos, enfermeras, profesionales y especialistas de la salud a otras jurisdicciones. Nuestros profesionales son de primera calidad, además muchos de ellos son bilingües.... No hay duda que el deterioro social también contribuye a la emigración de los profesionales mencionados.”

La anterior cita no es mía, ni de ninguno de los “greedy lawyers” que representamos a las víctimas de impericia médica en Puerto Rico. Lo dijo la propia jefa del Colegio de Médicos, doctora Filiberti, en su ponencia el pasado 11 de febrero de 2011, respaldando la legislación propuesta creando la figura de médicos asistentes.

Alguien dijo alguna vez: “La primera vez que me mientas será por tu culpa, la segunda será por la mía.”


Nota del 17 de mayo
Pese a que el Colegio de Médicos Cirujanos lleva a cabo una campaña denunciando la fuga de galenos al exterior por la falta de un tope en las compensaciones por daños morales en los casos de impericia médica, La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, aseguró que en 2010 se registró un aumento de 730 galenos licenciados para ejercer la medicina en la Isla. El Vocero de PR, pág. 13.

¿Tú también, Bruto?

La asociación de ideas que, continuamente, hace la mente humana es realmente asombrosa. En la obra shakesperiana “Julio Cesar”, el autor inglés hace alusión al momento en que unos componentes del senado romano apuñalan al emperador, siendo uno de ellos Bruto, al que consideraba casi como un hijo. “Et tus Brutus” llegó a convertirse en una frase muy famosa, sinónimo de una sorpresiva traición por alguien inesperado.

Julio César murió acuchillado un 15 de marzo, 44 A.C. Fue previamente advertido de que, en su contra, unos cuantos senadores estaban urdiendo un complot para asesinarlo, con el propósito de formar un gobierno de tipo republicano para que rigiera el imperio romano.

Un personaje en la obra de Don William le dijo al emperador: “Beware of the idles of March”, implicando que el complot se produciría a mediados del mes de marzo. Obviamente, el poderoso Julio César no le hizo caso y así se escribió la historia de una de las mayores traiciones, que nos llega igualmente a través de su pluma. Esa frase ha quedado plasmada en la historia como una advertencia para cuidarse de sus enemigos. Irrespectivo de cualquier mérito que pudiese haber tenido el hombre en su tiempo, como miembro del senado romano, Bruto quedó relegado en la historia como un traidor que colaboró, con su mano, al asesinato de su mentor. Su hazaña solo es comparable con Judas, otro traidor que después vendería a su mentor por aquellas famosas 30 monedas de plata.

Escribo estas líneas, precisamente un 15 de marzo, aniversario de la traición de Bruto, a 11 días del radiomaratón del Colegio de Abogados. Una actividad que se hace con el fin de allegar dinero para pagar una sentencia federal a unos miles de abogados desafiliados.

Digresión o no, desde que publiqué mi anterior post “Adopte un disidente”, no han sido pocos las personas que me han escrito, además de sugerir otro calificativo menos light, pidiendo que liste los nombres de los abogados que escogieron permanecer en el pleito de clase para cobrarle al Colegio la suma de $376.00, o por las razones que hayan tenido, aunque sea la de implosionar su sede. Es lógico presumir que la lista de los abogados de esa clase debe estar un poco menos poblada que la de los que optamos por excluirnos y seguir perteneciendo al Colegio, pero debe ser aún numerosa.

No tengo duda de que todos en el país conocemos, como mínimo, uno de los abogados que permanecieron en el pleito de clase. El Colegio recaba la cooperación del país entero para que coopere, porque pertenece a Puerto Rico y al país ha servido bien. El cheque que se envíe al Colegio no va a provocar la quiebra de nadie, pero puede evitar la del Colegio. Por tanto, lo importante es que todo el que quiera y pueda, envíe su cheque por cualquier suma. Si quiere adoptar un disidente, pueden enviar $376.00 a favor de Fundación del Colegio de Abogados, escribiendo el nombre del disidente. Bruto, seguramente, no se lo agradecerá pero el Colegio y el país, sí.

Impresiones de un conversatorio

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico invitó a un conversatorio a varios abogados para hablar del tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria. De los cinco abogados invitados, el único identificado con las victimas fue el autor de este blog. Encontré allí a varios colegas, conocidos al fragor de mi litigación en los tribunales por alrededor de tres décadas, entre los cuales se encontraba un ex juez de la corte federal y otros que representaban indistintamente a hospitales y médicos.

El tema del conversatorio fue libre, girando mayormente en torno a las distintas vertientes del mismo problema. Cada uno de los invitados planteamos nuestras posiciones, diversas entre sí. Como el resto de los países, Puerto Rico vive una crisis económica. Así que, como esperaba, se levantó el punto de que los hospitales estaban atravezando por una crisis económica, que había obligado a algunos a acogerse a la protección del código de quiebras federal, como Damas y San Gerardo, para evitar cerrar sus puertas.

Por otro lado, otros arguyeron que los médicos estaban siendo ahogados por las compañías de planes de seguros de salud que les pagaban poco y que las aseguradoras del riesgo de impericia médica proveían unas cubiertas insuficientes. Según pronosticaron los colegas, estos problemas económicos de los médicos y de los hospitales iban en detrimento de los propios pacientes, quienes se verían eventualmente afectados por la falta de servicios médicos de calidad y de hospitales de primer orden.

Observando el giro que estaba dando la conversación, por la proporción de 5-1, me vi obligado a establecer como premisa en la discusión algo que me resultaba obvio pero que se estaba soslayando, inadvertidamente o a propósito: que todo sistema de salud debe tener como principal protagonista y punto de enfoque al paciente, quien resulta el eslabón más débil de la cadena. Argumenté apasionadamente que es al paciente a quien debe protegerse primordialmente y que no se debe limitar el libre acceso a los tribunales para dirimir las controversias. Claro, sin perder de vista que los hospitales requieren operar con un margen de ganancia que le permita ofrecer más y mejores servicios, en beneficio del paciente y que los médicos que rinden su labor cotidiana, la mayoría de forma excelente, lo hagan con una remuneración adecuada.

Porque tampoco pretendo ser ingenuo, entiendo que es necesario buscar vías para retener a nuestro talento médico en el país, de suerte que no les resulte atractivo migrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores beneficios económicos y dejen a los pacientes de la Isla desprovistos de servicios de calidad. También me resulta razonable que los hospitales operen con un margen de ganancia holgado, que garantice la contratación de servicios ancilares de primera calidad, ello en beneficio de los pacientes que admiten.

Se sortearon varias alternativas en el conversatorio, la mayoría de las cuales, como suele suceder en este tipo de discusión desigual, iban en detrimento de los pacientes, quienes son eventualmente las víctimas de impericia médica y de la negligencia hospitalaria. Topes a las compensaciones por daños no económicos, eliminación del concepto de solidaridad entre los Co-causantes del daño y la implantación de paneles de arbitraje como medio para desalentar reclamaciones inmeritorias, fueron unas pocas de las "ideas" que se lanzaron a la mesa. También se sugirió legislar para propiciar que las aseguradoras del riesgo aumentaran la cubierta de seguros, considerada insuficiente por los médicos e impedir que recarguen a sus asegurados a menos que recaiga sentencia en su contra.

Nada nuevo bajo el cielo se discutió como posibilidad de legislación entre los que asistimos. Todas las ideas han sido discutidas por más de tres décadas en los EEUU; algunas adoptadas, otras descartadas. Obviamente, argumenté las objeciones de rigor a las sugerencias que implicaban cercenar derechos al paciente, como son los topes a las compensaciones, la solidaridad o limitar el acceso libre a los tribunales, como son los paneles de arbitraje. Concurrí con las que promovían la retención de los médicos y las mejoras de los servicios en los hospitales.

Pienso que las reclamaciones de impericia médica y de negligencia hospitalaria que se presentan en los tribunales, no constituyen un problema y así lo expuse claramente. La insuficiencia de estas radicaciones promueve quizá el sentido de impunidad entre los médicos negligentes, pues piensan que pueden practicar su profesión por la libre. Puse el ejemplo de que en EEUU la proporción de radicaciones es de una de cada ocho casos de impericia médica, por lo que en nuestra Isla, una sociedad aún menos litigiosa, la distancia entre los eventos y las demandas radicadas es mayor.
Por mi parte adelanté varias innovaciones, como la idea de que los hospitales y médicos se abrieran más hacia sus pacientes; que dieran cara cuando las cosas no salieran bien.

Aunque está probado a la saciedad que ello redundaría en una merma en las reclamaciones - que a nuestros anfitriones les interesaba mucho - dije, sin embargo, que el sistema actual no promueve esto. El médico nunca admite cándidamente sus errores ante el paciente o sus familiares y, para ello, tendría que hacerlo. El personal mal pagado de enfermería, tampoco. No dije que era fácil. También sugerí estudiar la posibilidad de implantar un seguro “sin culpa”, (no-fault) con unas cubiertas pequeñas, hasta $25 mil, que desalentara la radicación de demandas de poca cuantía, en base a ajustar las reclamaciones extrajudicialmente, de forma expedita.

El conversatorio concluyó en un par de horas. La asociación de hospitales publica una revista periódicamente, que circula entre sus miembros y en la cual pretende publicar el contenido de ese conversatorio en una próxima edición.

Varias percepciones suelen surgir de la observación de un mismo evento. Soy optimista, pero igualmente realista. Contrario a mí, mis colegas en el conversatorio consideran que al paciente que sufre un daño a manos de un medico negligente no debe ser catalogado como una víctima. Además, entienden que la necesidad económica los impulsa a radicar una reclamación de esta naturaleza. Esa percepción me parece muy equivocada. Para beneficio de nuestras interlocutoras y de los colegas del panel, describí el perfil de una víctima de impericia medica que acude a nuestras oficinas, pero sin mucha esperanza de que concurrieran conmigo. Si en lo más simple hay tanta diferencia conceptual, en lo complicado no veo consenso posible en el camino. En lo único importante en que concurrimos todos fue que, contrario a lo que se ha querido hacer creer muy recientemente en los medios, los pleitos de impericia médica no constituyen o provocan la migración del talento médico fuera de Puerto Rico. Al menos algo positivo salió de dicho conversatorio entre colegas.

Trato de ser objetivo cuando discuto cualquier tema, pero, como he dicho antes, en el de la impericia medica y de la negligencia hospitalaria, no lo soy. En ese conversatorio, el único que intentó lograr algún grado de consenso, quizá por su experiencia en la judicatura, fue el ex juez federal. En una escala de valores, no concibo que el beneficio económico de médicos u hospitales tenga la misma importancia y relevancia que la salud y bienestar del paciente. Quizá los amigos del otro lado de la cancha piensen, sin querer queriendo, que la balanza de la justicia se mantiene equilibrada cuando se le quita derechos a los pacientes en beneficio de los médicos y hospitales. Quien sabe... pero, por lo mismo, no creo que la asociación sea muy objetiva que digamos en su cubierta del conversatorio y potencial análisis editorial, porque, al final del día, como cantó el ponceño Héctor Lavoe, todo es según del color del cristal con que se mira.

El conversatorio fue reseñado en las páginas 32 a la 36 de la Revista de Hospitales, en su publicación de marzo. LA pueden acceder cliqueando aquí.