Sumándose a la lista de aliados/cómplices de algunos médicos, enemigos de los pacientes en el país, en lo que parece ser una perversa costumbre de algunos legisladores, un representante a la Cámara de apellido Guerra ahora pretende volar bajo el radar un proyecto de ley de su autoría, brindándole tratamiento jurídico de hospital público a todas las salas de urgencia o de emergencia en Puerto Rico, imponiendo un tope de $75 mil a las compensaciones por actos de impericia médica cometidos en dichos centros de cuidado primario. Tal parece que el Sr. Guerra ha vivido en otro país por las últimas semanas, en que decenas de víctimas de impericia han hecho público sus testimonios, planteando, de paso, su férrea oposición a que se impongan topes a sus reclamaciones de impericia médico-hospitalaria.
En definitiva, algunos legisladores le han declarado la guerra a los pacientes de Puerto Rico, sin recordar que también son sus constituyentes y que votan y han votado en las elecciones donde han resultado electos. Esta guerra había sido declarada antes por los propios médicos, que han velado más por sus intereses económicos que por la salud y derechos básicos de sus pacientes, al propiciar y pagar un costoso cabildeo en pro de una reforma a las leyes sobre el tema y en su beneficio exclusivo.
Toda guerra se compone de pequeñas batallas y me parece que ésta, que tiene de leñador de turno al tal Sr. Guerra, es una más que los pacientes y las víctimas de impericia médica tendrán que librar en la calle, donde más les duele a los políticos.
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