jueves, 2 de octubre de 2014

Las medias verdades nunca son verdades, "Doctor President"

Además de constituir un maltrato hacia la mujer y la criatura por nacer, las cesáreas innecesarias dan origen a una causa de acción, es decir, a una demanda, bien por agresión o por impericia y negligencia, en contra del médico que la hace. Así de grave, pero sencillo de comprender. 

La Organización Mundial de la Salud establece que el porciento razonable de cesáreas no debe sobrepasar el 15% de todos los partos.  Puerto Rico tiene la dudosa distinción de que el 48% de los partos hechos en nuestros hospitales son mediante cesárea. En algún momento, hace unos años, "logramos" la primera posición a nivel mundial.


La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la ex primera dama, hoy representante, Pity Gándara, celebró el miércoles 1ro. de octubre de este año la continuación de unas vistas públicas, al son de una manifestación en el exterior del capitolio, promovida por el grupo puertorriqueño autodenominado Inne-cesareas.org. En estas vistas se  ha estado discutiendo el cumplimiento de los médicos del país con la llamada Ley para el Desarrollo y la Implantación de la Política Pública para la niñez temprana. Particularmente, el miércoles se discutieron las disposiciones de la Ley sobre nacimiento seguro y el rol de los obstetras en este importante evento.  Allí estuvo exponiendo la posición gremial (no genial) de los médicos el flamante presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el pediatra Dr. Victor Ramos Otero.


En su ponencia oral, el buen doctor dijo lo siguiente: “En Puerto Rico el alto número de cesáreas se explica por la escasez de obstetras ginecólogos y como defensa de las demandas de impericia médica ante los altos riesgos que conllevan los partos naturales. Puerto Rico es el único lugar donde se puede demandar hasta que el menor cumple los 22 años cuando eso no se ve en Estados Unidos”. http://tribunapr.com/2014/10/01/cuestionan-a-medicos-por-alto-numero-de-cesareas-en-puerto-rico.html.  Sorprendentemente, el buen doctor Ramos añadió un criterio para el uso de cesárea como método para terminar un embarazo. Si no lo hubiese leído y se hubiese comentado "ad nauseum" por los medios en Puerto Rico, no lo hubiese creído y menos directo de la boca de comer de un pediatra, con la más alta posición en el gremio médico.


Disparate aparte, vayamos por parte y analicemos la gravedad de la aserción del galeno. Hay que decir de entrada, que el tema del alto número de cesáreas en Puerto Rico no es nada nuevo, como tampoco lo es darle cobertura noticiosa a cualquier disparatero en este país. Este tópico  data de más de veinte años. En diciembre de 2013 se publicó que "[L]os nacimientos por cesárea en Puerto Rico se triplicaron en los últimos 20 años, lo que elevó la tasa a 49.7 por ciento, la más alta del mundo." http://www.elpostantillano.com/salud/8327-prensa-latina.html.  Por lo tanto, el hecho de que hace no más de cinco años los obstetras boricuas hayan optado por brincar el charco en busca de mejor calidad de vida, como ya es harto conocido, no ha incidido en que los que se hayan quedad0 usen más de lo debido el escalpelo en el vientre materno. Esa práctica era un mal viejo y estaba firmemente establecida en esa especialidad de la medicina desde hace décadas.


Por otro lado, el buen doctor interesantemente habla e lo que los abogados conocemos como "período prescriptivo" para radicar una demanda cuando se trata de daños a menores de edad. Establece correctamente que en Puerto Rico existe el derecho a radicar una demanda en su favor, hasta un año luego de que el menor llega a la mayoría de edad, esto es, hasta que el menor cumple 22 años de edad. Lo que calla es que en Puerto Rico la mayoridad se llega a los 21 años de edad. Atribuye a esta parte de la ley actual la frecuencia del uso del bisturí en los obstetras para terminar el embarazo, estableciendo en su exposición una distinción de Puerto Rico con respecto a lo que ocurre en EEUU.


El punto medular y, sobre todo, pertinente a lo que ha dicho este galeno sobre la ley local que establece los períodos prescriptivos para radicar una demanda en Puerto Rico, es el establecimiento de que la mayoría de edad es a los 21 años. Ello es distinto a EEUU, con la excepción del estado de Mississippi, en que se llega a la mayoridad a los 18 años de edad y Delaware, Alabama y Nebraska en que la edad es de 19 años.


Lo que oculta interesantemente el buen doctor Ramos es que en más de 20 estados de la nación estadounidense el período prescriptivo es el mismo que en Puerto Rico: hasta un año luego de que el menor llega a su mayoría de edad. Los siguientes son los estados a que me refiero: Kansas, Arizona, Washington DC, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont y Washington. ¿Por qué el doctor Ramos oculta este dato?

Si en Puerto Rico se variara la ley, estableciendo la mayoridad a 18 años de edad, en lugar de los 21 años en que está establecida actualmente, el período prescriptivo para radicar una demanda en favor de un menor de edad igualmente se reduciría.  Por consiguiente, la demanda tendría oportunidad de radicarse en Puerto Rico hasta que el menor cumpliera 19 años de edad, como ocurre en estos estados.

Y ya que el buen doctor Ramos se refirió a EEUU, de una revisión al U.S. National Center for Health Statistics data hemos notado que las tasas de cesáreas en esa nación van desde el 22% en Arkansas, hasta 37% en West Virginia, mucho menos que la barbaridad del 48% de Puerto Rico. Si en más de 20 estados el período prescriptivo para radicar una demanda en favor de un menor de edad es el mismo que en Puerto Rico, o sea, un año luego de que llegue a la mayoría de edad, el porciento de cesáreas innecesarias debería ser similar al de aquí, y no lo es. El doctor Ramos tendría la razón, pero no la tiene.  Distinto a lo que dice el doctor Ramos, si el período prescriptivo, para radicar una demanda a favor de un menor, tuviese que ver en la decisión del médico obstetra para realizar una cesárea, como método para terminar un embarazo, el porciento en esa veintena de estados rondaría la bochornosa cifra que ronda en Puerto Rico.

Podría especular con respecto a las razones por las cuales los médicos terminan en  48% de cesáreas  en Puerto Rico, pero nos abstendremos de hacerlo. Lo que es vital aclarar es que la decisión de hacer o no una cesárea, fuera de toda duda, debe ser guiada por unos criterios estrictamente médicos y no de cualquier otra índole. 


Por lo demás, invito nuevamente al doctor Ramos a estudiar e interpretar mejor las estadísticas para que llegue a unas conclusiones honestas y ofrezca testimonios veraces ante la opinón pública, con algún mérito. Antes fue el éxodo de médicos a EEUU, ahora son las cesáreas innecesarias. Espero que al buen doctor no se le ocurra decir que las demandas de impericia médica, y los abogados que las radicamos, tenemos también culpa de la epidemia de chincungunya o del virus del Ebola.






miércoles, 20 de agosto de 2014

Purga en la judicatura

Los que conocemos el sistema judicial del país de primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.
Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos el ombligo del mundo.
Los hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría.  Es un estacazo, no solo a las personas contra quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado parte  o meramente protegido el sistema judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena detrás de la determinación judicial.
Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma, acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados, acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que trabajamos en su entorno.
En cómo se afecta la percepción de la población que sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas.  El resultado natural de todas las alegaciones de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país.  Se agrava la percepción general cuando estos casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así porque el aparente neutro da paso a la conjetura.
Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones oficiales, es realmente inconmensurable.
La investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un juez dentro de su función como tal no es un delito más.  Requiere este tipo de pesquisa algo más que la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.
Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se deben purgar rápidamente son las alegaciones.

viernes, 15 de agosto de 2014

Otra herramienta nueva y útil

Para aquellos abogados que interesen incursionar en la litigación en el área, el colega Héctor Alvarado Tizol ha publicado su libro con el título sugestivo de "Litigación en Casos de Impericia Médica", Mariana editores, 2014. 

El licenciado Alvarado Tizol es uno de los pocos abogados experimentados en el área de la impericia médica en Puerto Rico, contando con alrededor de cuatro décadas de experiencia en este campo.  Su visión dual de cirujano oral maxilofacial y abogado hace que este libro tenga una perspectiva interesante desde el punto de vista de la litigación, pues no está dirigido solamente a los que litigamos en pro de las víctimas, sino, igualmente, está enfocado al punto de vista del profesional de la salud.  

En su libro, Héctor cita y brinda un resumen de toda la legislación y la jurisprudencia pertinente, tanto federal, como de Puerto Rico, aplicable al tema.  Naturalmente, este libro está al día, presentando incluso los casos de Fraguada y Confesor Rodríguez, en los cuales el Tribunal Supremo de PR desarrolló nuevas normas jurídicas y guías que resultan sumamente importantes para todos los que nos interesa el tema y que, de día a día litigamos este tipo de casos.   Nos dice la contraportada, además, que "este libro está escrito con la precisa intención de que los estudiantes de derecho tengan una herramienta completa al momento de graduarse y que lleguen a la práctica con los conocimientos suficientes para no llevar jamás una demanda frívola contra un médico o cualquier otro profesional en la preservación de la salud."

De un vistazo al contenido del libro, puedo asegurar que su lenguaje, algo técnico, es de fácil manejo y comprensión para todos los abogados del país que interesen conocer un poco más del tema de la impericia médica, aunque no persigan litigar en el área.  Esta nueva herramienta se encuentra desde hace unos días disponible para la venta en Biblioservices, una librería especializada en derecho, ubicada cerca de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, en el sector Tres Monjitas de Hato Rey. 

Enhorabuena y éxito para el amigo y colega!!

martes, 12 de agosto de 2014

EXODO, la Guagua Aérea VIVE

Con la honrosa excepción del doctor Ibarra, el discurso principal de los presidentes del Colegio y de la Asociación de Médicos de Puerto Rico, durante más de una década, ha sido que las demandas de impericia médica y sobre negligencia hospitalaria que los abogados presentamos en los tribunales del país, han sido dínamo o propulsoras de la emigración de estos buenos profesionales a Estados Unidos de América.  Estos buenos doctores han calificado esta emigración profesional de sus pares - y la han exagerado - al punto de llamarla "éxodo", vocablo con raíces antiguas, refiriéndose al  Segundo libro de la biblia, en el que se narra la salida de los hebreos que abandonaron Egipto, de manos del profeta Moisés, en busca de la "Tierra Prometida".

Dándoles el beneficio de la duda, estos dirigentes médicos han argumentado en el pasado, quizá de buena fe, que la mayoría de las demandas que se presentan en los tribunales del país en su contra tienen a los médicos trabajando en los hospitales y oficinas con los pelos de punta y a sus familias temerosas de quedar en la ruina económica y en estado de paupérrima insolvencia.  Sin excepción, y con condescendencia, todos admiten al final que las víctimas de impericia tienen derecho a que sus casos sean ventilados y a ser compensados justamente.

A través de la pasada década, lo que he denominado antes como una falacia o mito, las estadísticas oficiales han derrumbado el argumento médico, evidenciando que la emigración de los médicos hacia el norte, no es distinta al movimiento de los boricuas en general. Habiendo sido condescendiente por muchos años, llegándolo a calificar recientemente como argumento "chatarra", no puedo menos que calificarlo en este momento como una mentira que ha tenido sus consecuencias.

Una de los primeros resultados del argumento falso del éxodo médico, fue la propuesta  de la pasada administración gubernamental de elevar el derecho de hogar seguro de los médicos sobre su residencia, irrespectivo del valor de ésta.  Como esa legislación  representaba un privilegio a una clase, ya privilegiada, se optó eventualmente por otorgar ese derecho a toda la población, y así fue aprobada por el gobernador Fortuño.

Otra de las consecuencias de este argumento mendaz, fue considerar a ciertas instituciones hospitalarias privadas, otorgándole inmunidad a su facultad médica, con los consecuentes topes aplicables a los pleitos contra el Estado.  Es decir, en caso de una reclamación y sentencia del tribunal, $75 mil por víctima de impericia médica, hasta un tope máximo de $150 mil por caso, irrespectivo del daño que la negligencia médica haya ocasionado.  Con un mejor juicio, esta legislación fue revocada por la presente administración, devolviendo la sensatez a la norma jurídica.

El actual presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, como he advertido antes, ha prometido como una de sus prioridades, propulsar una reforma a la legislación de impericia médica.  El buen doctor ha repetido "ad nauseum" el argumento falaz de que el éxodo de los médicos ha sido y es a causa de las susodichas demandas de impericia médica y el "miedo" de los profesionales a esta espada de Damocles sobre sus cabezas.

Tan reciente como ayer, se publicó un informe del "Pew Research Center" (PRC) en el que analizaba los datos del último censo poblacional, con relación a los boricuas de aquí y los que residen al otro lado del charco.  Este informe reveló lo que ya era un secreto a voces:  que más boricuas han emigrado en la pasada década hacia EEUU, que los que emigraron luego de la Segunda Guerra Mundial, esto es, a principios de la década de los años 50, en lo que los más jóvenes llegamos a conocer como la "guagua aérea".  Ello, en búsqueda de mejores condiciones u ofertas laborales o condiciones familiares.  Es un hecho, evidenciado en este informe, que hay 4.9 millones de puertorriqueños esparcidos por EEUU, versus los un poco más de 3 millones que habitamos en esta bendita Isla del mofongo, las alcapurrias y  del chichorreo de fin de semana.  Otro dato importante que se revela por el PRC es que los boricuas que han volao' la verja hacia el estado de Florida, predominantemente y luego hacia el estado de New York, nuestra mayor ciudad, tienen más educación formal que el resto de los hispanos que han emigrado allá.

Con este informe no ha quedado duda alguna de que la emigración de los médicos puertorriqueños no es distinta a la de los demás profesionales que han optado por irse de Puerto Rico.  Sin embargo, este dato incuestionable seguramente no detendrá a los dirigentes médicos ni impedirá el fuerte cabildeo de sus distintas organizaciones en la Asamblea Legislativa y en la Fortaleza, para procurar una legislación más restrictiva a los derechos de las víctimas de impericia médica y de la negligencia hospitalaria en Puerto Rico.  Anclados en la mendacidad del argumento, y que tan reciente como ayer fue una vez más vapuleado, seguirán estos buenos doctores buscando en su favor más privilegios.  Solo una legislatura valiente e informada podrá impedir su avance y detenerlos en seco.  Por el bien de todos los que han sido o serán pacientes en Puerto Rico, espero que la tengamos.


miércoles, 23 de abril de 2014

Supremo de Florida elimina topes en casos de impericia médica

El estado de Florida impuso en 2003 un tope a las compensaciones por daños no económicos para los casos de impericia médica, tal y como Puerto Rico ha querido hacer y copiar desde entonces.  El alegado razonamiento utilizado por la legislatura de ese estado para imponer los topes fue, al igual que el usado en otros estados, que, al hacerlo, ello iba a redundar en la disminución de las primas de seguros de los médicos que, entonces, andaban fuera de control.  Distinto a los topes paupérrimos que siempre han interesado los médicos y algunos legisladores imponer en nuestra Isla, la legislatura floridiana implantó en ese año un tope de $500 mil, por reclamante, para los daños no económicos.

En una decisión mayoritaria de mediados de marzo pasado, el Tribunal Supremo del estado de Florida invalidó prospectivamente los topes impuestos en 2003 por la legislatura estatal. Cinco de siete jueces votaron a favor de resolver que estos topes violentaban la cláusula de igual protección de las leyes, contenida en su constitución.  Una disposición similar está contenida en la nuestra.

Este caso trataba de la muerte de un paciente ocurrida por la impericia de uno o varios médicos.  Es muy posible que los abogados de los médicos demandados aleguen en el futuro que esta decisión solo aplica a casos donde haya ocurrido la muerte de un paciente y no otro tipo de daños, por severo que estos sean. Aunque así fuese y los tribunales les dieran la razón, en contra del mejor juicio, no hay duda que esta decisión del más alto foro judicial del estado de Florida representa un paso de avance en el sentido correcto. Los médicos de PR que estaban haciendo las maletas para ese estado deben pensarlo mejor, ya que, a partir de esta decisión, Florida dejó de ser un estado protector que los privilegiaba.

Los topes no deben existir ni deben ser impuestos a rajatabla. Los daños que los médicos y empleados de hospitales ocasionen por su negligencia deben ser justamente valorados y compensadas las víctimas.  Su imposición, tal y como resolvió ese tribunal no tenía razón de ser ni estaba vinculada, de forma alguna, con la volatilidad de las primas de seguro de responsabilidad profesional médica. Su imposición no responde a otra cosa sino a privilegiar y favorecer a los médicos y hospitales en perjuicio de las víctimas de impericia médica, el eslabón más débil.





miércoles, 26 de marzo de 2014

Un argumento ... chatarra



Después de resaltar las razones que, en su opinión, ocasionan el éxodo de médicos fuera de nuestra Isla, el vicepresidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico y posible próximo presidente del Colegio de Médicos, Dr. Víctor Ramos, apuntó en una entrevista que se le hiciera que “[o]tro factor que propicia este éxodo de doctores es el incremento de denuncias (sic) por impericia médica. En gran parte debido, según dijo, a la “proliferación de abogados especializados en la materia que buscan embolsarse grandes cantidades a costa de estos procesos judiciales”.   Fuerte.
Vamos por parte.  El buen doctor Ramos entiende que factores como calidad de vida, criminalidad, ingresos económicos de los médicos por sus servicios y las prácticas cañoneras de las aseguradoras de servicios de salud están obligando a los médicos a irse de Puerto Rico.  Dice que el 8%, o sea, casi mil médicos se nos han ido en los últimos años, buscando nuevos horizontes para ellos y sus familias.  Hasta ahí coincido con esta lumbrera médica.  Como quien no quiere la cosa, añade que los abogados radicamos demandas de impericia médica (en gran parte) por el dinero que buscamos “embolsarnos”. Ahí diferimos.
En Puerto Rico todos somos pacientes potenciales, usuarios de los servicios de salud, aunque sea con poca frecuencia, como yo.  Decir que los médicos eligen esa carrera profesional, en gran parte, por el dinero que buscan "embolsarse", luce igual de ridículo que la aseveración que el distinguido galeno hace con su boca de comer. Hay médicos y hay abogados cuyo único objetivo es el dinero; de eso no hay duda.  Hay médicos malos y hay abogados malos, pero eso no justifica caer en generalidades simplistas y, sobre todo, insultantes.
Esa obsesión, casi enfermiza, que tienen algunos médicos de demonizar a los abogados de las víctimas de impericia médica no es novel, pero ya me parece un chiste de mal gusto.  Lo han hecho otros en  el pasado, desde la misma posición de candidatos a la presidencia del Colegio y algunos presidentes también, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo.  
Algunos siempre han resentido el trabajo de los abogados en estos casos y lo ven como una intervención indebida en la relación médico-paciente.  Los que así sienten se equivocan de plano, pues cuando el paciente o sus familiares llegan a la oficina del abogado, desde hace tiempo que esa relación de confianza con el médico ha terminado. No existe usurpación de clase alguna por el abogado.  Sin embargo, no hay duda de que, a la hora de la verdad, somos los abogados quienes defendemos los intereses de los pacientes o sus familiares ante la negligencia de los médicos.  
Los poquísimos abogados que no hacemos otra cosa en nuestro país, recibimos al final una remuneración por nuestros servicios profesionales, pero solamente si nuestro trabajo produce una compensación para nuestros clientes, es decir, si nuestros servicios resultan exitosos.  Huelga decirlo, pero esta situación contrasta con los médicos, que siempre cobran por sus servicios, aunque no tengan éxito en su tratamiento o, en el peor de los casos, aunque el paciente muera.  Este resentimiento resulta un tanto comprensible porque, cuando han ocasionado daños a sus pacientes o sus familiares, esos intereses se contraponen, naturalmente, con los del médico negligente.
Quizá el galeno dijo lo que dijo para ganar adeptos dentro del corazón del rollo de la profesión médica, especialmente los "frequent flyers" a los tribunales, que ven en cada paciente la posibilidad hiperbólica de su ruina financiera por causa de una demanda de impericia en su contra.  Quizá lo dijo porque no se le ocurrió decir nada más.  En todo caso, lo dicho es parte de un discurso que no está anclado en la realidad, habiendo sido ya abandonado por mucha gente y por otros candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos, en particular, por su actual presidente y candidato a la reelección, Dr. Eduardo Ibarra, quien, en la misma entrevista, dio en el clavo sobre las verdaderas causas del éxodo.
Desconozco las cualidades profesionales y gremiales del candidato entrevistado, aunque dudo de la veracidad de las acusaciones que se hacen respecto a su entrega a las aseguradoras de salud.  Presumiendo que el error de Ramos sea honesto, mi consejo gratis a este buen doctor es que debería analizar mejor las estadísticas del grave éxodo de sus pares y no trivializar el tema.  Debería también descartar de su discurso la demagogia y los insultos gratuitos a la abogacía.  Se me olvidaba: el número de demandas de impericia médico hospitalaria radicadas se ha mantenido estable por muchos años; no hay aumento alguno.   
El buen doctor soslaya datos corroborables y, por eso, se equivoca.  Dándole el beneficio de la duda, quizá de buena fe. Sin embargo, si hay ignorancia en su estructura racional, debe, al menos, asegurarse de no insultar la inteligencia del que lo lee o escucha, incluyéndome.

NOTA 7 de abril de 2014
Leo en la prensa, inter alia, que el doctor Ramos "desbancó" al doctor Ibarra en la segunda vuelta de ayer domingo para la presidencia del Colegio de Médicos de PR.  Enhorabuena para el buen doctor. Favorecemos en principio su idea de que las demandas meritorias tengan una rápida solución.  Continúa con sus estadísticas incorrectas, pero le damos la bienvenida al debate público de su "primera prioridad" para coartar derechos a los pacientes que reclamen por impericia médica.


viernes, 7 de marzo de 2014

Buenas noticias para las víctimas de impericia medica y la negligencia hospitalaria

Regresando de unas semi largas vacaciones fuera de Puerto Rico, múltiples han sido las felicitaciones por haber obtenido una sentencia en favor de una joven madre y su hijo, en un caso de impericia médico-hospitalaria que ha dado mucho de qué hablar entre los miembros de nuestra profesión y de la profesión médica. Visitando las redes sociales, me he percatado que muchísima gente, ajena a la abogacía y a la medicina, también la han comentando insistentemente.

Aunque fue notificada luego, la sentencia fue dictada el pasado 27 de enero por una jueza en contra del gobierno, por la negligencia de unas enfermeras, empleadas de su Departamento de Salud y en contra de una compañía de terapia respiratoria, contratada para dar servicios en el Hospital Universitario Pediátrico del Centro Médico.  Ya antes, la Universidad de Puerto Rico había transigido con la parte demandante la negligencia de varios de sus empleados médicos, según concluyó la propia sentencia.

La gran importancia de esta sentencia realmente no es lo que se pueda o no cobrar luego de un tedioso y largo proceso legal.  Poquísimo, en comparación con los daños catastróficos que los demandados causaron al niño y a su madre. Por un lado, priman los paupérrimos y anacrónicos topes mandatorios a las compensaciones incluidos en la ley de pleitos contra el estado, que, a estas alturas, muchos entendemos son inconstitucionales.  Por el otro, la compañía privada, desafortunadamente, carece de un seguro de negligencia profesional que pueda cubrir los daños probados en este caso en contra de uno de sus empleados.  La muy bien estructurada y fundamentada sentencia del Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, en mi humilde opinión, llega en un momento oportuno, a tiempo de salvar muchas vidas que puedan llegar a nuestras instituciones hospitalarias, contrario a otras que, en el pasado, han quedado destrozadas.  Este caso y su dictamen deja al descubierto unas cuantas prácticas inapropiadas dentro de una institución hospitalaria importante en nuestro país, que probablemente han prevalecido por muchos años sin que nadie se dignase a corregirlas.

Hay que decir que esta sentencia no sienta un precedente judicial.  Sin embargo, a mi juicio, es importante en cuanto al tema de la valoración del daño, por el carácter disuasivo que puede tener en los dictámenes judiciales que se dicten en el futuro en Puerto Rico.  No recuerdo, y los abogados que he preguntado  tampoco recuerdan, otra sentencia en el pasado en la cual se hayan concedido $5.1 millones a las víctimas de la negligencia médico-hospitalaria, como se concedió en ésta.  Entre otros renglones, en cuanto a los daños físicos sufridos por el niño en estado comatoso de por vida, éstos se valoraron en $1 millón, mientras los sufrimientos y angustias mentales de su madre fueron valorados por el tribunal en otro millón de dólares. Para los que no hayan leido la noticia, ésta fue reseñada tanto en Noticel como en El Nuevo Día, el 17 de febrero pasado.

Naturalmente, todos en nuestra oficina nos sentimos muy orgullosos de este triunfo judicial obtenido en favor de nuestra cliente Tania Rosario Domínguez y de su pequeño hijo Andrew.  No es para menos.  Conoce la madre y su familia que el camino tortuoso que comenzó cuando le inflingieron los daños catastróficos a Andrew es largo y no ha terminado. Sabe que nada de lo que ha pasado o pase en el futuro le restituirá el estado a su hijo, como era antes de octubre de 2009.  Está consciente que, por el estado de derecho en Puerto Rico, no cobrará los millones de dólares que le concedieron a ella y a su hijo en daños. Sin embargo, Tania es una madre luchadora que cuenta con todo el sostén de su familia y de todas las personas que la conocen y que son solidarias con su lucha, incluyendo a todo el personal de nuestra oficina, de quienes ha obtenido, de forma ilimitada, todo el apoyo profesional.

Agradecemos, por último, a todos los colegas y amigos que han deseado enhorabuenas de manera sincera. Sé ademas, que muchas personas sienten, como yo, que este granito de arena que se ha puesto con este caso implica un paso gigantezco en la valoración del daño, en favor de las víctimas de impericia médica y de negligencia hospitalaria, que siempre lo necesitan.