IVA, los abogados, MEDICARE y mucho más ¿o mucho menos?

¿IVA o no IVA?

Con toda probabilidad, dentro de poco entrará en el panorama local boricua el “IVA”, es decir un impuesto sobre la venta añadido. El gobierno propone eliminar el IVU del 7% y sustituirlo por un IVA de 16%. Y, para colmo, sin exenciones o las dispensas existentes al presente con el “IVU”, como son los honorarios por servicios profesionales, incluidos los que cobramos los abogados a nuestros clientes.

No solo son las afidávits que se cobran a $25 que aumentarán a $32 con el sellito de SAL, sino también los honorarios contingentes que se cobran en una reclamación de daños y perjuicios y que, de acuerdo a la ley, se establecen en 33% de la compensación otorgada mediante transacción o sentencia o 25% en caso de daños a menores e incapacitados. A ese porciento se le añadiría el IVA de 16%, más los gastos del litigio, que incluyen peritaje, sello de radicación, diligenciamientos de emplazamientos, mensajería, pago de peritos adversos y transcripciones de deposiciones (a los cuales aplicarán también el aterrador 16%). No quiero imaginar el rostro del cliente que llega a las oficinas de los abogados de daños y se entera de los costos potenciales de litigación  que le espera. Y menos a la mía, que llegan con un caso de impericia médica porque algún familiar ha muerto a manos de un médico negligente.

Más importante aún, que levante la mano el abogado de daños que no haya pasado trabajo cuando su cliente es beneficiario de Medicare y se intenta transar un caso. Todos, estoy seguro.

Como es conocido, desde enero de 2012 la ley de Medicare obliga al que paga, causante del daño, personal o vicariamente, o su asegurador, a informar a la agencia federal cualquier transacción extrajudicial, judicial o sentencia. Esto tiene que ver con cualquier reclamación de daños y perjuicios donde haya un beneficiario De Medicare que los ha sufrido a manos de un tercero. En el contexto de una víctima de daños, las aseguradoras vienen obligadas a informar a Medicare incluso de la transacción o de la sentencia que recaiga en su contra. Por cada día que pasa sin que informe a la agencia federal, la ley dispone una penalidad de mil dólares diarios.  Lo establecido no queda ahí. La ley federal impone al abogado que lleva el caso y que representa a la víctima, o sea, a nosotros, el deber de informarle a Medicare sobre la radicación de la reclamación, detallando además fecha del evento dañoso, dirección y número de seguro social del beneficiario y nombres de causantes y sus compañías de seguro.

El resultado neto de esta legislación de los federicos es que el paciente beneficiario o sus familiares sobrevivientes reciben ahora una suma menor a la que antes recibían, porque Medicare puede reclamar y cobrar (y reclama y cobra) lo gastado en el cuidado médico dado al paciente. Ya antes había escrito un post que titulé “Medicare y mucho menos."

El panorama con este impuesto debe alertarnos del peligro que implica para nuestra profesión, no solo porque posiblemente el cliente potencial se abstendrá o se retrasará aún más en acudir a nuestras oficinas en busca de servicios profesionales que necesita sin dilación, exponiéndolo al peligro de la prescripción de sus causas de acción y al drama que significa la pérdida real de sus derechos. Envuelve la negación de acceso a los tribunales a la persona que ha sufrido un daño en un evento de negligencia general o de impericia profesional médico hospitalaria. Peor aún, le niega este acceso al tribunal y a la búsqueda de la justicia al que carece de recursos económicos para satisfacer los costos usuales y frecuentes dentro de cualquier litigio. Y no quiero pensar si se trata de compensaciones por daños a menores o incapacitados que se consignan en corte y de ahí se sacan los honorarios de abogados. ¿Cómo legislarán para este detallito? 

Por último, es sabido que las compensaciones de las víctimas de un daño físico o emocional están exentas del pago de contribución sobre ingresos. O sea, una víctima que recibe una compensación por estos conceptos no paga contribución alguna al gobierno, porque no se trata del recibo de "ingreso" alguno. Tras ese estado de derecho está el principio establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de que los daños compensatorios caen dentro del "ámbito reparador". Con ello se intenta colocar a la víctima del daño en la misma posición que tenía antes de la ocurrencia. Claro está, a pesar de lo dicho por el gobernador, los abogados pagamos contribución sobre ingresos sobre los honorarios contingentes que percibimos cuando el cliente recibe su compensación. Peor aún, el que recobra lucro cesante tendría , además, que pagar contribución sobre ingresos por ese concepto. ¿No significa la imposición del IVA a estas compensaciones un menoscabo de ese reconocido principio reparador en favor de la víctima? Creo que si. 

¿IVA o no IVA? Esa es la cuestión.   Marchas, piquetes, y toda una amalgama de opiniones de gente seria en contra de la imposición del  impuesto en este momento histórico, parece que no detendrán al presente gobierno en su intención de “mejorar la economía”. Creo que, con este impuesto, la probabilidad mayor es que no sea nuestra economía la que mejorará.

Purga en la judicatura

Los que conocemos el sistema judicial del país de primera mano, sabemos que no es perfecto, nunca lo ha sido y jamás lo será. Ningún sistema judicial lo es. Nunca ha habido esas pretensiones en ninguna parte del mundo. Sin embargo, los abogados de Puerto Rico siempre hemos sentido orgullo por las mujeres y hombres que han compuesto la judicatura del país. Personas que, en muchas ocasiones, luego de litigar casos de toda índole, deciden un buen día integrarse al sistema judicial para, en alguna medida lograr que se haga justicia a los reclamos de las personas que acuden ante ellos.

Constantemente, los abogados nos hemos preciado de la incorruptibilidad de nuestra judicatura; en fin, que tenemos la mejor judicatura con la que puede contar un país para mediar en las disputas entre personas y lidiar con los problemas sociales que nos agobian, como es la criminalidad. Claro, este punto de vista es naturalmente prejuiciado en caso de un abogado y debe tener mucho que ver con la apreciación boricua de que somos el ombligo del mundo.

Los hechos que nos son revelados como parte de los procesos investigativos y judiciales en contra de algunos componentes de nuestra judicatura representan un golpe contundente, aunque sean con relación a una paupérrima minoría.  Es un estacazo, no solo a las personas contra quienes se dirigen, sino contra la percepción de todos los que hemos formado parte  o meramente protegido el sistema judicial del país. Cada vez que los medios publican algún evento relacionado con una alegada podredumbre en la judicatura del país, atisbo a mis treinta y pico de años como abogado litigante e, irremediablemente, me pregunto si en alguno que otro caso donde mi cliente no prevaleció hubo alguna mano ajena detrás de la determinación judicial.

Creo que el titubeo que brota en estas circunstancias surge en la mente de los abogados litigantes del país. Lógicamente, esta duda se potencia en la apreciación de todas las personas que, de una u otra forma, acuden a diario a los tribunales del país, bien como demandantes, demandados, acusados o víctimas de delito y que no conocen el sistema, como los que trabajamos en su entorno.

En cómo se afecta la percepción de la población que sirve la rama judicial gravita la evaluación en medio de estas pesquisas.  El resultado natural de todas las alegaciones de corrupción judicial que se hacen en los distintos medios, ya sea por filtraciones o de un modo legítimo, es que la población deja de creer. Cada información resulta en una estocada mortal al corazón del sistema que tiene que, en último término, lidiar con todas las disputas que surgen en el país.  Se agrava la percepción general cuando estos casos de alegada putrefacción judicial no se resuelven con rapidez. Ello es así porque el aparente neutro da paso a la conjetura.

Somos muy dados a hacer generalizaciones, aún sin contar con evidencia que las justifique; así es la naturaleza humana. Se han hecho muchas en torno al sistema judicial. Sin embargo, cuando esas generalizaciones toman alguna forma ante nuestros aún incrédulos ojos, el daño que se hace a una institución, que requiere imparcialidad en todas sus ejecuciones oficiales, es realmente inconmensurable.

La investigación que se hace en contra de algún componente de la rama judicial no debe ser considerada como cualquier otra investigación. El delito que comete un juez dentro de su función como tal no es un delito más.  Requiere este tipo de pesquisa algo más que la diligencia acostumbrada de la agencia que investiga.

Nuestro país necesita rapidez en la resolución, sin que los recursos investigativos y jurídicos sean restringidos de forma alguna. La purga solo es forzosa cuando es necesaria. De lo contrario, entonces las que se deben purgar rápidamente son las alegaciones.