miércoles, 5 de diciembre de 2007

Hay abogados y ABOGADOS

Un abogad@ litigante no puede, por razones obvias, pero, más aún, debido a los Cánones de Etica que rigen la profesión, prometer resultados a una persona que potencialmente puede ser cliente y que acude a su consulta. Ha habido casos de desaforo en Puerto Rico en los que la falta cometida por el abogad@ ha sido precisamente ésa: prometer determinado resultado positivo en un litigio a un cliente. Y es que resulta lógico. Ningún abogad@ tiene el control de los jueces o los jurados.

Aquel que presume de saber lo que un juzgador de su caso va a decidir es simplemente un abogado truquero. Nuestra judicatura es una de las más honestas del mundo. Nuestros jueces son personas buenas, están bien pagados y sencillamente, antes de ser nombrados, pasan por un cedazo eminentemente moral que garantiza la imparcialidad en los procesos ante su consideración. ¡Hombre! En todos lugares se cuecen habas. No pretendo ser tan ingenuo como para decir que el 100% de nuestros jueces y juezas han sido buenos. Los ha habido malos, injustos, imbéciles y hasta truqueros. De cada una de esas categorías me vienen a la mente unos cuantos ante quienes he postulado a lo largo de tres décadas en esta carrera. Sin embargo, por todas esas razones y otras más que, de momento, no se me ocurren, estos jueces han sido objeto de suspensiones y hasta de desaforos de la profesión, aunque algunos han sobrevivido hasta culminar sus nombramientos, constituyéndose en un dolor de cabeza perenne para los abogados.

Los casos de impericia médico-hospitalaria no son la excepción. En un caso de alegada impericia médica que traen ante la consideración de un abogado, con la excepción de que sea un verdadero calco de uno que ya ha tenido - y cada caso tiene sus particularidades - el abogad@ no debe decir enfáticamente que hay negligencia a menos que un perito médico lo analice. Puede expresar su impresión de lego en la medicina, pero sin asegurar nada. Hay excepciones, naturalmente. Cuando se deja una gasa o unas pinzas en un abdomen cerrado quirúrgicamente, la negligencia es tan obvia que no amerita tomar aquí excepción. Esos son los menos. La gran mayoría de los casos amerita un análisis pericial para una determinación de si hay o no negligencia.

Por más experiencia y prominencia en la profesión que tenga, el abogad@ NO DEBE decir enfáticamente al cliente potencial que existe en su caso una impericia médico-hospitalaria. Si lo hace es sencillamente un truquero que quiere que lo contraten. Cuando lo hace está cometiendo una falta ética grave. Imprime en el cliente la seguridad y, peor aún, la garantía de que va a prevalecer en su día cuando presente la demanda en los tribunales. Y volvemos al principio. Un abogado no puede (debe) garantizar resultados al cliente potencial porque sencillamente no tienen control sobre lo que decida un juzgador de hechos cuando se presente ante sí la demanda.

El abogad@ puede estar excelentemente preparado para llevar su caso al tribunal. Esa puede ser su costumbre, independientemente de los hechos de su caso. Ello no justifica, sin embargo, que le garantice resultados al cliente. Algunos lo hacen continuamente. Por eso hay abogados y hay ABOGADOS. Pienso así; no sé, quizá sea porque me crié viendo a Perry Mason.

lunes, 3 de diciembre de 2007

La magia de la guitarrita de juguete


Los orientales Gaspar, Melchor y Baltasar le regalaron la misma guitarrita de juguete por varios años consecutivos. Más o menos para el ocho de enero, cual mágica, sigilosa y con gran cautela, de la misma manera en que llegaba, la guitarrita de juguete desaparecía, dejándole al canito de ojos azules nuevamente las manos vacías. Cada seis de enero, a cambio de una cajita repleta de coítre, ingenuamente volvía a recibir de los Reyes Magos su guitarrita de juguete, celebrándola como si fuera nueva.

Era una época de arraigada y sostenida contracción económica en Puerto Rico. El hogar de mis abuelos paternos no era la excepción. El exiguo producto del trabajo de mis abuelos apenas alcanzaba para las necesidades apremiantes de su familia de cinco hijos. Afortunadamente para su psiquis, los niños no tenían con quien comparar sus modestos regalos de Reyes, ya que, como ellos, el resto de las familias que componían el vecindario eran igualmente pobres económicamente. Para mi viejo, por tanto, una guitarra de marca genuina y su guitarrita de juguete era lo mismo.

Esa generación de hombres y mujeres, a la que pertenecieron nuestros padres, aprendió a apreciar las guitarritas de juguete que les regalaban los Reyes de Oriente, aunque fueran regalos fugaces que desaparecían tal y como llegaban. Cuando desaparecían, como la guitarrita, aprendían también a crear sus propios juguetes, sin dinero, con materiales de desecho que tenían a su disposición.

Palos de escoba eran usados como caballitos de madera. Volantines o chiringas hechas con guajana de caña, papel de panadería y retazos de tela, adornaban los cielos azules en cada fresca primavera. Los carritos eran hechos con madera vieja y latas de salchichas vacías. Una estaca de madera, cortada en un extremo a cuarenta y cinco grados y clavada en el tablón central, era el freno de mano. Su bocina era hecha con un pote atravesado por un clavo mohoso.
Como eran pocos los médicos que había en el país, no ya en San Lorenzo, proliferaban los remedios caseros, las comadronas y los procesos cuasi espirituales donde santiguaban al enfermo. Aunque no era de esa generación, yo mismo fui objeto de un proceso de estos en el que una viejita me estuvo sobando la barriga por unos minutos con un aceite tras haberme tragado una hoja de no recuerdo qué planta, que me produjo un agudo dolor abdominal.

Por supuesto, las demandas de impericia médica no se conocían, porque los médicos eran seres extraordinarios y respetados cuya mano, casi santa, no se podía implicar en acto negligente alguno. Ingenua percepción, pero real.

Las cosas cambiaron en Puerto Rico y el progreso tras la Segunda Guerra Mundial llegó a muchos hogares. Los cañaverales fueron despareciendo con el tiempo y asimismo, las chiringas caseras. El afán consumista y algo de vagancia dió paso a los volantines plásticos a colores, en forma de diamante, sin rabo ni guajanas. Los carritos de bolines fueron sustituidos por los “hot wheels” de plástico, los trompos y yoyos fueron sustituidos por los juegos computarizados, que dejan nada a la imaginación del que los juega.

Los grados universitarios proliferaron en nuestra población, como también los médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales por el estilo. Por otro lado, desapareció de nuestro panorama la figura de la comadrona para atender los partos naturales. Mientras, con la llegada del progreso apareció la corrupción gubernamental, la concienciación sobre la impericia médica y asimismo, las demandas en los tribunales en contra de los médicos que la cometen y hasta las licencias médicas fatulas expedidas por el TEM.

Creo que nuestra sociedad debe ser sacudida fuertemente para que las cosas retornen a un nivel donde haya mejor calidad de vida que la que hoy disfrutamos. Necesitamos una sociedad en la que se retomen los valores que se han venido perdiendo, donde el sistema de salud tenga como norte las necesidades del paciente y de su familia, no el avance económico de la inversión del accionista del hospital y de la farmacéutica.

Nuestros antepasados podían no haber contado con tantas cosas materiales como tenemos hoy. Sin embargo, la mirada de nostalgia que se refleja en sus ojos al contarnos sus memorias implica, como dice el viejo refrán, que todo tiempo pasado fue mejor. Total… la guajana no se consigue y el pan ya no se envuelve en papel para hacer flecos. No sé, para recuperar la magia perdida quizá sea necesario regresar al tiempo de las guitarritas de juguete en época de Reyes.

sábado, 1 de diciembre de 2007

¿Hospitales o cajas registradoras?


Aunque a algunos le cueste trabajo admitirlo, los hospitales en Puerto Rico producen millones de dólares que van a parar a manos de sus dueños o accionistas, de las compañías de equipo médico y a los bolsillos de las farmacéuticas. No olvidemos también que los hospitales proveen su sustento económico a la clase médica y a todo el personal de apoyo y servicios paralelos.

Los hospitales deben ser lugares donde la gente enferma acude para curarse. Con más frecuencia de la debida y por razones ajenas a la buena práctica médico-hospitalaria, en un hospital el paciente empeora y las personas muy enfermas mueren en dolor y desesperación, ante la sorpresa y sobretodo, impotencia de sus familiares y los rostros insensibles del personal.

Muchos hospitales fueron fundados y operados en sus inicios por médicos o filántropos cuyo propósito era muy loable y humano. Ya no más. Con la notable excepción de aquellos que aún funcionan “sin fines pecuniarios”, los servicios de la salud se han convertido, desafortunadamente, en una industria donde prima el billete. La mayoría de los hospitales hoy día solo son objetos tangibles de inversión económica para sus accionistas, con la particularidad de que el "negocio" brinda servicios de cuidado de la salud.

El objeto de cualquier inversión, siempre es procurar ganancia para el inversor. Ese principio simple opera igual en las instituciones privadas de servicios de salud. No es sorpresa, entonces, que las decisiones médicas y administrativas dentro de los hospitales son hechas frecuentemente bajo una base de lo que representa o no una ventaja económica en la operación del “negocio”, con un mínimo enfoque dirigido a las necesidades del paciente y su familia. Aún así, acudimos en manada a los hospitales con la esperanza de que obtendremos allí un tratamiento humano y médicamente apropiado. Debemos ser masoquistas, ¿no?

Por su naturaleza intrínsecamente económica no es raro encontrar, por tanto, que los conglomerados hospitalarios de mayor crecimiento en Puerto Rico no estén en manos de médicos, sino de personas con un razonable conocimiento de las finanzas inherentes a la industria que hoy día representa la salud. En esta manos y no en la de los médicos, reside la autoridad decisional. Si los médicos no poseen la autoridad suficiente para tomar las decisiones importantes dentro de la administración de los hospitales, es razonable entonces concluir que ello debe incidir en un peor cuidado de salud para los pacientes, lo que evidencian las estadísticas de los casos de impericia médica y negligencia hospitalaria que van en aumento en todas partes.

Si las decisiones que se toman actualmente en esta industria son principalmente del tenor económico, no nos debe resultar raro que una vez adentro, le zumben al paciente cuanta pastilla y suerito se pueda uno imaginar y sometan al pobre a cuanta prueba diagnóstica sofisticada esté disponible, mientras sea “rentable” y el plan médico pague por la hospitalización y la cura. Cuando deja de serlo, entonces vienen las órdenes de alta, en ocasiones disparando al paciente fuera del hospital aún enfermo para que, como boomerang, regrese luego y comience el proceso económico nuevamente.

Mientras todo esto esté ocurriendo y la caja registradora del hospital esté sonando, los componentes de la industria de la salud están felices y contentos. ¿Y los pacientes? Muy bien, gracias.

No hay duda; ir a un hospital, o como dicen en Ponce asilarse, puede resultar nocivo para la salud.

jueves, 29 de noviembre de 2007

El día que me quieras ....


Trabajo en lo que siempre fue mi vocación: como abogado. Soy boricua de pura cepa y me confieso admirador eterno de la música en general y, en particular, de canciones que considero inmortales, como la que sirve de título a este ensayo. Dicho sea de paso, canción que estoy repasando en el piano nuevo que mi esposa Joanna me regaló como anticipo navideño, con la anuencia de Gardel, quien le puso música a la letra de Alfredo Le Pera.

Al punto. Me considero un ser humano dichoso. No por cuestiones materiales, que siempre son efímeras. Lo soy porque tuve unos padres dedicados y amorosos y porque doy y recibo el amor de mis seres queridos - los humanos - y también el de mi perra Filomena que, aunque aún traviesa por su corta edad, se comporta mejor que muchos humanos. Aparte de esas cuestiones puramente personales que se relacionan con los sentimientos más íntimos, no todo el mundo trabaja en lo que le gusta; en mi caso, representar a la víctima de impericia médico-hospitalaria en los tribunales y hacer valer su derecho a una compensación justa tras el evento negligente sufrido. De esas víctimas y sus familiares me llegan solo buenos deseos y también el agradecimiento por un trabajo dedicado y bien hecho. De mis colegas y jueces, recibo el respeto que siempre he reciprocado. De mis viejos y recientes amigos, una llamada o un emilio de vez en cuando para compartir memorias y momentos nuevos. ¿Qué más? Siempre hay más, ¿verdad?

Estando hace unos años en un programa de entrevistas, expuse mis puntos de vista sobre unos proyectos de ley relacionados al tema de la impericia médica ventilándose en la legislatura en esos días. Cuando el micrófono radial se abrió a llamadas del público una dama, sin ofrecer su nombre, se identificó como esposa de un médico ... y quería hacer un comentario. Crucé los dedos. Ella dijo al aire que los médicos del país tenían bien anotado mi nombre para que cuando enfermara yo o un miembro de mi familia, no hubiese uno solo que nos brindara tratamiento. Naturalmente, la dama estaba molesta con mis comentarios anteriores en el programa y, al igual que la moderadora, tomé livianamente su exabrupto radial que, obviamente, no contesté.

No me resultó sorprendente la reacción de aquella señora. Asombrosa tampoco fue la impresión que me daba. Esa llamada telefónica evidenciaba sencillamente que, al representar a víctimas de impericia médica por tanto tiempo, ya me había ganado muchos desafectos dentro de las filas de esa prestigiosa profesión.

No pasó mucho tiempo para que el propio Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico presentara una queja disciplinaria en mi contra ante el Tribunal Supremo, señalando, entre otras cosas y alegadas faltas éticas, que yo estigmatizaba la profesión médica cuando señalaba continuamente que la impericia médica mataba más personas que los accidentes de automóviles, el SIDA y el cáncer de seno. Esos datos, que no me los sacaba de la manga, fueron corroborados fehacientemente por el Procurador General, quien se me unió para pedir al Supremo que se archivara la queja presentada, tal y como se hizo eventualmente, no sin antes recibir varios escritos adicionales de último pataleteo del Colegio de Médicos en mi contra.

En lugar de meterle mano a los médicos negligentes para sacarlos de la profesión, como manzanas podridas que son, el Colegio se entretenía, pretendiendo utilizar el poder disciplinario exclusivo del Supremo para intentar callarme la boca mediante un recurso de In re, pidiendo sanciones que pueden ir desde la amonestación verbal hasta la separación indefinida de la profesión. ¡Casi nada!

Un amigo me dijo hace meses bromeando que iba a tener que ir donde un veterinario cuando me enfermara. Debo confesar que estoy considerando muy en serio su consejo, más aún tras recibir el otro día un comentario similar al de la molesta doña, firmado con un seudónimo, como reacción a un artículo que escribí en el periódico El Nuevo Día.

De todas formas, siempre he pensado que los veterinarios son los mejores doctores al tener que prácticamente adivinar las quejas de sus pacientes. Ya le dije al de mi perra Filo que me abriera un récord, porque el día que me quieran los médicos no me vestiré de fiesta; ese será un día de mala racha.

miércoles, 28 de noviembre de 2007

Se busca un perito!

SE BUSCA UN PERITO

Como abogado cuya práctica profesional principal es representar a las víctimas de impericia médica en Puerto Rico, he confrontado múltiples inconvenientes a la hora de encontrar un médico perito local que analice el caso que traen ante mi consideración. Hay razones múltiples para esa dificultad en encontrar peritos en nuestra Isla. Entre éstas se encuentran falta de tiempo de los galenos para hacer un peritaje médico-legal y falta de disposición a tener que declarar eventualmente en un tribunal en contra de un colega suyo. Me he encontrado con médicos que luego de identificarme sencillamente me contestan con cualquier excusa para no atenderme. Me imagino como se transfigura su rostro al escuchar mi nombre y decir que represento al paciente víctima de una alegada impericia.
En las grandes ciudades o estados ocurre lo mismo; no pensemos que somos el ombligo del mundo y que eso ocurre nada más que aquí. Los peritos de un estado en muchas ocasiones les disgusta declarar en contra de colegas del mismo estado, aunque no lo conozcan ni hayan escuchado hablar de éste. Si pensamos que nuestra isla mide 100 X 35 millas, podremos comprender esta actitud un poco mejor.
De casualidad he hablado con dos médicos en el día de hoy que sirven tanto de perito a víctimas de impericia médica como de peritos a favor de médicos. Uno de ellos me dijo algo que es interesante, pues refleja la actitud que debe permear en esa profesión. No entró en un pensamiento filosófico profundo ni nada por el estilo. Me dijo simplemente que hacía peritaje también a favor de los pacientes porque si ellos mismos no depuraban su profesión, los abogados lo íbamos a hacer por ellos. Le di toda la razón cuando me aseveró tal cosa porque implica una realidad absoluta que ha prevalecido por mucho tiempo, más del que ha debido.
Por años los abogados hemos sido realmente los que hemos intentado depurar un poco la profesión médica mediante las demandas de impericia médica. Ni hablar de las múltiples medidas de seguridad a favor del paciente que se han implantado en los hospitales a raíz de reclamaciones de este tipo.
Las demandas de impericia han tenido ese efecto en torno a la profesión médica porque el Colegio de Médicos ni el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico han hecho su trabajo en ese sentido. El Colegio, porque se percibe a sí mismo como un ente colectivo que protege, en lugar de juzgar a sus miembros ante ataques de terceros, aunque sean sus víctimas. Y el TEM…., bueno, el TEM. Ya sabemos lo que ha ocurrido con ese pobre organismo el cual es una criatura del estado llamado a regular la profesión médica en nuestro país, cuyos principales oficiales y tribunos están vistiendo o próximos a vestir el mameluco anaranjado.
Con tantas décadas de existencia jurídica debe ser vergonzoso para todos los médicos que a través de los años lo han compuesto, que haya suspendido la licencia para ejercer la medicina a solo dos médicos por razón de su impericia médica. Y uno de ellos porque salió su nombre a la luz pública en ocasión de testimonios vertidos en la legislatura cuando se discutieron unos proyectos sobre impericia. Ello a pesar de que son miles las querellas sobre impericia durmiendo el sueño de los justos en sus archivos polvorientos, últimamente allanados por agentes federales.
De manera que el médico con quien hablé dijo una verdad absoluta cuando señaló que eran los llamados a depurar su profesión. A pesar de que es de admirar, desafortunadamente aún son pocos los que piensan como él. Prefieren mirar a otro lado a la hora de declarar en contra de un colega. Prefieren mantener el sentido tribal que ha permeado la profesión médica por siglos, protegiendo con su silencio y complicidad implícita a los médicos que siguen dañando a sus pacientes por su negligencia.
Por esa dificultad para encontrar peritos en Puerto Rico, los abogados que defendemos a las víctimas de impericia médico-hospitalaria muchas veces tenemos que recurrir a Estados Unidos, donde los peritos de allá analizan los casos que debieran analizar los de aquí. Y no venga el Colegio de Médicos a ofrecernos un banco de peritos para analizar los casos de las víctimas. ¡Banco fatulo! Para esa entidad las víctimas son los médicos que ven aumentadas sus primas de seguro en cada ocasión que un vil paciente presenta una demanda en su contra. A otro con ese cuento. Arriba los buenos médicos que están dispuestos a servir de peritos al eslabón más débil de la cadena, que siempre es el paciente. ¡Qué mucha falta hacen!

viernes, 23 de noviembre de 2007

VBAC en Puerto Rico... perspectiva de un abogado


Al igual que en Estados Unidos, los obstetras de Puerto Rico prefieren manejar los embarazos posteriores a una cesárea sacando de su cajita de herramientas el escalpelo, independientemente de las razones que hubo para hacerlo la primera vez. Según estos galenos, no hacer nuevamente una cesárea conlleva, entre otros riesgos, la ruptura del útero, ya que una incisión no hace sino debilitar su estructura tisular; y ésta se pone en riesgo con la tensión en el órgano que de ordinario produce un parto natural. ¿Y?

Un gran porciento de los puertorriqueños nacidos en la pos guerra (baby boomers) somos producto de una cesárea, lo que parece arrojar un poco de luz sobre la existencia de unos cuantos César pululando en nuestro entorno. Padres creativos, pero médicos demasiado conservadores, por decir lo menos.

En sus recomendaciones, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) tradicionalmente ha puesto trabas al parto vaginal luego de una cesárea, VBAC, por sus siglas en inglés. La evidencia científica poco a poco ha venido derrumbando los mitos y falacias tras esos reparos de ACOG al parto vaginal pos cesárea. Sin embargo, la mayoría de los obstetras aún prefieren desenfundar el bisturí y hacer nuevamente una cesárea en lugar de un parto natural. Llamémoslo conservadurismo, miedo a las demandas, jaibería económica, en fin, démosle el calificativo que queramos. Lo cierto es que nuestra población en edad fértil tiene que lidiar todos los días con obstetras que prefieren abstenerse de atender una paciente si el parto natural es la opción que escoge la familita tras una cesárea.
A pesar de que sus recomendaciones son mucho más que persuasivas a la hora de establecer el estándar de cuidado en los tribunales, con el tiempo he aprendido a mirar con sospecha estas pretensiones de mandamientos de la ACOG, ya que esa asociación es simplemente una tribu, cuyo fin primordial es proteger a sus pares de demandas de impericia médica. En cuanto al tema que nos ocupa, la opinión de muchos es que pretende mantener el monopolio en el cuidado del embarazo y del parto, vis a vis el resurgimiento de las parteras (comadronas en nuestro léxico boricua) y de legislación que las apoya (midwifery legisation) en los Estados Unidos .

Hay quienes dicen que un obstetra sobra a la hora de un parto normal, a no ser para tomar fotos del bebé. Yo no soy tan drástico; creo que tienen su función importante en un parto feliz. Sin embargo, no pretendo, como abogado, convencer a mujer alguna que haya tenido una cesárea previa a que opte por un parto vaginal en sus embarazos subsiguientes; zapatero a sus zapatos. Afortunadamente el número de obstetras en nuestra isla que cree y promueve el VBAC va en aumento, como lo demuestra el comentario #7 que, bajo el seudónimo de “El Partero”, hace un médico obstetra a nuestro ensayo anterior. Esta nueva cepa de médicos son los encargados de disipar el temor que sus colegas han infundido por décadas en nuestras mujeres. Ellos son los llamados a difundir los beneficios del parto vaginal pos cesárea y a seguir derrumbando, por los medios a su alcance, los mitos y falacias tras el adagio hoy anacrónico del “once a cesarean, always a cesarean”.
Ya dijimos anteriormente que una cesárea innecesaria, de las muchas que se practican diariamente en Puerto Rico, constituye un acto de impericia médica. Debo añadir que esta impericia, que atenta contra la integridad física y emocional de la familia, ha quedado impune a lo largo de los años. Hacen falta buenos médicos que combatan esta agresión en contra de la mujer, no solo en sus consultorios y en las salas de parto, sino en los tribunales, como peritos en favor de las víctimas de esta impericia médica; mano a mano con los abogados que combatimos esta impunidad, aunque seamos todos objeto de muchas miradas torcidas. Nuestras futuras generaciones sabrán ser agradecidas.

martes, 13 de noviembre de 2007

Cirugía innecesaria bajo influencia de su médico. Cesáreas a la orden!

En Puerto Rico, Estados Unidos, en fin, en todos los países, millones de pacientes al año se someten al escalpelo de sus cirujanos por distintas razones. Sin embargo, ¿han sido necesarias todas esas cirugías?
No es un secreto que muchos pacientes han sido sometidos y han pagado por cirugías que no son necesarias. Los únicos que parecen beneficiarse de estos procesos innecesarios son obviamente los medicos y los profesionales de la salud que les prestan a los pacientes servicios incidentals al proceso quirúrgico. En Death by Medicine, http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_02.htm, visitado el 12 de noviembre de 2007, el Dr. Gary Null estimó que anualmente se hacen 7.5 milones de procesos médicos innecesarios. En lugar de resolver los problemas, el Dr. Null añade que estos procesos médicos innecesarios muchas veces no hacen sino provocar y hacer que surjan nuevos y mayores problemas de salud y en ocasiones la muerte del paciente. De este dato podemos dar fe.
De acuerdo a Under The Influence of Modern Medicine por Terry A. Rondberg, un informe de 1995 de Milliman & Robertson, Inc. concluyó que cerca del 60% de todas las cirugías practicadas son realmente innecesarias. Entre estos procesos se encuentran predominantemente las histerectomías, las cesáreas y cirugías para puentes arterio-coronarios
No conocemos datos estadísticos en Puerto Rico sobre la totalidad de procesos quirúrgicos que son practicados de forma innecesaria. Solo en una de las cirugías, la cesárea, se ha informado por la Organización Mundial de la Salud, que Puerto Rico tiene la dudosa distinction de estar ubicado dentro de los primeros países en incidencia, con alrededor de 45% de los partos hechos por este método.
Tras una cirugía innecesaria está la forma y manera en que el médico obtiene de su paciente el consentimiento para someterse a ésta. No hay duda de que, para ello, el medico tiene que inyectar un ingrediente de engaño en el proceso de tomar el consentimiento a su paciente. De otra forma no lo obtendría. En este engaño del medico a su paciente yace el problema no solo moral, sino legal en este tema de las cirugías innecesarias.
En todo proceso quirúrgico existen normas y protocolos estándares que deben primar antes de proceder con éste. La cesára no es la excepción. Después de todo, una cesárea desvía el proceso de parto natural hacia uno que no lo es. Debe justificarse adecuadamente la decisión que toma un médico para ordenar una cesárea. Sin embargo, razones puramente personales del médico, ajenas al bienestar de la madre y su hij@ están prevaleciendo en un alarmante número de casos en Puerto Rico.
¿Cuales son las consecuencias de una cesárea innecesaria?No tengo duda de que cualquier cirugía innecesaria es un acto de impericia médica, desde el mismo momento en que se toma el consentimiento “informado” del paciente totalmente viciado, por contener criterios fatulos, con el solo objetivo de justificar el procedimiento. En el caso de las cesáreas, el medico no solo priva a la madre de sentir la experiencia del nacimiento de su hij@, pues la anestesia epidural se lo impide. Aún cuando el proceso resulte en un bebé completamente normal, la cirugía

martes, 6 de noviembre de 2007

Llueve y no escampa ¿Que maten a quien?


No voy a comenzar hablando de impericia médica en Puerto Rico. Vean como me comporto.

Una de las obras del británico Shakespeare que visité me tocó personalmente, obviamente cuando no estaba tocando la guitarra en Peyton Place en mis estudios en la Universidad de Puerto Rico. Como respuesta a la exclamación de un personaje central que decía: "que maten a los abogados", otro contestó que los abogados son un mal necesario, con el que "tenemos que vivir".

Desde hacía un tiempo, ya había decidido seguir los pasos de mi padre y mentor en el ejercicio de la abogacía y hacer la incursión en los estudios que han regido mi vida profesional.

Algunos pueden pensar que somos un mal necesario o sencillamente un mal. Por razones obvias estoy prejuiciado y no creo ninguna de las dos aseveraciones, aunque puedo argumentar logicamente y sin apasionamiento mis puntos de vista. Creo que los abogados constituimos el medio idóneo para que los indefensos o más débiles en la sociedad en que vivimos logren justicia a sus reclamos. Aunque sea soslayadamente, caigo siempre en el tema de la impericia médica; no tengo remedio.

La fiscalía federal acaba de añadir en estos días medio centenar de acusados a la lista de alrededor de ochenta médicos imputados de fraude en la obtención de sus licencias para practicar la medicina en nuestra pequeña Isla del Encanto. Como si fuera poco, hasta dos ex presidentes del benemérito Tribunal Examinador de Médicos cayeron en la última redada de los federicos. Por otro lado, la pobre renunciante presidenta del Colegio de idem la debe estar pasando muy mal con las imputaciones serias que se le hacen publicamente a diario sobre asuntos nebulosos durante su incumbencia en el colegio y más recientemente, imputarle hasta gestionar arreglos a su automóvil con la tarjeta de crédito del gremio o club que dirigía y que poseía como parte de su generoso estipendio como titular. En fin, que llueve y no escampa para la clase médica en Puerto Rico.

¿Qué pasa con los médicos del país?

Para que no crean que soy un prejuiciado, sostengo que, afortunadamente, los imputados de delito y los que están en boca de todos en este momento representan solo una exigua parte de los médicos de este país; la mayoría abnegados y entregados a su vocación de atender bien y profesionalmente a sus pacientes, con sensibilidad y conocimiento, aunque en el fin de semana prefieran atender sus cosillas personales. Sin embargo, por nada del mundo se me ocurriría decir que "maten a los médicos" ni que estos profesionales de la salud son un "mal necesario".

Desde hace tiempo unos pocos hemos abogado por un escrutinio serio de la profesión médica. En ocasiones en foros públicos, en contra de la corriente, fustigados por unas relaciones públicas muy bien orquestadas y pagadas. En otras lo hacemos a nuestro modo, en nuestro gallinero: trayendo a los tribunales a quienes han ocasionado daño a sus pacientes mediante su impericia o negligencia.

Algunos pueden creer que los abogados que estamos en esta práctica profesional lo hacemos por el dinero; en verdad me importa un bledo si así lo creen. No soy ingenuo, sin embargo. Puede que haya uno que otro abogado que, con esa meta en mente, esté radicando demandas en favor de víctimas de impericia médica. Pero aún si así fuere, aunque sea por carambola, es necesario reconocer la gran labor social que todos hacen por medio de la presentación del millar de demandas de impericia médica que se radican en los tribunales en Puerto Rico.

Nuevas medidas de seguridad en beneficio del paciente son implantadas en la profesión médica y, sobretodo, en los hospitales, debido a las demandas. Demandas que, en su origen, no persiguen otra cosa que la de equiparar a la víctima de impericia médica con su victimario mediante una compensación económica justa y razonable, que es la única manera establecida en nuestro sistema judicial para hacerlo. Y, créanme, hay otros países que los meten presos, que es lo que se debería hacer aquí en algunos casos . . . , con algunos médicos. Para bien o para mal, largo es el trecho recorrido desde Hamurabbi.

domingo, 14 de octubre de 2007

La defensa hospitalaria del “¡Ah no, yo no sé, no…!”


Tanto en EEUU como en Puerto Rico, un hospital incurre en responsabilidad civil ante su paciente cuando es negligente en la selección de los médicos a quienes concede privilegios y éste incurre en un acto de impericia médica. El concepto “privilegios” significa el permiso que se le otorga al médico para admitir y tratar pacientes en el hospital, de conformidad con las especificaciones contenidas en la aprobación de ese permiso.

Conforme a los reglamentos de todas las facultades médicas que conozco, la membrecía a ese organismo interno es un privilegio que confiere la junta de directores del hospital en cuestión y, presumiblemente, debe ser extendido únicamente a aquellos médicos profesionalmente competentes, que cumplen continuamente con las calificaciones, estándares y requisitos que fija el propio reglamento de la facultad médica. Para que un médico pueda ser miembro de la facultad médica, deberá cumplimentar un formulario de solicitud, que, de acuerdo al reglamento, es desarrollado y revisado periódicamente y aprobado por el cuerpo rector del hospital, es decir, por su junta de directores.

Este formulario debe requerir información vigente del médico, tanto de su vida personal como profesional y, hasta donde sea razonable, debe ser corroborada antes de concederle los privilegios que solicita. Información de si la persona ha sido convicta de delito y si ha tenido reclamaciones de impericia médica en su contra, son solo dos de los criterios importantes que se encuentran contenidos en los formularios de solicitud de privilegios que deben cumplimentar los galenos.

La ley que creó el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico ni su reglamento dispone para la inhabilitación inmediata del galeno que ha incurrido en conducta delictiva. Tampoco se provee en estos cuerpos un remedio obligatorio en contra de quien ha incurrido en eventos de impericia médica probados en un tribunal. La actuación del TEM en torno a estos criterios es discrecional y, como hemos visto en el pasado, sumamente flexible, por no decir mustia. Estos criterios, sin embargo, deben ser tomados, y en algunos casos en efectos son tomados, en consideración por los hospitales a la hora de conceder los privilegios que solicita determinado galeno que ha incurrido en este tipo de conducta. Un hospital que, a sabiendas, concede privilegios a un médico con un amplio historial de eventos de impericia médica luciría patético si levanta la defensa del desconocimiento de estos hechos a la hora de tener que responder solidariamente por los actos negligentes de éste. El National Practitioners Data Bank, una base de datos disponibles solo a instituciones proveedoras de servicios de la salud, contiene este tipo de información y es de fácil acceso. Igual ocurre con actos delictivos que constan en certificados de antecedentes penales.
Una investigación periodística recientemente reveló el caso de un tal Rodríguez, médico de Guayama que cuenta con la dudosa distinción de tener en su historial 25 demandas de impericia en su contra. En un artículo de base escrito por la periodista, le negó que estuviese trabajando en un hospital de la ciudad. Al día siguiente le cortó la comunicación telefónica porque tenía que atender un parto pendiente en el mismo hospital.

El director de la facultad médica del hospital fue confrontado con ese hecho y lo más que se le ocurrió decir fue que el galeno en cuestión procedía de una familia fundadora de la institución y que solo había tenido que responder como hospital en uno solo de sus 25 casos de impericia. Desconozco qué abogado llevó el resto de sus 25 demandas. Lo cierto es que si el hospital conocía de su historial de impericia, y ello fue probado, pudo haberse hecho responsable solidariamente por la mayoría de estos eventos.

Lo mismo ocurre con un historial delictivo. El TEM en Puerto Rico, ni la comisión conjunta norteamericana que acredita los hospitales imponen como criterio de exclusión de la práctica de la medicina o de la concesión de privilegios en un hospital a un galeno que haya sido convicto de delito. La última deja este criterio en manos de los hospitales que buscan la acreditación y concede los privilegios. Sin embargo, con mayor frecuencia, cada vez son más los hospitales que consideran este elemento a la hora de conceder privilegios a un médico. Es sencillo; un hospital no quiere que el público sepa que tiene entre su facultad a un médico convicto de delito, pues la institución privada depende del favor público y contar con una imagen limpia siempre es preferible.

Un hospital no quiere que sus pacientes sepan que están siendo expuestos a un convicto de delito o a un negligente consuetudinario y, peor aún, que su salud está en sus manos. Así, si un hospital impone en su reglamento un criterio riguroso sobre convicciones de delito o actos de impericia a la hora de conceder privilegios a los médicos, debe responder cuando lo incumple. Con mayor frecuencia, el “ah no, yo no sé, no”, no vale, dentro ni fuera de los tribunales y qué bueno que esto esté ocurriendo.

¿Un garabato por otro?


El más importante promotor de legislación para limitar los derechos a la víctima de impericia médica en Puerto Rico y, de paso, quitar del medio a su abogado, ahora tiene en su agenda la eliminación del Tribunal Examinador. No es que quiera defender a la institución ni a los galenos que componen el TEM. Ni siquiera se me ocurre una buena defensa en torno a los procedimientos que han ocurrido en el pasado para certificar a los médicos y a sus especialidades, a no ser que sea, que si no lo hacen desde aquí, a alguien se le ocurrirá la maravillosa idea de que lo hagan desde el otro lado del charco. Sin embargo, cuando esas ideas que lucen fantásticas son promovidas por los dirigentes del Colegio de Médicos, una presunción de incorreccción las acompaña siempre en mi mente, teniéndome que convencer de su idoneidad más allá de duda razonable.

Estoy de acuerdo, en principio, con la existencia de un organismo que apruebe quien entra o no a la práctica de la medicina en nuestro país y que fiscalice el desempeño profesional de los médicos, tanto desde el punto de vista ético, como profesional; denomínese Tribunal, Junta, Comité, Club o como se les antoje llamarlo. El TEM debió ser, y no fue, más estricto en ambos aspectos: el procesal y el sustantivo en su quehacer oficial. La creación de un nuevo ente no garantiza que ello sea así, pero con la amarga experiencia que se ha tenido con el existente, quizá la mejor idea sería virarlo patas arriba, tal y como el Colegio de Médicos promueve que se haga y botar la ley que lo creó al zafacón. Tendremos que ver en el camino qué se hace con estas nuevas ideas que vienen circulando, especialmente con la 'propuesta' del Colegio, para determinar en beneficio de quienes redundan, con la esperanza de que sea en favor del paciente. ‘Wishful thinking’…., como dirían nuestros vecinos del norte.

martes, 9 de octubre de 2007

DENGUE: ¿con o sin impericia médica?


El que una persona muera por una infección provocada por el virus del dengue no siempre es culpa del mosquito que lo transmite; a veces el mayor responsable es el médico que maneja la condición del paciente, pasando por alto la sintomatología que lo evidencia o sencillamente omitiendo pruebas diagnósticas básicas o el tratamiento apropiado, incurriendo de esa manera en impericia médica. Otras veces el propio paciente y sus familiares tardan demasiado en buscar ayuda médica porque creen que se trata de una 'monga', de esas que tumban a uno por días . Por otro lado, a través de los tiempos, nuestro Departamento de Salud no ha sido muy asertivo que digamos orientando como es debido para concienciar a nuestra gente sobre como prevenir la propagación del virus y qué hacer ante determinada sintomatología. Así de cruda, pero así de sencilla es nuestra realidad boricua.

Nuestro país parece haber caído de repente, desde hace unas semanas, en un abismo epidémico con relación a esta grave enfermedad viral, publicándose a cada rato un nuevo caso de muerte por dengue. Algunos, que dicen saber de este virus, alegan que esto es cíclico. Cíclico o anecdótico, el conteo de muertos resulta sin duda alarmante, haciendo su debut, incluso, un nuevo tipo de virus de dengue que no incide en la disminución de plaquetas, criterio básico para alertar sobre el otrora conocido.

Los casos que presentan una infección por dengue requieren un alto grado de alerta clínica de parte de los médicos y personal hospitalario, ante cambios drásticos potenciales y el posible progreso hacia una condición de shock en el paciente, tornándose la condición en una mortal. Una vez se diagnostica la condición mediante la recopilación de historial, examen clínico y las pruebas de laboratorio correctas, establecer un manejo médico asertivo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde 1997 la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) publicó una segunda edición de “Dengue Hemorragic Fever: diagnosis, treatment, prevention and control”. Entre otras cosas, esta publicación sugiere un protocolo para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Por otro lado, en Puerto Rico tenemos epidemiólogos de reputación mundial, como el Dr. José G. Rigau Pérez, que han publicado artículos relacionados con este virus, fácilmente disponibles a la clase médica. Los médicos y hospitales debieran estar familiarizados con estas publicaciones; desafortunadamente, muchos no lo están y cada día más personas están pagando las tristes consecuencias.

A pesar de que esta condición es una potencialmente fatal, un tratamiento acelerado y correcto contribuye a mejorar sustancialmente el pronóstico para estos pacientes. Ello implica un esfuerzo significativo que, en una etapa crítica de la enfermedad, difícilmente se puede lograr fuera de una unidad de cuidado intensivo, con el equipo y personal adiestrado adecuadamente.

Los médicos, especialmente los que reciben a estos pacientes en primera instancia en las salas de emergencia, deben reconocer los síntomas y percatarse de la gravedad de la situación, existente o potencial, para así instaurar de inmediato el tratamiento necesario para lograr un buen pronóstico y disminuir las probabilidades de unos resultados nefastos en estos pacientes. De esta forma, los enfermos del virus mejoran y viven, dejando fuera de los tribunales a nuestros médicos, para que puedan hacer buena medicina.

lunes, 8 de octubre de 2007

Casos, cosas, clientes y parientes

Hay muy pocas cosas que comparan con el sabor de la victoria al final de varios años de preparación para un juicio de impericia médica. No es el dinero que el abogado va a recibir, ni los gestos de agrado y de admiración que recibe de parte de sus clientes y de sus pares que conocen del resultado del caso. Es la sensación que da un trabajo bien hecho cuando uno sabe que el esfuerzo ha rendido frutos a favor de una víctima que sufrió daños, muchas veces graves, a manos de un médico o personal hospitalario negligente. Como instrumento entre el agraviado y el tribunal, de alguna forma el abogado es un ecualizador, que con su trabajo logra que se equipare al más débil, la víctima, con el más fuerte, su victimario. Confieso que éste es dínamo que me mueve.

No importa que el caso se transija antes de llegar a juicio; la sensación es parecida, aunque luego de un juicio, en el que el cansancio mental y físico prima, uno siente algo intangible pero comparable con la sustancia química agradable que secreta el cerebro de un atleta acostumbrado a dar la milla extra que, aún cansado, está satisfecho y feliz. Crecí leyendo entretenido historietas de superhéroes de ciencia ficción y viendo a Perry Mason, todos los martes a las 8:00 de la noche, luchar en contra de los malos y ganar el juicio con una confesión del culpable en corte abierta. Tal vez sea eso; no sé.

No obstante la sensación de que hablo, hay casos y hay casos; hay clientes y hay clientes. Recientemente tuve una experiencia con la hija de un cliente, que nunca llegué a conocer personalmente, pero cuya anécdota resultante de alguna interacción quiero compartir con los lectores. La chica nunca aportó dinero para peritaje ni interés para resolver el caso de su padre, quien sufriera daños graves a consecuencia de un médico negligente. Nunca le atañó ni se comunicó conmigo antes para hablar del caso de su padre, a pesar de que, como profesional, entendía o debería entender lo que estaba ocurriendo.

Llegó el día de la transacción extrajudicial que el cliente no esperaba, por razones que no vienen al caso. A la hora de cambiar el cheque de la compensación y cobrar mis honorarios, la hija de 38 años de mi cliente, que nunca reclamó nada por los daños sufridos por su padre, apareció súbitamente en escena, por deseo expreso de su padre. En un tono amazónico con letras mayúsculas, característico de alguien con ínfulas de poder, me “ordenó” detallarle por escrito todas las gestiones, “si algunas”, en el caso, cuestionando de paso mis honorarios, a pesar de que la propia ley federal los fija en un 20% de la compensación total y no obstante haber firmado un contrato de servicios profesionales con su padre. Llegó hasta a tener algún tipo de recelo, cuando me preguntó la razón para acompañar a su padre al banco; sin conocer siquiera que el cheque estaba girado a favor de ambos.

En una conversación, la última sostenida con ella porque le enganché el teléfono, llegó al punto del insulto personal que, por lo injusto, me pareció sorpresivo. Me inclino a pensar que ese agravio gratuito es resultado de un caso de indiscutible psicosis no tratada, con origen en su niñez, en razón de problemas familiares no resueltos. A pesar de no ser psiquiatra creo que esta condición le permite a esta joven ser funcional. Sin embargo, de alguna forma, el dinero que su padre iba a recibir como producto de la transacción le sirvió de detonante para que su bombita interior explotara y, de qué manera...

En mi vida profesional nunca he acostumbrado tratar los asuntos relacionados con la liquidación de las compensaciones económicas con personas ajenas al caso; ningún abogado debe hacerlo. No sé como caí en esta dinámica a estas alturas del juego. Lo cierto es que no lo vi venir y pagué con un mal rato cuyo golpe me duró varios días botar.

El caso de la pariente súbitamente interesada en el bienestar económico de su padre evidencia claramente que el abogado suda cada centavo que gana, a pesar de que la gente crea que los abogados nos ganamos los chavos de manera fácil. Que me disculpe Cantalicio; estoy convencido de que no siempre el sabor lo dice todo.

miércoles, 26 de septiembre de 2007

Cultura de MORDAZA


No hay duda de que el pago de reclamaciones en los casos de impericia médica, entre muchos otros factores, al igual que ocurre con cualquier otro tipo de seguro, produce un aumento en las primas de los médicos. Sin embargo, en lugar de enfocar el verdadero problema, que son sus colegas negligentes, el Colegio de Médicos y Cirujanos los protege y ampara, por ejemplo, oponiéndose a una medida legislativa de hace un par de años que le daba poder a SIMED para excluir los riesgos malos y no venderle cubiertas de seguro a los médicos por los cuales continuamente tenían que estar pagando compensaciones que, según un estudio revelado, representan un exiguo 3% de los médicos del país.

El público debe tener el derecho a conocer la identidad de los médicos que practican la profesión de manera negligente, a pesar de reclamaciones múltiples de impericia médica en su contra, incrementando por ello las primas de los seguros de sus colegas diligentes y responsables. Se debe reconocer abiertamente, de una vez y por todas, el derecho de saber en manos de quién ponemos nuestra salud y vida y la de nuestros seres queridos. Sin embargo, absurdamente, ni el Tribunal Examinador de Médicos, ni la Oficina del Comisionado de Seguros, ni SIMED o Triple S la revelan, colocando una especie de mampara y auto-imponiéndose una mordaza cuando le tocan el tema, ya que, interesantemente, no hay ley alguna que les impida divulgar esa información. Por otro lado, tampoco existe legislación que prohíba las cláusulas de confidencialidad en las transacciones judiciales, que no hacen otra cosa sino esconder este tipo de información al público en general y proteger al médico negligente del "qué dirán".

Diferente a nosotros, varios estados importantes de la nación norteamericana han aprobado legislación para que la identidad de los médicos negligentes no permanezca bajo secreto conspiratorio, en perjuicio de sus pacientes potenciales, incluido California, pionero en pasar legislación en 1975 a través de la llamada "Medical Injury Compensation Reform Act" (MICRA) para decapitar derechos que hasta ese entonces cobijaban al paciente, víctima de impericia médica. Estas piezas legislativas, que llaman legislación de perfil (“profiling legislation”), indudablemente sirven de eficaz disuasivo para los actos de impericia médico-hospitalaria. Los médicos saben que serían perjudicados en sus bolsillos si el público en general es informado de que han cometido un acto de impericia por el cual sus víctimas han resultado compensadas, bien sea mediante transacción o por un juicio en su fondo. Por otro lado, los hospitales serían más cuidadosos a la hora de conceder sus privilegios.
En este país donde sobra la legislación y legisladores, desafortunadamente falta legislación y reglamentación apropiada para implantar este derecho fundamental de todo paciente. Si se legisla para dar a conocer la identidad de los médicos negligentes y prohibir cualquier tipo de cláusula que esconda esta información del público en general, todos serán más cuidadosos a la hora de intervenir con un paciente; mucho más de lo que son en la actualidad. Si algo positivo en este tema puede hacer el legislador, es aprobar este tipo de legislación que resultaría en beneficio de todos sus constituyentes, porque todos podemos ser víctimas de impericia médica. Los invito a dar un paso al frente y hacer algo, que al fin valga la pena.

martes, 18 de septiembre de 2007

Acuerdos transaccionales "confidenciales"


Estos acuerdos suelen darse en litigios mayormente comerciales e industriales. Los que ocurren en los casos de impericia médico-hospitalarias son los que nos atañen en este momento.

Indudablemente la imagen de un profesional, en este caso de la salud, es sumamente importante, más cuando depende de la llegada de pacientes de día a día a su consultorio u oficina. Dependen en muchas ocasiones de los referidos que ofrecen otros colegas, pero también, de los que les brindan sus propios pacientes satisfechos con sus servicios.

Las demandas que se presentan y las sentencias que recaen en contra de estos profesionales en los tribunales de Puerto Rico son catalogadas como documentos “públicos”. Sin embargo, éstas nunca son verdaderamente "publicadas", salvo que caigan en las manos de algún periodista investigativo sensible, inteligente y con conciencia social, que se interese particularmente por la situación planteada en los hechos en contra del galeno y escriba un artículo o reseña periodística.

Cuando un caso llega a su fin mediante una transacción en la cual se compensa a la víctima de impericia médica, los abogados de los médicos siempre intentan inyectar un carácter de confidencialidad al convenio que se firme. Ello lo hacen mediante la inserción de una cláusula en el acuerdo que prohíbe a las partes, y algunas veces a sus abogados, divulgar su contenido.
Cuando el abogado de la víctima accede a que se inserte este tipo de cláusula, muchas veces lo hace balanceando los intereses envueltos, particularmente los de su cliente, que desea muchas veces terminar con el asunto para “pasar la página" en su vida. Independientemente de la cifra, que en algunos casos puede ser la misma cubierta máxima de la póliza, los abogados de los demandados entran en la transacción condicionándola a la inserción de estas llamadas cláusulas de confidencialidad. De paso se añaden las famosas cláusulas de exclusión de responsabilidad, en las que no se acepta que la transacción implique una admisión de negligencia de parte del médico demandado. Por último, exigen que se presente una moción desistiendo del caso "con perjuicio", como queriendo dar la impresión de que la víctima se ha arrepentido de reclamar al médico y que "la cosa" no queda en nada.

Independientemente de que se haya o no incluído una cláusula de confidencialidad o de exclusión de responsabilidad en el acuerdo transaccional, la aseguradora que paga la compensación viene obligada a informar de la transacción económica al ‘National Practitioners Data Bank’ (NPDB). Esta es una entidad creada por el congreso federal que digitaliza esta información y la tiene disponible a los hospitales y demás instituciones que proveen cuidado de salud en toda la nación norteamericana y sus territorios, como Puerto Rico. A esta base de datos se accede, por ejemplo, cuando el hospital recibe una solicitud de privilegios de algún profesional de la salud y desea conocer de su perfil o historial. Los hospitales conocen, si es que utilizan este recurso informático, la historia sobre los pagos efectuados por el asegurador del médico con relación a un pleito en que hayan alegado su impericia. Sin embargo, la información contenida en esta base de datos está vedada para el público en general, lo que nos deja a merced de seguir recibiendo servicios de salud de parte de médicos que posiblemente han incurrido en impericia médica. No nos llamemos a error; la confidencialidad sencillamente favorece a que el médico siga su ejecución “profesional”, como si nada hubiese pasado, sin que se publique de forma alguna que ‘ha metido la pata’, dañando negligentemente a un paciente y habiéndole tenido que pagar una compensación o remuneración económica.

Desde el 17 de agosto de 1999, Puerto Rico cuenta con La Ley Núm. 260 que impone al Tribunal Examinador de Médicos el deber de ofrecer al público que lo pida alguna información sobre médicos, que puede incluir si le ha recaído alguna sentencia en su contra por impericia médica. Sin embargo, a pesar de que esta ley entró en vigor 30 días después, para su implantación, es decir, para que tenga "dientes", impone al TEM el deber de redactar un reglamento que, a esta fecha, casi una década después de legislada, aún no ha hecho.

Los pacientes en Puerto Rico actualmente están desprovistos de un sistema al que pueda acceder manualmente, no ya digitalmente, para averiguar si las manos en las que piensa poner su vida son o no verdaderamente diestras. No se puede saber si el médico ha cometido o no actos de impericia médica que puedan poner en peligro su vida o la de los suyos. Si el médico ha sido objeto de suspensión de privilegios o alguna convicción de delito, es información importante, para tomar una decisión, que en nuestro país no está disponible. La excepción a esto es la que dijimos al principio, con la prensa como ente informativo importante, indispensable en una sociedad con pretensiones de democracia, como la nuestra. Cuando ello ocurre, el interés público gana enormemente aunque, indudablemente, el médico pierde.

Las cláusulas de confidencialidad no hacen más que perpetuar la nube negra que desafortunadamente tenemos encima todos los que en alguna u otra manera podemos ser víctimas de impericia médica. Ello representa un contrasentido con la filosofía de que la salud del pueblo es uno de los derechos humanos principales en nuestra sociedad.

No es la primera vez que sostengo que las llamadas cláusulas de confidencialidad existen en detrimento, no solo de esta filosofía y del paciente, sino de la misma sociedad. Su inclusión, por tanto, debe ser resistida vehementemente por los abogados de las víctimas hasta el último momento y con todos los argumentos posibles. Sin embargo, ayudaría mucho que algún juez o jueza valiente interprete, algún día, que las clásulas de confidencialidad en los casos de impericia médico-hospitalarias sean consideradas en el acuerdo transaccional como “no puestas” por ser, sencillamente, contrarias al interés público.

martes, 4 de septiembre de 2007

Peritaje a la orden ... ¿de quien? (carta de un lector)

Me escribe un médico lector, cuya comunicación transcribo de forma íntegra:

“Estimado Lcdo Velazquez (sic): Estuve leyendo su pagina (sic) que la encontre (sic) por casualidad (no casualidad) jajaja!!!, mientras buscaba informacion (sic) en un periodico (sic). Con todo respeto, creo debe haber en su pagina (sic) una contraparte al aspecto de impericia. Le quiero recordar que aunque en su caso las demandas no esten (sic) vinculadas a obtener un pecunio (sic), yo he podido observar esto (sic) muchas veces mientras hago peritajes. Ocurren errores humanos todos los dias (sic). En el 1998 murieron cerca de 100,000 personas en los EU por esto (sic). Sin embargo, muchos abogados (no usted) radican demandas por pecunio (sic) propio. Radican demandas sin opinion (sic) pericial y con peritos que son "gun for hire". Existe la mala ocurrencia y eso no es impericia. Hasta donde vamos a llegar? Yo he hecho peritajes de ambos lados y lo veo a cada rato. Recuerde que el ave nacional es el ganso.... Con todo respeto, Alfonso Serrano MD FACOG-FACS”

Entre todas las cosas que menciona el buen doctor, hay un aspecto que merece mi comentario y es la presentación de demandas por algunos abogados sin opinión pericial que las sostenga. Este planteamiento es incuestionable y representa una práctica forense que debe ser rechazada por todos. Con la excepción de tener que presentar la demanda para interrumpir el período prescriptivo, no hay razón alguna para que el abogado ressponsable no obtenga una opinión pericial antes de radicarla. En este caso, una vez radicada, el abogado debe abstenerse de diligenciar los emplazamientos hasta que obtenga una. El diligenciarlos conlleva para el médico el problema de tener que informarlo a su aseguradora, lo que implica un aumento inmediato de su prima de seguros, por la política de recargos prevaleciente en la industria de seguros de este tipo. Si no hay caso, se desiste voluntariamente de la demanda. Si, por el contrario, la opinión pericial sostiene la teoría de negligencia esbozada en la demanda, entonces se diligencian los emplazamientos; así de sencillo.

Sin ánimo de justificar acciones que de entrada he rechazado, es indudable que existe un problema grave de escasez de recursos profesionales médicos a disposición de las víctimas de impericia médico-hospitalaria. Sencillamente, son contados los médicos que están dispuestos a declarar en contra de otro médico. Ello obliga en múltiples ocasiones al abogado a contratar peritos de EEUU que cobran cifras exhorbitantes para hacer peritaje en Puerto Rico.

Distinto a otros profesionales, los códigos de ética de las distintas agrupaciones de especialistas norteamericanas a las que están adscritos muchos profesionales de la Isla, incluyendo aparentemente al lector referido, les sugieren a sus miembros el deber de hacer peritaje en ambos lados de la cancha, tanto en defensa de sus pares, como a favor de las víctimas de impericia médica. Sin embargo, la inmensa mayoría de los médicos no están dispuestos a hacerlo, levantando algunos razones como "falta de tiempo" para ello y la mayoría, sencillamente, que no declaran en contra de colegas suyos. El número de especialistas que brinda su peritaje para las víctimas, por tanto, es ínfimo si lo comparamos con los que están dispuestos a hacerlo en favor de sus pares, muchas veces haciendo increíbles malabares para justificar acciones negligentes, como veo a cada rato.

Una demanda de impericia médica para un médico es cosa seria, por las consecuencias que ello acarrea. No obstante, contrapuestos ambos intereses, con el respeto que me merecen los buenos médicos, prefiero darle el beneficio de la duda al eslabón menos fuerte de la cadena: al paciente que ha sufrido el daño que lo ha marcado muchas veces de por vida. Después de todo, ¿quien pierde más?

viernes, 31 de agosto de 2007

¿Con plomo o sin plomo?




El médico que atendió a Ludwig van Beethoven ganó por un pelo, literalmente, el caso de impericia médica levantado en su contra por los historiadores. Aunque el titular de la noticia parece implicar lo contrario, lo cierto es que, el patólogo que publicó el estudio sobre el tema, aplicando el alegado estándar médico que prevalecía en ese tiempo, concluyó que su colega no tenía forma de saber que su tratamiento realmente estaba matando al músico.

Para drenar el líquido del abdomen enfermo y distendido el galeno le hizo a don Beto, de paso uno de mis niños prodigios favoritos, cuatro punciones que sellaba luego con un ungüento hecho con un alto contenido de plomo. Los antibióticos aún no habían sido inventados, así que, a falta de éstos, esta “cremita” tenía el propósito de evitar que las bacterias proliferaran en el perímetro de las heridas ocasionadas por tales drenajes y que así ocasionaran las temidas infecciones.

Una necropsia practicada a raíz de su muerte reveló que la condición abdominal del genio musical alemán tenía su origen en una cirrosis del hígado, lo que aparentemente desconocía su médico de cabecera, un tal Dr. Wawruch. Tratar con plomo las punciones abdominales exacerbó la condición hepática pre-existente de su paciente, que murió finalmente a consecuencia de ésta el 26 de marzo de 1827.

En un ejercicio puramente académico , un estudio reciente de una muestra del cabello del prolífico compositor hecho por un patólogo vienés de apellido Reiter, favoreció la tesis de que las dosis de plomo que le administraba su médico por medio del ungüento no eran de tal magnitud como para matar a nadie completamente saludable. ¿Acaso alguien dijo que el pianista era saludable al momento de instaurarse este tratamiento? Según su biografía, don Beto padecía de pulmonía y era tratado hacía meses por el mismo Wawruch con medicamentos con un alto contenido de plomo. Unos fragmentos de los huesos del ilustre compositor, utilizados en un estudio previo, habían arrojado un alto contenido de plomo, aunque, por la cronicidad de la condición, era improbable vincular a Wawruch con ésto. Ambos estudios leidos en conjunto parecen implicar ahora que el envenenamiento del organismo del músico con plomo fue iniciado muchos años antes de que comenzara el tratamiento de Wawruch, lo que sirvió seguramente para que el patólogo vienés lo exonerara de su impericia.

¿Era previsible para el galeno Wawruch el que don Beto no aguantara más plomo corriéndole a diestra y siniestra por su debilitado organismo? Como puntualiza la noticia, el carácter tóxico de este mineral ya era conocido para esa época. Por otro lado, conocemos que el cloruro de lima o soda era usado desde 1822 como desinfectante o anti bacterial, por lo que ciertamente existían opciones igualmente efectivas al plomo que utilizó el galeno en su tratamiento. Además, el doctor nunca averiguó lo que provocaba la distensión del abdomen, conformándose con el paliativo de drenar el líquido que se acumulaba en la cavidad abdominal sin más, que era solamente uno de los signos de la condición potencialmente fatal que debió haber exhibido el pobre hombre. Creo que ésa debió haber sido la controversia. Yo no lo hubiese exculpado; pero, de todas formas, el caso está prescrito.

domingo, 26 de agosto de 2007

La impunidad del perjurio



¿Qué ocurre cuando algún testigo es agarrado diciendo una mentira en un juicio?
Incurrir en “perjurio” significa que una persona declara algún hecho falso esencial, de manera intencional, cuando está bajo juramento en un procedimiento judicial, legislativo o administrativo. La persona jura decir la verdad pero, a sabiendas, miente.

Huelga decir que, en mayor o menor grado, todos hemos dicho mentiras que, muchas veces y a manera exculpatoria, calificamos de blancas. Para salir del paso, para ocultar deliberadamente hechos que no deseamos se conozcan, para justificar ciertas actuaciones propias o de terceros; en fin, la mentira, desafortunadamente, es algo con los que tenemos que lidiar en nuestras relaciones interpersonales día tras día. De conocerse la ‘verdad’, esas mentiras, que se me antoja calificar de “extrajudiciales”, pueden meter al que las ofrece en un lío con alguien a quien ama o aprecia o, simplemente, con un extraño. Una mentira hecha como parte de un testimonio bajo juramento, empero, es cosa seria y, además de meter al que la dice en un lío, la pone en riesgo de cárcel.

Como si fuera una verdadera plaga, en los últimos meses he tenido que lidiar con varios médicos que mienten descaradamente en juicio. Afortunadamente en estos casos, el tribunal ha sabido separar la paja del grano y sus testimonios no han sido creídos.

Representando a víctimas de impericia médica, me ha tocado vivir muchas experiencias de este tipo, la última de las cuales quiero relatar. Al prepararme para el juicio unas notas de progreso que obraban en el expediente médico original de mi cliente se desprendieron accidentalmente y cayeron al suelo. Esas notas, de distintas fechas, contenían entradas auto-exculpatorias de una doctora. Estas notas eran en extremo explicativas e incidían precisamente en la defensa del caso, como si de alguna forma la doctora hubiese previsto en ese momento que la demandarían por negligencia. Al leerlas originalmente, intuía que el récord había sido arreglado. Cuidadosamente recogí las notas del suelo y las puse en orden cronológico con el fin de colocarlas nuevamente en el récord. Al hacerlo me percaté de algo extraño en las perforaciones que le hicieron para ser archivadas al expediente. Curiosamente, cada una de las hojas tenía cuatro perforaciones, dos en el borde, en forma de media luna, como cuando se falla de primera intención con la perforadora de papel y las otras dos perforaciones, completamente redondas, en el lugar apropiado. Este ‘set’ de perforaciones me convenció de que el expediente había sido intencionalmente manipulado y me dispuse a evidenciarlo en el juicio.

A mis preguntas, la autora de las notas médicas declaró que las perforaciones de cada hoja habían sido hechas el mismo día en que se suponía fueron escritas y así colocadas en el récord. No tenía duda que el juego de perforaciones evidenciaba un solo momento de perforación para todas las hojas, ya que todas coincidían. El récord había sido manipulado. Ello implicaba, indudablemente, que esas notas de progreso habían sido escritas luego de conocidos los eventos de negligencia médica que se imputaban.

Confronté a la testigo con la evidencia; la juez le preguntó directamente y tomando las hojas en sus manos le pidió con vehemencia que explicara cómo compaginaba el testimonio que había antes vertido con esa evidencia material tan contundente. La doctora no quiso explicarlo; su silencio gritaba su culpa y, en ese momento de vergüenza ajena, las palabras sobraron.

El testimonio de la doctora en el punto medular de la controversia había sido puesto en entredicho. Sencillamente, lució patética. Se estaba protegiendo y, a su vez, protegía al médico a cargo de la víctima de impericia, ficha principal del esquema para alterar convenientemente el expediente y autor de otra nota de progreso igualmente perforada. Este se encontraba frente a la testigo, tornándose más pequeño de lo que era, como si intentara esconderse o escudarse tras la mesa en que se encontraba junto a su abogado. El perjurio fue evidenciado, y colocó al abogado de la defensa en un aprieto que no había previsto, así como al perito que, confiado en la supuesta veracidad de las notas de progreso, alguna vez emitiera una opinión exculpatoria. No tardaron mucho en levantar las manos y ofrecer una transacción a mitad del testimonio veraz de la víctima demandante.

No es la primera vez que se evidencia que un record médico ha sido burdamente manipulado con el propósito de presentar una defensa a tono con la teoría de los demandados. Aunque con menos frecuencia, ocurre tanto con los records de hospitales, como con los que obran en los archivos de los consultorios médicos. Prefiero pensar que los abogados de los médicos y hospitales están totalmente ajenos a estas manipulaciones, ya que estas alteraciones le hacen el trabajo mucho más difícil y complicado.
Afortunadamente, cuando los hospitales reciben una reclamación legal, si cuentan con un departamento de manejo de riesgo, éste se incauta o, al menos se debe incautar del record médico en cuestión - lo que debería evitar que sea de alguna forma alterado. De esta forma debería reducirse la tentación que tienen los médicos demandados para ‘sanitizarlos’ de alguna forma conveniente a su defensa. Ello, empero, no ocurre con los records médicos que obran en sus consultorios privados, ya que antes de expedir copias pueden hacer lo que les venga en gana con éstos y, dicho con mucha pena, muchos lo hacen.

En la mayoría de las ocasiones las fabricaciones, alteraciones y manipulaciones de los records médicos no son tan evidentes como en el ejemplo reciente que les relaté. Cuando se sospecha alteración de récords en ocasiones hay que contratar profesionales expertos en el examen de documentos. En unión a los abogados, estos profesionales hacen distintas pruebas científicas y pueden llegar a una determinación pericial de si hay o no manipulación intencional de récord para fabricar una defensa o para esconder actos negligentes de los profesionales de la salud.

Contestando la interrogante inicial, el perjurio constituye un delito punible por nuestro ordenamiento penal, al igual que ocurre en todos países donde rige la ley y el orden. A tales efectos, nuestro código penal, en lo pertinente, dispone en su artículo 274 lo siguiente:
“Artículo 274. Perjurio.
Toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en
perjurio y se le impondrá pena de delito grave de cuarto grado.”

En cuanto a los abogados, ha sido resuelto por nuestro Tribunal Supremo que el delito de perjurio implica depravación moral, y, como tal, puede provocar la destitución o suspensión de la profesión de abogacía. In Re: Cales Santiago, 2002 T.S.P.R. 026 (2002). Distinto al rigor de nuestra profesión, la ley que crea el Tribunal Examinador de Médicos es bastante leniente y concede amplia discreción a los tribunos para tomar las medidas que entiendan correspondientes, incluyendo la suspensión indefinida o revocación de la licencia del médico que comete un delito. No obstante, que sepamos, nunca el TEM ha decretado la suspensión o revocación de licencias por esta razón, ya que, a pesar de ser evidentes los perjurios que cometen algunos médicos en los casos de impericia médica en su contra, como en el caso que relaté, nunca han sido acusados, como no lo ha sido, ni probablemente lo será, la doctora que se perjuró en mi caso ni su compinche. Cuando miente, el testigo perjuro puede ser procesado por desacato sumario en corte abierta, o por el delito de perjurio bajo el Código Penal. Véase, Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).

Más que un atentado, el perjurio es un ataque frontal a la dignidad del tribunal. Es una grave y muy difícil decisión la de un(a) juez(a) el tener que tomar una medida tan drástica en corte abierta. Sin embargo, mientras no se proceda de inmediato con la imposición de desacato al testigo evidentemente perjuro o refiriéndolo a fiscalía para ser procesado criminalmente, aunque sea un(a) doctor(a), el proceso judicial será temido por esta gente pero no respetado. Así, la concepción generalizada de que en los tribunales se miente impunemente todos los días seguirá prevaleciendo en la mente de nuestro pueblo, lo que me resulta verdaderamente frustrante, aunque gane el caso.

viernes, 17 de agosto de 2007

Perfil de una víctima

Muchas he entrevistado como abogado; claro está, las que han quedado con vida luego de haber pasado por las manos negligentes de un médico o de algún personal hospitalario. Vienen a mí llenas de frustración, coraje y de impotencia por no poder hacer nada por sí mismas para, de alguna forma, lograr una retribución a sus sufrimientos. Llegan repletas de dudas sobre el evento que ocurrió y que les ha marcado de distintas formas sus vidas. Se han encontrado con médicos con caras largas y miradas esquivas que no les explican porque “ellos son los que saben de medicina” y el paciente o sus familiares no entenderían de todas formas.

La mayoría de los abogados y abogadas que defienden a los profesionales de la salud en los casos de impericia médica en su contra y, desafortunadamente, algunos jueces y juezas, tienen la percepción o, más aún, el convencimiento, de que a estas personas las mueve primordialmente el interés pecuniario. Sacar el más mínimo dólar al médico o a su aseguradora, con el fin de comprar cosas materiales, como casas, automóviles, botes, en fin, salir de pobres, piensan que es el dínamo tras las demandas de impericia médica.

No me caracterizo por ser ingenuo; quizá alguna que otra víctima de un evento de impericia médica está revestida de afán pecuniario. Sin embargo, aseguro que nunca me he dado con una de ese tipo o, al menos, de haberla habido, lo ha disimulado muy bien cuando hemos compartido en el plano profesional.

Gracias a los medios de comunicación, es conocido que, en Puerto Rico, la demanda debe ser presentada dentro de un año a partir de que se tuvo conocimiento del evento negligente. Por eso, en el mayor número de casos, las víctimas acuden a las oficinas de los abogados a tiempo para ello, en mi caso, con una relación escrita del suceso, como lo han vivido en carne propia. En razón a lo cercano del evento negligente, el abogado perceptivo nota el daño emocional por el que está atravesando y que trae la persona a esa primera entrevista. En ese momento lo prudente es dejar a un lado el lápiz y las notas y escuchar atentamente lo que nos tiene que decir la persona que busca nuestra ayuda.

El abogado debe determinar en ese momento si el daño emocional que sufrió y sufre ha calado profundamente en la persona que tiene ante sí. Independientemente de que haya o no un caso de impericia médica, el abogado debe velar por la salud emocional de ese cliente potencial y, si no lo ha hecho aún, aconsejarle ayuda profesional de un psicólogo clínico que lo canalice, si necesario, a un psiquiatra para ayuda farmacológica. Ello, aunque los abogados de la defensa le imputen a las víctimas que han ido al profesional de la salud mental debido a que les ‘conviene’ para el caso. La responsabilidad que asumimos respecto a ese cliente y el beneficio que puede lograr esa ayuda en la salud emocional de la persona pesa más que el posible perjuicio que pueda crear en la mente de un juzgador la idea de que el abogado le "asesoró" para ir donde un psicólogo con vista al caso.

Mucho se ha hablado del sistema compensatorio que rige en nuestro país para los casos de daños y perjuicios; género jurídico del cual forma parte los de impericia médica. Sin embargo, el sistema de tribunales, donde solo se logra una compensación económica a favor de la víctima y en contra de los médicos y hospitales negligentes, es el único foro que ha probado tener alguna eficacia y que las víctimas de impericia médico-hospitalaria tienen a la mano. Ello, sin perjuicio de algunos ‘pininos’ de la oficina de la procuradora del paciente. Aseguro, empero, que si se implantara un sistema adecuado para penalizar a los médicos con la suspensión o revocación de sus licencias para practicar la medicina y en algunos casos de impericia más serios y graves, con su libertad, menos demandas serían presentadas en los tribunales. Porque, después de todo, y de eso doy fe, lo que mueve a una víctima de impericia médica no es el dinero que logra como única retribución para sus daños.

sábado, 11 de agosto de 2007

¿Time out? nah! ... !FALTA PERSONAL!


En un artículo publicado en el El Nuevo Día del sábado 11 de agosto, titulado "Time Out ... (Tiempo)" , el conocido cirujano general y ex Secretario de Salud Dr. Enrique Vázquez Quintana, sintetizó las múltiples medidas que han sido tomadas por las instituciones hospitalarias, a lo largo del tiempo, para evitar los casos de impericia médico-hospitalarias. Al concluir, citando lo que alegadamente dijera un supuesto papa de nombre Alejandro en 1711 de que "errar es de humanos, perdonar es divino", no solo comete un ligero error, sino que solapadamente le tira la toalla a colegas suyos que diariamente cometen este tipo de acto negligente en perjuicio de sus pacientes.

No obstante los esfuerzos sinceros de profesionales e instituciones serias y dedicadas, cada año los eventos de impericia médico-hospitalaria siguen en aumento. Un informe de HealthGrade, Inc. revelado a mediados de 2004 implicó que la cifra de casos de errores médicos publicada en 1999 en el artículo del New England Journal of Medicine “To Err is Human” (Errar es de humanos), y al que hace referencia el galeno articulista, era extremadamente conservadora y se quedaba corta por mucho.

La escasez de peritos médicos dispuestos a declarar en contra de otro médico en Puerto Rico obliga a las víctimas de impericia médico-hospitalaria a gastar grandes sumas de dinero importando a sus casos judiciales peritos del exterior. Esta situación resulta no solo contraria a los cánones de ética de esa antigua profesión, sino injusta y sobretodo absurda, habiendo más de 10,000 médicos en este país, aunque últimamente ha caído en desgracia casi un centenar de éstos, acusados en la corte federal de obtener sus licencias por medios fraudulentos.

El TEM tiene miles de querellas de impericia durmiendo el sueño de los justos en sus archivos. El 3% de los médicos en este país son responsables del 38% de las pérdidas de SIMED, el sindicato asegurador que les provee cubiertas de seguro. Hay docenas de médicos con múltiples demandas y sentencias en su contra que siguen practicando la medicina en sus consultorios y admitiendo pacientes a los hospitales que le dan privilegios como si la cosa no fuese con ellos, porque el sistema simplemente los protege. Solo un médico de Arecibo con la dudosa distinción de más de 40 demandas en sus costillas y un historial de 7 damas muertas por su negligencia, ha sido suspendido y ello ante el escándalo que ello implicaba y que se reveló en las vistas legislativas de 2004 sobre la legislación de impericia médica. Por último, aunque el galeno no lo dice ni lo admita, la gran mayoría de las medidas para evitar daños a los pacientes han surgido como consecuencia de las demandas que se presentan en los tribunales.

Ciertamente los médicos son humanos e imperfectos y, sin duda alguna, ninguno intenta dañar al paciente que maneja. Pero cuando esto sucede hay que juzgar sus actuaciones rigurosamente y, de probarse que ha mediado negligencia de su parte, someterlo a las medidas correctivas que correspondan incluyendo, en casos extremos, la suspensión de su licencia para practicar la medicina.

Los demás mortales no podemos ni debemos en este tema darnos el lujo de ser tímidos, por decir lo menos, conformándonos con un “time-out” cuando estamos a merced de los médicos y hospitales. Mientras tenemos salud, debemos exigir más y mejores medidas y protocolos de seguridad en los hospitales y dentro de la práctica de la profesión médica para preservar la integridad física y la salud en general de los pacientes.

Por otro lado, los profesionales de la salud no deben encubrir estos errores que cuestan vidas al negarse a declarar en contra de otro médico o denunciar de frente los actos u omisiones negligentes ante los propios hospitales o las autoridades competentes. Hay que atreverse a cantar la falta y en ocasiones, sacar al médico del juego.

Por cierto, y que me disculpe el Dr. Vázquez Quintana por la fe de errata no solicitada que sigue a continuación. La cita referida, ("To err is human, to forgive, divine") que traduce al vernáculo como cierta clase de epílogo a su artículo periodístico, no es de la autoría de un papa llamado Alejandro, como establece equivocadamente, presumimos que sin intención de elevar los 'errorcillos' médicos a niveles bíblico-esotéricos, sino del elevado, aunque terrenal, Alexander Pope, un poeta y escritor inglés (1688-1744). Pero, después de todo, que no se preocupe mucho el buen doctor; como me recordó mi hija Mayté, cometió el mismo error que el protagonista de "El Código da Vinci". :-)

domingo, 5 de agosto de 2007

Al otro extremo del estetoscopio



El estetoscopio es un singular instrumento médico que todos hemos visto. Al colocarlo en sus oídos los doctores en medicina auscultan nuestros corazones, pulmones con o sin sibilancias o rales y la peristalsis, o ausencia de ésta, en nuestros intestinos. Nuestro cuerpo envía señales en forma de sonido que, al ser amplificado, el oído entrenado recibe e interpreta.

Intentemos poner en función nuestro propio estetoscopio, esta vez para interpretar las señales que escuchamos en todos los medios noticiosos y profesionales sobre los médicos arrestados por fraude en el examen de sus reválidas. No pretendo lograr consenso; al fin y al cabo, pienso que este escrito puede ser solo una catarsis de mi parte ante una situación desagradable. Tampoco quiero parecer abogado del diablo; el que me conoce sabe que estoy prejuiciado en favor de las víctimas de impericia médica; y todos podemos serlo en cualquier momento. Creo firmemente que la presunción de corrección que prevalece en nuestro ordenamiento jurídico en favor de un médico imputado de negligencia es uno de los mayores errores de cualquier sistema jurídico. Pero, en fin, a pesar de representar solo víctimas de negligencia médico-hospitalaria no siento alegría ni satisfacción por lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. No puedo ignorar la situación que le ha tocado vivir a un grupo de personas graduadas de medicina y que, lejos de ser criminales, seguramente en su mayoría son personas decentes que, en definitiva, han ayudado a muchos a través de los años en que colgaron en el cuello sus respectivos estetoscopios.
En el curso de sus vidas como estudiantes de medicina, estas personas tuvieron que aprobar docenas de exámenes que les calificaron en su día para obtener un grado académico en la difícil disciplina de la medicina. Solo ellos y sus familias y amistades cercanas conocen el sacrificio de haber estudiado esa materia por varios años, la mayoría de ellos y ellas, fuera de su país, alejados de los suyos. Yo puedo hablar de ésto solo por la referencia que hago con mi propia disciplina.

Debemos hacer un análisis sereno de lo que hicieron estas personas. Para hacer un juicio valorativo de sus actuaciones hay que partir de la premisa que violaron la ley y que sus alegadas actuaciones, sin perjuicio de la presunción de inocencia, en ese sentido estuvieron mal, muy mal y que merecen ser penalizados por ello. Después de todo, vivimos en un lugar donde debe prevalecer la ley y el orden. Este caso, sin embargo, provee la oportunidad para plantearse muchas interrogantes que ponen en definitiva a pensar en lo que es o no justo.

¿Se puede culpar a una persona que ha estudiado toda su vida ganando un grado académico en medicina por intentar obtener una licencia para poner en práctica los conocimientos aprendidos en beneficio de otros seres humanos? ¿Cuán difícil es la reválida de medicina nuestra cuando Puerto Rico es uno de los países con mayor número de médicos per cápita en el mundo? ¿Cuán objetivo puede ser un resultado de “aprobado” en una reválida criolla con relación al conocimiento del que la obtiene? ¿Implica un “no aprobado” que la persona carece de los conocimientos suficientes o destrezas para poner en práctica lo que debió aprender en la escuela de medicina?

Conozco de primera mano muchos casos de médicos especialistas y sub especialistas que estudiaron aquí y en el exterior, que merecen ser despojados de inmediato de sus licencias por practicar su profesión de manera negligente y, sobre todo, insensible. Pende, o debe pender en sus conciencias muchas vidas deshechas, en el mejor de los casos, y muerte de personas con deseo de vivir, a causa de su negligencia en otros.

Lo primero que hice cuando se publicó la lista de médicos arrestados fue buscar alguno de los demandados en mis casos de impericia y no vi ni uno solo. Claro, no soy el único abogado que presenta estos tipos de demanda en Puerto Rico. Debo aclarar también que no busqué sus nombres en los sistemas de informática disponibles, por lo que no puedo descartar que alguno de ellos estuviese también imputado por alguna actuación negligente.

La situación que le ha tocado vivir a estos médicos, cruelmente llamados “fatulos”, no compara con la muerte de un ser querido a manos de un colega negligente ni con cualquier daño producido por impericia que provoque la incapacidad de un paciente, pero, ciertamente, hoy día esos graduados de medicina experimentan quizá el peor capítulo que les tocará vivir. Desconozco como terminará todo ésto. Ojalá que en esta penosa situación se logre un balance en que brille la justicia, donde quiera que esté.

jueves, 2 de agosto de 2007

El frío de las esposas para MD's calientes


La incertidumbre que rodeaba la investigación de las autoridades federales en Puerto Rico se está disipando. Con la revelación de los nombres y el arresto de casi 90 médicos de los llamados “fatulos”, un gran jurado federal ha destapado totalmente la olla de corrupción existente en el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, organismo encargado por ley para autorizar la práctica de la medicina en nuestro país.

El fiscal federal a cargo de la pesquisa, AUSA José Ruiz, ha dicho que la investigación continúa, por lo que no se puede descartar la presentación de más cargos criminales, incluso en contra de uno o más tribunos del TEM. A pesar de que esa aseveración deja aún al pueblo en una nebulosa informativa, es común que, a medida que marcha el proceso legal, algunos de los acusados hagan acercamientos a fiscalía implicando más personas en el esquema, para lograr una reducción en su sentencia. Todo parece indicar que la evidencia para acusar a tribunos del TEM es inexistente o es aún muy débil para sostener acusaciones de este tipo, aunque ya el gobernador de PR haya presentado acusaciones adminsitrativas y se propone presentar cargos adicionales. Solo el tiempo dirá.

Nadie debe alegrarse de esta triste situación por la que atraviesan estas personas y sus familias y por los días aciagos que les esperan en este proceso que enfrentan en la corte federal. Es una situación verdaderamente bochornosa que ocasiona vergüenza ajena. Empero, todos debemos aplaudir, no solo a las autoridades federales que profundizaron en una investigación e hicieron los arrestos, sino a la comisión de salud de la Cámara de Representantes, bajo el liderato de un joven puertorriqueño cuyo oficio anterior era el de humilde asistente de farmacia, por esta iniciativa que ciertamente le puso el cascabel al gato y que, de alguna manera, redundará en beneficio del pueblo recipiente de los servicios de salud.

sábado, 21 de julio de 2007

Algunos MD's pueden resultar nocivos para tu salud


Como si faltara algo en este país, recientemente se ha revelado la existencia de médicos fatulos que han obtenido la aprobación de sus reválidas por medios, por decir lo menos, cuestionables. Tamaño problema que incide sobre uno de los derechos fundamentales del ser humano.

En las vistas legislativas relativas a unos proyectos de impericia médica presentados a fines de 2002 unos abogados expusimos abiertamente el gran cúmulo de querellas existentes en el Tribunal Examinador de Médicos (TEM) en contra de médicos negligentes que dormían el sueño de los justos. Para aquel entonces, ni a un solo médico en el país le habían suspendido o cancelado su licencia para practicar la medicina como resultado de algún acto de negligencia profesional.

Para mediados de 2003 la opinión pública que se levantó obligó a la entonces gobernadora del país, Sra. Sila Calderón, a destituir viejos y a su vez nombrar nuevos tribunos a dicho cuerpo regulador de la práctica de la medicina. Todo eran esperanzas cuando los nuevos tribunos suspendieron de la profesión a un médico de Arecibo cuyo historial profesional reflejaba 40 y tantas demandas de impericia en su contra. Sin embargo, desafortunadamente eso quedó ahí. Más de 5 mil querellas permanecen sin acción ante el TEM, a las que se han sumado recientemente 20 de la Procuradora del Paciente.

En estos días el TEM se derrumba, no solo a manos de la comisión de salud de la Cámara de representantes, que parece haber destapado la olla de grillos, sino, peor aún, de los fiscales federales que cada día intervienen más en cuestiones locales, en razón de la abdicación implícita del Departamento de Justicia del ELA.

El TEM necesita una restructuración que, naturalmente, comienza con el nombramiento de nuevos tribunos de reputación intachable e inexpugnable, que no se sientan tentados, ni por amiguismo y mucho menos, por cuestiones económicas. Hace falta tener suficientes funcionarios, empleados o por contrato, que agilicen las querellas de impericia médica ataponadas y las que se presentan continuamente. Eso no se puede hacer con un solo abogado, como existe actualmente, a quien se le delegan otras funciones que en nada inciden sobre el tema de la impericia.

Para tratar este tema, debe proveérsele además, suficientes recursos económicos para que se pueda contratar peritos médicos independientes que analicen los casos y hagan una determinación de si existe o no impericia médica. Esos peritos deben tener experiencia de ambos lados de la cancha; es decir, deben haber servido como tales en favor de víctimas y en favor de médicos u hospitales.

Mucho se ha dicho recientemente de las maniobras internas para aprobar reválidas de personas que no calificaban para médico desde los años 2001 al 2006. La fiscalía federal ha intimado con sendas presentaciones de cargos criminales en contra de estos galenos, que según voces informadas, pueden sumar hasta 120 médicos fatulos. No han faltado también comentarios en torno a la aprobación o calificación de universidades extranjeras de medicina.

¿Cual ha sido el destino de estos médicos una vez “aprobaron la reválida? Seguramente muchas salas de emergencias, principalmente en el interior de la Isla están nutriéndose de estos médicos que, además de fatulos, son inexpertos, lo que me hace recordar las denuncias de que muchos de estos carecen de los cursos apropiados de resucitación cardio pulmonar, tan necesarios en una sala de emergencia. El hecho de que exista la posibilidad de que estos médicos fatulos estén trabajando en salas de emergencias públicas y privadas en este país hace que sea sumamente difícil para cualquier agencia o instrumentalidad investigadora la revelación de sus nombres. Sin embargo, el peligro de que nuestra salud esté en sus manos, hace imperioso que se revele. Además, para reparar en algo la maltrecha imagen de los médicos buenos en este país, esto debe hacerse, cueste lo que cueste. No hay duda, en ausencia del Código de Hammurabi, http://www.youtube.com/watch?v=JIqKikEAaoA, todavía algunos médicos pueden resultar nocivos para nuestra salud.