miércoles, 22 de diciembre de 2010

¿Cuanto vale un viejo?*


Un anciano de 80 años de edad me consultó un alegado caso de impericia médica ocurrido en un hospital del área metropolitana de Puerto Rico. Me consternó cuando me dijo que “el viejo no vale ná’ en nuestra sociedad. Quizá, en su caso, fue el grado de frustración o impotencia ante las situaciones que particularmente le tocó vivir con los médicos y enfermeras que le brindaron tratamiento. Estoy seguro, sin embargo, que esa apreciacion es compartida por muchos en nuestra sociedad.

En su disidencia de Cintrón v. Gómez, 1999 TSPR 018, el extinto Juez Jaime Fuster dijo sobre la norma de reparación que “se trata de una de las piedras angulares de nuestro ordenamiento jurídico, que es "de gran alcance", y que se concibe "con amplitud de criterio". Añade el Juez Fuster que ‘en múltiples ocasiones hemos reconocido "su dilatado ámbito reparador”.

¿Qué suma de dinero repara los daños sufridos por los familiares de un viejo que ha sobrepasado su expectativa de vida y que muere por negligencia médica? ¿Cuánto vale la vida de un viejo, cuando ya ha dejado de trabajar y sus hijos no dependen de él para su sustento económico?

Una sociedad como la nuestra, que casi todo lo valora en términos económicos, se plantea comúnmente esta pregunta. El abogado, incluyendo a los jueces, acostumbrados a la valoración o cuantificación de daños en nuestro sistema jurídico, lo hace con mucha frecuencia. Conseguir una respuesta a esta interrogante no resulta nada fácil, más aún si tomamos en cuenta que los adelantos médicos y el progreso en la calidad de la alimentación ha propendido a la extensión de la expectativa de vida del ser humano. Hace varias décadas, una persona de 50 años era un anciano; al presente nadie se atrevería siquiera a pensarlo.

Sin hablar del amor desinteresado que prodigan a manos llenas, en la llamada “edad dorada”, el viejo se convierte en una importante referencia histórica; es el archivo interactivo de la vida familiar, una inagotable fuente de anécdotas, de vivencias y también de sabiduría. El viejo nutre la conciencia del joven y es apoyo seguro de la del hombre maduro.

Sociedades como las orientales, que no han sido del todo víctimas del materialismo extremo que algunos llaman pragmatismo y que desafortunadamente nos arropa, dan a sus viejos mucho valor. Y lo hacen por el simple hecho de serlo, sin tener en cuenta su edad, ni su condición física, económica, cultural o social.

Hace poco más de un año fui de vacaciones a China y, a pesar de que conocía el excelente trato que prodigaban a sus viejos, nunca imaginé que me resultara tan contrastante con el brindado por la sociedad occidental a los suyos. Más allá de una actitud compasiva y tolerante que llegan a manifestar algunos frente a sus viejos en esta parte del mundo, es preciso ver como lo hacen en China. Allí le reconocen al viejo el rol irreemplazable que saben que éstos cumplen, no solo en el núcleo familiar, sino también en la vida cultural y social en la que viven insertados.

Existe una tarea insustituible en el proceso de la maduración intelectual y moral del ser humano. Ellos en China saben que todo proceso educativo requiere de maestros y de aprendices disciplinados que reciben instrucciones, que consultan y que son corregidos. Quizá deberíamos aprender un poco de esas sociedades orientales, donde el viejo contribuye significativamente al proceso de maduración de los que están a su lado, directa e indirectamente. Con su apoyo tolerante, armados con su fuerza emocional, que ya ha superado todas las etapas de la maduración y del crecimiento, el viejo ayuda a los jóvenes a tener una mejor comprensión de la vida y los equipa para lidiar con sus propias dificultades en sus distintas etapas de crecimiento.

En cierto sentido, la presencia del viejo es un recordatorio viviente al joven y al adulto de que el sentido de inmortalidad que a todos nos embarga cuando somos jóvenes no es real ni tampoco permanente. La sola presencia del viejo nos trae una especie de mensaje de moderación en el pensamiento, en la expresión y en la obra, que no resulta nunca ser un equipaje de exceso. Aquel que ha aprendido a resistir las dificultades y que no se ha deslumbrado en sus propios momentos de gloria, es el mejor consejero para quienes aun afrontan las dificultades y que se ven hipnotizados por los éxitos pasajeros.

El cineasta sueco Ingmar Bergman alguna vez dijo que “Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.” Por eso la presencia del viejo en la vida de su familia es indispensable y en nuestra sociedad debe ser mejor aquilatada, no solamente porque se convierte en ayuda útil para el cuido de los niños, cuando padre y madre trabajan fuera de la casa. Lo es también para los mismos padres, ya que ellos se encuentran en un proceso que aún no ha concluido para aprender a educar a sus hijos.

No es raro que el nucleo familiar que ha apreciado, como es debido, la vida de su viejo, cuando ocurre lo inevitable, sufra su pérdida con mucha intensidad y de forma perdurable, irrespectivo de la edad que tenía al morir o si solo lo visitaban con frecuencia en el "nursing home" que estaba por necesidades de la vida. Aunque comprendo el "lawyering", me deja algo perplejo cuando los abogados de la defensa de médicos y hospitales intentan hacer ver, aunque no se atrevan a decirlo directamente, que, de todas formas, al viejo le quedaba poco tiempo de vida. Claro que si, todos estamos en ese camino inexorable, algunos antes y otros luego. ¿Debe hacer la edad - del viejo que muere - alguna diferencia respecto a la valorización de los daños que ese evento causa? Si acaso la hace, debe ser en sentido contrario a lo que apuntan los amigos y amigas de la defensa: cuanto más tiempo se tiene con uno, más se echa de menos..... ¿O no?


Nota: Este ensayo fue inspirado por la lectura de otro escrito por Jesús Ginés, Universidad Santo Tomás Véase informe publicado en Primera Hora, dando click aquí.

viernes, 29 de octubre de 2010

El pueblo habló pero… ¿alguien obedeció?


En lo que parece ser un abierto ejercicio - adicional - de poder absolutista en Puerto Rico, de los que nos tienen últimamente acostumbrados, la cámara de representantes aprobó ayer el P. de la C. 2719 en torno a la impericia médica. Justificándose en la alegada “fuga” o éxodo de médicos a EEUU - por debajo del radar - y aprovechándose de que todo el mundo está pendiente de la discusión de la reforma contributiva, los legisladores actuaron impetuosamente, imponiendo un tope de $300 mil a los daños y sufrimientos mentales. Tambien resucitaron el embeleco del panel de arbitraje compulsorio, que ya fue declarado inconstitucional y, de refilón, como el que no quiere la cosa, bajaron a 25 porciento los honorarios de abogado contingentes. Casi nada.

Esta gente ha formado un verdadero “collage” legislativo, copiando, mejor dicho, dando un tizazo, bajo la premisa inarticulada de siempre, de que en EEUU hacen las cosas mejor.

En Puerto Rico no se conceden daños punitivos en los casos de impericia médica, aunque deberían hacerlo. Los daños punitivos no se conceden por los tribunales, bajo la premisa jurídica de que la concesión de daños en Puerto Rico es meramente compensatoria, no de castigo. Así que nuestros legisladores tomaron medidas de allá y más allá y las incorporaron aquí; todas las que más o menos beneficiaban a los médicos y hospitales, pero quitando derechos a sus pacientes. No se percataron, o tal vez sí, que en todos los estados de la nación norteamericana, además de los demás conceptos de daños en general, también se conceden daños punitivos que, en alguna medida, sirven de disuasivo eficaces para conductas negligentes futuras. De manera que, si deseaban dar un mejor tizazo a nuestros vecinos del norte, debieron incorporar también los daños punitivos, como parte de las medidas que se pueden tomar en contra de un médico u hospital que ocasionan daños a un paciente.

Resulta evidente que esta medida legislativa aprobada por la mayoría de la cámara en votación partidista, no fue responsablemente estudiada; fue, a todas luces, o por la falta de éstas, irreflexiva. Presumiblemente fue aprobada para combatir o atajar la fuga de talento médico de suelo boricua. Sin embargo, lo que intenta es desalentar las acciones de impericia médica y que menos abogados estén dispuestos a llevarlas.

Si nuestros legisladores de mayoría hubiesen estudiado lo que provoca realmente el llamado éxodo de médicos, sabrían que no son las primas de seguros, las demandas de impericia médica ni las víctimas lo que realmente lo ocasiona. Como tampoco son las primas de seguro, las demandas ni las víctimas de impericia médica lo que ocasionan la fuga a EEUU de jubilados, enfermeras, ingenieros, policías y otros profesionales de calibre que se nos están yendo del país, en su mayoría jóvenes. No nos llamemos a error: Puerto Rico se nos está yendo a pique.

Estos profesionales, incluidos los médicos, se van de Puerto Rico porque aspiran, para ellos y su familia, a una calidad de vida mejor que aquí no tienen, en alguna medida, por culpa de los que hoy rigen los destinos del país. Por otro lado, la mayor parte de los médicos que se van a estudiar la especialidad a EEUU, casi nunca regresan a trabajar a Puerto Rico. No se quedan, no por temor a que los malvados abogados los demandemos. Se quedan porque les gusta el lugar donde estudiaron la especialidad y les provee mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Tdos conocemos casos de esos.

Ya antes he discutido lo absurdo de incorporar medidas foráneas a Puerto Rico en este tema porque los problemas particulares, ni sus consecuencias son las mismas. Hasta escribí un libro sobre ese tema, que parece que los legisladores nuestros no han leído ni por el forro. También las víctimas de impericia médica y sus familiares han hablado antes y se han tirado a la calle a evidenciarles la injusticia e inadecuacidad de este tipo de medidas en contra de los pacientes. Pero parece que la opinión del pueblo ya no cuenta. Adquirieron un mandato absoluto en las últimas elecciones y tienen el poder para implantar las medidas que quieran.

Aquí el pueblo habla a cada rato y aún está hablando pero nadie parece escuchar ni obedecer. Cansa a veces predicar en el desierto, porque no hay forma de que esta gente parezca entrar en razón. Se puede hablar en Puerto Rico, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que digas ni la fortaleza de tus argumentos, a la hora de que quieran pasarte el rolo. Esperemos que el senado rectifique; sabemos que allí no está sentado "Impetuoso", el caballo de Calígula.

Nota del 7 de noviembre de 2010:
La senadora Lorna Soto ya ha expresado su oposición a este embeleco de la cámara de representantes y en definitiva, será un obstáculo para los propulsores de este proyecto de ley. Muy bien por la senadora!! Prepare su altoparlante a ver si sus colegas la escuchan.

Nota del 8 de noviembre de 2010
El pueblo sigue hablando!! Esta vez las propias víctimas de impericia médico-hospitalaria se movilizaron para protestar de la medida y fueron al capitolio. Muy bien por la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de impericia médico-hospitalaria. A ver si alguien escucha y al fin obedece al pueblo.

Nota del 12 de noviembre de 2010
Concluyó la sesión legislativa y el proyecto de impericia medica aprobado en la Cámara de Representantes se colgó en el Senado y no fue considerado. Una batalla se libró y parece haber sido ganada por las victimas de los médicos negligentes que tuvieron que, nuevamente, tirarse a la calle a protestar por la intentona de quitarles derechos en beneficio de la clase médica o, mejor dicho, de unos cuantos médicos negligentes. Este proyecto contaba, desde el saque, con la oposición de los senadores Carmelo Ríos y de Lorna Soto. Estoy seguro que otros senadores que son abogados, como mi compueblano José Emilio González y el propio presidente senatorial, iban a desfavorecerlo igualmente.

Una y otra vez, desde 2002, los médicos han intentado cercenarle derechos a sus pacientes y esta guerra aparentemente no tiene fin. Pero no se equivoquen los propulsores de la reforma: las victimas estan en la calle con su ultimo detalle... Siempre es bueno saborear las victorias, aunque solo sean en simples batallas, como la que felizmente terminó ayer.

martes, 19 de octubre de 2010

Ay visne... como trabajan nuestros legisladores !


La impericia médica y la negligencia en los hospitales han vuelto a ser noticia en nuestra Isla del Encanto, así que no hablaré del "rapeo" overseas de un legislador con una empleada de ABC News.

En estos días se aprobó el Proyecto de la Cámara 1790, para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico. De convertirse en ley, este proyecto haría mandatario que “todo asegurador, fideicomiso u otra persona jurídica notifique al Comisionado de Seguros, a la Junta Licenciadora y al Secretario de Salud de cualquier reclamación, acuerdo o transacción judicial o extrajudicial por daños y perjuicios por impericia médica o de cualquier institución que preste servicios de salud.” Informa la exposición de motivos del referido proyecto que “las Aseguradoras pagan mediante acuerdos transaccionales, judiciales o extrajudiciales o por sentencias o laudos reclamaciones surgidas en casos de impericia médica o de instituciones de salud. Algunos de esos acuerdos contienen cláusulas de confidencialidad que interfieren con la supervisión y vigilancia que tiene que prestar el gobierno a tales casos de impericia para imponer responsabilidades administrativas y de otra índole.”

La Junta que sustituyó al TEM no se llama reguladora y no sé a qué se refiere el proyecto con "laudos", porque no conozco un caso de impericia médico-hospitalaria que haya ido a arbitraje en Puerto Rico. Pero, en fin... Suena más o menos bien, ¿verdad?

Ya antes había escrito sobre este tema de los acuerdos confidenciales, a los que me he opuesto siempre. Desde el 17 de agosto de 1999, Puerto Rico cuenta con La Ley Núm. 260 que imponía al Antiguo Tribunal Examinador de Médicos, hoy Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, el deber de ofrecer al público - que lo pida - alguna información sobre cualquier médico. Entre esta información se podría solicitar si ha recaído alguna sentencia en su contra por impericia médica. Sin embargo, a pesar de que esta ley entró en vigor 30 días después, para su implantación, se le impone al TEM, hoy Junta, el deber de redactar un reglamento que, a esta fecha, más de una década después de legislada, aún no ha hecho. Así que, si consigue que le contesten el teléfono, no se le ocurra pedir información de médico alguno porque no la conseguirá allí, aunque se la prometan.

Es evidente en Puerto Rico que la impunidad, en todos los renglones de nuestra vida como pueblo, parece ser la orden del día. En el caso que discutimos,hemos visto que por carecer de un reglamento y gracias a las famosas cláusulas de confidencialidad que exigen sus aseguradores, los médicos negligentes no son ni han sido una excepción. A nivel de hospitales, hemos visto epidemias de infecciones bacterianas que, luego de un titular en el periódico, le echan tierra y se olvidan. Luego de haber pagado una transacción o sentencia, los médicos en Puerto Rico siguen "practicando medicina" y atendiendo a sus desinformados pacientes, como siempre, como si nada hubiese ocurrido.

No es pesimismo, pero, de nada vale que una ley imponga el deber de informar las transacciones o sentencias en estos casos con el propósito de que el gobierno los supervise. Los funcionarios gubernamentales tienen otras cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, legis-rapeadores irse a Kentucky a beber whiskey por barriles o a Egipto a montarse sobre camellos.

Si no se cuenta con la infraestructura informática y el ordenamiento reglamentario correspondiente que le ponga “dientes”, esta ley pasará a ser otro muerto más, con lo que se hayan entretenido o matado su aburrimiento, por un tiempito, nuestros legisladores. Olvídense de las supervisiones prometidas que no terminan en nada valioso para el pueblo.

Si se quiere hacer algo en serio en el renglón de la salud, debe comenzar la Junta médica por aprobar el reglamento que está pendiente hace más de una década, para implantar la ley de 1999. Lo próximo debe ser prohibir por legislación las llamadas cláusulas de confidencialidad en estos casos y declararlas nulas, por ser contrarias al orden público. Lo que debe hacerse es apoderarar al público con instrumentos fáciles, para que pueda acceder a una información que le permita escoger inteligentemente a su médico o a la institución hospitalaria donde pueda atenderse de manera segura o, vamos..., más o menos segura.

jueves, 14 de octubre de 2010

Hospitales en "quebradillas"


Nada o poco tuvo que ver con las demandas de impericia médica ni con los abogados que representamos víctimas, pero con el Hospital Damas de Ponce y el San Gerardo de San Juan ya han sido unos cuantos los hospitales en Puerto Rico que han radicado recientemente peticiones bajo el código federal de quiebras. Antes de esos dos, el Hospital Dr. Pila de Ponce había recorrido la misma senda.

Mientras opera su negocio en la cuerda floja, la ruta de la quiebra resulta siempre una salida más o menos airosa. Aunque sostenemos que nada o poco tuvieron que ver, unas cuantas demandas de pacientes, víctimas de negligencia hospitalaria en ambos hospitales, han sido paralizadas “hasta nuevo aviso” por la ya famosa orden de “stay”. Esta paralización de los procedimientos opera automáticamente al presentarse la correspondiente petición en la corte de quiebras, en estos casos, bajo el capítulo 11 de reorganización corporativa.

No hay duda que las demandas pendientes en los tribunales inciden o son un factor a considerar en la decisión de si un hospital se va o no a la quiebra, pero, como dije, es un criterio de mínima importancia. Por otro lado, la danza de millones de dólares en deudas activas, en ocasiones producto de dudosas decisiones administrativas, son realmente la razón de peso en el razonamiento de las juntas de directores de cualquier institución hospitalaria a la hora de irse a quiebras, más aún ante las gestiones insistentes de sus acreedores, que están dispuestos a lo que sea por cobrar lo que se les debe y mantenerse ellos mismos a flote.

Las deudas operacionales, que se acumulan y reflejan en los libros, siempre son un impedimento para un crecimiento estable de los hospitales en sus distintos ofrecimientos de servicios. Estas deudas dificultan las ganancias, más aún dentro de una economía actualmente endeble, como la nuestra. Tarde o temprano alguien sugiere la idea de la quiebra, cual luz al final del túnel. A pesar de tradicionalmente contar con magníficos servicios médico-hospitalarios, tal parece que Damas y San Gerardo no pudieron con el empuje y al final decidieron acogerse a una reorganización bajo el palio protector que les ofrece la ley federal.

¿Qué opciones tiene un reclamante de negligencia hospitalaria en estas circunstancias?

Lo primero que tiene que hacer el abogado de la víctima es radicar el famoso "proof of claim" que resulta ser un formulario donde la persona se incluye en la "lista de acreedores. Cumplimentar y radicar este formulario es mandatorio. Si no se hace y se presenta en la secretaría de la corte de quiebras, a su cliente le pasarán el rolo y no será considerado en el proceso a la hora de pagar, si es que eventualmente se gana el caso en contra del hospital quebrado.

Como dije antes, el caso judicial activo en contra de algún hospital que "se va a la quiebra" se paraliza. Por una orden administrativa que buscaba uniformar la disposición de estos casos cuando se presenta una petición de quiebras, el tribunal decreta su archivo, sin perjuicio. Solamente se reactiva si alguna parte quiere reactivarlo, cuando la corte de quiebras modifica la paralización y permite la reanudación del pleito, o si el trámite federal cesa. Es decir, hay que pedir permiso a los federicos – otra vez - para continuar con el litigio.

Si se permite la reanudación del pleito, esto se hace hasta el momento en que recaiga sentencia en el caso. Si la víctima gana el caso, bien en el tribunal de primera instancia o en el foro apelativo, si es que la paralización fue en esta etapa - y aún está vivo el proceso de quiebras - el caso se paraliza nuevamente hasta que se disponga eventualmente la forma de pagarse la deuda que resulta de la sentencia declarando con lugar la demanda. Aquí la víctima se encuentra a merced de lo que disponga la corte de quiebras sobre las deudas no garantizadas, como lo es la que surge de una sentencia de negligencia hospitalaria. Claro, si la víctima pierde el caso o se queda de brazos cruzados, ahí quedó todo.

A pesar de la nube negra que puede implicar para una víctima el caso de quiebras de un hospital que ha demandado, el proceso federal instado tampoco es una tarjeta de “home” para las llamadas instituciones auto-aseguradas. Por los altos costos de los seguros de responsabilidad pública, la mayoría de los hospitales en Puerto Rico decidieron hace unos cuantos años acogerse a la alternativa que ofrece el código de seguros para el llamado “auto seguro”. Es decir, los hospitales que no compran una póliza de seguros para cubrir los eventos negligentes, tienen que evidenciar a la oficina del comisionado de seguros de PR la disponibilidad de un millón de dólares para cubrir estos eventos en períodos de un año. Esto se hace comúnmente a través de un fideicomiso que, supuestamente, lo maneja una entidad independiente de la administración del hospital.

En cuanto a estos fideicomisos, hay decisiones judiciales que resultan precedentes o persuasivas para la corte de quiebras local. Estas sostienen que los fondos manejados por estos fideicomisos no caen dentro del “estate”, por lo que no pueden ser considerados como dinero de la entidad en reorganización. Por lo tanto, cuidado con los que estén riéndose demasiado y que han pensado que las víctimas de negligencia hospitalaria se han quedado arrollaos'. Los abogados tendrán que hacer su trabajo investigativo y una búsqueda jurídica apropiada, pero, para las víctimas, esta interpretación podría ser su propia luz al final del túnel. El tiempo dirá...

domingo, 26 de septiembre de 2010

"White Coat – Will Travel" ... batas blancas brincan el charco


Me apasiona escribir sobre la impericia medica o negligencia hospitalaria, entre otras tantas razones, porque me lo creo cuando mucha gente me dice que, de esa manera, estoy poniendo mi “granito de arena” y contribuyendo a la vigencia de este importante tema, particularmente respecto a su incidencia en Puerto Rico y la interacción en el sistema de salud de pacientes, médicos, abogados, jurados y tribunales. Me gusta la crítica, especialmente cuando yo la hago, aunque no le temo ni me amedrentan las ajenas. Ya una vez el colegio de médicos de mi país intentó censurarme - en vano - y acallarme mediante la radicación de una queja en mi contra en el Tribunal Supremo. De esas que los abogados con respeto llamamos “in re” y a las que les sacamos el cuerpo como el diablo a la cruz. Así que, en última instancia, señalarle a ese gremio sus fallas - y los errores a algunos de sus componentes negligentes - no me ocasiona ninguna pérdida de sueño. Ya saben que tengo al veterinario de mi perrita Filo de “back-up”, en caso de que me enferme.

Noticias que no sorprenden a nadie amanecen en los diarios. Como si hubiesen descubierto la sopa de ajo, al fin algunas figuras prominentes y muy respetadas, dentro y fuera de esa profesión, admiten abiertamente que la falta de plazas de entrenamiento para hacer especialistas médicos en el país incide sobre la nimia merma de médicos o la muy mentada “fuga” de galenos en dirección a los EEUU. No es el temor a las demandas de impericia médica y a los abogados, ni que sus primas de seguro les hayan aumentado, no. Se van o no regresan cuando terminan sus residencias en alguna especialidad, sencillamente porque en este país no consiguen la retribución económica a la que, con todo derecho, aspiran. En pocas palabras, lo realmente importante, al final del día, es el «vil dinero».

Gran parte de mis años de infancia, frente al televisor, transcurrieron mirando algunos programas ‘enlatados’ que nos llegaban del norte, entre los que se encontraba uno muy popular de la cadena CBS llamado «Have Gun - Will Travel». Esa serie fue conocida en español con el título de Revólver a la Orden, en alusión a un pistolero, apodado “Paladin”. Aunque la historia subyacente trataba sobre el reto constante del protagonista para encontrar y acabar con la vida de un matón, el nombre que le dieron a la serie televisiva realmente implicaba el alquiler de los “talentos” del pistolero al mejor postor, dispuesto a viajar a cualquier lugar en pos de realizar su trabajo. Era protagonizada por el actor Richard Boone, un tipo narizón, con bigote acicalado, cara de pocos amigos y vestido de negro.

Esa aparente digresión, proveniente de un rinconcito de mi polvorienta memoria, realmente no lo es y se me antoja pertinente a la situación de estos buenos profesionales que se van de Puerto Rico. Ellos cruzan el charco, con el objetivo de hacer sus vidas y continuar ejerciendo allá su profesión, dejando a los pacientes de nuestro país desprovistos de sus “talentos”, yéndose en pos del mejor postor. Ello, luego de haberse educado completamente y haber estudiado medicina en Puerto Rico, muchas veces, aprovechando las oportunidades y los recursos económicos y académicos que les ha provisto el Estado a los largo de los años.

Aunque así parezca, nadie crea que los juzgo y que los culpo por brincar la verja; allá ellos con sus conciencias y particulares situaciones personales. Lo cierto es que, en sentido estrictamente figurado, ellos ponen a la venta sus batas blancas y escalpelos al mejor postor, para atender la salud de los pacientes de otra nación que, por más que algunos pretendan creer lo contrario, no es la suya.

Quizá en su posición haría lo mismo, no lo sé. Lo que me parece absurdo es que mucha gente aún insiste en achacar esta llamada “fuga” al sistema compensatorio vigente en los casos de impericia médica y a los derechos que actualmente tienen los pacientes que han sido víctimas de profesionales de la salud negligentes. Pero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tomo sin permiso de un amigo, sus razones para "irse": Dice y cito: "Las actitudes mantenidas por el gobierno de turno producen las condiciones idoneas para la emigracion masiva de profesionales fuera del pais. Sin trabajos viables, no nos dejan otra alternativa. Y Los vagos y mantenidos....bien gracias!!! Que pais tan colmado de ironias !!!"

Pretenderán las sociedades, asociaciones y colegios médicos buscar todo tipo de justificaciones para limitar el acceso de las víctimas de impericia a buscar verdadera retribución de sus daños en los tribunales. Hay estudios para todo y todos los gustos y, en referencia a la famosa serie, pistoleros a la orden del mejor postor. Y pensándolo bien, quién sabe, quizá lo consigan. Tal vez puedan conseguir algunos jueces que resuciten el embeleco del panel de arbitraje o tal vez lograr que nuestra legislatura reduzca el período prescriptivo que tienen actualmente los menores e incapacitados para reclamar por sus daños.

El arsenal de ideas y la creatividad de nuestros legisladores, para hacer ver que hacen y algunos lidiar con el ocio que tienen en sus oficinas, parece ser ilimitada en estos días. Además, es historia contemporánea y noticia de periódico de ayer que mucha de esta gente que se elige en nuestro país ha legislado también . . . a la orden del mejor postor.

Nota 10-26-10
El gobernador Fortuño se hizo eco de la gran ignorancia que existe sobre el tema. Lean lo que dijo al respecto en su mensaje de anoche sobre la reforma contributiva: "La fuga de nuestro talento médico, incluyendo enfermeras y tecnólogos médicos, es un problema que tenemos que afrontar. Muchos de nuestros médicos se están yendo de Puerto Rico, entre otras cosas, por el abuso de los litigios frívolos de impericia médica. Tenemos que finalmente ponerle un tope a esos casos para evitar que nuestros médicos se vayan y para abaratar el costo de proveerle los mejores servicios de salud a nuestra gente."

Es decir, que los médicos se van de Puerto Rico, porque en EEUU no los demandan.

Nota de 24 de diciembre de 2010:
En estos días circula una noticia a los efectos de que 500 mil boricuas han abandonado el país desde el año 2000. Presumo que todos no han sido médicos huyéndoles a las demandas de impericia médica, ¿o sí?

sábado, 4 de septiembre de 2010

Impericia médica ... de la "A" a la ZETA


A menos que sean eventos locales, las noticias sobre sonados casos que tienen que ver con alegaciones de impericia médica que ocurren en el mundo llegan a Puerto Rico, y estoy seguro que al resto de Latinoamérica, al día siguiente. Así nos llegó la noticia sobre alegados actos de impericia del médico personal contratado por Michael Jackson y, a diario, nos llegan noticias de todas partes que validan el eslogan de que todos somos pacientes y que podemos resultar en cualquier momento, víctimas de alguna negligencia, impericia o, como le llaman en algunas partes, incluyendo Argentina, la cuna de ADEPACI: mala praxis médica.

Esta vez se trata de Michael Douglas, tocayo del rey del pop, quien, a mitad de agosto pasado, recibió la triste noticia de que tenía cáncer en la base de la lengua, en una supuesta etapa IV. Aunque la noticia no añade otros componentes para medir su severidad, tales como el tamaño relativo del tumor, si ha invadido nódulos linfáticos o ha metastizado, presumo que la enfermedad, como tal, le fue diagnosticada en una etapa bastante avanzada, pero aún susceptible de tratamiento, que, esperanzadamente, el actor comenzará pronto con evidente positivismo.

Hijo del extinto y muy recordado Kirk Douglas, como el que lo hereda no lo hurta, Michael Douglas ha actuado en roles principales en alrededor de cuarenta películas, muchas de las cuales hemos podido ver. Entre éstas se encuentran "Fatal Attraction" (1988), "Wall Street" (1988), "War of the Roses" (1990), "Basic Instinct" (1992) y "Traffic" (2001), en la cual actuó junto a nuestro embajador actual en Hollywood, el boricua Benicio del Toro.

Pero basta de farandulería y volvamos a nuestro tema acostumbrado. La bella esposa del actor, Catherine “Zeta” Jones, contrafigura de Antonio Banderas en “El Zorro”, aparentemente anda que echa chispa con los múltiples médicos que el hombre visitó, por varios meses, por un dolor constante de garganta y de oído que no se le quitaba. En pocas palabras, doña Zeta alega que hubo dilación en diagnosticar el cáncer de su marido y que, debido a ello, sus probabilidades de sobrevivirlo han sido dramáticamente reducidas.

Nadie puede negar que el cáncer sea una condición sumamente peligrosa, que amenaza la vida misma del que es diagnosticado y el serio disloque emocional y económico de su entorno familiar. La Sociedad Americana del Cáncer recopila estadísticas pertinentes anualmente,con el fin de gestionar y destinar fondos para realizar estudios en aras de comprenderla mejor y hasta buscar vías alternas para combatirla. Aunque los números proporcionalmente en la últimos quince años han experimentado una merma, esta enfermedad, en sus distintas modalidades y focos de origen, aún mata solamente en Estados Unidos de Norteamérica más de medio millón de personas, estimándose que en el año 2010 la contraigan más de 1.5 millones.

Cuando ocurre una dilación en el diagnóstico de cáncer, no hay duda de que las probabilidades que la persona tiene para sobrevivirlo se disminuyen. Todos hemos escuchado palabras y frases tales como metástasis, tumor canceroso, etapa I a la IV, período de remisión, radioterapia, quimioterapia, etcétera. Algunos tipos de cáncer pueden ser diagnosticados solamente cuando están en una etapa avanzada, como ocurre con el cáncer del páncreas. Por el momento en que es factible diagnosticarlo, las probabilidades de sobrevivencia de este cáncer, que cobró recientemente la vida del Alcalde de Caguas Willie Miranda Marín, son mínimas, por no decir ningunas.

En la dilación en el diagnóstico de esta grave enfermedad, y su tratamiento, pueden incidir varias circunstancias que van desde el tipo de cáncer, su localización, su extensión y, en muchas ocasiones, la renuencia voluntaria o involuntaria de la persona a recibir evaluación de un médico cuando percibe algún síntoma, hasta la inducción de muchos pacientes ingenuos por algunos charlatanes que les venden remedios naturales/caseros y médicos que promocionan vacunas fatulas, como ocurrió en uno de mis casos. Sin embargo, la dilación en el diagnóstico de cáncer puede ser también el resultado de la impericia o negligencia médica y a ésta nos referiremos. Lo haremos con énfasis en Puerto Rico pero, particularmente, tocando los servicios médicos dirigidos al sector más pobre, que, a fin de cuentas - y distinto al caso de don Michael, pero sin menospreciar este mercado privilegiado - puede ser objeto, con mayor frecuencia, de este tipo de negligencia.

En la muy trillada reforma de salud del ex gobernador Pedro Rosselló, a mediados de la década de los noventa, Puerto Rico adoptó el sistema de pago por capitación o “capitation”, como se conoce en el idioma inglés. Actualmente esta reforma de salud cubre casi la mitad de la población boricua, clasificada por Medicaid o Medicare como medicamente indigente. A esta población se le da la llamada “tarjetita de Rosselló”. Me abstengo, con mucho esfuerzo de mi parte, de criticar esta reforma de salud. Este embeleco tiene ya bastantes detractores, especialmente en la comunidad médica, como para añadirle uno más de este lado de la cancha. Atenerme al tema que me ocupa es más importante y medular en este momento.

En forma resumida, a cada participante de la reforma de salud, se le asigna un IPA (Independent Practice Association), es decir un grupo de médicos que se unen corporativamente, para proveer servicios médicos a un determinado número de personas. Este grupo de médicos controlan los referidos a los distintos especialistas y a los servicios ancilares, como pueden ser las pruebas especializadas de diagnostico tales como pruebas de laboratorios, tomografías computarizadas (CT-scans), tomografías por resonancia magnética (MRI) y otras por el estilo, que se utilizan mucho en condiciones sospechosas de cáncer. El gobierno, que administra la “tarjetita de salud”, paga mensualmente al IPA una suma determinada de dinero, que es calculada en base a las personas que le han sido asignadas dentro del universo del sistema, requieran o no requieran cualquier tipo de servicio de salud. Este método se ancla, desafortunadamente, en la premisa económica de que mientras menos personas requieran de los servicios de salud, mayor será la suma de dinero que se hará eventualmente disponible para el bolsillo de los médicos que componen el IPA.

Esta cruda e injusta realidad con el paciente ha motivado una nueva reforma de salud que el actual gobernador pretende implantar en su mandato. Sin embargo, hasta que otra cosa se provea, el método de capitación en el pago en el sistema de salud actual, y limitándonos al tema que hemos escogido, ha resultado, en múltiples ocasiones y seguirá resultando en dilaciones en el diagnóstico de cáncer, disminuyendo así las probabilidades de sobrevivencia del que lo padece. El método de capitación promueve que médicos primarios opten, muchas veces, por manejar al paciente, negándoles referidos necesarios y apropiados a especialistas y a los servicios ancilares que pueden propiciar un diagnóstico temprano.

Cuando esto ocurre, como seguramente hará doña Catherine Zeta Jones, un paciente de cáncer o su familiar puede consultar un abogado que, junto a un perito médico, podrán determinar si existe o no una situación meritoria de dilación negligente en el diagnóstico que puede dar base a una reclamación de daños y perjuicios por impericia médica. Porque, aunque no seamos Michael Douglas, todos tenemos derecho a recibir el mejor servicio médico disponible, de la “A” a la ZETA.

sábado, 14 de agosto de 2010

PINOCHO se pone la bata blanca


En los tribunales de Puerto Rico, repletos de abogados de todo tipo, se ventilan todos los días casos de impericia médica y de negligencia hospitalaria, donde brindan sus testimonios bajo juramento las víctimas o sus familiares, los médicos demandados y los peritos contratados por ambas partes. Aunque la creencia popular es que todo el mundo miente en los tribunales, nunca he visto o he sabido que una víctima o algún familiar mientan respecto a aspectos sustanciales de su testimonio.

Alguno que otro puede pretender exagerar lo que ha sufrido por la impericia o, en el caso de un pariente, intentar intimar, más de la cuenta, su relación con la víctima. Pero nunca mienten. ¿Los médicos y sus peritos? Eso son otros veinte pesos. No quiero caer en una generalidad con visos de falacia; como fiel creyente en nuestro sistema de justicia, quiero pensar que muchos van al tribunal a brindar testimonios veraces, no mendaces. Estoy también seguro que sus abogados ignoran sus fechorías, creyéndoles sus versiones . . . . , hasta que se les desenmascara.

Para intentar exculparse luego de la metida de pata con un paciente, es un secreto a voces que hay médicos que alteran sus notas en el record y, cuando se les demanda, declaran luego en el tribunal como si tal cosa. Hay hasta los que mienten en contra de sus propias notas en el record médico. Los hay que desaparecen convenientemente trazados de monitor fetal o cardiaco, como me ha ocurrido en varias ocasiones.

Hay médicos que intentan tapar lo que otros hacen, a la vez que esquivan su propia negligencia. Y hay de los que tapan a los médicos por dinero o por vocación de miembro de un grupo colegiado, en aras de un “compañerismo tribal”, como me ha ocurrido en todos los tribunales que he pisado a los largo de tres décadas. En esta categoría caen los peritos médicos.

¿Por qué no los procesan por perjurio? ¿Se configuran ante los jueces los elementos del delito de perjurio? ¿Se percatan los jueces de que algunos médicos son unos mentirosos y que han sido agarrados en sus mentiras?

En perjuicio del propio sistema judicial, ningún juez ha iniciado proceso alguno en contra de un médico por el delito de perjurio. A lo más que llegan es a puntualizar en sus sentencias que tal o cual médico no le mereció credibilidad. Esa frase siempre me ha parecido una forma demasiado sutil, diplomática e inmerecida para el juez implicar que no le creyó al testigo el embuste que dijo. ¿Merece el testigo pérjuro un trato con guantes de seda? No creo.

Anoche soñé que contrainterrogaba a un médico en un juicio, cuya negligencia resultó en la muerte de su paciente. Le pregunté directamente si había matado al paciente y me dijo que no. Le recordé que estaba bajo juramento y que le podía costar una acusación por perjurio. El tipo me contestó que una condena por perjurio era menor que la de un asesinato.

Mi sueño realmente es un chiste viejo pero, subyacentemente, dramatiza la razón por la cual muchos médicos mienten frecentemente en los tribunales. El riesgo calculado de ser encontrado responsable por su impericia médica y los costos económicos que acarrea sencillamente sobrepasa la probabilidad de ser procesado por perjurio. Y en nuestro sistema, en el que no se ha enjuiciado a ningún médico por ese delito, el riesgo es prácticamente ninguno. Por otro lado, mintiendo pueden ganar el caso. ¿Qué un abogado o un juez piense que son unos mentirosos y eso los lleve a perder el caso? ¿Y qué? Van a seguir jugando golfo y yéndose de vacaciones con las mismas amistades. Les va a costar un poco en recargos y aumentos de sus primas de seguro, pero, ¿y qué? A menos que le revoquen la licencia - y eso ha ocurrido en Puerto Rico con un solo médico - pueden seguir atendiendo pacientes y generarán más dinero.

Como en cualquier otro, en un caso de impericia médica el delito de perjurio se configura si coexisten varios elementos esenciales. Comete el delito de perjurio toda persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante cualquier Tribunal, declare que es cierto cualquier hecho esencial conociendo su falsedad. Sin embargo, hay más. El delito de perjurio requiere que se configure el elemento de que el hecho declarado como cierto sea esencial, con el conocimiento de su falsedad. Sobre lo que constituye declaración de un hecho esencial, nuestro Código Penal dispone que baste que la declaración fuere importante y que hubiera podido utilizarse para afectar al proceso en el cual fue ofrecida.

El quantum de prueba a la hora de encontrar culpable a un médico por el delito de perjurio es igual que con cualquier otro acusado: que se demuestre más allá de duda razonable que mintió bajo juramento sobre un hecho esencial, con el propósito de afectar el resultado del proceso. El médico que miente en un tribunal, bien sea demandado o perito, lo hace con el deliberado propósito de exculparse o exculpar al otro de la negligencia que se le imputa. De eso no debe haber duda. Lo que hace falta es el deseo de hacer cumplir la ley, bien sea refiriendo el caso a la fiscalía o encontrándolo incurso en desacato sumario, que es otro mecanismo legal al alcance de un juez ante quien se miente descaradamente.

Barry Bonds es catalogado por muchos como el mejor jugador de beisbol de todos los tiempos. A lo largo de sus años en las grandes ligas, Bonds ha roto records de jonrones y bases robadas, lo que le ha producido muchos millones de dólares para él y su familia y, más importante aún, un sitial en la historia del deporte que practicó desde su infancia. Ese sitial, logrado con mucho esfuerzo y talento, se tambalea actualmente. En marzo de 2011 Mr. Bonds va a ser procesado por el delito de perjurio cometido en una investigación federal y se expone a una pena de reclusión en la cárcel.

¿Acaso piensan los médicos que pueden seguir mintiendo con impunidad en los tribunales? ¿Acaso se creen mejores que Barry Bonds? Créanlo o no, esta bola está en la cancha de nuestros jueces y algunos podrían comenzar a jugar la pelota dura.

lunes, 2 de agosto de 2010

“Juicio clínico”… un concepto sobrevalorado


Un abogado que litiga casos de impericia médica o mala praxis en Puerto Rico se confronta en muchas ocasiones con el concepto de “juicio clínico”. A lo largo de los años, he visto como este concepto se ha barajeado en los tribunales, de muchas formas, a la hora de evaluarse las actuaciones u omisiones de un médico en un alegado acto de impericia. Los peritos de los demandados lo levantan cual ‘As’ de diamante, con el ánimo evidente de lograr la mano ganadora, como si no se pudiese cuestionar de forma alguna. Pero, más allá de su posible complejidad y del misticismo que rodea el uso de este término en las argumentaciones teóricas en los tribunales, los alcances del concepto de “juicio clínico” deben ser aclarados y entendidos plenamente, si es que pretendemos lidiar con un caso de impericia médica.

Hay quienes sostienen que, distinto a como muchos parecen creer, la medicina no es una ciencia. Por razones obvias de espacio y relevancia, no pretendo entrar en ese tipo de discusión filosófica. Basta con puntualizar que la persona que trabaja en el área de la medicina realmente practica la interpretación de los síntomas objetivos del paciente, ordena, hace, lee o interpreta resultados de exámenes físicos y de pruebas de laboratorio y llega a unas conclusiones que pretenden ser informadas y fundamentadas. El proceso mediante el cual el galeno llega a estas conclusiones es lo que muchos conocen como juicio clínico.

Algunos confunden el término con un tipo de intuición que les llega a los médicos como por arte de magia. Es cierto que la intuición tiene algo que ver en el llamado juicio clínico. La experiencia profesional previa y el conocimiento que adquiere un médico en sus años de estudiantes en la escuela de medicina, sin embargo, también son una parte importante en este concepto.

Por otro lado, muchos abogados otorgan al concepto de “juicio clínico” un valor jurídico que, me parece, no tiene y que, por tanto, ciertamente sobrevaloran. Poco falta para que consideren el muy nombrado “juicio clínico” como un eximente de responsabilidad legal con respecto a la imputación de un evento de impericia médica. “El demandado utilizó su juicio clínico para llegar a un diagnóstico y tratamiento médico del paciente”, argumentan. ¿Y qué...? ¿No puede ser cuestionado? ¿Y si ese juicio clínico estuvo equivocado, que alcance tiene?

Reconocemos que el juicio clínico es la base del diagnóstico y el tratamiento en la medicina. Los resultados de pruebas son vitales, en el contexto de otra información que obtiene el médico como, por ejemplo, los síntomas que presenta, su historial médico, historial de su familia cercana y, muy importante, la entrevista con el paciente o, en su defecto, su acompañante. El juicio clínico, entonces, parece ser el proceso mental que lleva a la implantación de la información basada en la observación real del paciente, que se combina con los resultados de las pruebas de laboratorio, junto con la formación profesional y experiencia del médico. Todos esos ingredientes se mezclan con el único objetivo de formular un diagnóstico correcto y establecer un tratamiento adecuado, a la medida de ese paciente.

Siempre habrá algún grado de inseguridad o falta de certeza cuando se trata el cuerpo humano. Por eso es que no se está exento de la comisión de error. Los errores más graves ocurren cuando los médicos no minimizan esa falta de inseguridad o certeza, inherente en la práctica de la medicina, buscando el conocimiento médico vigente y relevante e integrándolo con los datos específicos al momento de tomar decisiones que se adapten a las necesidades particulares del paciente.

Muchos médicos toman decisiones a la ligera, a base de su intuición, en ocasiones con una información recopilada que resulta ser inadecuada o incompleta. Ello acarrea problemas de calidad, de disponibilidad y de costo en los servicios de salud. No quiero decir que se debe descartar la intuición del panorama. Sin embargo, para ejercitar un juicio clínico correcto hace falta más que la intuición del médico. Es necesario que se trabaje en un escenario de rigor intelectual y de disciplina que solo puede lograrse cuando el médico tiene acceso y utiliza las herramientas que rutinariamente están disponibles en todo hospital o en la comunidad de servicios de salud.

Se puede hacer una analogía con el llamado pensamiento crítico, del que hemos escuchado hablar en otras disciplinas. El pensamiento crítico es un proceso de pasar juicio y discriminar alternativas. Su meta es decidir en qué creer o como actuar en un contexto de hechos determinado, con relación a la evidencia que se tiene disponible, utilizando conceptualizaciones y métodos apropiados, y poder evaluar las acciones posteriormente con los criterios apropiados. El pensamiento crítico realmente se refiere a la habilidad cognitiva del ser humano para actuar con respecto a cualquier situación que requiera una decisión de su parte. Aunque no se tenga conciencia de ello, en su aplicación al tema de la salud, el concepto de pensamiento crítico se utiliza para hacer un juicio sobre qué creer y qué hacer con respecto a los síntomas del paciente, para su diagnóstico y tratamiento. Para llegar a un juicio sobre qué creer y qué hacer, el médico debe considerar el carácter único de los síntomas (evidencia) con vista a la salud del paciente y sus circunstancias de vida (contexto), usando el conocimiento y las habilidades adquiridas en su entrenamiento y práctica (métodos, conceptualización), anticipar los efectos probables del tratamiento escogido (consideración de la evidencia y criterios) y finalmente, monitorear las consecuencias eventuales del cuidado ofrecido. Noreen C. Facione & Peter A. Facione, Critical Thinking and Clinical Judgment.

Aún cuando pretendan que se idealice este concepto, al igual que los profesionales en otras áreas del saber humano, los médicos deben reconocer sus limitaciones, y estar concientes que el llamado "juicio clínico" es un concepto puramente terrenal y no una carta blanca para actuar con respecto a sus pacientes y luego esperar que no se les cuestione. No es igual entre los médicos el nivel de formación, y mucho menos los variados componentes de su genética intelectual. Tampoco es igual el nivel de conocimiento, informacion o de destreza en su implantación.

Errores en dosis de medicamentos, técnicas quirúrgicas empleadas, error en la formulación de un juicio obtenido con información inadecuada o incompleta, error en la interpretación de pruebas diagnósticas y, por ende, error en el tratamiento, son solo unas cuantas áreas en que el llamado “juicio clínico” puede estar equivocado y se convierte con facilidad en fuente de responsabilidad legal con el paciente, que puede y debe ser cuestionada. Esto no implica que puede haber un error de buena fe de parte del galeno en el que, luego de acudir a todas las fuentes mencionadas y echar mano de todo lo que pueda para lograr un diagnostico, se equivoque. De eso no hablamos. Todos nos podemos equivocar y el error de juicio honesto o de buena fe es un eximente de responsabilidad. Pero eso es material para otro ensayo.

El “juicio clínico”, sin embargo, no puede ni debe ser esgrimido como "pase a Home", como si fuera un concepto absoluto y mágico, que exime al médico o le disminuye la responsabilidad frente a lo que podría constituir una impericia. El que lo esgrima como tal se equivoca de buena fe o sencillamente intenta vender un producto defectuoso, que no se ventilará en DACO sino que tendrá su día en Corte.

lunes, 5 de julio de 2010

EL JURADO MANDA


No son muchos los veredictos o sentencias judiciales en Puerto Rico que han sobrepasado el millón de dólares en casos de impericia médica o negligencia hospitalaria, llevados por abogados de aquí. Yo me atrevo a asegurar que, a excepción de los EEUU, la inmensa mayoría de los países ve extraño decisiones de sus tribunales que sobrepasen esa mágica cifra a favor de las víctimas de la negligencia médica o mala praxis.

En un veredicto unánime dado por un jurado en la corte federal en Puerto Rico el 17 de junio próximo pasado, tras once días de juicio, se condenó a un conocido hospital del área oriental de Puerto Rico y a cuatro médicos a compensar en SIETE MILLONES DE DOLARES a los familiares de un paciente de hemodiálisis e hipertensión que acudió al hospital.

Los hechos, aparentemente incontrovertidos, expuestos en documentos públicos radicados en la corte federal de EEUU en nuestro país, informan que don Adalberto Martínez López, de 57 años de edad, fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Ryder de Humacao el 16 de enero de 2001 con sangrado proveniente del lugar donde estaba instalado su catéter de hemodiálisis y quejándose, además, de dolor de pecho. Allí fue examinado por una doctora, quien documento la hemorragia activa en el preciso lugar de la instalación del catéter, en su vena femoral. La profesional de la salud discutió telefónicamente el caso con un nefrólogo que estaba de turno, pero que se encontraba en su hogar. Este autorizó que se admitiera al paciente en el piso de medicina interna bajo sus servicios. Durante el transcurso de la noche, alegadamente don Adalberto siguió sangrando y, a pesar de que dio varias órdenes telefónicas a las enfermeras, se mantuvo en su hogar todo el tiempo.

De acuerdo a los documentos radicados, para las 6:45 de la mañana del siguiente día, don Adalberto estaba en una condición delicada y la hemorragia desde su vena femoral, continuaba en forma profusa y abundante. Otro médico que lo vió recomendó su traslado inmediato al Hospital Auxilio Mutuo de Hato Rey, información que se le brindó al nefrólogo que se encontraba todavía en su hogar. Estando todavía en el Hospital Ryder, a las 8:00 de la mañana las enfermeras descubrieron que don Adalberto no estaba respirando y, a pesar del proceso de resucitación cardio pulmonar instaurado, fue declarado muerto a las 8:15 de la mañana, luego de 13 horas de haber llegado a su sala de emergencias.

Este caso fue presentado inicialmente como una violación a la EMTALA, pero fue desestimado, primero por la corte en Puerto Rico y confirmado por las corte de apelaciones del primer circuito de Boston adonde apelaron. Habiéndose mudado los familiares a EEUU, fue presentado nuevamente como uno de diversidad, adquiriendo entonces jurisdicción la corte federal.

Durante el transcurso del pleito radicado el año pasado, los demandantes transigían y reclamaron a los demandados solo la suma de dos millones de dólares. Los demandados se negaron a transigir y prefirieron ventilar sus defensas en el juicio ante jurado. Como dije, tras once días de juicio y una deliberación relativamente corta, el veredicto se rindió en su contra por siete millones de dólares, en compensación de daños emocionales sufridos por la muerte de don Adalberto.

Como es usual en este tipo de casos, ambas partes presentaron peritos médicos para sostener sus alegaciones y defensas. Aunque los demandados, al igual que en todos los casos, llevaron sus peritos médicos, el jurado simplemente no les creyó. Antes de rendir su veredicto, el jurado tuvo la desafortunada oportunidad de escuchar la famosa, desde entonces, analogía de la vela que se extinguía, con la vida de don Adalberto al llegar al hospital, como paciente de diálisis en su etapa final (end stage). Esta tronco de comparacion, escuchada seguramente con gesto adusto por la defensa, fue utilizada en el juicio por el hospital, especialmente en su informe final y todos los demandados pagaron prenda. Seguramente pasará a la historia como el más reciente "dont’s" en la litigación de impericia médico-hospitalaria. Aunque no sabemos que pasará con las mociones post veredicto que ya comenzaron a radicarse, este caso marca un hito en cuanto a la determinación de daños en Puerto Rico.

La tarea de un juzgador, juez o jurado, de aquilatar y compensar económicamente daños en una acción de impericia médica o de negligencia hospitalaria es sumamente difícil, porque se trata de vidas humanas que de por sí son invalorables monetariamente. ¿Cuánto vale una vida? Como he escrito en muchas ocasiones, sin embargo, el único remedio legal disponible para las víctimas y sus familiares en nuestro país es reclamar sus causas de acción por la impericia o acto negligente dentro de un sistema jurídico estrictamente compensatorio, en el que solamente se retribuye el daño ocasionado con mero dinero y sin que se provea para el castigo penal, ni siquiera daños punitivos que puedan disuadir actos negligentes futuros.

El médico que comete negligencia no es acusado criminalmente, porque no existe ese remedio legislativo en Puerto Rico, a diferencia de muchos países. Quizá ya sea hora de quitarse los guantes de seda y tratar estos eventos negligentes, que producen muertes, también dentro del ámbito penal, como los homicidios que muchas veces son.

martes, 8 de junio de 2010

CIRUGÍAS INNECESARIAS...¿cuerpos o cajas registradoras?


Parece extraño, y no porque lo diga un abogado de Puerto Rico, pero la comparación que implica el título de este ensayo fue utilizada por el fiscal que acusó a tres médicos en el estado de California, no por impericia médica, negligencia hospitalaria o mala praxis sino, por cometer conspiración y fraude en contra de compañías de seguros de salud.

Resulta que uno de estos individuos de nombre William Wilson Hampton, se declaró culpable de 47 cargos graves, por haber defraudado, junto a otros dos médicos y 16 otros acusados, a compañías de seguros de salud, haciendo nada más y nada menos que cirugías innecesarias a pacientes que, obviamente, no las necesitaban y que se las empujaban solamente por lucro. La asombrosa cifra de $154 millones fue facturada por estas personas a múltiples compañías de seguros que pagaron inicialmente sin chistar, aunque luego se pusieron las pilas y levantaron bandera roja.

Un poco más de un millón y medio de mujeres en Estados Unidos son objeto de procedimientos de biopsias de los senos completamente innecesarias, según revelado por un estudio a principios del año pasado. Remoción de cataratas, cirugías de la espalda baja, remoción de vesícula e histerectomías son varios de los muchos procedimientos quirúrgicos de los cuales se abusan. Sin embargo, la cirugía de la que más se abusa es de la cesárea.

El informe de Marzo de 2010 del ‘U.S. National Center for Health Statistics’ con relación al aumento en la tasa de nacimientos por cesárea dijo que: “El parto por cesárea envuelve una cirugía abdominal mayor y está asociada con mayores tasas de complicaciones quirúrgicas y nuevas hospitalizaciones maternas, así como también complicaciones que requieren admisiones del bebé a las unidades de cuidado intensivo. Además de los riesgos de salud y seguridad para madres y recién nacidos, los cargos que cobran los hospitales son casi el doble de cuando se trata de partos vaginales, imponiendo por ello costos significativos.” Menacker F, Hamilton BE. Recent trends in cesarean delivery in the United States. NCHS data brief, no 35. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. Marzo, 2010.

El 32.3% de los partos hechos en Estados Unidos terminan por cesárea.(Birth Preliminary Data 2008. Vol. 58, No. 16, 2010. National Vital Statistics Report). Por esos lares consideran que esa tasa es demasiado alta, ya que el porciento de cesáreas razonable, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es de 15%. Eso es allá. Imagínense mis lectores que nuestros obstetras en Puerto Rico, al 2007, rondaban por la friolera del 49.2% de partos concluidos mediante cesárea.

Quizá, si le doliera en el bolsillo un poco a los médicos u hospitales. O tal vez, si se enfocara el problema de las cesáreas innecesarias como una situación puramente economica que acarrea costos mayores e innecesarios para las compañías de seguros de salud en Puerto Rico. Quién sabe, a lo mejor alguna de las compañías de seguros de salud que operan aqui se pone las pilas y se acusa a unos cuantos de fraude. A lo mejor de esa forma se acaba la epidemia de cesáreas innecesarias que arropa nuestra Isla de forma tan cruel e insensible.

lunes, 31 de mayo de 2010

Enfermarse o no enfermarse, esa es la pregunta


Me imagino que al ser abogado de víctimas de impericia médica en Puerto Rico no será tarea fácil a la hora de sentirme enfermo y buscar un médico u hospital adecuado que hayan escuchado hablar de mí. Debo decir de entrada que, aunque soy de la firme idea de que “todos somos pacientes”, afortunadamente, gozo de excelente salud.

Cuando adquieren confianza, algunas personas bromean conmigo. Me dicen que no voy a conseguir un médico dispuesto a atenderme o un hospital a admitirme. Con igual son de broma siempre contesto que ya tengo un expediente abierto con el veterinario de mi perra Filo, cuya foto engalana este ensayo. Ello, por si acaso me enfermare lo suficiente como para tener que buscar ayuda médica.

Es conocido que Puerto Rico carece de una base de datos disponible a la que podamos acceder, para poder conocer las calificaciones de un médico antes de atender a su consulta en busca de ayuda profesional. Es que el derecho que tiene un paciente a conocer al médico de antemano es tan obvio que me parece absurdo que en un país como el nuestro, no lo podamos hacer. El número de demandas de impericia médica que le han presentado en su contra, si sus privilegios le han sido revocados o suspendidos por alguna razón, si ha sido convicto de delito, en fin, datos realmente pertinentes, deben ser puestos a disposición del público para que tome una decisión informada sobre las manos de quien recaerá su suerte como paciente.

Existe una ley hace años, que obliga a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, Antiguo Tribunal Examinador de Médicos a tener esa información disponible en forma de base de datos. Solo tiene que hacer un reglamento para poder implantarla. Pero no lo hace y no hay una expectativa razonable de que lo haga. Una legisladora, seguramente inconsciente de la existencia de esa ley, redactó una medida a con igual propósito que quedó en el limbo de alguna gaveta del capitolio.

Como abogado de víctimas de impericia médica, al menos cuento con alguna ventaja y con ciertos mecanismos que me permiten averiguar quién es quién dentro de la profesión médica en nuestro país. Y aunque no voy a hacer cierta mi broma de acudir al veterinario de mi perra, ciertamente no acudiría a ningún médico con credenciales dudosas. Pero eso soy yo y probablemente mi familia y allegados.

Y ¿qué ocurre con el resto del país que se entrega día a día a muchos médicos con la fe ciega puesta en sus presuntas habilidades? Con suerte, no les ocurrirá nada porque estos médicos negligentes, afortunadamente, son la minoría en el país. Una minoría que le protege una absurda presunción legal de corrección en sus actuaciones y que los mamparan sus pares en una crónica solidaridad tribal que les impide a muchos hacer peritaje en casos meritorios de impericia médica y a declarar en favor de una víctima para desenmascarar su victimario y lograr justicia. Una minoría que se aprovecha, además, de la falta de información y en caso de pleitos, de los acuerdos confidenciales en las transacciones que deliberadamente ocultan su negligencia y que hacen ver la decisión tras el acuerdo de transigir como una mera "decisión de negocios".

La mayoría de los médicos escogen esa profesión, yo espero, siguiendo una verdadera y real vocación de ayuda al prójimo. Pero esa sigue siendo una "mayoría silente" en protección de gente que no se lo merece. ¿Hasta cuándo? Solo ellos lo decidirán. Ciertamente, lo más aconsejable es no enfermarse o, como yo, ir abriendo un expediente con el veterinario de su mascota, por si acaso.

lunes, 3 de mayo de 2010

Cuando los EXTREMOS caen en la EXTREMAUNCION


En el espectro de las posibilidades del tema de la impericia médica y de la negligencia hospitalaria, hay abogados que deciden tomar otro tipo de caso porque no les gusta esta materia por lo difícil y complicado, otros que pierden uno que otro caso y se desaniman, otros que no encuentran peritos o que el perito que consiguen es malo o el bueno que no rindió en el juicio los frutos que esperaban. Existen otros pocos, como yo, que no importa qué y del hecho cierto de la excelencia profesional que habitualmente exudan los abogados de los médicos y hospitales en la litigación durante el trámite judicial, seguimos en esto, como quijotes idealistas en busca de la estrella inalcanzable. Eso en el lado de los abogados.

En la cancha de los médicos y otros profesionales de la salud, los hay desde los que se mofan de las víctimas, como el médico demandado que, en un derroche de insensibilidad, me remitió un cheque de cinco centavos endosado a favor de la hija sobreviviente de la paciente fallecida. Dicho sea de paso, el fallido humorista terminó pagando bastante dinero por su negligencia. Del otro extremo trata la noticia que les reseño, con la que me levanté esta mañana en mi navegar por las páginas del ciberespacio.

Atormentado por lo que aparentaba ser evidencia contundente de que, por su negligencia, había ocasionado la muerte de un paciente, Mathew Crabtree, técnico de rayos-x del Diana Princess of Wales Hospital, en Grimsby, en el Reino Unido, se quitó la vida. El hombre fue encontrado muerto unos días después de la muerte de Kathleen Wise, contadora retirada de 66 años de edad, quien tenía problemas estomacales y había sido sometida a una prueba diagnóstica de enema de bario en dicha institución hospitalaria. Luego de que el bario fuese insertado para crear contraste como parte del procedimiento radiológico, el técnico accidentalmente laceró su intestino delgado y por las dos punciones que negligentemente hizo se infiltró el líquido tóxico a su torrente sanguíneo, según reveló la autopsia de la dama fallecida por un arresto cardiorespiratorio.

La señora Wise se mostraba ansiosa por el procedimiento al que sería sometida, que consiste en pasar un contraste por el intestino para resaltar en una radiografía cualquier problema intestinal, pero finalmente accedió a este ante la mínima probabilidad de complicaciones del mismo.

En la investigación hecha internamente por el hospital inglés, el técnico admitió que probablemente había colocado el tubo en la posición incorrecta. Esta admisión, en mi opinión, por si las moscas, es prueba de negligencia que hace descartar la teoría de riesgo inherente que lo eximiría de responsabilidad legal.

Los directivos del hospital confían en que la revelación de la investigación que hicieron sobre la negligencia haga que el viudo pase la página y que continúe con su vida sin demandarlos. Hay estudios que demuestran que este tipo de enfoque abierto y de admisión de negligencia, minimiza las probabilidades de una demanda potencial. Esto ha funcionado en los hospitales de veteranos, que implantaron una política en ese sentido. Sin embargo, el que paga los platos rotos cuando un médico del sistema de hospitales de la Administración de Veteranos mete la pata es el gobierno federal de los Estados Unidos, bajo el Federal Tort Claims Act. Creo que es poco plausible que las aseguradoras de ese riesgo estén dispuestas a que sus asegurados adopten este enfoque abierto. Aún no llega ese momento.

Sin embargo, tal parece que el viudo no se limitará solamente a pasar la página, como confían los directores del hospital galo, pues ha informado que está decidido a demandar al hospital. Esto me parece muy bien, porque a su esposa no se la va a devolver nadie, gracias al suicida.

De mi parte un consejo gratis a los profesionales de la salud: no se mofen de las víctimas de su impericia ni se suiciden por el martilleo en la conciencia que ocasionalmente surge por el sentido de culpa. Tómenlo con calma y no se excedan con los calmantes, solo paguen por sus errores.

sábado, 24 de abril de 2010

ADEPACI, un proyecto a emular



La impericia medica, mala praxis, malpractice o comoquiera que denominen a la negligencia medica aqui en Puerto Rico o en otros paises, tiene mucho y diverso componente humano que va desde el abogado, medico, personal de enfermeria, el hospital, las aseguradoras del riesgo y finalmente, el verdadero sujeto importante en el tema: el paciente. Afortunadamente, pacientes alrededor del mundo estan cobrando conciencia en proteccion de sus propios intereses, que son unicos en este tema y se estan uniendo.

Como bofetada amiga que despierta la razón aletargada de muchos, "TODOS SOMOS PACIENTES" se lanza al aire como eslogan de la Asociación Argentina en Defensa del Paciente (ADEPACI), creada recientemente en la hermana republica. Supe de esa entidad por medio de dos amigas radicadas en el cono sur: una exquisita poeta y escritora y la otra incansable guerrera internacional en contra de la impericia o mala praxis médica. Como el dolor une a la gente, es la pérdida de un ser querido por la negligencia médica el denominador común entre ambas y ha sido el fuerte adhesivo que las ha cohesionado en esta entidad, junto a muchos argentinos.

ADEPACI surge como organización social, sin fines de lucro, y tiene como misión primordial la defensa de los derechos e intereses de todos los pacientes y usuarios de los servicios médicos de ese país, sean estos brindados por el gobierno o por instituciones de salud privadas. Como surge de su página web, “es el resultado de un movimiento social legítimo y pacífico que viene gestándose en el seno de nuestra sociedad. Es la respuesta social lógica a las fallas del Sistema de Salud Argentino, tales como falta de cobertura en la provisión de medicamentos y/o prótesis, incumplimiento del plan médico obligatorio, negligencias médicas, entre otros.”

Sus propósitos son los siguientes:

1. Servir de intermediarios entre pacientes, profesionales de la salud y los organismos del gobierno para facilitar la comunicación entre ellos a fin de resolver con celeridad los conflictos que surgen del sistema de salud.
2. Difundir públicamente los derechos de los pacientes reconocidos a nivel nacional e internacional.
3. Facilitar el acceso de la población general a las bases de datos disponibles sobre los medicos.
4. Colaborar en el desarrollo e implantacion de mejores políticas en los servicios de salud.
5. Promover la mejora de condiciones laborales, técnicas y operacionales de los profesionales de la salud.
6. Recabar y documentar sugerencias, quejas o bien tramitar denuncias de pacientes o familiares de éstos sobre el incumplimiento de los deberes medico-hospitalarios.
7. Recibir denuncias y/o quejas por parte de médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud que se vean arbitraria e ilegítimamente imposibilitados, por cualquier razón, de brindar calidad y eficiencia en sus funciones.
8. Convocar conferencias, simposios y/o jornadas multidisciplinarias relacionadas a temas de salud, integradas por pacientes o familiares de éstos, médicos de diferentes especialidades, enfermeros, sociólogos, psicólogos y demás profesiones afines.
9. Auspiciar cursos gratuitos en temas de salud pública dictados por entidades educativas reconocidas.
10. Conformar comisiones de investigacion especializadas.
11. Difundir los derechos y deberes de los pacientes mediante todos los medios de comunicación posibles.
12. Elevar a los organismos internacionales o del gobierno nacional y/o provincial, a los efectos que éstos estimen corresponder, las estadísticas e informes recabados por las comisiones investigadoras.
13. Coordinar acciones y gestiones en colaboración con otras asociaciones afines.
14. Contratar servicios de consultoría y asesoría técnica con médicos, enfermeros, sociólogos, psicólogos, abogados, contadores y/o cualquier otro profesional cuyos servicios sean requeridos.
15. Colaborar con organismos públicos, nacionales y/o provinciales (Defensor del Pueblo, Defensa del Consumidor y afines) para la defensa de los derechos de los pacientes y efectuar denuncias en los casos que correspondan. “

En Puerto Rico contamos con la Asociación Puertorriqueña de victimas de impericia medico-hospitalaria. Sus pocas acciones públicas han logrado al menos concientizar al pueblo y a nuestros legisladores sobre las consecuencias de la impericia médica. Sin querer queriendo, esta entidad ha conseguido frenar, desde 2002, importante legislación originada y, sobretodo, cabildeada por grupos de interés en el país, primordialmente compuestos por sectores médicos.

La impresión que se ha querido dar de esta entidad es que fue incorporada por la iniciativa de un grupo de abogados, dentro del cual se me incluye, para velar por nuestros propios intereses económicos. En ánimo de minimizar su importancia, arguyen equivocadamente sus detractores que los abogados utilizamos a las víctimas de impericia médica para mesquinos propósitos. Lo cierto es que los pocos que litigamos exclusivamente este tipo de casos fuimos logicamente consultados para su incorporación, como abogados, porque así se hacen las cosas en todo país civilizado. Sin embargo, a partir de su creación, la asociación de victimas de impericia medica, como se le conoce, ha tenido su propio dinamo. Al igual que la ADEPACI, ha utilizado como pegamento de cohesión el dolor de sus componentes por la pérdida de seres queridos a manos de profesionales de la salud negligentes.

Pacientes de toda la isla se han auto-convocado, de tiempo en tiempo, para hacer comprender a nuestros legisladores que no es cercenando derechos a los pacientes como se ataca el alegado problema de insuficiencia de cubiertas de seguros de responsabilidad profesional. Como la espada de Damocles, de tiempo en tiempo, nuevas estrategias de los amigos de la guillotina amenazan constantemente el derecho de los pacientes a un acceso razonable a los tribunales y a una justa compensación en caso de que pierdan seres queridos y sufran inconmensurablemente por la negligencia medico-hospitalaria. Estos ideales no están en conflicto, de manera alguna, con una buena calidad de servicios médicos y un buen clima de trabajo para los profesionales de la salud. Intentar hacer creer lo contrario es sencillamente una burda tomadura de pelo y, como aquí se dice, una ‘jaibería’ que solo pretenden hacer ver que creen algunos.

La militancia permanente para atajar nuevos ataques a los derechos del paciente puertorriqueño, que en estos momentos abierta o solapadamente se están dando, es necesaria. Sin embargo, la ampliación del marco de acción de la asociación boricua de víctimas o la creación de más entidades en la Isla que extiendan sus propósitos y metas a corto y a largo plazo, es indispensable. Como todos somos pacientes, para bien de todos, ADEPACI es un proyecto que se debe difundir y ciertamente, emular.

sábado, 10 de abril de 2010

Alarmante la impericia médico hospitalaria en la "edad dorada"... ¿mito o realidad?



Por el gran número de consultas que recibo como abogado, he tenido que tomar la decisión de solo aceptar en mi bufete aquellos casos que tengan que ver con el fallecimiento de una víctima por tratamiento médico y aquellos con daños severos permanentes o catastróficos, como pueden ser, a manera de ejemplo, los resultantes de la negligencia médica u hospitalaria que ocurren alrededor del momento del parto y que ocasionan daño cerebral. Por curiosidad, y para tomar esa decisión informada, de un tiempo a esta parte acostumbro examinar mis propias estadísticas, que no necesariamente pretendo reflejen una muestra representativa y válida de todos los abogados en Puerto Rico. De ese examen he descubierto un dato que realmente me resulta alarmante y es que ostento actualmente la representación profesional en un alto número de casos de impericia médica o de negligencia hospitalaria cuyas víctimas directas resultaron ser personas de más de 62 años de edad; aquellos llamados de la tercera edad.

El recuerdo de ese análisis de mis expedientes y el comentario que me hizo en estos días una amiga abogada que actualmente representa hospitales, me hace compartir con mis lectores una historia, que creo, interesante sobre el particular. En estos días llegó a mi despacho un caballero de 72 años de edad, con su esposa, a consultarme sobre un acto de impericia médica alegadamente cometido en su contra. Su caso se relacionaba con la inserción de un marcapasos inadecuado para lidiar con una condición cardiaca específica que estaba experimentando hacía un tiempo.

Don Pablo, nombre ficticio que utilizo para proteger su identidad, lloró al relatarme lo ocurrido en su situación y no cesó de darle gracias y alabar a Dios por estar vivo luego de su odisea de salud que lo llevó a una anasarca, reteniendo mucha agua en su cuerpo. No es que me estuviera raro ni sorprendente el hecho de que el hombre llorara; muchas personas lo hacen al recordar vívidamente los hechos y relatarlos a un extraño, como suele ser un abogado. Sin embargo, me comentó don Pablo también lo que pareció corroborar la impresión que estaba teniendo hace algún tiempo respecto al gran número de casos de alegada impericia médica en contra de víctimas de la llamada edad dorada. “A un paciente joven no le hubieran hecho lo que me hicieron a mí”, exclamó entre sollozos. “Para los médicos y hospitales, los pacientes viejos como yo no valemos nada”, añadió don Pablo. Naturalmente, este comentario era una gran generalización y, por tanto, podría ser un tanto falaz, pero, para él, esa era su realidad y yo lo comprendía.

Largas horas de espera en las oficinas médicas y en los hospitales, aguardando a que llegue el profesional de la salud a atenderlos. Salas de emergencia atestadas de gente, en su mayoría ancianos, son el pan nuestro de cada día en el país. Mucho de esto me relató don Pablo en su caso. Sin embargo, de ser cierto que la calidad del tratamiento médico que se dispense a nuestra población geriátrica es inferior o de baja calidad, si se compara con la que se dirige al resto de la población, resultaría ser un serio problema que debe atenderse de inmediato. Que debido a la atención médica displicente, por decir lo menos, se incurra en un mayor número de casos de impericia médica contra esta población, es algo que no se debería pasar por alto.

Desafortunadamente, no contamos con estadísticas confiables sobre el número de casos que ocurren en las consultas y en los hospitales del país. Un estimado razonable hecho en los Estados Unidos, señala que solo el 8% de las víctimas de impericia médico-hospitalaria reclaman sus derechos ante los tribunales. La Organización Mundial de la Salud reunida en Oporto, Portugal en octubre de 2007, estimó que diez millones de personas anuales son víctimas de impericia médica alrededor del mundo. El número de pacientes geriátricos comprendidos en esa estadística no ha sido revelado, pero me atrevo a asegurar que podría representar un gran número, probablemente más de la mitad de lo que se informó en ese congreso.

Debido a que don Pablo no murió ni sufrió un daño severo permanente, me vi en la obligación, muy a mi pesar, de declinar su representación profesional y referirlo a otro abogado que tiene la capacidad y dispone del tiempo para hacerlo. Sin embargo, sus aseveraciones en la consulta me inquietaron en ese momento y aún resuenan en mi mente como una alarma que alerta sobre una situación seria y grave que podría estar ocurriendo en las consultas médicas y en los hospitales de Puerto Rico. Un escenario que, de ser cierto y poderse corroborar, debe ser objeto de acción afirmativa inmediata y enérgica de parte de las autoridades gubernamentales y profesionales del país, algo en que aparentemente la agencia federal de Medicare está dando unos pininos. No obstante, en el contexto de todo lo que ocurre en nuestro país, el que alegadamente se trate a nuestros viejos de esta manera, es algo que avergüenza y dice mucho.

sábado, 20 de marzo de 2010

Borrón y cuenta nueva ... ¿Déjà vu?


Luego de haberse convertido en la comidilla internacional y tema obligado en muchas conversaciones de sus pares y de los abogados y público en general, los médicos de Puerto Rico que protagonizaron las imprudentes fotografías en el escenario trágico de Haití por fin se han callado y han dejado de excusarse ante todos aquellos que les ponen los medios publicitarios a su disposición para hacerlo. Acto seguido, el presidente del Colegio de Médicos de PR, el Dr. Ibarra, parace esgrimir al perfecto argumento en su defensa. No fueron prudentes, pero su trabajo allá fue encomiable. Borrón y cuenta nueva.

Coincidentemente, las elecciones de una nueva junta en el Colegio de Médicos y Cirujanos son mañana en un hotel del este de nuestra Isla y, en la opinión de muchos, parece que el actual presidente, el anestesiólogo Doctor Ibarra, cuenta con la mayoría de los galenos colegiados para una reelección gremial, en contra de la Dra. Alicia Filiberti, quien hace unos cuantos meses anunció su aspiración. Ibarra, al menos, debe contar con aquellos que él ha llamado cariñosamente “muchachos” que posaron de forma “imprudente” con armas, licores y seguetas para el lente fotográfico en Haití. Los mismos que ha excusado, casi a diario, por haberse tomado las fotos en “momentos de asueto,” agotados de cansancio por la ardua labor heroica que hicieron y a muchas millas de distancia de los hospitales y pacientes.

El borrón y cuenta nueva parece ser el eslógan subliminal actual de la campaña re-eleccionaria del presidente Dr. Ibarra. Sin embargo, conozco de la integridad personal y profesional del presidente del comité de ética del Colegio, Dr. Alfonso Serrano, por lo que opino que, sustrayéndose de la campaña política de reelección y de la consigna solapada del presidente del Colegio, su comité eventualmente sabrá recomendar un nivel adecuado de “cogida de cuello” a los investigados, para que aprendan a ser sensibles y profesionales a la hora de la hora.

Nota del lunes 22 de marzo de 2010. Paradójicamente, parece que el 'borrón y cuenta nueva' se lo aplicaron a él. Los deseos de reelección del Dr. Ibarra sucumbieron por 51 sufragios, habiendo votado en las elecciones del gremio alrededor de 600 médicos, de una matrícula de un poco más de 12,000 que conforma el Colegio. Enhorabuena a la doctora Filiberti; estaremos bien pendientes a sus ejecutorias, especialmente en torno al tema de la impericia médica y, de paso, en el de los "muchachos imprudentes" de su colega, el buen doctor Ibarra, que asumo contará con más tiempo en los sucesivo para su obra filantrópica. Veremos...

Nota del martes 23 de marzo de 2010. Enciendo la radio en la mañana y, aparte de los asesinatos del día, oigo al locutor decir que la nueva presidenta del Colegio de Médicos le 'tira la toalla' a los "muchachos imprudentes" del doctor Ibarra. Medio frustrado apago la radio y me dispongo a tomar dos semanas de vacaciones fuera del país. No tienen remedio, HQJ!

lunes, 1 de febrero de 2010

Sin palabras...


Con el permiso de don Rafael, reproduzco su carta abierta.


"Para Haití nuestro corazón puertorriqueño
Por Rafael Cancel Miranda
Ex prisionero político puertorriqueño

Temprano en la mañana del sábado 29 de enero, recibí una llamada telefónica de José Pérez González, joven patriota puertorriqueño que cumplió cinco años en una prisión yanqui, acusado y sentenciado por un tribunal estadounidense en Puerto Rico por haber participado en las protestas contra la marina estadounidense y su criminal bombardeo en Vieques. Sonaba agitado mientras me pedía que participara en una conferencia de prensa para limpiar nuestro honor por la atrocidad que habían cometido unos médicos puertorriqueños en Haití. No entendía de qué hablaba pues recién me había levantado de la cama. Le contesté que yo estaría presente en todo lo que fuera por la independencia de Puerto Rico. Me quedé intrigado pues realmente no sabía de qué me hablaba. Unos minutos después entró mi esposa con la acostumbrada tacita mañanera de café negro. Me dice: ¡A cuánta degradación se va a llegar! Le pregunté qué había sucedido y me contestó que acababa de ver en el noticiero mañanero unas bochornosas fotografías de unos médicos puertorriqueños participantes en una supuesta misión humanitaria en Haití. Entonces entendí de qué hablaba el joven patriota puertorriqueño y por qué estaba tan indignado. Lo llamé y le dije que estaba dispuesto a participar en cualquier conferencia de prensa acerca de la conducta tan desgraciada por parte de esos médicos. De ahí estas líneas.
En nombre de mi pueblo verdaderamente puertorriqueño y en nombre del mayor de mis hijos que es médico y quien en más de una ocasión ha ido voluntariamente en misiones humanitarias a prestar servicios médicos gratuitos en África, América Latina y el Caribe; y en nombre de Pedro Dubois, aquel revolucionario haitiano fusilado en 1822 por el régimen español en Puerto Rico, acusado de ser uno de los principales organizadores de una conspiración para lograr la abolición de la esclavitud y la independencia de Puerto Rico; y en nombre del doctor Ramón Emeterio Betances, Padre de la Patria puertorriqueña y llamado El Antillano, quien como médico ayudó a combatir el cólera morbo que arrasó a Puerto Rico en 1855 y quien dormía en la acera para estar accesible a sus pacientes; y en nombre de todos los médicos puertorriqueños de gran sensibilidad que he conocido, quiero expresarle al pueblo haitiano nuestras excusas. Lo mismo quiero expresar a todo hombre y mujer sensible a la desgracia humana.
Hubiese querido que esos médicos que se burlaron de la tragedia humana se hubiesen enterado de la nobleza y sensibilidad de los médicos cubanos que están en Haití dando su mano y corazón a ese pueblo. Vi una doctora cubana llorar de la emoción mientras abrazaba a una haitianita herida. Quizás tratando de excusar a estos médicos puertorriqueños por su conducta tan inexcusable, podría culpar al sistema que los deshumaniza, mientras que el sistema que produce a los médicos cubanos humaniza. Pero hay una cosa que sí quiero afirmar: esos médicos que nos abochornaron ante el mundo entraron a la República Dominicana como “ciudadanos americanos” y fueron seleccionados y enviados por un senado colonial antipuertorriqueño. Pueden estar seguros de que ninguno de esos médicos era defensor de nuestra independencia, ni de la Revolución Bolivariana. Una mentalidad va con la otra. Puedo decirle orgullosamente al pueblo haitiano que sí había médicos verdaderamente puertorriqueños en Haití y que se comportaron con dignidad y con el respeto que merece el pueblo haitiano.
Como puertorriqueño, extiendo mi gratitud a los pueblos del ALBA. Con sus acciones han demostrado que somos una Gran Patria caribeña y latinoamericana y que en Haití no hacen falta fusiles, sino hospitales, rescatistas y mucha solidaridad.

30 de enero de 2010San Juan, Puerto Rico"


Nada más.