La impericia médica y la negligencia en los hospitales han vuelto a ser noticia en nuestra Isla del Encanto, así que no hablaré del "rapeo" overseas de un legislador con una empleada de ABC News.
En estos días se aprobó el Proyecto de la Cámara 1790, para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico. De convertirse en ley, este proyecto haría mandatario que “todo asegurador, fideicomiso u otra persona jurídica notifique al Comisionado de Seguros, a la Junta Licenciadora y al Secretario de Salud de cualquier reclamación, acuerdo o transacción judicial o extrajudicial por daños y perjuicios por impericia médica o de cualquier institución que preste servicios de salud.” Informa la exposición de motivos del referido proyecto que “las Aseguradoras pagan mediante acuerdos transaccionales, judiciales o extrajudiciales o por sentencias o laudos reclamaciones surgidas en casos de impericia médica o de instituciones de salud. Algunos de esos acuerdos contienen cláusulas de confidencialidad que interfieren con la supervisión y vigilancia que tiene que prestar el gobierno a tales casos de impericia para imponer responsabilidades administrativas y de otra índole.”
La Junta que sustituyó al TEM no se llama reguladora y no sé a qué se refiere el proyecto con "laudos", porque no conozco un caso de impericia médico-hospitalaria que haya ido a arbitraje en Puerto Rico. Pero, en fin... Suena más o menos bien, ¿verdad?
Ya antes había escrito sobre este tema de los acuerdos confidenciales, a los que me he opuesto siempre. Desde el 17 de agosto de 1999, Puerto Rico cuenta con La Ley Núm. 260 que imponía al Antiguo Tribunal Examinador de Médicos, hoy Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, el deber de ofrecer al público - que lo pida - alguna información sobre cualquier médico. Entre esta información se podría solicitar si ha recaído alguna sentencia en su contra por impericia médica. Sin embargo, a pesar de que esta ley entró en vigor 30 días después, para su implantación, se le impone al TEM, hoy Junta, el deber de redactar un reglamento que, a esta fecha, más de una década después de legislada, aún no ha hecho. Así que, si consigue que le contesten el teléfono, no se le ocurra pedir información de médico alguno porque no la conseguirá allí, aunque se la prometan.
Es evidente en Puerto Rico que la impunidad, en todos los renglones de nuestra vida como pueblo, parece ser la orden del día. En el caso que discutimos,hemos visto que por carecer de un reglamento y gracias a las famosas cláusulas de confidencialidad que exigen sus aseguradores, los médicos negligentes no son ni han sido una excepción. A nivel de hospitales, hemos visto epidemias de infecciones bacterianas que, luego de un titular en el periódico, le echan tierra y se olvidan. Luego de haber pagado una transacción o sentencia, los médicos en Puerto Rico siguen "practicando medicina" y atendiendo a sus desinformados pacientes, como siempre, como si nada hubiese ocurrido.
No es pesimismo, pero, de nada vale que una ley imponga el deber de informar las transacciones o sentencias en estos casos con el propósito de que el gobierno los supervise. Los funcionarios gubernamentales tienen otras cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, legis-rapeadores irse a Kentucky a beber whiskey por barriles o a Egipto a montarse sobre camellos.
Si no se cuenta con la infraestructura informática y el ordenamiento reglamentario correspondiente que le ponga “dientes”, esta ley pasará a ser otro muerto más, con lo que se hayan entretenido o matado su aburrimiento, por un tiempito, nuestros legisladores. Olvídense de las supervisiones prometidas que no terminan en nada valioso para el pueblo.
Si se quiere hacer algo en serio en el renglón de la salud, debe comenzar la Junta médica por aprobar el reglamento que está pendiente hace más de una década, para implantar la ley de 1999. Lo próximo debe ser prohibir por legislación las llamadas cláusulas de confidencialidad en estos casos y declararlas nulas, por ser contrarias al orden público. Lo que debe hacerse es apoderarar al público con instrumentos fáciles, para que pueda acceder a una información que le permita escoger inteligentemente a su médico o a la institución hospitalaria donde pueda atenderse de manera segura o, vamos..., más o menos segura.
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