¿Crisis de impericia médica?

Hace más de una década se publicó un libro de mi autoría, titulado "Crisis de Impericia Médica... ¿Mito o Realidad?" Ediciones Situm 2003. Entonces recogimos la idea para ese nombre de un titular periodístico del año anterior que llevó el mismo nombre: "Crisis de impericia médica". ¿Había una crisis de impericia médica entonces? ¿Existe crisis de impericia médica ahora?

En nuestro libro, introdujimos a la academia y a nuestra profesión de abogacía lo que calificamos como el problema social de la impericia médica; ello, con el "twist" de la discusión que, del tema, se estaba haciendo insistentemente en ese momento en Puerto Rico. Con el objetivo de contestar la pregunta inicial, analizamos en el libro la que fue llamada crisis de los años 70', la suscitada en los años 80', que dio paso a la creación en nuestra Isla de SIMED y la que parecía ser una crisis que se perfilaba desde los años 90', pasando con la crisis de los seguros ocurrida como resultado del evento de las torres gemelas de 2001. Trazamos una ruta directa desde la reforma californiana de 1975 hasta la época en que lo escribimos, analizando los distintos argumentos que fueron esgrimidos tras cada una de estas alegadas crisis.

Aunque de manera anecdótica, abatidos por veredictos de figuras astronómicas en su contra, haciéndose eco de la industria tabacalera y de la farmacéutica, la industria de la salud norteamericana, dirigida por médicos, hospitales y sus distintas aseguradoras de riesgo, decidió orquestar una campaña publicitaria para reformar, a nivel federal, las leyes que tenían que ver con los pleitos de impericia médica. Siendo principales contribuyentes económicos a la campaña del Partido Republicano de EEUU y, en especial, del presidente de entonces, George W. Bush, la American Medical Association (AMA) y la industria de seguros de ese riesgo decidieron "pasar la factura", sugiriendo y cabildeando varios proyectos congresionales que proponían incorporar, a nivel federal, ideas reformatorias que en 1975 el estado de California había implantado en la llamada MICRA. La denominada "Medical Injury Compensation Reform Act" (MICRA),  resultó temporalmente un oasis para los médicos pero, ciertamente, un verdadero patíbulo para los derechos de las víctimas de su impericia. La MICRA había tenido cierto éxito en detener las demandas de impericia médica y negligencia hospitalaria, al imponer topes ridículamente bajos que afectaban a las personas con los mayores daños y paneles de arbitraje que alegadamente cernían las demandas meritorias de las que, a su juicio, eran "frívolas". California tuvo éxito relativo en impedir que las víctimas de impericia médico-hospitalaria acudieran a los tribunales. Fueron desalentados a hacerlo y desviados hacia paneles de arbitrajes un tanto prejuiciados en favor de los demandados. En fin, las víctimas fueron azotadas con leyes rígidas y restrictivas, hechas a la medida de los intereses particulares de los médicos, hospitales y sus compañías de seguro, que les impedían obtener lo que sus justos reclamos obtendrían de estas no existir.

En nuestro libro expusimos el derecho vigente en el tema y los proyectos de leyes, tanto a nivel federal, como a nivel de nuestro querido archipiélago.  Analizamos las ideas que los proponentes intentaban importar a nuestro país y las razones que daban públicamente para que se reformara el sistema compensatorio en los casos de daños y perjuicios motivados por la impericia médico hospitalaria. Abordamos el tema de los resucitados paneles de arbitraje, de los honorarios de abogados escalonados por cuantía de la compensación otorgada y de los topes en las compensaciones. También analizamos las propuestas para lidiar con los términos prescriptivos de las acciones de los menores de edad e incapacitados y otros temas "targets" que tenían en la mirilla, pero que, interesante aunque no sorprendentemente, solo afectaban a las víctimas de impericia médica y su derecho a acceso a los tribunales para buscar justicia y un adecuado resarcimiento de sus daños.

En el mismo ánimo que sus colegas del Norte, los médicos de nuestro país, principalmente capitaneados por el Colegio de Médicos de Puerto Rico, importaron a Puerto Rico los argumentos principales de los llamados reformistas de la teoría compensatoria del daño de EEUU y levantados desde la tercera parte del siglo pasado. Alegaron vehementemente, por ejemplo, que las demandas de impericia médico-hospitalaria habían propiciado el älegado aumento en sus primas de los seguros y del supuesto éxodo que se estaba dando de médicos fuera de Puerto Rico. Líderes médicos alzaban su voz, acomodando estadísticas que hablaban de éxodos de especialistas médicos hacia el norte. Argumentos falsos y exagerados, tal como fue comprobado posteriormente. Tanto los de EEUU como los de aquí fallaron una y otra vez en su meta de reformar nuestras leyes compensatorias, encontrándose de frente con las víctimas, esta vez agrupadas en una asociación.  Deliberadamente, los médicos y reformistas no hablaban de mejorar la calidad de vida de las familias de los médicos que acudían a la emigración, ni de la poca disponibilidad de estudiar  residencias o especialidades médicas en Puerto Rico, debido a la dilapidación de centros hospitalarios vendidos en los 90' por el gobierno del ex gobernador Pedro Rosselló a manos privadas, que solo buscaban el lucro propio y no la salud de los pacientes.

La idea siempre ha estado latente y ya hemos visto como el nuevo presidente del Colegio de Médicos de PR ha colocado como prioridad de su incumbencia el cabildeo activo con el fin de alterar el estado de derecho actual en el tema de la impericia médica.  Con el asunto del IVA y del IVU no lo hemos escuchado muy activo en el tema de la impericia, pero ya lo veremos blandiendo nuevamente los viejos argumentos, rechazados por la realidad estadística.

Volvamos, sin embargo, a la pregunta medular: ¿existe crisis de impericia médica en Puerto Rico? La impericia médica implica falta de pericia médica. ¿Existe carencia de pericia médica de los médicos de Puerto Rico? Las últimas estadísticas publicadas por el mayor asegurador de médicos en Puerto Rico, SIMED, evidencian que solo el 15% de los médicos en Puerto Rico han sido demandados. Es decir, el 85% de los médicos nunca ha sido objeto de una demanda de impericia en Puerto Rico. Por ello, solo el 15% de los médicos ha sido afectado, en cierto momento, con algún aumento en sus primas de seguro. Ello ocurre también con el resto de la industria de seguros. Las primas aumentan en la misma medida que aumenta el riesgo que se asegura. Por otro lado, el número de las demandas de impericia se ha mantenido estable desde finales del siglo pasado; el número de radicaciones no ha aumentado de forma tan significativa que levante alguna bandera. Más importante aún, y aunque varía de abogado a abogado que radica este tipo de casos, solo una minoría de las demandas radicadas llega a juicio, concluyendo casi en un 70% de los casos, con decisiones favorables a los médicos y aseguradores, sin tener que pagar un solo centavo.  Es decir, solo unas cuantas manzanas podridas existen en el barril, siendo esos datos suficientes para derrumbar el mito de que existe una crisis de impericia médica en el país. Como en toda disciplina profesional, existen malos médicos, que nunca debieron haber sido beneficiados con una licencia para atender pacientes.

En Puerto Rico hay crisis en el tema de la salud, entre otras razones, porque no hay médicos suficientes para atender las condiciones de salud que aquejan a la población. Hacen falta médicos porque muchos de los que teníamos se han ido, han emigrado. Los que se gradúan de nuestras escuelas de medicina contemplan, casi desde el saque, la idea de irse del país. Sin embargo, se ha probado a la saciedad que el éxodo de médicos hacia EEUU y otros países es igual al de los maestros, enfermeras, policías, ingenieros y hasta abogados. En muchos casos, una vez los médicos salen de PR a hacer sus especialidades al exterior, la gran mayoría se queda y forma allá su familia. Eso es verdaderamente trágico para el país, porque los estudios profesionales de muchos de ellos han sido subsidiados con aportaciones económicas públicas. Por otra parte, el que no ha estudiado en EEUU, emigra hacia esa nación en búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de su familia, tal y como han hecho otros boricuas que no trabajan en la industria de la salud. Nada tienen que ver las demandas de impericia médica que se radican en el país ni los costos de sus seguros de responsabilidad profesional. Si acaso, gran parte de su ánimo decisional radica en torno a su propia práctica profesional que, hoy día, es intervenida de forma sustancial por elementos ajenos a la medicina, que han convertido la salud en un negocio muy lucrativo para sus dueños y accionistas: los planes de seguros de salud.

En Puerto Rico hay crisis de los profesionales de la salud debido a que las compañías de planes médicos se han practicamente adueñado de la práctica de la medicina, a pesar de las leyes que, últimamente, han promulgado en Puerto Rico, sustituyendo el juicio médico por criterios meramente económicos. Hay crisis entre los profesionales de la salud porque, al verse limitados por los planes médicos en lo que pueden o no hacer respecto a un paciente, los exponen a graves consecuencias, entre las cuales se encuentra la responsabilidad profesional hacia sus pacientes.  Tienen crisis los médicos porque no se atreven a demandar a esos planes médicos, que los han mantenido como rehenes económicos de sus intereses particulares.  Los médicos tienen crisis porque siendo nuestro país un territorio no incorporado o una colonia, la agencia norteamericana de Medicare los discrimina, pagando sus servicios profesionales sustancialmente por debajo de lo que pagan a sus pares en los EEUU por los mismos servicios.

No hacen falta leyes reformatorias del sistema compensatorio de las víctimas de impericia médica porque no existe el argumento de que hay una crisis de impericia médica en Puerto Rico que puedan levantar para justificarlo. Fue un mito en 2003 y lo sigue siendo doce años después.

Existe una crisis social y económica en el país, que se ha llevado por delante a muchos buenos profesionales de la salud y a profesionales de otras disciplinas que se levantaban todos los días a hacer patria..., de la mejor forma que podían y cuando los dejaban. Si los que siguen en nuestro país la pueden seguir haciendo, esos son otros veinte pesos.

IVA, los abogados, MEDICARE y mucho más ¿o mucho menos?

¿IVA o no IVA?

Con toda probabilidad, dentro de poco entrará en el panorama local boricua el “IVA”, es decir un impuesto sobre la venta añadido. El gobierno propone eliminar el IVU del 7% y sustituirlo por un IVA de 16%. Y, para colmo, sin exenciones o las dispensas existentes al presente con el “IVU”, como son los honorarios por servicios profesionales, incluidos los que cobramos los abogados a nuestros clientes.

No solo son las afidávits que se cobran a $25 que aumentarán a $32 con el sellito de SAL, sino también los honorarios contingentes que se cobran en una reclamación de daños y perjuicios y que, de acuerdo a la ley, se establecen en 33% de la compensación otorgada mediante transacción o sentencia o 25% en caso de daños a menores e incapacitados. A ese porciento se le añadiría el IVA de 16%, más los gastos del litigio, que incluyen peritaje, sello de radicación, diligenciamientos de emplazamientos, mensajería, pago de peritos adversos y transcripciones de deposiciones (a los cuales aplicarán también el aterrador 16%). No quiero imaginar el rostro del cliente que llega a las oficinas de los abogados de daños y se entera de los costos potenciales de litigación  que le espera. Y menos a la mía, que llegan con un caso de impericia médica porque algún familiar ha muerto a manos de un médico negligente.

Más importante aún, que levante la mano el abogado de daños que no haya pasado trabajo cuando su cliente es beneficiario de Medicare y se intenta transar un caso. Todos, estoy seguro.

Como es conocido, desde enero de 2012 la ley de Medicare obliga al que paga, causante del daño, personal o vicariamente, o su asegurador, a informar a la agencia federal cualquier transacción extrajudicial, judicial o sentencia. Esto tiene que ver con cualquier reclamación de daños y perjuicios donde haya un beneficiario De Medicare que los ha sufrido a manos de un tercero. En el contexto de una víctima de daños, las aseguradoras vienen obligadas a informar a Medicare incluso de la transacción o de la sentencia que recaiga en su contra. Por cada día que pasa sin que informe a la agencia federal, la ley dispone una penalidad de mil dólares diarios.  Lo establecido no queda ahí. La ley federal impone al abogado que lleva el caso y que representa a la víctima, o sea, a nosotros, el deber de informarle a Medicare sobre la radicación de la reclamación, detallando además fecha del evento dañoso, dirección y número de seguro social del beneficiario y nombres de causantes y sus compañías de seguro.

El resultado neto de esta legislación de los federicos es que el paciente beneficiario o sus familiares sobrevivientes reciben ahora una suma menor a la que antes recibían, porque Medicare puede reclamar y cobrar (y reclama y cobra) lo gastado en el cuidado médico dado al paciente. Ya antes había escrito un post que titulé “Medicare y mucho menos."

El panorama con este impuesto debe alertarnos del peligro que implica para nuestra profesión, no solo porque posiblemente el cliente potencial se abstendrá o se retrasará aún más en acudir a nuestras oficinas en busca de servicios profesionales que necesita sin dilación, exponiéndolo al peligro de la prescripción de sus causas de acción y al drama que significa la pérdida real de sus derechos. Envuelve la negación de acceso a los tribunales a la persona que ha sufrido un daño en un evento de negligencia general o de impericia profesional médico hospitalaria. Peor aún, le niega este acceso al tribunal y a la búsqueda de la justicia al que carece de recursos económicos para satisfacer los costos usuales y frecuentes dentro de cualquier litigio. Y no quiero pensar si se trata de compensaciones por daños a menores o incapacitados que se consignan en corte y de ahí se sacan los honorarios de abogados. ¿Cómo legislarán para este detallito? 

Por último, es sabido que las compensaciones de las víctimas de un daño físico o emocional están exentas del pago de contribución sobre ingresos. O sea, una víctima que recibe una compensación por estos conceptos no paga contribución alguna al gobierno, porque no se trata del recibo de "ingreso" alguno. Tras ese estado de derecho está el principio establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de que los daños compensatorios caen dentro del "ámbito reparador". Con ello se intenta colocar a la víctima del daño en la misma posición que tenía antes de la ocurrencia. Claro está, a pesar de lo dicho por el gobernador, los abogados pagamos contribución sobre ingresos sobre los honorarios contingentes que percibimos cuando el cliente recibe su compensación. Peor aún, el que recobra lucro cesante tendría , además, que pagar contribución sobre ingresos por ese concepto. ¿No significa la imposición del IVA a estas compensaciones un menoscabo de ese reconocido principio reparador en favor de la víctima? Creo que si. 

¿IVA o no IVA? Esa es la cuestión.   Marchas, piquetes, y toda una amalgama de opiniones de gente seria en contra de la imposición del  impuesto en este momento histórico, parece que no detendrán al presente gobierno en su intención de “mejorar la economía”. Creo que, con este impuesto, la probabilidad mayor es que no sea nuestra economía la que mejorará.

Hay que aprovechar la coyuntura

            Es muy difícil admitir los errores propios; es más fácil señalar los ajenos. Sin embargo,

se ha descubierto que, para un médico, resulta muy inteligente disculparse ante un paciente o sus familiares, que han recibido daños por su negligencia o impericia. Lo mismo aplica a los hospitales, cuando hay negligencia hospitalaria. Puede que no, pero es muy posible que disculparse a tiempo valga la pena porque quizá, con ello, se evita ser demandado.

            El incidente de la bacteria en el hospital de Carolina fue la gota que colmó la copa que provocó que el Secretario doctor Joglar dejara la Secretaría de Salud.  Un poco antes de ese incidente fue su manejo de la situación con el llamado Virus del Nilo, donde aparentaba haber sido contagiada una dama.  Las cosas olían mal luego que salió a la luz pública el alegado conflicto que planteaba el nombramiento del doctor Joglar a la más importante silla en el Departamento de Salud, por haber sido un alto funcionario en Medicare y Mucho Más y en Triple S, las dos aseguradoras de planes de salud más importantes de Puerto Rico.

            Muchas voces han hablado sobre el hoy Ex Secretario de Salud, de lo buen ser humano y médico que es, hasta de lo buen abuelo que ha sido con sus nietos. Todas esas voces siempre negando que fuese la persona idónea para ser nombrada a esa silla ministerial.  Todos los escuchados, sin embargo, han pasado por alto la importante contribución que ha hecho el doctor Joglar, a propósito de su crisis más reciente.  Que yo recuerde, nadie antes lo había hecho.

Quizá ingenuamente, el doctor Joglar denunció públicamente que hubo negligencia en el manejo del protocolo con relación al control de infecciones en el Hospital Federico Trillas.  La implantación del protocolo de control de infecciones del hospital fue negligente y lo dijo alto y claro.  Y como si fuera poco, añadió el galeno que esa negligencia fue la que ocasionó la muerte a casi una docena de pacientes y el contagio de muchos otros.

           Ahora que se puede dedicar más a cuidar de sus plantitas, sostengo que el doctor Joglar ha hecho en su corta estadía en el servicio público reciente una contribución importante. Esta coyuntura debe ser utilizada para ensayar una propuesta que ha tenido éxito en muchas partes del mundo.  Ahora que el gobierno ha admitido la negligencia y que ésta ocasionó el contagio y algunas muertes, proceden las disculpas personales a los familiares de las víctimas fallecidas y a las víctimas que se contagiaron y que no han muerto.

Los funcionarios que administran y operan el hospital señalado, y que son responsables del protocolo de control de infecciones, deben dar cara en este momento ante las víctimas de la negligencia hospitalaria.  Deben ofrecerles disculpas y una compensación económica justa y adecuada para las pérdidas que han sufrido.  Existe un caso claro de negligencia hospitalaria.  Es éste el momento de corregir la situación. La mejor manera de comenzar es compensando a las víctimas de la negligencia.

NOTA: 2 de enero de 2014

Como es de conocimiento público, se radicó una demanda de clase de las víctimas del brote bacteriano, pidiendo daños y perjuicios para las sobrevivientes y para los familiares de las que no sobrevivieron.  Para mi sorpresa, casi al filo del 2013, los demandantes radicaron una acción de un interdicto, pidiendo nada menos que el cierre del hospital.  El nuevo año los recibió con una decisión del Tribunal Superior de Carolina, denegando el injunction, bajo el argumento de que el interés de los demandantes no sobrepasa el efecto negativo de un cierre del hospital para la comunidad que sirve.  Creo que la decisión fue correcta, con la venia de mi ex compañero de clase, que representa a los demandantes en un pleito de idem. LEs deseo suerte en lo que resta del pleito.

            

Cuando yo sea grande

Siempre recordaré mi graduación de primer grado del Colegio San José de mi pueblo de San Lorenzo.

Pienso que mi disposición a hablar en público, muchos dirían: lo sobrao' que era, me colocó en  la posición  de "maestro de ceremonias", lo cual debía haber sido una distinción un tanto rara para un niño de seis años.   En esa graduación un amigo de mi infancia, ahora miembro de la cámara de representantes de nuestro país, recitó de memoria un poema, cuya primera estrofa, según la dijo, jamás he olvidado: "Cuando yo sea grande, me compraré un perióquido".  

Hace tiempo que ese amigo ya es "grande" y, seguramente, habrá comprado en su vida muchos "perióquidos", al igual que lo he hecho yo, aunque hace unos cuantos años prefiero leerlos a través de la pantalla de mi computadora.  Más pronto que tarde, mi amigo y yo pasaremos de ser "grandes" a ser viejos.  Mientras eso ocurre, las noticias publicadas en los distintos rotativos del país sobre esa llamada tercera edad no son agradables, por el contrario, son sumamente preocupantes, particularmente en el tema de la salud.

La esperanza, a medida que la persona va llegando a su vejez, es poder pasar el ocaso de su vida con la mejor salud posible, tener una vida activa, estable económicamente y con todas sus necesidades principales, como la vieja canción: ropa, zapato, casa y comida, completamente satisfechas.  Muchos llegan a esa edad "dorada" con dolencias y condiciones crónicas, que deben ser atendidas y manejadas por médicos y hospitales, preferiblemente, de su selección, a través del programa federal de Medicare. Sin embargo, contrario a sus mejores espectativas para una vida tranquila y saludable, muchos de nuestros viejos son hoy empujados a adquirir planes de seguros de salud, vendidos por compañías que sirven de intermediarias entre Medicare y los proveedores de servicios de salud.  Por ese servicio de "mediación" entre el que paga y el que recibe el billete, estas compañías de planes de seguros de salud reciben mucho dinero.

El periódico refleja  hoy día mucha tensión proveniente no solo de nuestros pacientes viejos, sino de los médicos, hospitales y servicios ancilares.  El paciente se queja porque sus condiciones de salud no son atendidas con la prontitud y el servicio que merece.  No hay más que entrar a algunos sitios en el internet, como el de Medicina Defectuosa, para leer las historias de horror que cuentan los pacientes de Medicare.  Los médicos y demás proveedores también se quejan porque no reciben la paga adecuada por sus servicios y por el embeleco de los hospitalistas criollos que, en muchas ocasiones, imponen criterios de hospitalización y estadía promovidos por su principal, que son, en ocasiones, ajenos a los mejores intereses del paciente y que, además, les han invadido terreno y mermado injustamente sus ingresos.  Por su parte, como si alguien en nuestro país les creyera, las siete compañías de planes de salud Medicare Advantage que hay en Puerto Rico aseguran en sus anuncios de medios que su prioridad principal es el paciente.

Salvo que cambie el sistema de salud imperante en Puerto Rico de forma radical, creo que las aseguradoras llegaron a nuestra Isla para quedarse. Hay que hacerse a la idea de que estas entidades corporativas complejas se quedarán de intermediarias en el sistema de salud.  La razón sencilla es que al gobierno federal le es sumamente conveniente despachar a otro el problemón que implica administrar los fondos que destina  para brindar los servicios médicos a los beneficiarios de Medicare con derecho a recibirlos.  Al gobierno federal le importa un bledo que estas compañías privadas, a quienes beneficia con estas franquicias, paguen a los  proveedores de salud de su red honorarios por servicio rendido ("fee for service") o de forma capitada ("capitation"). La agencia federal ha descartado incluso la recomendación del GAO para suspender programas experimentales por no haberse validado el propósito original de alcanzar la costo eficiencia.  Sencillamente no sé lo que les importa, pero pienso que se hacen de la vista larga y botan chavos a diestra y siniestra.

Dicho lo anterior, hay que estar claro: los pacientes de Medicare se hicieron, de una u otra forma, acreedores de servicios médicos y tienen derecho a recibirlos.  Sin embargo, existe la impresión equivocada, entre mucha gente, de que esos fondos federales representan una dádiva o regalía del gobierno de EEUU y como tal, "a caballo regalao' no se le mira el colmillo".

Nuestros viejos, pacientes de la tercera edad, merecen y tienen derecho al mejor manejo y tratamiento médico, a ser brindado por todos los componentes del sistema de salud.   Nos corresponde ahora, a los que hemos llegado a "grandes", monitorear y mantener la presión debida para que eso ocurra.  Por todos los medios a nuestro alcance hay que lograr que los viejos de ahora reciban ese cuidado que merecen, si es que nosotros queremos disfrutar de la vida ... cuando pasemos de grandes y seamos viejos.

Entre "HOSPITALISTOS" te veas

Médicos, hospitales, pacientes y abogados de víctimas de impericia médica se encuentran del mismo lado, por primera vez en Puerto Rico, en el tema de los hospitalistas, o debo decir, ¿hospitalistos?  Sin el permiso de Pedro Scorza Viscal, médico y abogado, tomo prestada su definición de la figura del hospitalista, según estructurada en el país por un par de aseguradoras dedicadas a proveer planes de seguros de salud Medicare Advantage a nuestra población incapacitada y a la llamada tercera edad. 

Acertadamente, el doctor Scorza define los hospitalistas así: "internistas contratados por un plan médico en específico para servirle a la población de pacientes que acuden a ese hospital en específico.  Estos evalúan las consultas de sala de emergencia y admiten o dan de alta los pacientes. (Debo añadir, a veces sin ver al paciente). Si son dados alta, (los hospitalistas) reciben una bonificacion extra por cada caso, como incentivo. Si los admiten están cubiertos ya por el pago capitado mensual que reciben, no pueden facturar adicionalmente. Si mantienen las estadías promedios dentro de ciertos límites pre acordados, reciben bonificación extra estipulada por tablas de días/ pacientes, y cantidades acordadas".

Esta definición, tomada prestada al buen doctor, tiene varios elementos que vale la pena discutir, porque son eje de la controversia de todas las partes con esas aseguradoras de planes de salud.  El tema ha provocado desde insultos personales a médicos bien intencionados, alegatos de supuesta difamación, querellas formales a diversas agencias, una reclamación judicial de impericia médico-hospitalaria por la muerte de una beneficiaria de Medicare, supuestas investigaciones federales, reuniones de los representantes de hospitales con el CMS y muchísima publicidad pagada, con el único fin, a mi juicio, de controlar los daños ("damage control") que le han ocasionado toda esta publicidad en contra de sus intereses económicos.

De un tiempo a esta parte, estas aseguradoras han encontrado un gran nicho económico, actuando de intermediarios entre el gobierno federal que paga y el paciente que recibe los servicios médico hospitalarios.   Estas compañías han sido beneficiadas por cierto tipo de "franquicia" del gobierno de EEUU, a través de “Centers for Medicare & Medicaid Services” (CMS), que supuestamente regula, a la vez que aparentemente valida sus cuestionadas prácticas de negocio.  En los períodos de renovación de los planes “Advantage”, todos somos testigos de cómo estas aseguradoras privadas inundan el mercado publicitario para reclutar pacientes beneficiarios de Medicare, tal y como hacen los partidos y sus candidatos políticos en año electoral.  Esta gente le paga a ciertas figuras públicas para que, con sus sonrisas e imágenes positivas, ganadas a través de sus ejecutorias públicas a través de los  años, los endosen en anuncios en radio, televisión y prensa escrita.  El más famoso de estos endosos lo ha dado una reconocida y siempre querida figura de un  noticiario, jubilada de ese medio tras toda una vida frente a las cámaras televisivas.

La figura del hospitalista en EEUU es distinta a la definición criolla y no es mi propósito establecer cuáles son las diferencias entre una y otra.  Como parte de un llamado "programa de hospitalistas", las aseguradoras lograron acuerdos de servicios médicos, accediendo a muchos hospitales, con el propósito de integrar médicos de su selección o de la selección de unas entidades que se crearon para esos fines, a las distintas facultades médicas.  Estas entidades, se crearon simultáneamente en Puerto Rico y son corridas por ciertos médicos, naturalmente de la confianza de estas aseguradoras, con quienes tienen acuerdos económicos.  Estas corporaciones de servicios médicos, a su vez, contrataron grupos de médicos especialistas en medicina interna, que son los llamados "hospitalistas". 

Todas las instituciones hospitalarias de Puerto Rico aceptan e interesan brindar servicios médico hospitalarios a los beneficiarios de Medicare.  Después de todo, esta población es la más que requiere de cuidados médicos y hospitalarios, pues, naturalmente, tiene la salud más quebrada.  La única forma que tienen los hospitales para atraer esta "clientela", beneficiaria de Medicare Advantage, es a través de estas aseguradoras privadas, creadas bajo el palio protector de CMS y a través de las cuales, el gobierno federal paga por los servicios médicos a los beneficiarios. Los hospitales están sintiendo la presión de ser empujados a aceptar incluso médicos que no tienen privilegios como parte de sus facultades médicas y ya se han cansado.

No solo hospitales están que trina en contra de esta práctica.  Basta con mirar las noticias para conocer del descontento en Puerto Rico, a todo nivel, con esta figura del hospitalista. Los hospitales protestan, aunque algunos se la han tenido que chupar, pues es la única forma de brindar servicios a pacientes de Medicare Advantage. Los que no han accedido, han estado dispuestos a perder una porción grande de sus ingresos. 

El otro concepto que resulta altamente preocupante para el país, y que integra la definición dada al principio, es que estas compañías estén bonificando la no hospitalización de un paciente o que se dé de alta luego de un somero tratamiento en sala de emergencias,  Esta práctica, aunque pueda disfrazarse como que persigue una mejor utilización del plan médico, es alarmante porque, en el país donde el ave nacional resulta ser el ganso, incentivar económicamente a un médico por dar de alta o limitar los servicios médicos que pueda brindar, podría degenerar en la muerte de pacientes, como ha sido denunciado por un grupo de médicos en el espacio cibernético de Facebook al que llaman "Medicina Defectuosa". La medicina "defectuosa" del hospitalista, a mi juicio, resulta más amarga que la que predecía el anterior gobernador de Puerto Rico, que ya no veo por aquí.  Sin embargo, el gobernador que sí está aquí ha sido convocado por algunas de las partes en controversia a actuar, con la duda, expresada por algunos, de que un hermano suyo ostenta una posición en la alta jerarquía de una de las aseguradoras, cuya práctica es cuestionada.

En fin, la solución económica que complazca a hospitales, médicos y aseguradoras no es fácil ni está a la vuelta de la esquina. Para el jamón del sándwich, que siempre es el paciente, la vida discurre. . ., a su suerte.

Nota 27 de mayo de 2013
En una asamblea del Colegio de Médicos de Puerto Rico, celebrada el pasado sábado en Ponce, los galenos allí reunidos ratificaron sus objeciones a la figura del hospitalista, según implantada en nuestra Isla por varias compañías de planes médicos.  Me parece que a Medicare no les importa mucho la estructura de pagos (capitación o pago por servicio) que sea utilizada por las aseguradoras que reciben el dinero y que fungen de intermediarias y los médicos de sus distintas redes.  Creo que la implantación y consecuencias de políticas de pago a los llamados hospitalistas será lo que eventualmente se defina en los distintos foros; a ver si el gas pela.