Muchos han sido los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico. El asertivismo social que han desplegado las víctimas, muchas veces bajo el liderato de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica y otras de forma individual, ha hecho abortar exitosamente muchos de éstos.
La batalla se ha dado en muchos frentes, desde marchas en la calle y artículos o entrevistas en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Ha sido una lucha ardua, que ha contado con la participación de muchos héroes, de todas las edades y condiciones sociales. Ha sido una pelea que se ha dado en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, que potencialmente pueden ser o han sido pacientes. Sin embargo, la lucha continúa pues los grupos de presión compuesto por médicos y hospitales, no cesarán en su empeño de mermar, disminuir, poner escollos y tal vez, eliminar los derechos de los pacientes que puedan poseer una meritoria causa de acción por impericia o negligencia médico hospitalaria, por haber sufrido daños a manos de un médico o de algún personal hospitalario.
El último intento en esta dirección, en mi opinión, ha sido el P. del S. #2195, sometido el 26 de mayo pasado por la administración del señor gobernador Luis Fortuño al Senado de Puerto Rico para su aprobación. Pretende esa pieza legislativa, de 42 páginas, ser vendida como un proyecto de ley que garantiza “a la población el acceso a mayores y mejores servicios de salud”, en cumplimiento de “uno de los compromisos más importantes de esta Administración con el pueblo de Puerto Rico”, según reza su exposición de motivos.
No se han conformado con ampliar innecesariamente el derecho a hogar seguro al valor total de la residencia principal de un médico y hacerla inmune a un embargo, bajo el pretexto de favorecer a todo el que posea una residencia, "across the board". El proyecto de ley del senado 2195 es ambiciosamente abarcador pero, más importante aún, parte de varias premisas, por decirlo diplomáticamente, sumamente interesantes. Esta pieza impone un tope a la compensación por daños no económicos, estructura un nuevo panel de arbitraje o una "comisión", como le llaman ahora. También incorpora conceptos jurídicos y definiciones nuevas como la de daños catastróficos y la de fondo de compensación al paciente.
Este proyecto es pieza de estudio obligado para ser analizada, de forma objetiva y seria, por la Comisión de Salud e Impericia Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La composición de dicha comisión de este gremio profesional garantiza ese importante análisis que afectará potencialmente a toda la población del país. Me consta que grupos de estudiantes de todas las escuelas de derecho están discutiendo y analizando también este proyecto de ley, como parte de sus obligaciones en la enseñanza jurídica.
Dentro de su membresía, Osvaldo Toledo, presidente del Colegio, nombró en la comisión referida unos cuantos abogados de víctimas, algunos de médicos y otros de hospitales. Este análisis debe suponer una discusión abierta y profunda, que culminará con unas conclusiones importantes y no apresuradas que, seguramente, incidirán, de forma contundente, en la discusión pública de ese proyecto de ley. El pueblo no espera menos de su Colegio de Abogados.
Nota del 4 de noviembre:
Asistí a la primera reunión de la comisión de salud e impericia. Por lo que escuché, se evidenció, en los componentes de la comisión, un interés genuino de analizar el 2195 de una forma objetiva y profesional. No comparto la idea de imparcialidad frente a los ataques burdos y contínuos en contra de los derechos de los pacientes de nuestro país. Los médicos y hospitales no necesitan privilegios adicionales. Sin embargo, felicito a mis colegas y los insto a completar su encomienda gremial. Saben que, de todas formas, poco importa al gobierno la opinión del Colegio que quisieron enterrar y no pudieron. En lo que a mí respecta, he dicho antes que estoy prejuiciado en favor de los pacientes y de las víctimas de impericia médica. El 2195 es malo porque pretende estar basado en ausencia de estadísticas pertinentes o fundamentado en estadísticas incompletas o interpretaciones erróneas y en conceptos equivocados. Además, su fin primario y último es complacer a los médicos en contra de los derechos de sus propios pacientes y para mí eso lo vicia de entrada. Ya lo verán.
Cumpliendo mi deber al aceptar ser miembro de la comisión, dejaré saber a sus miembros y al presidente del Colegio mi opinión informada sobre esa pieza legislativa y la reforma que persigue. Sin embargo, esa reunión fue mi debut y despedida. Creo que es lo mejor. La comisión tiene demasiadas pretensiones de imparcialidad para mi gusto.
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