No han sido pocos los intentos legislativos desde 2002 para imponer topes a las compensaciones de daños no económicos, en el tema de la impericia médica en Puerto Rico. Tales intentonas han encontrado de frente a la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médica, a los abogados que las representan y a varios legisladores, incluso del partido de gobierno, como lo han sido la senadora Lorna Soto y el presidente del senado Thomas Rivera. A pesar de los pesares, hasta ahora, los llamados topes a favor de todos los médicos y hospitales no se han impuesto, y se han quedado “varados” como se ha dicho en la prensa.
Viéndolo todo en retrospectiva, estoy convencido de que los llamados topes no se impondrán de momento, al menos, no de la forma en que están siendo propuestos. Hay mucha oposición en el horizonte - de demasiada gente - y esto le representa al gobierno un problemón de índole político, al cual no querrá exponerse dentro del año de las elecciones generales. Sin embargo, irrespectivo de lo que pueda o no ocurrir con los políticos de turno, es importante que se sepa que el tema de los topes solo representa la punta del iceberg, en lo que respecta a todo lo que pretenden hacer para favorecer a los médicos y a los hospitales, en perjuicio de los derechos de los pacientes, que podemos ser todos.
Los asesores del señor gobernador Fortuño se han inventado crear un fondo disque para favorecer a pacientes menores de 21 años que hayan sufrido daños catastróficos. También quieren crear una "comisión" compuesta de gente que, en definitiva, no responderá precísamente a los derechos o intereses de los pacientes, y que, lejos de propiciar el acceso libre, limitará el acceso del paciente a los tribunales cuando no se cuenta de antemano con un informe pericial. Peor aún, se pretende, además imponerle al paciente una fianza, de cantidad indeterminada, la que sea "proporcional" a la suma reclamada (no dicen la proporción), para que pueda seguir litigando, cuando la llamada comisión opine que su demanda radicada carece de mérito. Los que saben de fianzas civiles pueden dar fe de lo costosas y difíciles que son de conseguir. Mi opinión es que, con todo lo que esta gente nos ha servido en la mesa, habrá que dejar de lado el tema de los topes, que tanto ha sido discutido y que, casi literalmente, ha logrado colocar equivocadamente a los médicos y a algunos abogados en un ring de boxeo, como si fueran los contrincantes en todo este tema.
Por varios años han entretenido la discusión pública con el tema de los topes. Mientras, el gobierno actual ha logrado aprobar legislación que le concede inmunidad a decenas de médicos en Puerto Rico, equiparando las demandas en su contra a aquellas que se radican contra el Estado, imponiendo los mismos topes compensatorios irrisorios que existen en esos pleitos de $75 mil por persona y $150 mil por incidente, irrespectivo de las víctimas. Mareándonos con el asunto de los topes, el gobierno actual logró aprobar legislación que amplió el derecho a hogar seguro, que antes era de solo $15 mil, al valor total de las residencias de los médicos, para que no se puedan embargar si se gana un pleito en su contra.
Los que proponen la nueva ley de impericia achacan a las demandas de impericia médica la “falta de disponibilidad” de médicos especialistas en Puerto Rico. Argumentan que existe “proliferación” de demandas frívolas y que éstas encarecen los servicios médico-hospitalarios. Siguen achacando a las demandas de impericia médica una alegada “fuga” de médicos hacia EEUU. Los proponentes de la ley achacan la disminución de obstetras en el país a las demandas de impericia médica. Hablan de falta de acceso de pacientes a médicos especialistas. Los proponentes de la ley achacan la práctica de medicina defensiva en algunos médicos al temor que tienen a las demandas de impericia. Los proponentes de la ley alaban a estados como Texas, que han incorporado medidas que limitan los derechos a los pacientes, experimentando un aumento en los médicos especialistas. Con todos esos argumentos, los proponentes de las leyes de impericia quieren aprobar una reforma que le ronca la manigueta y nos están pasando gato por liebre, mareándonos con el tema de los topes que no van para ningún lado.
No es de extrañar; los proponentes de la ley engañan a los pacientes y siguen repitiendo mentiras y falacias con el objeto de que el pueblo a la larga se las crea. Las demandas de impericia médica no han ido en aumento en Puerto Rico, por el contrario, han mermado desde hace unos cuantos años. Números de SIMED, el sindicato de impericia médica de Puerto Rico, así lo comprueban y se los han suplido a la legislatura.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de seguro de impericia médica son más bajos en Puerto Rico que en EEUU, donde los veredictos y sentencias en contra de médicos y hospitales son también más altos. Ellos lo saben, pero repiten las mentiras. La verdad es que siendo así, las demandas de impericia médica no provocan la ida o “fuga” de los médicos y otros profesionales de la salud de Puerto Rico; la pobre calidad de vida que aquí se vive sí. La política de dictar pautas de tratamiento y la morosidad en el pago a los suplidores de las compañías de planes de seguro médicos sí. La falta en nuestro país de centros para hacer residencias o especialidades médicas sí. La propia Dra. Filiberti, presidenta del Colegio de Médicos así lo ha expresado a la legislatura. Si los médicos se fueran de Puerto Rico por las demandas, entonces estarían cambiando chinas por botellas y no se puede creer que sean tan ingenuos como para hacerlo.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Puerto Rico ha experimentado disminución de especialistas médicos no porque teman a las demandas de impericia. Han mermado porque el gobierno ha cerrado centros de enseñanza para las especialidades médicas, teniendo los estudiantes que se gradúan de medicina que irse a EEUU para seguir sus estudios en algunas especialidades. Una vez estudian y se gradúan en Estados Unidos, la mayoría se queda porque obtienen mejores ofertas. En cuanto a los parteros, al disminuir las residencias médicas, los obstetras son menos y siguen poniéndose viejos, dejando las amanecidas con parturientas a los más jóvenes.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Pretenden comparar la reforma de las leyes de impericia médica del estado de Texas, quitando derechos a los pacientes, con un aumento en médicos especialistas. La cruda verdad es que Texas no solo ha experimentado un aumento considerable de médicos especialistas en los últimos años. Es honesto también decir, sin embargo, que Texas es el estado de mayor aumento poblacional en la última década en los Estados Unidos. Por tanto, es de esperarse que muchos médicos también se hayan mudado a ese estado. Pero siguen repitiendo mentiras y falacias.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. No ha habido en Puerto Rico proliferación de demandas frívolas. La proporción de 70/30 de demandas que terminan a favor de médicos u hospitales (por cierto, igual al resto del mundo) no significa que el 70% de las demandas radicadas son frívolas o carentes de mérito. Hay multiplicidad de factores que inciden en las razones para esa proporción. Por ejemplo, los médicos en PR no hacen peritaje a favor de las víctimas. Solo unos pocos médicos están dispuestos a hacerlo. Las víctimas y sus abogados tienen que recurrir a médicos peritos del exterior que cobran sumas cuantiosas por ese trabajo, imposibilitando, muchas veces, su contratación y la ventilación de sus juicios. Por otro lado, el hecho de que el paciente pierda su caso en el tribunal o lo desista, no tiene que ver con falta de mérito de su demanda. Sencillamente no prevaleció a los ojos del juzgador que tuvo ante sí dos versiones periciales del mismo evento y tuvo que adoptar una o sencillamente no ha podido conseguir peritaje. Por otro lado, ante los ojos del pueblo, el médico cuenta con mayor aprobación que el abogado, por lo que resulta siempre difícil probar en un tribunal que un médico cometió un acto de impericia que le ocasionó daños a su paciente.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de los servicios médicos en PR están regulados por los propios planes de seguros médicos que le pagan a los suplidores de servicios. El hecho de que un médico tenga o no una demanda de impericia médica en su contra nada tiene que ver con lo que cobra al paciente. Por otro lado, los procedimientos que realizan los médicos para diagnosticar o tratar un paciente en Puerto Rico están regulados igualmente por los planes de seguro de salud. Un médico no puede ordenar pruebas que no estén incluidas en el protocolo de tratamiento, ya que no serían pagadas por los planes de seguro médico. Si lo hace no cobra; así de sencillo.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Una comisión de cernimiento o panel de arbitraje no es justa para los pacientes, sino que impedirá y pondrá escollos adicionales a los existentes, al acceso de las demandas a los tribunales. Sus miembros serían escogidos por el gobernador, el Secretario de Salud, por el Colegio y la Asociación de Médicos de Puerto Rico. Ah, y por el Tribunal Supremo, “con la ayuda de las entidades que estime conveniente”; o sea, con la ayuda de la PR Lawyers Ass.
Los proponentes de la ley engañan a los pacientes hasta con el nombre que le ponen al proyecto. Debemos desnudar las mentiras y falacias contenidas en las exposiciones de motivos; olvidemos por un rato los topes.
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