El senador Thomas Rivera Schatz y la senador Lorna Soto inicialmente aparentaron proteger a las víctimas de impericia médica, sirviendo de escudo a algunos intentos del primer ejecutivo del país para pasar legislación que afectaba a los pacientes. Estos senadores pusieron un detente a las intenciones para imponer un tope a la compensación de daños no económicos, cuando Fortuño trató de que fuera $250 mil. Sin embargo, cuando, de forma unilateral, autoritariamente, el Secretario de Salud, Lorenzo González, hizo un reglamento concediendo inmunidad del Estado a diez hospitales privados y, por ende, a los facultativos médicos que allí trabajan, imponiendo, además, un tope de $75 mil a todos los daños, estos senadores de la entonces mayoría hicieron mutis y miraron hacia otro lado. Cayeron en la trampa, voluntaria o involuntariamente, de los llamados "centros de trauma".
Fue la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM) que auspició anuncios en la radio pidiendo al gobernador Fortuño que lo dejara sin efecto. En respuesta, el llamado contralor electoral los censuró burdamente, teniendo que ser demandado en la corte federal por AVIM que prevaleció a fuerza del malletazo correctamente dado por el Juez Daniel Domínguez. Aún así, y teniendo la oportunidad única de echar pa'lante en favor de AVIM, Rivera Schatz y Lorna Soto volvieron a hacer buche. Soto pagó por ello en las elecciones generales. La cuenta de TRS con las víctimas de impericia médica aún está pendiente de cobro y solo la distribución electoral que se hizo bajo su dirección, entre candidatos a senadores por acumulación, lo salvó.
Este año fue difícil para todos los que vivimos en Puerto Rico y, obviamente, también lo fue para las víctimas de impericia médica, con una segunda excepción que salió a la luz pública. Casi al filo de fin de año, el Procurador de la Salud, antes Procurador del Paciente, impuso una multa de $10 mil al Centro Médico por el caso del niño de Arecibo que no fue trasladado a tiempo del Hospital Cayetano Coll y Toste de esa localidad, debido a una alegada falla en el sistema de comunicaciones. Esa es la multa máxima que puede imponer dicho funcionario en cualquier investigación que haga, aunque el Centro Médico aparentemente no se cruzará de brazos.
No sé si los padres del menor que, eventualmente murió, están conformes con esa determinación administrativa. No sé si ese fin era el perseguido por ellos. Aunque felicito al Procurador de la Salud, este caso me deja un sabor agridulce, pues estimo que nuestro sistema para dilucidar controversias sobre impericia médico hospitalaria, en general, se queda corto, desde el punto de vista de justicia para las víctimas. Casos como ese y otros que he llevado y que conozco por referencia, deben ser tratados, no solo desde el punto de vista administrativo o civil, sino también en el aspecto penal. No es nuevo, ya antes he favorecido esta postura, que es seguida en muchas naciones de vanguardia y la he discutido desde este foro.
Veremos lo que nos depara el 2013. Espero que muchas actitudes, con la llegada de este nuevo gobierno cambien y que el año viejo, como decían antes, se lleve toda la basura, especialmente aquella que se tira en dirección del paciente y del que ha sido víctima de una mano negligente. Espero que el 2013 traiga mucha salud a nuestra población y que las actitudes cambien. Si no cambian, tendremos que seguir luchando duro para conseguir una justicia plena. Pero ahí estaremos.
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