El Colegio de Médicos contó inicialmente con la ayudita del representante Rafael García bajo el gobierno de Sila Calderón. Bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, contó con la mano pesada del senador Julito Rodríguez, ambos profesionales médicos metidos a políticos y electos por el Partido Popular Democrático. Una y otra vez, las expectativas del Colegio de Médicos y de estos distinguibles legisladores del patio chocaron contra la muralla de la AVIM, dirigida en distintas fechas por padres de niños víctimas de la mano negligente. La potente voz de las víctimas se ha alzado y ha prevalecido solita, sin la ayuda ni colaboración de los legisladores de ambos partidos que se han turnado en el poder.
A principios de este cuatrienio, el gobernador Fortuño le hizo una promesa al Colegio de Médicos de que impulsaría legislación en el tema de impericia médica, entre otras limitaciones de derechos del paciente, para imponer un tope a las compensaciones no económicas, nuevamente de $250 mil, además de brindarle un derecho a hogar seguro a a las residencias de los médicos, para que no pudieran serle embargadas, en caso de ser culpables por impericia. En una especie de quid pro quo, se aprobó el derecho a hogar seguro, no solo a los médicos sino, inteligentemente, para no discriminar, a favor de toda la población titular de residencias en el país. En esta ocasión el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz y la senadora Lorna Soto, tronaron en contra de esas intenciones y la medida de los topes volvió a colgarse. La AVIM y los pacientes tuvieron en esos senadores del PNP aliados incuestionables.
En 2009 se aprobó una ley para facilitar el centro de trauma de Mayagüez contara con el beneficio que tienen las facilidades hospitalarias y sus médicos. Esto es, extender a este centro de trauma los beneficios de inmunidad y tope de $75 mil a todos los daños que se les reclamaran por algún evento de impericia médica o de negligencia hospitalaria. Ello, bajo la premisa de que los pacientes de traumas severos del área oeste se quedaran allá y fuesen tratados por los médicos especialistas de trauma, sin necesidad de ser trasladados al centro médico de Río Piedras, causando un hacinamiento innecesario en esa facilidad terciaria. Aunque muchos vimos esta medida con cierto recelo, fue aprobada sin mucha objeción porque, en principio, el propósito no se podía cuestionar mucho.
Armados con la legialación que lidiaba con el tema del centro de trauma, el gobernador y el Secretario de Salud se percataron de lo que los abogados llamamos un pequeño ‘loophole’ en la ley y se dispusieron a abrirlo a nivel de boca de dron. Esta vez, extendiendo por reglamento, la concesión de los beneficios de la ley de pleitos contra el estado (inmunidad y topes) a alrededor de diez hospitales privados, hasta ahora, regados por todo Puerto Rico.
Percatada del abuso y uso de poder excesivo o ultra vires que estos funcionarios hicieron aparentemente de noche, bajo el radar, la AVIM pautó anuncios radiales, persiguiendo que Fortuño revocara el reglamento aprobado por el Secretario de Salud y, por tanto, eliminara los beneficios concedidos a estas entidades hospitalarias privadas. Esos anuncios duraron poco porque fueron efectivos.
Tan efectivos fueron los anuncios de AVIM que un funcionario llamado Manuel Torres, contralor electoral de reciente cuña, los prohibió unilateralmente, sin vista, catalogándolos de anuncios políticos que requerían un permiso previo de la comisión electoral. En otras palabras, este pequeño funcionario amordazó a la AVIM, so pretexto de que requería que se les certificara y se le expidiera un permiso previo para pautar estos anuncios. Una censura previa desnuda, sin precedente alguno en Puerto Rico.
Múltiples han sido los argumentos levantados públicamente de carácter constitucional y social, incluso por AVIM ante la corte federal, mediante un pleito radicado ayer 2 de octubre en contra del censor electoral Torres. Dos abogados constitucionalistas de renombre en el país, Carlos Gorrín Peralta y Carlos Ramos, han levantado también banderilla roja, exponiendo los derechos constitucionales especificamente lesionados. Profesores universitarios y asociaciones de la prensa del país han dictado cátedra, uniéndose a la voz de protesta. Líderes políticos han expresado su oposición a la medida de mordaza o censura previa. Nada han dicho, sin embargo, Rivera Schatz ni la senadora Soto, otroras disque defensores de los pacientes.
El pleito federal de AVIM persigue sustancialmente que se ordene a dicho contralor electoral abstenerse de prohibir dichos anuncios, ya que su directriz violenta el derecho de expresión de la AVIM, como una entidad que carece de fin político sino que tiene una agenda social privada, en pro de las víctimas de impericia médica y de los pacientes en Puerto Rico. Si es que el pequeño contralor y Fortuño no rectifican, la AVIM eventualmente prevalecerá, porque, difícilmente, un juez federal pueda validar una jaibería política de esta magnitud, dicen algunos, decisión peregrina y brutalidad dicen otros.
Esta directriz del pequeño contralor imponiendo mordaza, la emite para proteger al gobernador Fortuño. Es obvio que los anuncios han dado duro y han calado fuerte en el país contra su imagen y su actitud, ya evidentemente crónica, de proteccionismo a rajatabla en favor de los médicos e instituciones hospitalarias, bajo la excusa hipócrita y patética de que beneficia a los pacientes. Mientras, sorprendentemente para este autor, el presidente del Senado y la senadora Soto hacen mutiz. Mientras no condenen esta MORDAZA, estos senadores son percibidos como simples políticos, haciendo causa común con el presidente de su partido político, en contra de los pacientes, a quienes en una ocasión protegieron.
No hay mucho tiempo; si los senadores no hablan, el peso de la opinión del paciente no solo recaerá en Fortuño sino también en su contra. De igual manera, pensaremos que, en época eleccionaria, 'Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?
Nota 5 de octubre
A las pocas horas de colgar este post, y no necesariamente porque el hombre lo leyó, el "contralor electoral" dio una virazón y se autocensuró. O sea, dio un paso atrás y revocó la censura previa o su prohibición para que AVIM pautara sus anuncios. Digo que fue un paso atrás porque, según dijo, la investigación sigue y si se evidencia que AVIM "no cumplió con la ley" expedirá nuevamente la prohibición. Es decir, resucitará su censura o, lo que es igual, se des-autocensurará. Mientras, el pleito federal debe seguir, porque lo que pretende hacer este funcionario no está nada bien y es contrario a lo resuelto por el mismísimo Tribunal Supremo de los federicos. Ya el tiempo dirá qué pasará. ¿Los senadores? Chitón.
5 de octubre PM
El juez federal Daniel Domínguez, aunque no dio paso al injunction preliminar, por académico, decidió mantener el pleito vivo ya que los issues constitucionales, sobre violación de derechos civiles, siguen estando en controversia. BRAVO!!
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