Las cesáreas en Puerto Rico y el P. del S. 2407

Como hemos dicho antes, la impericia médica en Puerto Rico es un tema apasionante para unos pocos abogados y ejecutivos de seguros, pero que toca a casi la totalidad de los médicos y que interesa a unos cuantos legisladores. En esta ocasión la legislatura del país aprobó una medida, el P del S 2407, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, que intenta atajar el gran problema del alto número de cesáreas no indicadas en Puerto Rico, que nos ha impuesto la cuestionable distinción de nuevos líderes mundiales en ese renglón de la práctica de la medicina.

El proyecto aprobado por ambas cámaras legislativas tiene sus méritos, pero también sus defectos, quizá debido a que la senadora y su equipo de trabajo no contó con el asesoramiento de las personas que verdaderamente saben de ese tema en el país, desde el punto de vista médico. Aparte de plantear el grave problema del alto número de cesáreas no indicadas, el proyecto carece de “dientes”, parafraseando al amigo médico Dr. José Gorrín Peralta, experto en esa área. Sin embargo, creo que este proyecto puede ser un paso en la dirección correcta, aunque temo que, por sus defectos intrínsecos y objeciones múltiples, será vetado por el gobernador.

Esta vez no fue volando bajo el radar; el proyecto es una medida que se aprobó en la legislatura “por descargue”, un método legislativo cuestionable, usado por décadas en nuestro país y que no representa la forma más prudente y juiciosa a la hora de legislar por el bien común. En el argot beisbolero, la aprobación de esta medida por descargue sería calificada como una bola de humo, lanzada a más de 90 millas por hora y que muy pocos bateadores alcanzaron a ver.

Como era de suponer, la medida legislativa cuenta con la no sorpresiva oposición de parte de la clase médica del país. En síntesis, conforme al proyecto, los hospitales y obstetras tendrían que revelar cada cierto tiempo las razones para optar por una cesárea en un parto, caso a caso. El Departamento de Salud guardaría esas estadísticas en una base de datos y las haría disponibles al público en general, quienes alegadamente estarían mejor informados a la hora de decidir qué obstetra utilizar y en qué hospital asilarse para este evento importante en su vida. Presume la medida que esta revelación de información impuesta necesariamente contribuirá a la disminución de las cesáreas, en aquellas ocasiones en que no estén verdaderamente indicadas. "Wishful thinking", como dirían nuestros conciudadanos del norte.

La renuencia de los médicos es fácilmente comprensible. Esta clase no acaba de entender las razones tras su deber ético de rendir cuentas por sus actos, no solo a su paciente y sus familiares sino, en su momento, ante la sociedad. Anteponen su llamado “juicio clínico”, como un escudo, a todas sus decisiones médicas que tienen que ver con el tratamiento de sus pacientes. Esa clase profesional está convencida que con ello tiene la mejor defensa ante cualquier alegación de un paciente que cuestione sus actuaciones.

Sin embargo, en lugar de comenzar a levantar el argumento del "juicio clínico" y diversas justificaciones para el alto número de cesáreas en Puerto Rico, el dato conocido y nuevamente traido a la atención pública debería constituirse en motivo de vergüenza, particularmente para la clase médica del país. Es realmente un bochorno para todos el que Puerto Rico tenga la dudosa distinción de ser el país en donde más cesáreas ocurren proporcionalmente. Los médicos obstetras deberían hacer un acto genuino de introspección para sacudirse esa etiqueta y evitar tales distinciones que no hacen sino sembrar dudas genuinas sobre la capacidad profesional de éstos y las verdaderas razones tras el alto número de cesáreas.

Desde hace mucho tiempo he repetido hasta la saciedad que una cesárea no indicada constituye un acto de impericia médica que ocasiona daños que deben ser retribuidos. Estoy confiado que no seré una voz que clama en el desierto y que, en algún momento, los tribunales respaldarán esta posición. Una cesárea no indicada representa una agresión a la mujer y a su familia. Acarrea no solo el daño físico que representa una cirugía abdominal con todos sus riesgos inherentes y posobles complicaciones, sino también trae consigo daños emocionales a la madre y a su entorno familiar.

A menos que creamos que nuestros obstetras y nuestras mujeres son la gente más cobarde y pusilánime del mundo; los obstetras con el miedo a las demandas y las mujeres a parir como Dios manda, no debe existir una justificación razonable para la alta tasa de cesáreas en el país. Sencillamente no puede ser; ni lo uno, ni lo otro.