La impericia médica en Puerto Rico es un tema que apasiona a unos pocos abogados y ejecutivos de seguros, pero que toca ciertamente a casi la totalidad de los médicos. Ocasionalmente, los legisladores del país se han dado a la tarea de raspar un poco la superficie del tema, intentando insertar medidas - algunas serias y otras no - para corregir unos alegados problemas que las distintas asociaciones, sociedades y colegios de médicos traen ante su consideración.
El 22 de abril de 2007 se presentó el Proyecto de la Cámara 4333, auspiciado por los representantes Rodríguez Aguiló, Toñito Silva y Ferrer Ríos, presidentes de comisiones los primeros dos y portavoz de la minoría el tercero. Desde entonces, parafraseando a un amigo en la industria del seguro, ha venido “volando bajo el radar”, pues no se le había dado publicidad ni se había discutido públicamente. Esta pieza de legislación pretende enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para alegadamente lidiar con una situación de éxodo de médicos al exterior, escasez de especialistas médicos en el patio, la supuesta presentación de “demandas frívolas” de impericia y los costos de las primas de sus seguros, entre otros. Conteniendo algunas redundancias, por decir lo menos, y conceptos legales confusos, este proyecto revela un dominio fofo del derecho vigente de daños, especialmente con relación al tema que pretenden legislar, quizá por el hecho de que uno solo de los que lo presentara es abogado.
Nuestros legisladores quieren hacer mandatorio el llamado panel de arbitraje para ventilar las reclamaciones en primera instancia. Actualmente el nombramiento de este llamado panel es discrecional y, que sepamos, nunca se ha implantado en los tribunales por los jueces, con mejor juicio que algunos de los que importaron la idea de los norteamericanos hace unos cuantos años. Esta figura, que pretende cernir de antemano las reclamaciones de las víctimas antes de llegar a juicio, es sencillamente un garabato jurídico. Fue sugerido hace unos años de la misma forma y se aguó de la manera que existe luego de acuerdos llegados en una comisión conjunta de la legislatura. El panel de arbitraje, así licuado, fue incorporado a nuestra legislación boricua con el ánimo de complacer a un grupo de obstetras que amenazaban con no atender a sus parturientas si no se legislaba algo de lo que propusieran; y así fue dibujada esta cosa. La mandatoriedad de un panel de arbitraje, según lo quieren legislar nuevamente, es de dudosa constitucionalidad porque representa una delegación indebida del poder judicial de los tribunales. Se lo dijimos en aquel entonces y parece que nuestros muchachos en la asamblea legislativa lo han olvidado.
El proyecto referido cubre una gama de sub-temas dentro del principal de la impericia médica; pretende abarcar mucho, pero creemos que apretará poco, si algo. Con esta pieza regresa por sus fueros el viejo intento de poner un tope a las compensaciones que se le otorga a la víctima de impericia médico-hospitalaria en Puerto Rico; esta vez de $250 mil por daños no económicos, es decir, por sus sufrimientos y angustias mentales. Este tipo de disposición afecta a aquellas víctimas y a sus familiares que han sufrido los mayores daños, probablemente catastróficos. En esa medida, podrían levantarse también controversias constitucionales sobre clasificaciones sospechosas y debido proceso de ley.
El proyecto también distingue aquellos actos de impericia que se categoricen eventualmente por el juez como negligencia crasa, de los que sean calificados como negligencia ordinaria. Aunque podría ser un paso en la dirección correcta, las penalidades que sugiere el proyecto se quedan cortas y son tenues. Por decir un ejemplo, aquellos médicos que incurran en impericia médica estando en estado de embriaguez, no solo deben ser objeto de sanciones administrativas por el TEM; se deben someter a un proceso criminal, que aún no está contemplado en nuestro sistema de justicia, contrario a otros países. Por otro lado, no hace diferencia con relación a la consecuencia lesiva que produzca el acto de impericia médica, lo que, a mi juicio, representa un serio defecto de su faz.
El proyecto también elimina el concepto de solidaridad entre los co-causantes del daño, haciendo la mancomunidad la regla. En este tema debo admitir que cada cual lo mirará desde su prisma. Los médicos tienen un punto de vista y las víctimas tendrán otro. Como abogado de víctimas de impericia médica, suelo favorecer al eslabón más débil de la cadena que es el que sufre el daño y no el que lo causa. Favorecemos la permanencia del concepto de solidaridad, sencillamente porque es lo más justo dentro de un sistema que ya le concede privilegios a la clase médica, a diferencia de otros grupos profesionales, empezando por la conocida presunción de corrección en su manejo y tratamiento del paciente.
Finalmente, la legislatura quiere con este proyecto colocar en rojo nuevamente las finanzas de SIMED, cuando prohíbe la imposición de recargos a los asegurados, a menos que no recaiga sentencia final y firme, bien sea por transacción o por juicio. Creemos que este es un tema supra técnico, que concierne a SIMED y a la Oficina de la Comisionada de Seguros defender. El sistema actual de cobro de estos recargos podría ser catalogado como injusto por algunos. Sin embargo, si tomamos en consideración que solo el 7% de los médicos asegurados con SIMED son “víctimas” de estos recargos económicos y que solo se imponen luego de la tercera demanda en su contra, vemos que no lo es tanto. Menos injusto podría parecernos la imposición de recargos si le añadimos a esto que el 85% de los médicos asegurados por SIMED nunca han sido demandados. Por tanto, sin darle mucho análisis a la mecánica de estos recargos, que parece comprender pocas personas en la industria, nos aventuramos a decir que esta medida tampoco se justifica con estos números.
En fin, este puñado de médicos y sus amigos legisladores han vuelto a la carga, alegadamente en defensa de los pacientes de Puerto Rico, porque aseguran que habrá más médicos dispuestos a quedarse en nuestra isla y no volar la cerca. Presumo que los abogados tenemos también la culpa del éxodo de maestros, bomberos, policías, ingenieros y otros profesionales ajenos a la industria de la salud, que ha proliferado durante los últimos años.
Con esta muestra de sus "buenas intenciones", sigo creyendo que los pacientes se defienden mejor solos. Este proyecto pretende quitar a los pacientes derechos fundamentales, firmemente establecidos en nuestro sistema compensatorio y victimiza nuevamente a aquel que ha sufrido daños como resultado de una impericia médica. Es sencillamente un refrito, jurídicamente defectuoso, probablemente redactado con poco estudio y quizá menos juicio y actualmente sin tiempo para que se consideren todos sus ángulos y vertientes legales en forma responsable. Un proyecto que estos amigos han pretendido volar bajo el radar, sigilosamente y que, en nuestra opinión y la de muchos, se estrellará irremediable y merecidamente.
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