No es abogado y, que sepamos, no ha practicado el aspecto clínico de la medicina por algún tiempo, pero el Dr. Walter Frontera, presidente y decano de la escuela de medicina de Puerto Rico, ha lanzado una “idea” para lidiar con, lo que él entiende, el problema de la impericia médica en nuestro País. Mediante la creación de “juntas regionales” el Dr. Frontera dice que se pueden atender querellas por impericia médica, sin descartar el derecho al acceso judicial de los pacientes agraviados.
Añade la lacónica noticia de Prensa Asociada, probablemente resultante de una entrevista de media hora con el periodista ponceño Pepén Fernández Colon del 15 de agosto, que “las juntas para atender las querellas sobre posible mala práctica médica es al menos un mecanismo para atender de manera justa cualquier reclamo que pudiera tener un paciente.”
Sin entrar en juicios valorativos sobre lo que el buen doctor pueda o no entender como una "manera justa" para atender reclamos de los pacientes, el Dr. Frontera añade algo que es sumamente interesante: “que estadísticamente tal vez no haya un problema de impericia médica”, pero que, irrespectivo de que sea así, los médicos optan por practicar la medicina defensiva, para evitar una acción legal en su contra.
Despues de leer eso, cabe preguntarse entonces, ¿en qué lado de la cancha existe el problema de la impericia medica, si es que existe? ¿Quién es el responsable de que pueda plantearse la existencia de un problema de impericia medica, el paciente o el médico? ¿Resulta necesaria la creación de un foro adicional para ventilar quejas de los pacientes o sus familiares sobre alegadas impericias medicas? ¿Es tan detrimentalmente significativa la práctica de la medicina defensiva?
Lejos de pretender matar el mensajero, en lugar de su mensaje, vamos a darle el beneficio de la duda al buen doctor boricua por un momento. Si la idea que lanza es de buena fe, y no vamos a dudarlo, tenemos que, por obligación, descartarla desde el saque por ser ingenua, deficiente y, por decir lo menos, innecesaria.
Una junta sobre impericia médica como la que el Dr. Frontera propone, supone estar compuesta por un grupo de profesionales (médicos y quizás alguno que otro abogado) que reciban, analicen y hagan unas determinaciones sobre las controversias que se le planteen. ¿Y después, que? ¿Tendría facultad esa junta que determina que el médico fue negligente para compensar a la victima? ¿Tendría facultad para imponer algún tipo de sanción ética, económica o administrativa al médico negligente?
Los hospitales tienen los llamados comités de “peer review” que no son otra cosa que colegas analizando las alegadas metidas de pata de sus colegas. Por ley, estas investigaciones son confidenciales y sus hallazgos están fuera del proceso de descubrimiento de prueba en una demanda; es decir, que en teoría, la victima de impericia médica nunca se entera si se toma algún tipo de sanción contra el médico negligente. Los hallazgos y determinaciones de este tipo de comité solo son para consumo del hospital y del médico en cuestión. Pero no hay que ser muy optimista con las sanciones potenciales; a lo sumo, le quitan los privilegios al médico o se los suspenden por un tiempo. ¿Y el paciente?
El Colegio y la Asociación Medica de PR tienen sendos comités de ética que pasan juicio sobre actuaciones de los médicos que atenten contra los distintos códigos de ética del gremio. Tienen además la facultad para hacer vistas y radicar querellas ante el antiguo Tribunal Examinador de Médicos, en procura de sanciones para el médico, por alguna querella sobre impericia medica que algún paciente presente en contra de este. Que yo sepa, ni la Asociación ni el Colegio han radicado querella alguna en contra de algún médico, asociado o colegiado, por una alegada impericia medica.
Tenemos también la Oficina de la Procuradora del Paciente de Puerto Rico, que se supone atienda quejas de impericia medica que tengan los pacientes en nuestro País. Desde que se radica la queja en esa oficina hasta que se resuelve, si tiene suerte, al paciente se le puede pasar el tiempo, le prescribe su caso, y se queda así sin su derecho a demandar. Sin embargo, esa es una oficina con una directora y un presupuesto que investiga, rinde lo que se presume es un informe pericial y solo termina radicando otra querella mas ante el TEM, haciéndola formar parte de las miles que están durmiendo el sueño de los justos en ese lugar. Tampoco tienen la facultad legal de ordenar compensar al paciente por sus daños.
La ineficiencia, el desinterés, la dejadez y la falta de herramientas jurídicas de los foros alternativos existentes en la actualidad en Puerto Rico para lidiar con los casos de impericia medica, no justifica, sin embargo, la creación de otro más, como el propuesto por el galeno ponceño. Las juntas regionales del Dr. Frontera, aunque no sea ese su propósito o interés, serían otro muerto más que solo lograría desenfocar a las víctimas de impericia medica de acudir al único foro que ha mostrado algún grado de efectividad en Puerto Rico. Lo desviarían de la avenida que eventualmente tienen que recorrer: reclamar ante los tribunales del País por sus daños, tan pronto como puedan hacerlo, en procura de algún grado de retribución para sus daños.
Por otro lado, como implica el galeno, no hay duda de que la práctica de la llamada medicina defensiva representa un problema para un sistema de salud que de por si es deficiente y que económicamente, es endeble. A pesar de lo que pueda creer el distinguido galeno sureño, sin embargo, es conocido que la práctica de la medicina defensiva representa un porciento ínfimo dentro del costo total de un sistema de salud. Habría que determinar también si la medicina defensiva resulta en beneficios o perjudica al paciente. A juzgar por las miles de muertes que son ocasionadas por impericia medica, estoy seguro que unas cuantas de éstas se evitarían con la práctica de medicina defensiva. En el tema de la medicina defensiva lo que debe preocuparnos es determinar si ésta realmente se practica por miedo a las demandas frívolas o si la medicina defensiva que resulta perjudicial al paciente, constituye un problema. Que sepamos, no hay estudios, ni aquí ni en EEUU que indiquen cuantos son los médicos que practican medicina defensiva, perjudicial al paciente, por miedo a las demandas frívolas.
La práctica de algunos de la medicina defensiva no puede ser justificación válida para quitarles derechos a los pacientes que reclamen sus daños. El miedo de los médicos a las demandas y la percepción que tienen sobre el verdadero riesgo a ser demandados, debe ser confrontado con hechos al desnudo y objetivos, usando las mismas estadísticas que, acepta el Dr. Frontera, evidencian que realmente no existe un problema de impericia medica.
No tengo duda de que existe un problema de percepción, mayormente entre los médicos, sobre el riesgo que tienen a las demandas de impericia médica y la negligencia hospitalaria, que nace de la ignorancia de mucha gente que opina sobre el tema. Sin embargo, si el proponente de la “idea” de las juntas entiende que existe un problema, como presidente de una de las universidades que enseñan medicina en el País, debe enfocarlo correctamente; esto es, proponiendo ideas para lidiar con el médico negligente, quien lo origina, y no con su víctima. Si están dispuesto a lidiar con la impericia médica, el Dr. Frontera y su escuela de medicina debe comenzar con auspiciar y sobre todo, propiciar una mejor actitud entre los estudiantes de medicina para que un mayor número de médicos sirva en el futuro cercano de peritos a favor de las victimas de impericia medica y no solo de peritos para favorecer a sus colegas. Esa sería una buena idea.
Como están las cosas, creo que los médicos deben dejar a los pacientes velar por sus propios intereses luego de sufrir una impericia médica; seguramente lo hacen mejor que ellos.
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