P. del S. 2195 ¿un fortuñazo o la solución a nuestros problemas de salud?

Muchos han sido los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico. El asertivismo social que han desplegado las víctimas, muchas veces bajo el liderato de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica y otras de forma individual, ha hecho abortar exitosamente muchos de éstos.

La batalla se ha dado en muchos frentes, desde marchas en la calle y artículos o entrevistas en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Ha sido una lucha ardua, que ha contado con la participación de muchos héroes, de todas las edades y condiciones sociales. Ha sido una pelea que se ha dado en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, que potencialmente pueden ser o han sido pacientes. Sin embargo, la lucha continúa pues los grupos de presión compuesto por médicos y hospitales, no cesarán en su empeño de mermar, disminuir, poner escollos y tal vez, eliminar los derechos de los pacientes que puedan poseer una meritoria causa de acción por impericia o negligencia médico hospitalaria, por haber sufrido daños a manos de un médico o de algún personal hospitalario.

El último intento en esta dirección, en mi opinión, ha sido el P. del S. #2195, sometido el 26 de mayo pasado por la administración del señor gobernador Luis Fortuño al Senado de Puerto Rico para su aprobación. Pretende esa pieza legislativa, de 42 páginas, ser vendida como un proyecto de ley que garantiza “a la población el acceso a mayores y mejores servicios de salud”, en cumplimiento de “uno de los compromisos más importantes de esta Administración con el pueblo de Puerto Rico”, según reza su exposición de motivos.

No se han conformado con ampliar innecesariamente el derecho a hogar seguro al valor total de la residencia principal de un médico y hacerla inmune a un embargo, bajo el pretexto de favorecer a todo el que posea una residencia, "across the board". El proyecto de ley del senado 2195 es ambiciosamente abarcador pero, más importante aún, parte de varias premisas, por decirlo diplomáticamente, sumamente interesantes. Esta pieza impone un tope a la compensación por daños no económicos, estructura un nuevo panel de arbitraje o una "comisión", como le llaman ahora. También incorpora conceptos jurídicos y definiciones nuevas como la de daños catastróficos y la de fondo de compensación al paciente.

Este proyecto es pieza de estudio obligado para ser analizada, de forma objetiva y seria, por la Comisión de Salud e Impericia Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La composición de dicha comisión de este gremio profesional garantiza ese importante análisis que afectará potencialmente a toda la población del país. Me consta que grupos de estudiantes de todas las escuelas de derecho están discutiendo y analizando también este proyecto de ley, como parte de sus obligaciones en la enseñanza jurídica.

Dentro de su membresía, Osvaldo Toledo, presidente del Colegio, nombró en la comisión referida unos cuantos abogados de víctimas, algunos de médicos y otros de hospitales. Este análisis debe suponer una discusión abierta y profunda, que culminará con unas conclusiones importantes y no apresuradas que, seguramente, incidirán, de forma contundente, en la discusión pública de ese proyecto de ley. El pueblo no espera menos de su Colegio de Abogados.


Nota del 4 de noviembre:

Asistí a la primera reunión de la comisión de salud e impericia. Por lo que escuché, se evidenció, en los componentes de la comisión, un interés genuino de analizar el 2195 de una forma objetiva y profesional. No comparto la idea de imparcialidad frente a los ataques burdos y contínuos en contra de los derechos de los pacientes de nuestro país. Los médicos y hospitales no necesitan privilegios adicionales. Sin embargo, felicito a mis colegas y los insto a completar su encomienda gremial. Saben que, de todas formas, poco importa al gobierno la opinión del Colegio que quisieron enterrar y no pudieron. En lo que a mí respecta, he dicho antes que estoy prejuiciado en favor de los pacientes y de las víctimas de impericia médica. El 2195 es malo porque pretende estar basado en ausencia de estadísticas pertinentes o fundamentado en estadísticas incompletas o interpretaciones erróneas y en conceptos equivocados. Además, su fin primario y último es complacer a los médicos en contra de los derechos de sus propios pacientes y para mí eso lo vicia de entrada. Ya lo verán.

Cumpliendo mi deber al aceptar ser miembro de la comisión, dejaré saber a sus miembros y al presidente del Colegio mi opinión informada sobre esa pieza legislativa y la reforma que persigue. Sin embargo, esa reunión fue mi debut y despedida. Creo que es lo mejor. La comisión tiene demasiadas pretensiones de imparcialidad para mi gusto.

En puro rigor, creo que nos hace falta un exorcismo

Un médico en Puerto Rico, que deja de pagar su seguro de impericia por varios meses, no es acusado criminalmente por el delito estatuido de practicar la medicina ilegalmente. No tiene que invocar ni al chapulín colorado para que lo defienda, al menos en un caso criminal. La otra cara de la moneda es que si una víctima de impericia médica demanda civilmente al galeno moroso, el seguro no va a proveer cubierta alguna. Tampoco le pagará los gastos legales que tenga que incurrir el médico para defenderse de la acción, ni satisfará la sentencia, en caso de que un tribunal o jurado federal falle en su contra.

En ese caso hipotético, el médico afrontará la demanda solito, por su cuenta. El problema, sin embargo, no es solo del médico moroso. Su víctima también tiene el suyo. ¿Cómo puede, entonces, una víctima de impericia médica que ha sufrido daños de manos de un médico negligente cobrar una sentencia en su contra?

El abogado debe hacer una búsqueda registral y análisis valorativo de los bienes que posee el galeno y, si el sujeto no se acoge antes a los beneficios de la ley de quiebras, procede con el embargo inmediato de sus bienes, incluyendo su casa, de ser necesario. Ello, sin mediar mucho dolor ni pena, porque su cliente fue la víctima, que sufrió más y primero. La víctima se sometió a su médico, confiando en una presunta pericia que eventualmente resultó en un daño severo, en menoscabo de su vida y la de sus familiares.

Obligatoriamente hay que hacer un caveat. Así era que se hacía antes. El señor gobernador Fortuño estampó recientemente su firma en una ley que protege el hogar de los médicos contra embargo, no importa su valor o los daños que hayan sido ocasionados por su impericia. Claro, algunos con mucha razón, dirán que, en términos generales, esta ley favorece no solo a la clase médica del país, sino a todo persona que sea titular de un hogar y que tenga el riesgo de ser demandado.

Volvamos a la impericia médica. Cuando un médico tiene a su nombre solo su casa, no se le puede embargar, punto. ¿Y cómo una víctima de impericia médica es justamente resarcida por sus daños?

Hace un tiempo, la senadora Lorna Soto presentó un proyecto de ley encaminado a darle una protección similar a favor de los médicos. Proponía, sin embargo, un tope a este beneficio especial, que aún permitía a las víctimas recobrar sobre el exceso, o sea, por encima de ese límite estatutario propuesto.

Sin embargo, los asesores aconsejaron. Pensaron, digo, si es que lo hicieron, que una ley, como la propuesta por la senadora Soto, era discriminatoria ya que favorecía a una clase sobre el resto de la población, sin que existiera un "interés gubernamental apremiante". Ello, añadirían los asesores, violaría la cláusula constitucional de igual protección de las leyes y no aguantaría un ataque constitucional en los tribunales. Quien sabe lo que pensó esta gente. Me huele que esta ley se hizo con los médicos en mente, pues era la única clase a la que le iban a "regalar" ese beneficio. La realidad es que la ley, aunque disparatada, no discrimina, pues el beneficio ahora se dio "across the board"; pa' tó' los que tengan casa propia. Hasta para los abogados
que fuimos acusados de "vivir del dolor ajeno".

Aparte de las consideraciones levantadas por algunos analistas sobre los efectos de la nueva ley en nuestra endeble y abatida economía, lo cierto es que, en ausencia de seguro con suficiente cubierta, las víctimas no podrían ser compensadas justamente con los bienes de sus victimarios. Como siempre, la soga parte por lo más fino.

Un médico que se vea “acosado” por una víctima que probó y ganó su caso, “interesada en su dinero” o por un abogado que “vive del dolor ajeno”, levantará como escudo el beneficio de la nueva ley de “hogar seguro” que le regaló el gobierno, en caso de intento de embargo.

Claro, los médicos que, según el señor gobernador, se fueron huyendo en estampida del país por temor a las demandas de impericia médica, ahora regresarán. Vendrán a su país en fila india.

Los médicos que se gradúan se quedarán en Puerto Rico a hacer sus especialidades, porque el gobierno actual reabrirá todos los centros de residencias que fueron cerrados en el pasado. La minoría, los médicos que, de todas formas, van a obtener sus especialidades a EEUU, regresarán cuando las concluyan. Dejarán el "american dream", sus nuevas amistades y las escuelas de sus hijos, sin voltear la mirada por temor a convertirse en estatuas de sal.

Los médicos volverán al país porque no les importará la alta incidencia criminal que existe ni que "tengamos" un cuerpo policiaco señalado por los federicos por su corrupción y brutalidad. Tampoco les molestará el alto costo de los productos alimenticios, las altas facturas de servicios básicos ni el “ajuste” en el precio del combustible. No les importará que, a cada rato, las aseguradoras no le paguen a los proveedores de salud, como ocurre ahora con los obstetras que amenazan con no atender a sus parturientas.

Regresarán los galenos que se fueron a Texas, Florida, Arizona y a las reservaciones indias americanas porque los planes de seguro médicos que antes los ahogaban, modificarán su conducta anterior y se rehabilitarán. La industria del seguro no se interesará más por sus ganancias económicas sino por la buena salud del paciente y por ofrecer una retribución económica justa para los proveedores de salud. Tampoco cuestionará el juicio médico, ni acortará hospitalizaciones, ni prohibirá la prescripción de medicamentos o limitará los referidos a especialistas.

Ahora que no se puede embargar la casa de los médicos negligentes, todo será como antes en el tema de la salud. Puerto Rico lo hace mejor; somos el país de la gente contenta y feliz y de la democracia que se vive. Yeah right! No nos protege ni el chapulín colorado ... quizá si contratamos un buen exorcista....

Nota: Para la versión editada en periódico El Nuevo Día, haga clic aquí.

Si la Dra. María Rodríguez tampoco es médica, entonces debe ser dramaturga

Por escribir mayormente de temas relacionados con la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico, hace algún tiempo que ningún médico o salubrista, como el Dr. Vargas Vidot, me dirigía algún comentario, por carta, en el blog o mediante una llamada telefónica. En esta ocasión, una tal doctora María Rodríguez, licencia supuesta # 606, me telefoneó a mi oficina y aludió a mi post “Cuánto Vale un Viejo”. No para disertar sobre su contenido, sino en reacción al informe periodístico de esta semana del caso de un caballero que recientemente perdió su pene, debido a una alegada impericia medica.

De entrada, la doctora Rodríguez confesó su total adherencia al proyecto del gobernador Luis Fortuño sobre la impericia medica –que ella llama “negligencia profesional”- y admitió ser fanática incondicional del representante (Rodríguez)Aguiló quien, “a capa y espada”, lo ha promovido por varios meses en la legislatura del país. Interesantemente para mí, por la coincidencia del apellido, también alabó y agradeció las gestiones del ex senador de Arecibo, Julito (Rodríguez), por encaminar varios proyectos en ese mismo tema cuando estaba en el Senado de Puerto Rico. Yo la escuchaba atentamente.

Luego de esa introducción, la doctora Rodríguez acometió la tarea, que a todas luces tenía, de hablarme sobre la valoración que hace un hombre de su órgano sexual. ¿Cuánto vale un pene?, preguntó retóricamente.

A la hora de valorar los daños físicos y emocionales en Puerto Rico, el juez o jurado tiene que considerar varios factores que resultan críticos. En qué consiste la pérdida sufrida por la víctima de impericia médica, es la pregunta que la parte demandante tiene que obligatoriamente contestar en el desfile de su prueba. Las piernas de una bailarina de ballet deben tener un valor económico mayor que posiblemente las mías o las de cualquier persona común y corriente. El que Plácido Domingo pierda su voz necesariamente acarrearía una valoración económica mayor a la pérdida de la voz que experimentaría el vendedor de pinches de ropa y escobillones de mi pueblo San Lorenzo. De ahí que la premisa planteada al inicio de la llamada, por la supuesta doctora Rodríguez, captó de inmediato mi atención profesional.

Se publicó en el artículo periodístico que el caballero que perdió su pene por alegada impericia médica demandó por ello; tenía 57 años de edad a la fecha del evento. Ciertamente, es un adulto mayor, no es viejo, pero tampoco joven; presumiblemente era, con toda probabilidad, un hombre activo sexualmente. Por razones obvias, su identidad no fue revelada, así como otras señas que tendrían el efecto de identificarlo ante personas que lo conocieran o supieran de él.

Se preguntaba la doctora Rodríguez: ¿cómo comparar y valorar el pene de ese señor con el de un joven de 18-25 años, en la flor de su juventud? ¿Cómo comparar el valor de ese pene al de un anciano de 80 años? ¿Cómo compararlo al pene de un recién nacido, al de un niño de 10 años, de 13 años? De forma un tanto irreverente, también preguntó, ¿cómo comparar el pene de ese caballero al pene de un actor de películas porno o al de un cura en celibato? ¿Al de un pelotero, que, en la caja de bateo, lo usa de talismán para la buena suerte? (qué ocurrencias las de la doctora).

Ciertamente la doctora Rodríguez tenía un punto legítimo. Y es que, a la hora de determinar el justo valor por su pérdida, no todos (los penes) deben tener el mismo valor económico. No por el tamaño de lo perdido, sino por el uso que a este importante órgano se le daba y el placer que provocaba a su portador y a su pareja o función biológica al que se le destinaba. Ello, porque, si bien es cierto que el pene contiene la uretra y ese es el conducto por el cual se elimina la toxicidad líquida que emana de nuestros tambien queridos y apreciados riñones, es indudable que su mayor valor es otro, al menos cuando existe una vida sexual activa.

La disertación de la doctora no terminaba ahí; durante el tiempo que duró su llamada, exudaba un razonable conocimiento científico del pene y sus distintas manifestaciones, especialmente a partir de la pubertad del hombre hasta su muerte. Incluso me dijo algunos chistes viejos sobre el clero y los adornos de navidad, el del tipo que su urólogo lo mandó a brincar trepado en una silla, etcétera. Hasta pareció admitir la presumiblemente buena doctora, al igual que su admirado (también Rodríguez) Aguiló, que, cualquiera que fuese su uso o edad, su valor tenía que necesariamente exceder del tope de $250 mil que le quiere imponer el gobernador, en lo que los tres coincidimos.

Estuve preguntándome, por varios días, quién podía ser la interesante doctora Rodríguez que me había llamado, dónde trabajaba, de dónde era, qué especialidad podía tener dentro de la medicina. Luego salió la noticia de una carta que una tal Dra. María Rodríguez supuestamente dirigiera al FBI en acción con relación al Dr. Vargas Vidot, luego se publicó el dato sobre su falso número de licencia. Luego, una funcionaria del FBI negó haber recibido la famosa carta. De momento, me percaté que la autora de la supuesta carta podía ser también la misma persona que me había llamado en torno a la teorización sobre el valor económico del pene.

En su llamada, la doctora Rodríguez se me representó como una conocedora, en teoría naturalmente, del pene. De hecho, en una alusión a la obra “Monólogos de la vagina”, concluyó su casi monólogo, diciéndome que tal vez escribiría una obra teatral sobre el órgano sexual masculino.

Como la hemorragia de personas que ha salido en los medios últimamente, yo también apoyo la obra salubrista de dos décadas del doctor José Vargas Vidot y su Iniciativa Comunitaria. Sin embargo, me apunto en la taquilla si la notoria doctora Rodríguez escribe su obra “Monólogos del pene”.