Los topes mentados son solo una bomba de humo

No han sido pocos los intentos legislativos desde 2002 para imponer topes a las compensaciones de daños no económicos, en el tema de la impericia médica en Puerto Rico. Tales intentonas han encontrado de frente a la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médica, a los abogados que las representan y a varios legisladores, incluso del partido de gobierno, como lo han sido la senadora Lorna Soto y el presidente del senado Thomas Rivera. A pesar de los pesares, hasta ahora, los llamados topes a favor de todos los médicos y hospitales no se han impuesto, y se han quedado “varados” como se ha dicho en la prensa.

Viéndolo todo en retrospectiva, estoy convencido de que los llamados topes no se impondrán de momento, al menos, no de la forma en que están siendo propuestos. Hay mucha oposición en el horizonte - de demasiada gente - y esto le representa al gobierno un problemón de índole político, al cual no querrá exponerse dentro del año de las elecciones generales. Sin embargo, irrespectivo de lo que pueda o no ocurrir con los políticos de turno, es importante que se sepa que el tema de los topes solo representa la punta del iceberg, en lo que respecta a todo lo que pretenden hacer para favorecer a los médicos y a los hospitales, en perjuicio de los derechos de los pacientes, que podemos ser todos.

Los asesores del señor gobernador Fortuño se han inventado crear un fondo disque para favorecer a pacientes menores de 21 años que hayan sufrido daños catastróficos. También quieren crear una "comisión" compuesta de gente que, en definitiva, no responderá precísamente a los derechos o intereses de los pacientes, y que, lejos de propiciar el acceso libre, limitará el acceso del paciente a los tribunales cuando no se cuenta de antemano con un informe pericial. Peor aún, se pretende, además imponerle al paciente una fianza, de cantidad indeterminada, la que sea "proporcional" a la suma reclamada (no dicen la proporción), para que pueda seguir litigando, cuando la llamada comisión opine que su demanda radicada carece de mérito. Los que saben de fianzas civiles pueden dar fe de lo costosas y difíciles que son de conseguir. Mi opinión es que, con todo lo que esta gente nos ha servido en la mesa, habrá que dejar de lado el tema de los topes, que tanto ha sido discutido y que, casi literalmente, ha logrado colocar equivocadamente a los médicos y a algunos abogados en un ring de boxeo, como si fueran los contrincantes en todo este tema.

Por varios años han entretenido la discusión pública con el tema de los topes. Mientras, el gobierno actual ha logrado aprobar legislación que le concede inmunidad a decenas de médicos en Puerto Rico, equiparando las demandas en su contra a aquellas que se radican contra el Estado, imponiendo los mismos topes compensatorios irrisorios que existen en esos pleitos de $75 mil por persona y $150 mil por incidente, irrespectivo de las víctimas. Mareándonos con el asunto de los topes, el gobierno actual logró aprobar legislación que amplió el derecho a hogar seguro, que antes era de solo $15 mil, al valor total de las residencias de los médicos, para que no se puedan embargar si se gana un pleito en su contra.

Los que proponen la nueva ley de impericia achacan a las demandas de impericia médica la “falta de disponibilidad” de médicos especialistas en Puerto Rico. Argumentan que existe “proliferación” de demandas frívolas y que éstas encarecen los servicios médico-hospitalarios. Siguen achacando a las demandas de impericia médica una alegada “fuga” de médicos hacia EEUU. Los proponentes de la ley achacan la disminución de obstetras en el país a las demandas de impericia médica. Hablan de falta de acceso de pacientes a médicos especialistas. Los proponentes de la ley achacan la práctica de medicina defensiva en algunos médicos al temor que tienen a las demandas de impericia. Los proponentes de la ley alaban a estados como Texas, que han incorporado medidas que limitan los derechos a los pacientes, experimentando un aumento en los médicos especialistas. Con todos esos argumentos, los proponentes de las leyes de impericia quieren aprobar una reforma que le ronca la manigueta y nos están pasando gato por liebre, mareándonos con el tema de los topes que no van para ningún lado.

No es de extrañar; los proponentes de la ley engañan a los pacientes y siguen repitiendo mentiras y falacias con el objeto de que el pueblo a la larga se las crea. Las demandas de impericia médica no han ido en aumento en Puerto Rico, por el contrario, han mermado desde hace unos cuantos años. Números de SIMED, el sindicato de impericia médica de Puerto Rico, así lo comprueban y se los han suplido a la legislatura.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de seguro de impericia médica son más bajos en Puerto Rico que en EEUU, donde los veredictos y sentencias en contra de médicos y hospitales son también más altos. Ellos lo saben, pero repiten las mentiras. La verdad es que siendo así, las demandas de impericia médica no provocan la ida o “fuga” de los médicos y otros profesionales de la salud de Puerto Rico; la pobre calidad de vida que aquí se vive sí. La política de dictar pautas de tratamiento y la morosidad en el pago a los suplidores de las compañías de planes de seguro médicos sí. La falta en nuestro país de centros para hacer residencias o especialidades médicas sí. La propia Dra. Filiberti, presidenta del Colegio de Médicos así lo ha expresado a la legislatura. Si los médicos se fueran de Puerto Rico por las demandas, entonces estarían cambiando chinas por botellas y no se puede creer que sean tan ingenuos como para hacerlo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Puerto Rico ha experimentado disminución de especialistas médicos no porque teman a las demandas de impericia. Han mermado porque el gobierno ha cerrado centros de enseñanza para las especialidades médicas, teniendo los estudiantes que se gradúan de medicina que irse a EEUU para seguir sus estudios en algunas especialidades. Una vez estudian y se gradúan en Estados Unidos, la mayoría se queda porque obtienen mejores ofertas. En cuanto a los parteros, al disminuir las residencias médicas, los obstetras son menos y siguen poniéndose viejos, dejando las amanecidas con parturientas a los más jóvenes.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Pretenden comparar la reforma de las leyes de impericia médica del estado de Texas, quitando derechos a los pacientes, con un aumento en médicos especialistas. La cruda verdad es que Texas no solo ha experimentado un aumento considerable de médicos especialistas en los últimos años. Es honesto también decir, sin embargo, que Texas es el estado de mayor aumento poblacional en la última década en los Estados Unidos. Por tanto, es de esperarse que muchos médicos también se hayan mudado a ese estado. Pero siguen repitiendo mentiras y falacias.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. No ha habido en Puerto Rico proliferación de demandas frívolas. La proporción de 70/30 de demandas que terminan a favor de médicos u hospitales (por cierto, igual al resto del mundo) no significa que el 70% de las demandas radicadas son frívolas o carentes de mérito. Hay multiplicidad de factores que inciden en las razones para esa proporción. Por ejemplo, los médicos en PR no hacen peritaje a favor de las víctimas. Solo unos pocos médicos están dispuestos a hacerlo. Las víctimas y sus abogados tienen que recurrir a médicos peritos del exterior que cobran sumas cuantiosas por ese trabajo, imposibilitando, muchas veces, su contratación y la ventilación de sus juicios. Por otro lado, el hecho de que el paciente pierda su caso en el tribunal o lo desista, no tiene que ver con falta de mérito de su demanda. Sencillamente no prevaleció a los ojos del juzgador que tuvo ante sí dos versiones periciales del mismo evento y tuvo que adoptar una o sencillamente no ha podido conseguir peritaje. Por otro lado, ante los ojos del pueblo, el médico cuenta con mayor aprobación que el abogado, por lo que resulta siempre difícil probar en un tribunal que un médico cometió un acto de impericia que le ocasionó daños a su paciente.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Los costos de los servicios médicos en PR están regulados por los propios planes de seguros médicos que le pagan a los suplidores de servicios. El hecho de que un médico tenga o no una demanda de impericia médica en su contra nada tiene que ver con lo que cobra al paciente. Por otro lado, los procedimientos que realizan los médicos para diagnosticar o tratar un paciente en Puerto Rico están regulados igualmente por los planes de seguro de salud. Un médico no puede ordenar pruebas que no estén incluidas en el protocolo de tratamiento, ya que no serían pagadas por los planes de seguro médico. Si lo hace no cobra; así de sencillo.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes. Una comisión de cernimiento o panel de arbitraje no es justa para los pacientes, sino que impedirá y pondrá escollos adicionales a los existentes, al acceso de las demandas a los tribunales. Sus miembros serían escogidos por el gobernador, el Secretario de Salud, por el Colegio y la Asociación de Médicos de Puerto Rico. Ah, y por el Tribunal Supremo, “con la ayuda de las entidades que estime conveniente”; o sea, con la ayuda de la PR Lawyers Ass.

Los proponentes de la ley engañan a los pacientes hasta con el nombre que le ponen al proyecto. Debemos desnudar las mentiras y falacias contenidas en las exposiciones de motivos; olvidemos por un rato los topes.

P. del S. 2195 ¿un fortuñazo o la solución a nuestros problemas de salud?

Muchos han sido los proyectos de ley que se han intentado aprobar durante los últimos años en el tema de la impericia médica y negligencia hospitalaria en Puerto Rico. El asertivismo social que han desplegado las víctimas, muchas veces bajo el liderato de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica y otras de forma individual, ha hecho abortar exitosamente muchos de éstos.

La batalla se ha dado en muchos frentes, desde marchas en la calle y artículos o entrevistas en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. Ha sido una lucha ardua, que ha contado con la participación de muchos héroes, de todas las edades y condiciones sociales. Ha sido una pelea que se ha dado en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, que potencialmente pueden ser o han sido pacientes. Sin embargo, la lucha continúa pues los grupos de presión compuesto por médicos y hospitales, no cesarán en su empeño de mermar, disminuir, poner escollos y tal vez, eliminar los derechos de los pacientes que puedan poseer una meritoria causa de acción por impericia o negligencia médico hospitalaria, por haber sufrido daños a manos de un médico o de algún personal hospitalario.

El último intento en esta dirección, en mi opinión, ha sido el P. del S. #2195, sometido el 26 de mayo pasado por la administración del señor gobernador Luis Fortuño al Senado de Puerto Rico para su aprobación. Pretende esa pieza legislativa, de 42 páginas, ser vendida como un proyecto de ley que garantiza “a la población el acceso a mayores y mejores servicios de salud”, en cumplimiento de “uno de los compromisos más importantes de esta Administración con el pueblo de Puerto Rico”, según reza su exposición de motivos.

No se han conformado con ampliar innecesariamente el derecho a hogar seguro al valor total de la residencia principal de un médico y hacerla inmune a un embargo, bajo el pretexto de favorecer a todo el que posea una residencia, "across the board". El proyecto de ley del senado 2195 es ambiciosamente abarcador pero, más importante aún, parte de varias premisas, por decirlo diplomáticamente, sumamente interesantes. Esta pieza impone un tope a la compensación por daños no económicos, estructura un nuevo panel de arbitraje o una "comisión", como le llaman ahora. También incorpora conceptos jurídicos y definiciones nuevas como la de daños catastróficos y la de fondo de compensación al paciente.

Este proyecto es pieza de estudio obligado para ser analizada, de forma objetiva y seria, por la Comisión de Salud e Impericia Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados de Puerto Rico. La composición de dicha comisión de este gremio profesional garantiza ese importante análisis que afectará potencialmente a toda la población del país. Me consta que grupos de estudiantes de todas las escuelas de derecho están discutiendo y analizando también este proyecto de ley, como parte de sus obligaciones en la enseñanza jurídica.

Dentro de su membresía, Osvaldo Toledo, presidente del Colegio, nombró en la comisión referida unos cuantos abogados de víctimas, algunos de médicos y otros de hospitales. Este análisis debe suponer una discusión abierta y profunda, que culminará con unas conclusiones importantes y no apresuradas que, seguramente, incidirán, de forma contundente, en la discusión pública de ese proyecto de ley. El pueblo no espera menos de su Colegio de Abogados.


Nota del 4 de noviembre:

Asistí a la primera reunión de la comisión de salud e impericia. Por lo que escuché, se evidenció, en los componentes de la comisión, un interés genuino de analizar el 2195 de una forma objetiva y profesional. No comparto la idea de imparcialidad frente a los ataques burdos y contínuos en contra de los derechos de los pacientes de nuestro país. Los médicos y hospitales no necesitan privilegios adicionales. Sin embargo, felicito a mis colegas y los insto a completar su encomienda gremial. Saben que, de todas formas, poco importa al gobierno la opinión del Colegio que quisieron enterrar y no pudieron. En lo que a mí respecta, he dicho antes que estoy prejuiciado en favor de los pacientes y de las víctimas de impericia médica. El 2195 es malo porque pretende estar basado en ausencia de estadísticas pertinentes o fundamentado en estadísticas incompletas o interpretaciones erróneas y en conceptos equivocados. Además, su fin primario y último es complacer a los médicos en contra de los derechos de sus propios pacientes y para mí eso lo vicia de entrada. Ya lo verán.

Cumpliendo mi deber al aceptar ser miembro de la comisión, dejaré saber a sus miembros y al presidente del Colegio mi opinión informada sobre esa pieza legislativa y la reforma que persigue. Sin embargo, esa reunión fue mi debut y despedida. Creo que es lo mejor. La comisión tiene demasiadas pretensiones de imparcialidad para mi gusto.

En puro rigor, creo que nos hace falta un exorcismo

Un médico en Puerto Rico, que deja de pagar su seguro de impericia por varios meses, no es acusado criminalmente por el delito estatuido de practicar la medicina ilegalmente. No tiene que invocar ni al chapulín colorado para que lo defienda, al menos en un caso criminal. La otra cara de la moneda es que si una víctima de impericia médica demanda civilmente al galeno moroso, el seguro no va a proveer cubierta alguna. Tampoco le pagará los gastos legales que tenga que incurrir el médico para defenderse de la acción, ni satisfará la sentencia, en caso de que un tribunal o jurado federal falle en su contra.

En ese caso hipotético, el médico afrontará la demanda solito, por su cuenta. El problema, sin embargo, no es solo del médico moroso. Su víctima también tiene el suyo. ¿Cómo puede, entonces, una víctima de impericia médica que ha sufrido daños de manos de un médico negligente cobrar una sentencia en su contra?

El abogado debe hacer una búsqueda registral y análisis valorativo de los bienes que posee el galeno y, si el sujeto no se acoge antes a los beneficios de la ley de quiebras, procede con el embargo inmediato de sus bienes, incluyendo su casa, de ser necesario. Ello, sin mediar mucho dolor ni pena, porque su cliente fue la víctima, que sufrió más y primero. La víctima se sometió a su médico, confiando en una presunta pericia que eventualmente resultó en un daño severo, en menoscabo de su vida y la de sus familiares.

Obligatoriamente hay que hacer un caveat. Así era que se hacía antes. El señor gobernador Fortuño estampó recientemente su firma en una ley que protege el hogar de los médicos contra embargo, no importa su valor o los daños que hayan sido ocasionados por su impericia. Claro, algunos con mucha razón, dirán que, en términos generales, esta ley favorece no solo a la clase médica del país, sino a todo persona que sea titular de un hogar y que tenga el riesgo de ser demandado.

Volvamos a la impericia médica. Cuando un médico tiene a su nombre solo su casa, no se le puede embargar, punto. ¿Y cómo una víctima de impericia médica es justamente resarcida por sus daños?

Hace un tiempo, la senadora Lorna Soto presentó un proyecto de ley encaminado a darle una protección similar a favor de los médicos. Proponía, sin embargo, un tope a este beneficio especial, que aún permitía a las víctimas recobrar sobre el exceso, o sea, por encima de ese límite estatutario propuesto.

Sin embargo, los asesores aconsejaron. Pensaron, digo, si es que lo hicieron, que una ley, como la propuesta por la senadora Soto, era discriminatoria ya que favorecía a una clase sobre el resto de la población, sin que existiera un "interés gubernamental apremiante". Ello, añadirían los asesores, violaría la cláusula constitucional de igual protección de las leyes y no aguantaría un ataque constitucional en los tribunales. Quien sabe lo que pensó esta gente. Me huele que esta ley se hizo con los médicos en mente, pues era la única clase a la que le iban a "regalar" ese beneficio. La realidad es que la ley, aunque disparatada, no discrimina, pues el beneficio ahora se dio "across the board"; pa' tó' los que tengan casa propia. Hasta para los abogados
que fuimos acusados de "vivir del dolor ajeno".

Aparte de las consideraciones levantadas por algunos analistas sobre los efectos de la nueva ley en nuestra endeble y abatida economía, lo cierto es que, en ausencia de seguro con suficiente cubierta, las víctimas no podrían ser compensadas justamente con los bienes de sus victimarios. Como siempre, la soga parte por lo más fino.

Un médico que se vea “acosado” por una víctima que probó y ganó su caso, “interesada en su dinero” o por un abogado que “vive del dolor ajeno”, levantará como escudo el beneficio de la nueva ley de “hogar seguro” que le regaló el gobierno, en caso de intento de embargo.

Claro, los médicos que, según el señor gobernador, se fueron huyendo en estampida del país por temor a las demandas de impericia médica, ahora regresarán. Vendrán a su país en fila india.

Los médicos que se gradúan se quedarán en Puerto Rico a hacer sus especialidades, porque el gobierno actual reabrirá todos los centros de residencias que fueron cerrados en el pasado. La minoría, los médicos que, de todas formas, van a obtener sus especialidades a EEUU, regresarán cuando las concluyan. Dejarán el "american dream", sus nuevas amistades y las escuelas de sus hijos, sin voltear la mirada por temor a convertirse en estatuas de sal.

Los médicos volverán al país porque no les importará la alta incidencia criminal que existe ni que "tengamos" un cuerpo policiaco señalado por los federicos por su corrupción y brutalidad. Tampoco les molestará el alto costo de los productos alimenticios, las altas facturas de servicios básicos ni el “ajuste” en el precio del combustible. No les importará que, a cada rato, las aseguradoras no le paguen a los proveedores de salud, como ocurre ahora con los obstetras que amenazan con no atender a sus parturientas.

Regresarán los galenos que se fueron a Texas, Florida, Arizona y a las reservaciones indias americanas porque los planes de seguro médicos que antes los ahogaban, modificarán su conducta anterior y se rehabilitarán. La industria del seguro no se interesará más por sus ganancias económicas sino por la buena salud del paciente y por ofrecer una retribución económica justa para los proveedores de salud. Tampoco cuestionará el juicio médico, ni acortará hospitalizaciones, ni prohibirá la prescripción de medicamentos o limitará los referidos a especialistas.

Ahora que no se puede embargar la casa de los médicos negligentes, todo será como antes en el tema de la salud. Puerto Rico lo hace mejor; somos el país de la gente contenta y feliz y de la democracia que se vive. Yeah right! No nos protege ni el chapulín colorado ... quizá si contratamos un buen exorcista....

Nota: Para la versión editada en periódico El Nuevo Día, haga clic aquí.