miércoles, 22 de diciembre de 2010

¿Cuanto vale un viejo?*


Un anciano de 80 años de edad me consultó un alegado caso de impericia médica ocurrido en un hospital del área metropolitana de Puerto Rico. Me consternó cuando me dijo que “el viejo no vale ná’ en nuestra sociedad. Quizá, en su caso, fue el grado de frustración o impotencia ante las situaciones que particularmente le tocó vivir con los médicos y enfermeras que le brindaron tratamiento. Estoy seguro, sin embargo, que esa apreciacion es compartida por muchos en nuestra sociedad.

En su disidencia de Cintrón v. Gómez, 1999 TSPR 018, el extinto Juez Jaime Fuster dijo sobre la norma de reparación que “se trata de una de las piedras angulares de nuestro ordenamiento jurídico, que es "de gran alcance", y que se concibe "con amplitud de criterio". Añade el Juez Fuster que ‘en múltiples ocasiones hemos reconocido "su dilatado ámbito reparador”.

¿Qué suma de dinero repara los daños sufridos por los familiares de un viejo que ha sobrepasado su expectativa de vida y que muere por negligencia médica? ¿Cuánto vale la vida de un viejo, cuando ya ha dejado de trabajar y sus hijos no dependen de él para su sustento económico?

Una sociedad como la nuestra, que casi todo lo valora en términos económicos, se plantea comúnmente esta pregunta. El abogado, incluyendo a los jueces, acostumbrados a la valoración o cuantificación de daños en nuestro sistema jurídico, lo hace con mucha frecuencia. Conseguir una respuesta a esta interrogante no resulta nada fácil, más aún si tomamos en cuenta que los adelantos médicos y el progreso en la calidad de la alimentación ha propendido a la extensión de la expectativa de vida del ser humano. Hace varias décadas, una persona de 50 años era un anciano; al presente nadie se atrevería siquiera a pensarlo.

Sin hablar del amor desinteresado que prodigan a manos llenas, en la llamada “edad dorada”, el viejo se convierte en una importante referencia histórica; es el archivo interactivo de la vida familiar, una inagotable fuente de anécdotas, de vivencias y también de sabiduría. El viejo nutre la conciencia del joven y es apoyo seguro de la del hombre maduro.

Sociedades como las orientales, que no han sido del todo víctimas del materialismo extremo que algunos llaman pragmatismo y que desafortunadamente nos arropa, dan a sus viejos mucho valor. Y lo hacen por el simple hecho de serlo, sin tener en cuenta su edad, ni su condición física, económica, cultural o social.

Hace poco más de un año fui de vacaciones a China y, a pesar de que conocía el excelente trato que prodigaban a sus viejos, nunca imaginé que me resultara tan contrastante con el brindado por la sociedad occidental a los suyos. Más allá de una actitud compasiva y tolerante que llegan a manifestar algunos frente a sus viejos en esta parte del mundo, es preciso ver como lo hacen en China. Allí le reconocen al viejo el rol irreemplazable que saben que éstos cumplen, no solo en el núcleo familiar, sino también en la vida cultural y social en la que viven insertados.

Existe una tarea insustituible en el proceso de la maduración intelectual y moral del ser humano. Ellos en China saben que todo proceso educativo requiere de maestros y de aprendices disciplinados que reciben instrucciones, que consultan y que son corregidos. Quizá deberíamos aprender un poco de esas sociedades orientales, donde el viejo contribuye significativamente al proceso de maduración de los que están a su lado, directa e indirectamente. Con su apoyo tolerante, armados con su fuerza emocional, que ya ha superado todas las etapas de la maduración y del crecimiento, el viejo ayuda a los jóvenes a tener una mejor comprensión de la vida y los equipa para lidiar con sus propias dificultades en sus distintas etapas de crecimiento.

En cierto sentido, la presencia del viejo es un recordatorio viviente al joven y al adulto de que el sentido de inmortalidad que a todos nos embarga cuando somos jóvenes no es real ni tampoco permanente. La sola presencia del viejo nos trae una especie de mensaje de moderación en el pensamiento, en la expresión y en la obra, que no resulta nunca ser un equipaje de exceso. Aquel que ha aprendido a resistir las dificultades y que no se ha deslumbrado en sus propios momentos de gloria, es el mejor consejero para quienes aun afrontan las dificultades y que se ven hipnotizados por los éxitos pasajeros.

El cineasta sueco Ingmar Bergman alguna vez dijo que “Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.” Por eso la presencia del viejo en la vida de su familia es indispensable y en nuestra sociedad debe ser mejor aquilatada, no solamente porque se convierte en ayuda útil para el cuido de los niños, cuando padre y madre trabajan fuera de la casa. Lo es también para los mismos padres, ya que ellos se encuentran en un proceso que aún no ha concluido para aprender a educar a sus hijos.

No es raro que el nucleo familiar que ha apreciado, como es debido, la vida de su viejo, cuando ocurre lo inevitable, sufra su pérdida con mucha intensidad y de forma perdurable, irrespectivo de la edad que tenía al morir o si solo lo visitaban con frecuencia en el "nursing home" que estaba por necesidades de la vida. Aunque comprendo el "lawyering", me deja algo perplejo cuando los abogados de la defensa de médicos y hospitales intentan hacer ver, aunque no se atrevan a decirlo directamente, que, de todas formas, al viejo le quedaba poco tiempo de vida. Claro que si, todos estamos en ese camino inexorable, algunos antes y otros luego. ¿Debe hacer la edad - del viejo que muere - alguna diferencia respecto a la valorización de los daños que ese evento causa? Si acaso la hace, debe ser en sentido contrario a lo que apuntan los amigos y amigas de la defensa: cuanto más tiempo se tiene con uno, más se echa de menos..... ¿O no?


Nota: Este ensayo fue inspirado por la lectura de otro escrito por Jesús Ginés, Universidad Santo Tomás Véase informe publicado en Primera Hora, dando click aquí.

viernes, 29 de octubre de 2010

El pueblo habló pero… ¿alguien obedeció?


En lo que parece ser un abierto ejercicio - adicional - de poder absolutista en Puerto Rico, de los que nos tienen últimamente acostumbrados, la cámara de representantes aprobó ayer el P. de la C. 2719 en torno a la impericia médica. Justificándose en la alegada “fuga” o éxodo de médicos a EEUU - por debajo del radar - y aprovechándose de que todo el mundo está pendiente de la discusión de la reforma contributiva, los legisladores actuaron impetuosamente, imponiendo un tope de $300 mil a los daños y sufrimientos mentales. Tambien resucitaron el embeleco del panel de arbitraje compulsorio, que ya fue declarado inconstitucional y, de refilón, como el que no quiere la cosa, bajaron a 25 porciento los honorarios de abogado contingentes. Casi nada.

Esta gente ha formado un verdadero “collage” legislativo, copiando, mejor dicho, dando un tizazo, bajo la premisa inarticulada de siempre, de que en EEUU hacen las cosas mejor.

En Puerto Rico no se conceden daños punitivos en los casos de impericia médica, aunque deberían hacerlo. Los daños punitivos no se conceden por los tribunales, bajo la premisa jurídica de que la concesión de daños en Puerto Rico es meramente compensatoria, no de castigo. Así que nuestros legisladores tomaron medidas de allá y más allá y las incorporaron aquí; todas las que más o menos beneficiaban a los médicos y hospitales, pero quitando derechos a sus pacientes. No se percataron, o tal vez sí, que en todos los estados de la nación norteamericana, además de los demás conceptos de daños en general, también se conceden daños punitivos que, en alguna medida, sirven de disuasivo eficaces para conductas negligentes futuras. De manera que, si deseaban dar un mejor tizazo a nuestros vecinos del norte, debieron incorporar también los daños punitivos, como parte de las medidas que se pueden tomar en contra de un médico u hospital que ocasionan daños a un paciente.

Resulta evidente que esta medida legislativa aprobada por la mayoría de la cámara en votación partidista, no fue responsablemente estudiada; fue, a todas luces, o por la falta de éstas, irreflexiva. Presumiblemente fue aprobada para combatir o atajar la fuga de talento médico de suelo boricua. Sin embargo, lo que intenta es desalentar las acciones de impericia médica y que menos abogados estén dispuestos a llevarlas.

Si nuestros legisladores de mayoría hubiesen estudiado lo que provoca realmente el llamado éxodo de médicos, sabrían que no son las primas de seguros, las demandas de impericia médica ni las víctimas lo que realmente lo ocasiona. Como tampoco son las primas de seguro, las demandas ni las víctimas de impericia médica lo que ocasionan la fuga a EEUU de jubilados, enfermeras, ingenieros, policías y otros profesionales de calibre que se nos están yendo del país, en su mayoría jóvenes. No nos llamemos a error: Puerto Rico se nos está yendo a pique.

Estos profesionales, incluidos los médicos, se van de Puerto Rico porque aspiran, para ellos y su familia, a una calidad de vida mejor que aquí no tienen, en alguna medida, por culpa de los que hoy rigen los destinos del país. Por otro lado, la mayor parte de los médicos que se van a estudiar la especialidad a EEUU, casi nunca regresan a trabajar a Puerto Rico. No se quedan, no por temor a que los malvados abogados los demandemos. Se quedan porque les gusta el lugar donde estudiaron la especialidad y les provee mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Tdos conocemos casos de esos.

Ya antes he discutido lo absurdo de incorporar medidas foráneas a Puerto Rico en este tema porque los problemas particulares, ni sus consecuencias son las mismas. Hasta escribí un libro sobre ese tema, que parece que los legisladores nuestros no han leído ni por el forro. También las víctimas de impericia médica y sus familiares han hablado antes y se han tirado a la calle a evidenciarles la injusticia e inadecuacidad de este tipo de medidas en contra de los pacientes. Pero parece que la opinión del pueblo ya no cuenta. Adquirieron un mandato absoluto en las últimas elecciones y tienen el poder para implantar las medidas que quieran.

Aquí el pueblo habla a cada rato y aún está hablando pero nadie parece escuchar ni obedecer. Cansa a veces predicar en el desierto, porque no hay forma de que esta gente parezca entrar en razón. Se puede hablar en Puerto Rico, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que digas ni la fortaleza de tus argumentos, a la hora de que quieran pasarte el rolo. Esperemos que el senado rectifique; sabemos que allí no está sentado "Impetuoso", el caballo de Calígula.

Nota del 7 de noviembre de 2010:
La senadora Lorna Soto ya ha expresado su oposición a este embeleco de la cámara de representantes y en definitiva, será un obstáculo para los propulsores de este proyecto de ley. Muy bien por la senadora!! Prepare su altoparlante a ver si sus colegas la escuchan.

Nota del 8 de noviembre de 2010
El pueblo sigue hablando!! Esta vez las propias víctimas de impericia médico-hospitalaria se movilizaron para protestar de la medida y fueron al capitolio. Muy bien por la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de impericia médico-hospitalaria. A ver si alguien escucha y al fin obedece al pueblo.

Nota del 12 de noviembre de 2010
Concluyó la sesión legislativa y el proyecto de impericia medica aprobado en la Cámara de Representantes se colgó en el Senado y no fue considerado. Una batalla se libró y parece haber sido ganada por las victimas de los médicos negligentes que tuvieron que, nuevamente, tirarse a la calle a protestar por la intentona de quitarles derechos en beneficio de la clase médica o, mejor dicho, de unos cuantos médicos negligentes. Este proyecto contaba, desde el saque, con la oposición de los senadores Carmelo Ríos y de Lorna Soto. Estoy seguro que otros senadores que son abogados, como mi compueblano José Emilio González y el propio presidente senatorial, iban a desfavorecerlo igualmente.

Una y otra vez, desde 2002, los médicos han intentado cercenarle derechos a sus pacientes y esta guerra aparentemente no tiene fin. Pero no se equivoquen los propulsores de la reforma: las victimas estan en la calle con su ultimo detalle... Siempre es bueno saborear las victorias, aunque solo sean en simples batallas, como la que felizmente terminó ayer.

martes, 19 de octubre de 2010

Ay visne... como trabajan nuestros legisladores !


La impericia médica y la negligencia en los hospitales han vuelto a ser noticia en nuestra Isla del Encanto, así que no hablaré del "rapeo" overseas de un legislador con una empleada de ABC News.

En estos días se aprobó el Proyecto de la Cámara 1790, para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico. De convertirse en ley, este proyecto haría mandatario que “todo asegurador, fideicomiso u otra persona jurídica notifique al Comisionado de Seguros, a la Junta Licenciadora y al Secretario de Salud de cualquier reclamación, acuerdo o transacción judicial o extrajudicial por daños y perjuicios por impericia médica o de cualquier institución que preste servicios de salud.” Informa la exposición de motivos del referido proyecto que “las Aseguradoras pagan mediante acuerdos transaccionales, judiciales o extrajudiciales o por sentencias o laudos reclamaciones surgidas en casos de impericia médica o de instituciones de salud. Algunos de esos acuerdos contienen cláusulas de confidencialidad que interfieren con la supervisión y vigilancia que tiene que prestar el gobierno a tales casos de impericia para imponer responsabilidades administrativas y de otra índole.”

La Junta que sustituyó al TEM no se llama reguladora y no sé a qué se refiere el proyecto con "laudos", porque no conozco un caso de impericia médico-hospitalaria que haya ido a arbitraje en Puerto Rico. Pero, en fin... Suena más o menos bien, ¿verdad?

Ya antes había escrito sobre este tema de los acuerdos confidenciales, a los que me he opuesto siempre. Desde el 17 de agosto de 1999, Puerto Rico cuenta con La Ley Núm. 260 que imponía al Antiguo Tribunal Examinador de Médicos, hoy Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de PR, el deber de ofrecer al público - que lo pida - alguna información sobre cualquier médico. Entre esta información se podría solicitar si ha recaído alguna sentencia en su contra por impericia médica. Sin embargo, a pesar de que esta ley entró en vigor 30 días después, para su implantación, se le impone al TEM, hoy Junta, el deber de redactar un reglamento que, a esta fecha, más de una década después de legislada, aún no ha hecho. Así que, si consigue que le contesten el teléfono, no se le ocurra pedir información de médico alguno porque no la conseguirá allí, aunque se la prometan.

Es evidente en Puerto Rico que la impunidad, en todos los renglones de nuestra vida como pueblo, parece ser la orden del día. En el caso que discutimos,hemos visto que por carecer de un reglamento y gracias a las famosas cláusulas de confidencialidad que exigen sus aseguradores, los médicos negligentes no son ni han sido una excepción. A nivel de hospitales, hemos visto epidemias de infecciones bacterianas que, luego de un titular en el periódico, le echan tierra y se olvidan. Luego de haber pagado una transacción o sentencia, los médicos en Puerto Rico siguen "practicando medicina" y atendiendo a sus desinformados pacientes, como siempre, como si nada hubiese ocurrido.

No es pesimismo, pero, de nada vale que una ley imponga el deber de informar las transacciones o sentencias en estos casos con el propósito de que el gobierno los supervise. Los funcionarios gubernamentales tienen otras cosas más importantes que hacer, como, por ejemplo, legis-rapeadores irse a Kentucky a beber whiskey por barriles o a Egipto a montarse sobre camellos.

Si no se cuenta con la infraestructura informática y el ordenamiento reglamentario correspondiente que le ponga “dientes”, esta ley pasará a ser otro muerto más, con lo que se hayan entretenido o matado su aburrimiento, por un tiempito, nuestros legisladores. Olvídense de las supervisiones prometidas que no terminan en nada valioso para el pueblo.

Si se quiere hacer algo en serio en el renglón de la salud, debe comenzar la Junta médica por aprobar el reglamento que está pendiente hace más de una década, para implantar la ley de 1999. Lo próximo debe ser prohibir por legislación las llamadas cláusulas de confidencialidad en estos casos y declararlas nulas, por ser contrarias al orden público. Lo que debe hacerse es apoderarar al público con instrumentos fáciles, para que pueda acceder a una información que le permita escoger inteligentemente a su médico o a la institución hospitalaria donde pueda atenderse de manera segura o, vamos..., más o menos segura.