P de la C 3450 bajo el radar…., otro leñazo a los derechos del paciente

Sumándose a la lista de aliados/cómplices de algunos médicos, enemigos de los pacientes en el país, en lo que parece ser una perversa costumbre de algunos legisladores, un representante a la Cámara de apellido Guerra ahora pretende volar bajo el radar un proyecto de ley de su autoría, brindándole tratamiento jurídico de hospital público a todas las salas de urgencia o de emergencia en Puerto Rico, imponiendo un tope de $75 mil a las compensaciones por actos de impericia médica cometidos en dichos centros de cuidado primario. Tal parece que el Sr. Guerra ha vivido en otro país por las últimas semanas, en que decenas de víctimas de impericia han hecho público sus testimonios, planteando, de paso, su férrea oposición a que se impongan topes a sus reclamaciones de impericia médico-hospitalaria.

En definitiva, algunos legisladores le han declarado la guerra a los pacientes de Puerto Rico, sin recordar que también son sus constituyentes y que votan y han votado en las elecciones donde han resultado electos. Esta guerra había sido declarada antes por los propios médicos, que han velado más por sus intereses económicos que por la salud y derechos básicos de sus pacientes, al propiciar y pagar un costoso cabildeo en pro de una reforma a las leyes sobre el tema y en su beneficio exclusivo.

Toda guerra se compone de pequeñas batallas y me parece que ésta, que tiene de leñador de turno al tal Sr. Guerra, es una más que los pacientes y las víctimas de impericia médica tendrán que librar en la calle, donde más les duele a los políticos.

¿Demandas frívolas o argumentos frívolos?

Los proyectos de impericia médica o como los médicos y sus cabilderos les ha dado con llamarlos ahora: de protección de los pacientes, están en boca de todos en Puerto Rico. Más, desde que el gobernador se ha convertido en el más reciente aliado del Colegio y de la Asociación Médica del país.

Con el último anuncio del Colegio de Médicos nos han tirado hasta con las maletas a los abogados que representamos a las víctimas de impericia. Denuncia este anuncio pagado que los abogados “se quedan” con una tercera parte del monto del pago a las víctimas. Claro, el gobernador, que es nuestro colega, sostiene que los abogados que representamos a las víctimas vivimos del dolor ajeno, así que todo argumento, por más demagógico, insensible y falso que sea, es posible. Es un 'riégalo que nos conviene'.

Los que auspician estos anuncios, incluido los funcionarios del gobierno, pasan por alto muchas cosas importantes. El sistema de honorarios contingentes que cobramos los abogados de las víctimas provee el único acceso que tienen los pobres del país y de los países donde ello es permitido, que no son pocos, incluyendo EEUU, a una litigación compleja y costosa que, de otra manera, les sería inaccesible. No menos importante, el sistema de cobro de honorarios legales condicionado a que el pleito se gane y nuestros clientes prevalezcan, tiende a reducir la radicación de las llamadas demandas frívolas que tanto critican y temen como el diablo a la cruz. Piénsenlo.

Nadie quiere radicar una demanda frívola. Analícenlo desde un punto de vista pragmático. En nuestro sistema de honorarios contingentes, ¿qué gana un abogado que radica una demanda frívola en los tribunales? A menos que piensen que lo que uno quiere es jorobarle la vida a la gente, ¿qué creen que gana el abogado si la demanda que ha radicado se pierde? Un amigo de Adjuntas contestaría que estos abogados ganan "lo que se le unta al queso".

No se cobran honorarios contingentes en otro tipo de casos, como los penales y los de relaciones de familia. Nuestras leyes y los cánones de ética que regulan la abogacía lo permiten, sin embargo, en aquellos pleitos donde se reclaman daños y perjuicios, como lo es una demanda de impericia médica. Esto tiene sentido porque, con ello, se logra un mayor y mejor acceso a los tribunales de las personas que no pueden pagar honorarios por hora a un abogado que los represente, cuando la única retribución al daño es monetaria. En los tiempos del Código de Hammurabi, el médico que metía la pata se le cortaba alguna extremidad. Menos mal que esos tiempos fueron superados.

Lo que hay tras el más reciente proyecto de ley es intentar echar a un lado a los abogados, para mi sorpresa, desacreditandonos. Insinúa ese proyecto que las víctimas no nos necesitan porque ya tienen a los médicos para defenderlos. Qué chiste. Claro, si se quita a los abogados del medio, es decir, si se pasa una ley institucionalizando una abogadectomía radical en el sistema, se acabarán las demandas de impericia médica. Sería para los médicos...un mundo.... chuchin.

ACCESO MEDICO ... a los derechos de las víctimas

Como a nadie meten preso por pedir, los médicos en Puerto Rico han pedido (1) inmunidad si ocasionan daños a sus pacientes y familiares, (2) un credito contributivo por la suma dedicada a comprar sus seguros de impericia, por encima de $100 mil (3) derecho a hogar seguro por $250 mil sobre el valor del equity, para que ningún abogado pueda pedir o un tribunal pueda ordenar el embargo de su residencia principal. Por si fuera poco, se quiere que la víctima preste una (4) fianza si desea radicar una demanda de impericia en su contra, luego de que un comité “especializado” decida que no debe hacerlo. Quieren más, muchísimo más y en el gobernador han encontrado una mano amiga que los protege. Y a este “laundry list”, contenido en 43 páginas, que no hace sino cercenar derechos, dejando chiquita a la guillotina francesa, tienen los timbales de llamarle "proyecto de acceso médico". ¿Acceso a donde? Quieren acceso al lugar donde se deben guardar celosamente los derechos del pueblo, en especial de los pobres de este país.

Claman por una abogadectomía radical en estos casos, o sea, extirparse a los abogados del sistema, pero no se atreven a impulsarlo abiertamente. A lo más que han llegado es a proponer un fondo para supuestamente dar tratamiento médico a las víctimas, pero que no cubra gastos legales. Una ley sobre el tema de impericia que saque a los abogados del camino de los médicos sería ideal para ellos, para que puedan practicar su profesión, casi nada auto-regulada, de forma tranquila, sin la pesadilla que supone tener que rendir cuentas a sus pacientes en un foro imparcial. El gobernador, que es abogado, ha llegado al extremo de acusar a los que litigamos estos casos de que vivimos del dolor ajeno.

Se puede ir a programas radiales y explicar que lo que pretende hacer el gobernador, en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica, no tiene razón de ser. Porque de convertirse en ley, los proyectos que se han radicado no se traducirán en que los médicos se queden aquí, ni que vengan a nuestro país luego de hacer sus especialidades en el exterior. Se puede explicar, ad nauseum, que las demandas de impericia no han ido en aumento, sino lo contrario; que las primas de seguro que pagan en Puerto Rico son muchísimo menos de las que pagarían en EEUU, donde existe el derecho a juicio por jurado en todos los foros, cuyos veredictos sí que los exponen a perder hasta la cota y no hay exenciones que valgan. Se puede argumentar que los médicos brincan el charco con sus familias porque el país carece de rumbo y el deterioro social nos tiene a todos de cabeza apuntando al abismo.

Saben los médicos que se van y los que se quedan, que en gringolandia tienen mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y que pueden percibir mejores ingresos. Están conscientes que los planes de seguro médico en el país les dictan lo que tienen que hacer y no pueden hacer con sus pacientes. Saben que el plan de salud del gobierno es ineficiente y abusivo con ellos.

En fin, hablar con datos en la mano a una mente hecha es como predicar en el desierto. Hasta ahora, tratar de inyectar sensatez en su mente es una causa perdida. Hasta ahora, no hay forma de que el gobernador parezca entrar en razón. Se puede hablar, pero, aunque no existe la ley de la mordaza, de nada vale lo que se diga. Es como si se hablara con una piedra.

Hay que detener esta insensatez, promovida por el gobernador y los gremios médicos, que tiene al pueblo ahogándose en una oleada de mentiras y medias verdades. Puede ser increíble y hasta arriesgado, pero todo parece indicar que, para lidiar en este ambiente repleto de pirañas, los pacientes tengan que recurrir a un tiburón blanco.


Nota del 27 de mayo:
Con el refuerzo de Sharon Reilly, al paso del tiburón blanco solo quedó una estela de cadáveres de pirañas en la superficie de un mar más calmado. Se dejó la consideración de los proyectos de impericia para la próxima sesión ordinaria, cuando habrán vistas públicas. Sin embargo, el poderío económico evidenciado en los medios para adelantar los proyectos que favorecen a los médicos en detrimento de sus pacientes, es sencillamente abrumador. Parece que hay billetes; vamos a ver si el gas pela.

Nota del 31 de mayo:
Annie Mayol fue denunciada como cabildera desde Fortaleza a favor del proyecto de acceso médico (a los derechos de las víctimas). Ella lo hacía antes y le pagaba la sociedad de ortopedas a través de una agencia de publicidad. ¿Que nosotros le estamos pagando ahora para hacer lo mismo? ¿Cómo hago para que me devuelva mi parte? ¿Podemos radicar un pleito de clase?

Nota del 2 de junio:
Catalogándolo de bochornoso, con el fino escalpelo de un cirujano cardiovascular y sin anestesia, los doctores Iván González Cancel y Eduardo Ibarra desbridaron el proyecto de acceso a los derechos de las víctimas de impericia médica en Puerto Rico promovido por el señor gobernador Fortuño, el Colegio de Médicos y por la cabildera Annie Mayol.