Lágrimas de cocodrilo

De acuerdo a unos cuantos líderes médicos de Puerto Rico, las demandas de impericia médica presentadas por los abogados propician los aumentos en sus primas y el éxodo de esos profesionales a EEUU. Eso, según ellos, constituye una verdad irrefutable que han hecho al sistema de salud en Puerto Rico entrar en crisis. Sus propios abogados y la aseguradora coluden con el abogado de las víctimas para lograr transacciones aún en contra de su voluntad. FALSO!!

Basta unas estadísticas y unos cuantos datos para desinflar los argumentos esgrimidos. De acuerdo a informes recientes de SIMED, 68% DE SUS MÉDICOS ASEGURADOS NUNCA HAN SIDO DEMANDADOS POR IMPERICIA MÉDICA. Por otro lado, 85% DE SUS ASEGURADOS PAGAN SOLAMENTE US$5 MIL O MENOS POR CONCEPTO DE PRIMAS DE SUS SEGUROS. Cuando un médico es demandado, éste, no su clase profesional, sufre el impacto económico de esa demanda, contrario a lo alegado por los médicos últimamente. Ante estas estadísticas ¿quien, en su sano juicio, puede decir que hay un serio problema en este tema? ¿Cómo se atreven algunos médicos entonces a gritar CRISIS y pedir un toallazo legislativo? ¿Es razonable decir que se encuentran en desventaja cuando son demandados por impericia médica, frente, incluso a sus propios abogados?

El Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-Hospitalaria, que mejor llamo Sindicato de impericia médica - (SIMED) por sus siglas, es una de las dos entidades en Puerto Rico que actualmente venden seguros a los médicos, con una cubierta de responsabilidad profesional médico- hospitalaria. La otra es Seguros Triple S, Inc., subsidiaria de Triple S, Inc., una corporación originada, hace mucho tiempo, por médicos puertorriqueños, dedicada primordialmente a la venta de planes de seguros médicos en nuestra Isla y poseedora de una alta calificación a nivel mundial.

Propiamente dicho, el sindicato de impericia - SIMED - es una criatura gubernamental, nacida mediante legislación en 1986 (Véase 26 L.P.R.A. secciones 4101 y siguientes). Esta entidad está integrada por todos los aseguradores autorizados en Puerto Rico para contratar cualquier clase de seguros. Se legisló para que su participación en el sindicato fuese condición indispensable para continuar suscribiendo seguros en el país. Dicho de otra forma, o la compañía de seguros es miembro y aporta al cochinillo lo que manda la ley, a base de sus ingresos, o sencillamente deja de hacer negocios en Puerto Rico.

Siendo una entidad creada por mandato de ley, SIMED no puede escoger a sus asegurados, contrario a lo que sucede con Triple S y otras compañías que suscribieron ese seguro en el pasado. Una vez el profesional de la salud cumple con los requisitos de elegibilidad como médicos, establecidos por el Tribunal Examinador de Médicos – últimamente una entidad de dudosa reputación - que es la que admite a las personas a la práctica de la medicina en Puerto Rico, SIMED tiene que obligatoriamente asegurarlos, expidiéndoles la cubierta actual de US$100 mil por incidente y US$300 mil por agregado, durante el término de la póliza.

Este sindicato fue creado en 1986, en respuesta a una llamada crisis – la segunda de orden puramente cíclico en la industria – en los seguros de impericia médica, originada en Estados Unidos e importada a Puerto Rico, como consecuencia de la caída del mercado de la bolsa de valores debido al decretado aumento del petróleo. No pretendo abundar aquí sobre este tema; lo hago detalladamente en mi libro “Crisis de impericia médica, ¿Mito o realidad?”, Ediciones SITUM, 2003. Solo como apunte histórico, basta mencionar que estas llamadas crisis en los seguros de impericia médica nos han visitado de forma cíclica desde la década de los 70’s.

Es conveniente, además, conocer que el sindicato no decretó alza alguna en las primas de seguros de impericia médica a sus asegurados por espacio de 16 años, hasta que les fue aprobado un aumento en 2003-2004. Este aumento casualmente coincidió con la ola económica adversa levantada por la más reciente caída seria de la bolsa de valores en EEUU, alrededor del ataque terrorista del 11 de septiembre y de los aumentos de primas decretados por las aseguradoras norteamericanas de ese riesgo y las compañías de reaseguro, particularmente debido a la confección de un estimado bajo de sus reservas para pagar reclamaciones durante los años anteriores y un deseo desmedido de competitividad para repartirse el pastel de ese mercado que resultaba ser muy lucrativo.

Toda la operación de este sindicato, que funciona de manera muy similar a una aseguradora privada, es regulada e íntimamente monitoreada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Consecuentemente, SIMED no puede decretar unilateralmente alzas tarifarias a sus asegurados médicos sin antes pasar por el cedazo y aprobación de esta oficina gubernamental, que evaluaría la solicitud con arreglo a las normas establecidas por la lay orgánica y de conformidad con estudios actuariales presentados, para aprobarla o no.

Como dije antes, son falsas las premisas sobre las cuales la clase médica ha montado últimamente su aparato publicitario procurando solapadamente que se legisle más limitaciones a los derechos de las víctimas de impericia médica y medidas igualmente proteccionistas a su gremio.

¿Tienen entonces razón los médicos implicando sentirse victimizados por el sistema actual?

El eslabón más débil en todo el sistema es la víctima que sufre daño, no el médico o su aseguradora. Los médicos cuentan con la defensa que les provee sus aseguradores. Por ser entidades corporativas, tienen la mejor mano en estos casos. Por decir solo algunas ventajas, estas tienen una tolerancia superior al riesgo, mejor acceso a la información, abogados generalmente experimentados, acceso más fácil a peritaje y dinero para pagarlo. Los médicos y sus aseguradores tienen una ventaja adicional. Históricamente, las demandas en contra de médicos y hospitales requieren mucho trabajo y tiempo de parte del abogado de la víctima y, aunque no es imposible para un abogado experimentado, son difíciles de ganar en un juicio en su fondo, aún contando con una evidencia fuerte sobre la negligencia del médico demandado.

Como me dijo alguna vez un cliente con mucha sabiduría, quizá una de las razones por las cuales el médico sienta que el sistema respecto a la impericia médica es injusto es la dificultad de muchos de ellos de aceptar su propia imperfección o falibilidad. Otra razón por la cual se piensan víctimas del sistema, es la diferencia en el prisma con el que ellos y sus propios abogados miran la misma situación. Muchos médicos tienen una visión extrema o radical respecto a la solución de disputas que inciden en su práctica profesional, en las cuales una reclamación es meritoria o no, punto y se debe de pagar totalmente o no se debe pagar nada por ésta. Una reclamación de una alegada víctima, evaluada por su abogado como poseedora de 35% de posibilidades de éxito, debe ser desestimada y no transigida.

Aunque esta perspectiva es comprensible, es sumamente ingenua y poco persuasiva, porque sencillamente el mundo no es blanco y negro. Lo fundamental es señalar al médico negligente y hacerlo pagar justamente - y de la manera más expedita posible - por los daños que inflige. Lo importante en todo sistema de salud moderno es, ante todo, la seguridad del paciente. Lo demás es puro llanto de luna y lágrimas de cocodrilo.

Crisis de impericia médica. . .el mito continúa

· “Apoyados por ambiciosos e inescrupulosos abogados en Puerto Rico, supuestas víctimas de impericia médica y negligencia hospitalaria demandan a los médicos por cualquier cosa y reciben compensaciones inmerecidas, solo para evitar los costos y molestias que implica el litigio;”

· “Hay una explosión de demandas frívolas en Puerto Rico;”

· “Las primas de seguros de impericia médica han sido aumentadas exorbitantemente por SIMED en los últimos años, al extremo de que los médicos están temerosos e impedidos de practicar la medicina;”

· Las compañías de seguro de impericia médico-hospitalaria obligan a los médicos a transigir, a sabiendas de que las reclamaciones son frívolas.

· “Lo anterior motiva el éxodo de médicos a EEUU.

. " El paciente de Puerto Rico, a la larga, es el que sufrirá por la situación planteada".

Es una idea que debe su “veracidad” a su repetición. Una y otra y otra vez se repite, hasta que acaba por ser una “verdad” aceptada por el sujeto, sin ser pensada. Es lo que ha sido llamado usualmente “conocimiento convencional”, tomado como cierto sin necesidad de probarlo. Me refiero en esta ocasión a los conceptos que a diario lanza la clase médica para propulsar una reforma de la legislación en torno al tema.

En busca de privilegios que ninguna persona o clase profesional tiene en Puerto Rico, desde 2002, el Colegio de Médicos y sus alter ego en la legislatura del país y grupos de servicios de salud han intentado cambiar el estado de derecho con relación al tema de la impericia médico-hospitalaria. A pesar del dinero y esfuerzo invertido, han tenido poco éxito. Intentaron últimamente hasta de resucitar el concepto de un fondo de compensación al paciente, criollizando deficientemente ideas del norte de Europa que han sido derrotadas por este lado del mundo por más de 30 años.

Han podido legislar unos garabatos que llamaron ‘panel de arbitraje’ y un mecanismo poco utilizado para pedir un informe pericial en los inicios de una demanda, que casi nunca es requerido por los tribunales. Las continuas campañas de relaciones públicas que han logrado insertar gratuitamente de vez en cuando en los medios noticiosos del país, solo han logrado concienciar al paciente del hecho incuestionable de que los errores que cometen los médicos y los empleados en los hospitales son una realidad con la que hay que vivir. Hoy más que ayer, el paciente sabe que un evento de impericia médica puede tocar a su puerta en el momento menos pensado y trastocar su vida y la de los suyos de forma permanente.

Este poco éxito, sin embargo, no ha amilanado a los dirigentes de esa clase profesional en su solapado, aunque despiadado, ataque en contra de los derechos de las víctimas de impericia médica a una justa compensación por sus daños y al libre acceso a los tribunales. Continúan repitiendo, hasta el cansancio, que el número de demandas presentadas, frívolas en su mayoría, según éstos, es el causante del alza en las primas de sus seguros. Ahora pretenden hacer creer que el éxodo de médicos hacia EEUU se debe a las demandas de impericia.

En febrero de 2006, se informó que, luego de un período que comenzó en 2002, el costo de los seguros de impericia se había estabilizado. Esta información desinfló el argumento clásico más importante de todos los que han esgrimido quienes han intentado reformar el sistema de derecho, tanto en EEUU como en Puerto Rico. Como siempre habíamos sostenido, el informe corrobora que el aumento en las primas de estos seguros respondió a un comportamiento cíclico que, de tiempo en tiempo, ha experimentado la industria de seguros desde mediados de la década de los 70’s y que en 2002 fue precipitado por las pérdidas sobrevenidas en esa industria por el ataque a las Torres Gemelas a fines de 2001 y la caída subsiguiente sufrida por el mercado de valores. Un manejo inapropiado de sus reservas contribuyó al colapso de las ganancias de estas aseguradoras, obligándolas a aumentar las primas que cobraban a sus asegurados para de esa manera amortiguar esas pérdidas.

A través de los años, estudios tras estudios concluyen que han sido las prácticas de inversión en un mercado de valores volátil y la política de precios y manejo de riesgo de las propias compañías aseguradoras, y no las reclamaciones de las víctimas de impericia médico-hospitalaria, las verdaderas responsables de los aumentos de las primas en los pasados años. Es importante puntualizar también que el número de demandas presentadas en los tribunales en Puerto Rico, unas mil anuales, se ha mantenido estable por los últimos años. Igual resultado se informa en cuanto a las presentadas en EEUU.

Un vistazo al National Practitioner Data Bank, órgano oficial del gobierno federal con una extensa base de datos relevantes al tema, resulta también sumamente revelador. Su informe de 2005, dice que la media en las compensaciones en estos casos en EEUU fue de $170 mil. (U.S. DEP’T OF HEALTH & HUMAN SERVS., HEALTH RESOURCES & SERVS. ADMIN., NATIONAL PRACTITIONER DATABANK 2004 ANNUAL REPORT, disponible en www.npdbhipdb.com/pubs/stats/2004_NPDB_Annual_Report.pdf (últimamente visitado el 2 de septiembre de 2006). Mientras, un informe del Comisionado de Seguros reveló en 2004 que en Puerto Rico la compensación media en estos casos resultó ser de $37 mil.

Altos ejecutivos en la industria de seguro en EEUU han admitido cándidamente que la reforma al sistema nada tiene que ver con las primas de los seguros. En 2005 el portavoz de la Asociación Americana de Seguros, Dennis Kelly dijo al Chicago Tribune que “nosotros nunca prometimos una reducción de los precios de los seguros con la reforma el sistema compensatorio. Mark Silva, Bush’s Tort Reform Efforts to Start at “Judicial Hellhole, CHICAGO TRIB., 3 de enero de 2005, a la página 9. Por otra parte, Víctor Schwartz, ‘general counsel’ de la American Tort Reform Association, admitió que “es muy raro que se radiquen demandas frívolas en contra de los médicos. Estas resultan muy caras para radicar.” Nick Anderson & Edwin Chen, The Race for the White House: Bush Pushes Stance against “Junk Lawsuits,” Los Angeles Times, 22 de octubre de 2004, a la página A20.

Hemos visto que ya no es excusa el aumento en las primas de los seguros para buscar los cambios deseados. ¿Son las demandas de impericia entonces las responsables del llamado éxodo de los médicos boricuas hacia EEUU? No lo creo ya que ingenieros, enfermeras y otros profesionales han tomado igual decisión. En la década de los noventa casi medio millón de boricuas emigraron en busca de mejor calidad de vida, incluyendo obviamente médicos. Es sencillo, estos respetados profesionales pueden practicar su profesión en cualquier parte del mundo y las cosas en Puerto Rico no están de lo mejor. Por otro lado, la escases de programas de residencias de medicina en Puerto Rico ha obligado a jóvenes médicos recién graduados a estudiarlas en EEUU, muchas veces viajando con sus familias. Una vez se ubican allá es muy difícil el retorno a la Isla.

Pero si las demandas de impericia médica influenciaron su decisión, entonces estos buenos profesionales de la salud han cambiado chinas por botellas y se han tragado argumentos equivocados y malintencionados que han encontrado sus mejores aliados en las industrias tabacalera y farmacéutica. Los veredictos en EEUU en contra de los médicos son muchísimo más altos que las transacciones o las sentencias que se dictan aquí. Así también, en norteamérica se paga mucho más en primas de seguros de impericia que lo que cobra SIMED o Triple S en Puerto Rico. Si lo que desean es no tener que asegurarse, tal y como ocurre en el estado de la Florida, es conveniente que estén conscientes entonces que tendrán que pagar sentencias más altas y de su propio peculio.

Los médicos no están siendo victimizados por sus pacientes, dan la impresión de querer hacer todo lo contrario.

De-mitifiquemos la MICRA..., hagamos historia

No es novel en Puerto Rico ni se lo han inventado los médicos o abogados de este lado del charco, ya que hace poco más de 32 años el estado de California instauró el primer patíbulo dedicado a decapitar los derechos de las víctimas de impericia médica. Ese cadalso jurídico fue cuidadosamente construido mediante una legislación proteccionista que resultó ser, lo que preveían sus opositores: un oasis para las aseguradoras de ese riesgo pero sólo un espejismo para los médicos que la fomentaron abiertamente.

La “Medical Injury Compensation Reform Act” (MICRA) de 1975 fue impuesta en California con el supuesto objetivo de reducir las primas de los seguros de impericia médica, en respuesta a la llamada crisis de los años 70 que afectó tanto a EEUU como a Puerto Rico. Esa legislación ha sido usada de modelo para intentos reformatorios subsiguientes, no sólo a nivel del congreso federal y legislaturas estatales, sino también en varios intentos fallidos en Puerto Rico. La MICRA ha sido planteada en los últimos años como un modelo ideal para detener la frecuencia en las demandas de impericia médica que, a juicio de los galenos, incide principalmente en su problema de aumentos de primas.

Bastaría con referirnos a las dos alegadas crisis de los años 80 y 2000, producidas también por alzas en las primas, para darnos cuenta que esta reforma sencillamente fue una tomadura de pelo. MICRA ha servido de parapeto a los proveedores de servicios de salud de la obligación y responsabilidad legal dimanante de sus actos negligentes. Las víctimas de impericia médica, carentes de recursos de cabildeo ante las legislaturas estatales, han sufrido las consecuencias de esas reformas que se han intentado adoptar también en Puerto Rico.

No obstante los argumentos utilizados para vender las ideas reformatorias de MICRA, estudios oficiales realizados durante y luego de la siguiente crisis de los años 80, arrojaron resultados interesantes que dramatizan las verdaderas consecuencias de la implantación de sus reformas y que sus proponentes locales callan. Primeramente, la US General Accounting Office (GAO), publicó un estudio realizado en 6 estados de la nación norteamericana que legislaron diferentes medidas similares a la MICRA en la década de los 70. El informe de GAO demostró que el precio de los seguros de impericia en California aumentó dramáticamente de 1980 a 1986 desde que MICRA se aprobó, reflejando aumentos de 16% a 337%. Cuatro estados (Arkansas, Florida, New York y Carolina del Norte) reportaron que las restricciones impuestas por sus distintas legislaturas habían tenido poco efecto, si alguno, sobre las primas de seguros de impericia médica. Un estudio posterior sobre el impacto de MICRA de 1976 a 1991 demostró que las restricciones adoptadas no aliviaron el costo de las primas de seguro de impericia médica en ese estado. Luego de MICRA, el promedio de primas en California incluso resultó más alto que el promedio en el resto de la nación. Aunque las primas no aumentaron al ritmo que solían crecer en el pasado, el estudio concluyó que MICRA no era la responsable, sino más bien lo fue una reglamentación más restrictiva dirigida a la política de precios de la industria de seguros. El efecto fue que MICRA sencillamente contribuyó a enriquecer la industria de los seguros, en perjuicios de los derechos de las víctimas de impericia médica.

En cuanto al argumento de explosión en la litigación de casos de impericia médica, un informe suscrito por 6 Secretarios de Justicia de seis distintos estados que aprobaron restricciones similares a la MICRA, reveló que no había relación alguna entre el número, frecuencia y disposición de las demandas con la disponibilidad y costo de los seguros de impericia médica. Refiriéndose a la crisis de los 80', dijeron que la información disponible señalaba que causas internas de la industria de los seguros fueron las detonantes de la crisis. Un estudio de la Insurance Services Office, agencia reguladora de las compañías de seguros, revelado en 1987, no apoyó la propaganda que se había escuchado por años. En su lugar demostró que las restricciones a los derechos de las víctimas no tendrían impacto significativo en las primas de los seguros.

Analizados los datos, se puede concluir razonablemente que una reforma del sistema compensatorio vigente sólo conviene a las aseguradoras que pagan por la impericia médica de sus asegurados. Estas son las compañías que tradicionalmente en los EEUU hacen causa común con la industria tabacalera y la farmacéutica, principales auspiciadoras económicas de la American Tort Reform Association (ATRA), que ha impulsado la reforma de impericia médica en los EEUU, mediante el cabildeo intenso e incesante para que se aprueben los proyectos fallidos del presidente Bush, el HR-4600 y el HR-5.

Esos datos serían más que suficientes para concluir que los derechos que tienen actualmente las víctimas de impericia médica y que intentan restringir, nada tienen que ver con los aumentos decretados en las primas de los seguros. ¿Pero, quien dijo que un médico puede ser objetivo en este tema? El análisis de éstos, sin embargo, peca del defecto de enfocar unilateralmente la problemática, advirtiendo equivocadamente que el problema se origina en la reclamación del paciente, cuando en realidad tiene su génesis en la actuación negligente del que lo trata y, sobre todo, en la política de precios de las aseguradoras de ese riesgo que, de tiempo en tiempo, sucumben ante la caída de la bolsa de valores, sufriendo grandes pérdidas que intentan entonces compensar con sus asegurados.

Desearían los médicos eliminar del panorama de la impericia médica a los abogados que representan a las víctimas; proponen una especie de "abogadectomía radical". Las leyes que intentan reformar el sistema tienen como único objetivo el desanimar las reclamaciones por impericia médica y hacerlas más costosas y difíciles para las víctimas que sufren la negligencia de mano de sus médicos. Paneles de arbitraje, topes a las reclamaciones por daños morales, limitaciones de los honorarios contingentes de los abogados, mancomunidad versus solidaridad de los co-causantes del daño y otros, son mecanismos ensayados que, en otras jurisdicciones, han logrado aminorar la frecuencia de las demandas, pero no han servido de muro de contención efectivo a las aseguradoras que una y otra vez les han aumentado sus primas de seguros.

Entonces, ¿por qué los continuos intentos de reformar el sistema vigente si no va a resultar en un detente en las alzas de sus primas? Llegue el lector a sus propias conclusiones, porque yo soy muy mal pensado.