Perfil de una víctima

Muchas he entrevistado como abogado; claro está, las que han quedado con vida luego de haber pasado por las manos negligentes de un médico o de algún personal hospitalario. Vienen a mí llenas de frustración, coraje y de impotencia por no poder hacer nada por sí mismas para, de alguna forma, lograr una retribución a sus sufrimientos. Llegan repletas de dudas sobre el evento que ocurrió y que les ha marcado de distintas formas sus vidas. Se han encontrado con médicos con caras largas y miradas esquivas que no les explican porque “ellos son los que saben de medicina” y el paciente o sus familiares no entenderían de todas formas.

La mayoría de los abogados y abogadas que defienden a los profesionales de la salud en los casos de impericia médica en su contra y, desafortunadamente, algunos jueces y juezas, tienen la percepción o, más aún, el convencimiento, de que a estas personas las mueve primordialmente el interés pecuniario. Sacar el más mínimo dólar al médico o a su aseguradora, con el fin de comprar cosas materiales, como casas, automóviles, botes, en fin, salir de pobres, piensan que es el dínamo tras las demandas de impericia médica.

No me caracterizo por ser ingenuo; quizá alguna que otra víctima de un evento de impericia médica está revestida de afán pecuniario. Sin embargo, aseguro que nunca me he dado con una de ese tipo o, al menos, de haberla habido, lo ha disimulado muy bien cuando hemos compartido en el plano profesional.

Gracias a los medios de comunicación, es conocido que, en Puerto Rico, la demanda debe ser presentada dentro de un año a partir de que se tuvo conocimiento del evento negligente. Por eso, en el mayor número de casos, las víctimas acuden a las oficinas de los abogados a tiempo para ello, en mi caso, con una relación escrita del suceso, como lo han vivido en carne propia. En razón a lo cercano del evento negligente, el abogado perceptivo nota el daño emocional por el que está atravesando y que trae la persona a esa primera entrevista. En ese momento lo prudente es dejar a un lado el lápiz y las notas y escuchar atentamente lo que nos tiene que decir la persona que busca nuestra ayuda.

El abogado debe determinar en ese momento si el daño emocional que sufrió y sufre ha calado profundamente en la persona que tiene ante sí. Independientemente de que haya o no un caso de impericia médica, el abogado debe velar por la salud emocional de ese cliente potencial y, si no lo ha hecho aún, aconsejarle ayuda profesional de un psicólogo clínico que lo canalice, si necesario, a un psiquiatra para ayuda farmacológica. Ello, aunque los abogados de la defensa le imputen a las víctimas que han ido al profesional de la salud mental debido a que les ‘conviene’ para el caso. La responsabilidad que asumimos respecto a ese cliente y el beneficio que puede lograr esa ayuda en la salud emocional de la persona pesa más que el posible perjuicio que pueda crear en la mente de un juzgador la idea de que el abogado le "asesoró" para ir donde un psicólogo con vista al caso.

Mucho se ha hablado del sistema compensatorio que rige en nuestro país para los casos de daños y perjuicios; género jurídico del cual forma parte los de impericia médica. Sin embargo, el sistema de tribunales, donde solo se logra una compensación económica a favor de la víctima y en contra de los médicos y hospitales negligentes, es el único foro que ha probado tener alguna eficacia y que las víctimas de impericia médico-hospitalaria tienen a la mano. Ello, sin perjuicio de algunos ‘pininos’ de la oficina de la procuradora del paciente. Aseguro, empero, que si se implantara un sistema adecuado para penalizar a los médicos con la suspensión o revocación de sus licencias para practicar la medicina y en algunos casos de impericia más serios y graves, con su libertad, menos demandas serían presentadas en los tribunales. Porque, después de todo, y de eso doy fe, lo que mueve a una víctima de impericia médica no es el dinero que logra como única retribución para sus daños.