La pericia médica sigue en crisis

Si algo ha quedado evidenciado durante los últimos años es que hay carencia de pericia médica en muchos países para enfocar lo que realmente ocasiona aumentos a sus seguros profesionales. Desde que surgieron las amenazas de aumento en las primas de sus seguros de responsabilidad profesional médica, conocidos profesionales de la salud han enfilado todos sus cañones en una dirección equivocada. Apuntando hacia los derechos de sus pacientes a reclamar justamente una compensación por los daños ocasionados por el cuestionado talento y los peligrosos escalpelos de colegas negligentes, la clase médica insiste en adjudicar el alegado alto costo de sus seguros a las reclamaciones que se presentan en los tribunales de justicia. Con ello intentan poner trabas al acceso judicial y que se legislen limitaciones al monto de las compensaciones que se pueden otorgar. No pueden estar sin cortar algo los muchachos, ¿cierto?

Con el liderato del presidente norteamericano George W. Bush, sus colegas republicanos del congreso han establecido varias ofensivas que, afortunadamente, resultaron abortadas en razón de argumentos con un juicio mejor y más ponderado de la mayoría. Mediante la presentación de sendos proyectos de ley, el presidente Bush logró en la Cámara de Representantes que inicialmente se aprobara el HR-4600. Este proyecto de ley adoptaba sustancialmente, casi calcaba, las disposiciones de la “Medical Injury Compensation Reform Act” (“MICRA”), implantada en el estado de California en 1975, como respuesta supuestamente eficaz a aquella primera llamada crisis, motivada por el aumento de las primas de los seguros de impericia médica. Esta medida fue ampliamente derrotada en el senado norteamericano por un liderato demócrata eficaz, principalmente del congresista Edward Kennedy, tenaz opositor de la medida y decidido defensor en ese congreso de los derechos de las víctimas de impericia médica, con un respaldo decisivo de la American Trial Lawyers Association, pero sobretodo, de activistas en pro de los derechos de las víctimas de impericia médica de toda esa nación.

No pasó mucho tiempo para que el presidente Bush regresara en febrero de 2003 por sus fueros. Luego de un intenso cabildeo legislativo, entonces impulsó el HR-5, una nueva medida que copiaba de su antecesora todas las disposiciones que alegadamente iban a servir de amortiguadoras para los constantes aumentos de las primas de los seguros de responsabilidad profesional de los médicos. Para esta nueva intentona, el presidente Bush contaba con el respaldo de importantes sectores de la industria de seguros y, más importante aún, de la industria farmacéutica y tabacalera, principales e influyentes sostenedores económicos de su campaña eleccionaria y de la American Tort Reform Association (“ATRA”), principal propulsora de cambios en el sistema compensatorio del ordenamiento jurídico prevaleciente. El descenso en popularidad del presidente Bush para mediados de julio de 2003, motivado por sus decisiones con relación a la Guerra de Irak, fue quizá el mayor obstáculo que tuvieron los republicanos en el senado norteamericano. Estos superaban a los demócratas por un solo voto, y, con el decidido espaldo del presidente, tenían las esperanzas de convencer a la mayoría de sus colegas de que el proyecto presentado lidiaba eficazmente con la llamada crisis en los seguros. La tormenta pública que se le vino encima al Presidente Bush evidentemente cobró su cuota en las encuestas de popularidad y en definitiva, tuvo sus repercusiones en las fallidas expectativas de la clase médica que, junto a otros grupos de poder, percibían al HR-5, que eventualmente corrió igual suerte que su antecesor, como salvavidas en el mar de sus problemas.

Mientras los eventos discurren en el sentido apuntado en el norte en muchos países la clase médica sigue empeñada en variar el sistema compensatorio actual, proponiendo y cabildeando abiertamente medidas legislativas que les favorecerían, en claro menoscabo de los derechos de sus propios pacientes, victimizándose en abierto menosprecio a la lógica y a la realidad.

Es bueno que se comprenda, de una vez por todas, que la presentación de demandas no es el factor determinante que ha ocasionado el aumento de primas en los seguros por impericia médica. Sabemos que la causa es una multifactorial que incluye: las pérdidas de las aseguradoras en las reclamaciones, descenso en sus ganancias por malas inversiones y la caída del mercado de valores, un clima menos competitivo en la industria y alzas de primas en el mercado de los reaseguros, que fue impactado severamente por los sucesos del 11 de septiembre de las torres gemelas de New York. Las expectativas de que al lacerar los derechos de los pacientes pueden los médicos disminuir sus primas, son sólo cantos de sirena que podrán complacer temporalmente a unos cuantos pero que no son reales ni verdaderas. Una MICRA criolla, por no atacar el verdadero problema que representa el médico negligente y sus actuaciones, es sólo un espejismo que, implicando un cadalso para las víctimas, no resuelve a la clase médica los problemas con sus primas de seguros.

¿Qué esperan los legisladores para proteger a sus constituyentes? Aseguro que la publicación de la identidad de los médicos y hospitales que ocasionan daños a sus pacientes puede resultar en un detente importante para conductas negligentes futuras en esa profesión. Esto apenas se hace en un puñado de estados de la nación norteamericana, no así en nuestros países que, muchas veces, ven al profesional de la salud montado en un pedestal.

¿Qué esperan los directores de los hospitales para prohibir el acceso en sus facultades médicas y no conceder o renovar privilegios de admisión de pacientes a aquellos galenos que han insultado los más caros postulados de su profesión mediante actos contínuos y reiterados de impericia médica? Puedo garantizar que si se privara de privilegios a este tipo de médicos, los demás serán más diligentes en el manejo de sus pacientes y cuidadosos con su vida personal. Ello redundará en una mejor calidad de servicio médico y mejor y más humano trato del paciente que, a su vez, disminuirá le frecuencia de actos negligentes, que, al fin y al cabo, es el verdadero detonante de las reclamaciones por impericia médica.